Categoría: Estado de México

San Luis Potosí ha dado un paso histórico en la defensa de los derechos reproductivos, al despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Este cambio significativo fue impulsado por una sentencia de amparo emitida por el Juzgado Tercero de Distrito del noveno circuito el pasado 23 de septiembre. Este fallo no solo representa un hito jurídico, sino que también es un símbolo de lucha y esperanza para muchas mujeres en el estado y más allá.

Los colectivos ILE y Praxis Combativa, que han estado a la vanguardia de esta batalla por la equidad de género y los derechos reproductivos, anunciaron con entusiasmo la noticia. “Este fallo no solo protege el derecho a la autonomía reproductiva, sino que reafirma que la igualdad de género y el libre desarrollo de la personalidad son derechos humanos esenciales”, afirmaron en un comunicado, destacando la importancia de este avance en la lucha por la justicia social.

La sentencia establece que todas las personas con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, garantizando así el acceso a servicios médicos sin riesgo de criminalización. Esta medida busca no solo aliviar la carga que enfrentan muchas mujeres en la búsqueda de atención adecuada, sino también eliminar el estigma y la persecución social que a menudo acompañan a la interrupción del embarazo.

“Se pone fin a la persecución penal y el estigma social”, subrayó una de las voceras del colectivo ILE, quien resaltó que San Luis Potosí se convierte en el estado número 19 en el país en dar este importante paso hacia la despenalización. Sin embargo, el trabajo no termina aquí. “Es crucial que se cumpla la sentencia mediante reformas normativas que aseguren la disponibilidad y calidad de servicios de salud, así como la educación y la información adecuada sobre el aborto”, añadió.

Este cambio normativo no solo impacta a las mujeres de San Luis Potosí, sino que también sienta un precedente alentador para la lucha de derechos en todo México. “Este fallo fortalecerá la lucha de muchas mujeres a lo largo del país, para que se reconozcan y respeten sus derechos”, manifestaron desde Praxis Combativa, recordando que la despenalización es solo el primer paso hacia una atención integral y de calidad.

La reacción a esta decisión ha sido mayoritariamente positiva entre activistas y defensores de los derechos humanos. La posibilidad de que las mujeres tomen decisiones informadas sobre sus cuerpos es un avance hacia la igualdad y la justicia social. “Es un gran logro para nosotras, y es una señal clara de que la lucha continúa y avanza”, concluyó la portavoz del colectivo.

San Luis Potosí se posiciona así como un referente en la promoción de derechos reproductivos en México, inspirando a otros estados a seguir su ejemplo. La despenalización del aborto no solo cambia la vida de muchas mujeres, sino que también invita a la sociedad a reflexionar sobre temas de autonomía, derechos humanos y la necesidad de un sistema de salud que priorice el bienestar de todas las personas. Este es un momento decisivo en la historia del estado y del país, y la lucha por la justicia y la equidad está más viva que nunca.

El próximo martes 1 de octubre, la Ciudad de México será testigo de una movilización encabezada por jóvenes universitarios en protesta contra las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El movimiento Generación del 24, organizador de la manifestación, ha convocado a estudiantes de distintas universidades a unirse en defensa de la democracia, los derechos humanos y la autonomía de las instituciones del país.

La marcha, que comenzará a las 9:00 de la mañana en el Hemiciclo a Juárez y concluirá en el icónico Monumento a la Revolución, coincidirá con un evento histórico: la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Sin embargo, en lugar de celebrar, los universitarios se preparan para expresar su descontento con las reformas que consideran una amenaza para el futuro de la nación.

El llamado de Generación del 24 ha sido claro: “Defender la democracia, los derechos humanos y exigir un futuro con derecho a la paz”. Este mensaje resuena entre estudiantes de universidades como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, el ITAM y la UAM, quienes se unen en una sola voz para demandar un país donde las decisiones políticas no comprometan la autonomía de las instituciones ni los derechos ciudadanos.

Desde febrero de este año, el presidente López Obrador ha promovido un paquete de reformas constitucionales que ha generado controversia en diversos sectores. Entre las más debatidas se encuentra la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una medida que, según críticos, podría militarizar aún más la seguridad pública del país. Esta reforma, ya aprobada por el Congreso de la Unión y en proceso de ser ratificada por las legislaturas locales, es uno de los principales motivos de la movilización estudiantil.

Asimismo, la reforma al Poder Judicial ha sido otro de los puntos que ha encendido el debate. La posibilidad de elegir jueces mediante voto popular ha generado incertidumbre entre los estudiantes de derecho y futuros abogados, quienes temen que la carrera judicial se vea politizada y pierda su imparcialidad. Las manifestaciones previas ya han dado muestra del descontento que esta propuesta ha generado entre las comunidades universitarias.

Lo que comenzó como una convocatoria estudiantil ha adquirido una relevancia política significativa. Los organizadores de Generación del 24 insisten en que esta movilización no es solo una protesta contra reformas específicas, sino una demanda más amplia por un país donde la autonomía de las universidades, el respeto a los derechos humanos y la estabilidad democrática sean pilares irrenunciables.

La elección de la fecha de la marcha no es casual. Mientras el país observa la toma de protesta de su primera mujer presidenta, los universitarios buscan que su protesta sea un recordatorio de que el futuro de México no puede construirse sobre bases que ellos consideran riesgosas. “No estamos en contra del progreso, pero el progreso debe respetar la democracia y las instituciones”, subrayan los líderes del movimiento.

La inauguración de la Línea 3 del Cablebús en la Ciudad de México, que conecta Los Pinos con Vasco de Quiroga, prometía ser un evento de celebración y avance en la movilidad urbana. Sin embargo, la alegría del momento se vio empañada por la protesta de un grupo de padres de familia de la escuela primaria “El Pipila”, quienes exigieron la finalización de las obras de mitigación que afectan a sus hijos.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el jefe de Gobierno Martí Batres, los padres hicieron sentir su descontento al señalar que las obras en la escuela no solo están incompletas, sino que también presentan condiciones inseguras. Mariana González, madre de uno de los alumnos, destacó que “hay jardineras sin terminar y restos de materiales aventados en las instalaciones”, lo que representa un riesgo para los niños.

La protesta no pasó desapercibida, y miembros del equipo de la Jefatura de Gobierno se acercaron a los manifestantes para dialogar. Aunque les pidieron que guardaran sus carteles y ofrecieron tomar sus datos para resolver el conflicto, muchos sintieron que su voz estaba siendo ignorada mientras las autoridades se centraban en firmar libros y tomarse fotos con los asistentes.

La escuela “El Pipila” alberga una de las torres que sostiene el cable del nuevo sistema de transporte. En el marco de las obras, se llevaron a cabo rehabilitaciones en las áreas de juegos, así como la construcción de canchas deportivas y arcotechos para proporcionar sombra a los estudiantes. Sin embargo, los padres se sienten frustrados ante el avance de estas obras, que, según el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aún tienen “pendientes” que se espera concluir hasta noviembre. No obstante, el informe presentado ante el Congreso Capitalino no especifica qué exactamente falta para finalizar el proyecto.

Por su parte, el secretario de Obras, Jesús Esteva, trató de minimizar las preocupaciones al afirmar que solo se trata de “detalles” que están pendientes. “Ya están todas las certificaciones de seguridad estructural y vistos buenos de seguridad y operación”, aseguró en una entrevista tras la inauguración. Sin embargo, la tranquilidad que estas palabras buscan transmitir contrasta con la preocupación palpable de los padres, quienes desean ver condiciones seguras y adecuadas para sus hijos en la escuela.

La Línea 3 del Cablebús cuenta con siete estaciones y promete revolucionar la movilidad en la zona, con un costo de solo siete pesos por viaje. Sin embargo, la satisfacción de los usuarios potenciales podría verse afectada si se ignoran las necesidades de la comunidad escolar que está en las inmediaciones de una de las estaciones.

La protesta durante la inauguración no solo pone de manifiesto las tensiones que a menudo surgen en proyectos de infraestructura, sino que también resalta la importancia de involucrar a las comunidades afectadas en el proceso de planificación y ejecución de tales obras. Con el desafío de equilibrar el avance urbano y la seguridad de los ciudadanos, las autoridades tienen la responsabilidad de atender estas demandas antes de que se conviertan en un problema mayor.

A medida que se desarrollan estos eventos, la pregunta persiste: ¿cómo se pueden asegurar condiciones adecuadas para todos los ciudadanos mientras se impulsa el desarrollo de una ciudad en constante evolución? Las respuestas a este interrogante son más necesarias que nunca en un contexto donde la voz de la comunidad no puede ser ignorada.

Es importante destacar que este medio de transporte público, que promete ser seguro y accesible, también busca disminuir tiempos de traslados. Estará formado por las siguientes estaciones:

• Vasco de Quiroga
• Cineteca Nacional Bodega de Arte
• Pracur, colegio de arquitectos
• Charrería
• Panteón de Dolores
• Los Pinos Constituyentes

Va a conectarse con otros sistemas de transporte como la estación Constituyentes del Metro, y con el Tren Interurbano. La forma de pago será con la tarjeta de movilidad integrada. Lo mejor de todo es que va a reducir los tiempos de traslado, de 45 a 21 minutos de Vasco de Quiroga a Metro Constituyentes y viceversa. 

El horario de servicio de la Línea 3 del Cablebús será de lunes a viernes de 05:00 a 23:00 horas, los sábados de 06:00 a 23:00 horas y los domingos de 07:00 a 23:00 horas. Se podrán transportar hasta 10 personas por cabina, por lo que al día se estima que se trasladen hasta 36 mil pasajeros. Cada pasaje tendrá un costo de $7 pesos.

En un histórico paso hacia la inclusión y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, el Senado de México ha aprobado, con 32 votos a favor, un ambicioso proyecto de reforma que modifica el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta decisión fue el resultado de un intenso análisis y debate llevado a cabo por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, bajo la dirección de Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, respectivamente.

La sesión, que se llevó a cabo en la tarde de ayer, se convirtió en un foro donde los senadores tuvieron la oportunidad de expresar sus posturas sobre la trascendencia de esta reforma. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador del Movimiento Ciudadano, enfatizó la importancia de abordar “una deuda histórica” con las comunidades que durante años han sido marginadas. “Hoy, no solo estamos votando por una reforma, estamos dando un paso hacia la justicia social”, afirmó Colosio, quien destacó que este cambio permitirá el acceso a derechos fundamentales, incluyendo la educación.

La reforma no solo reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, sino que también les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento implica que podrán establecer sus propios sistemas de gobierno y participar activamente en el desarrollo social, cultural y económico de sus comunidades. “Es un momento de reivindicación”, añadió Beatriz Mojica, senadora morenista y defensora de los derechos afromexicanos, quien lamentó la invisibilización histórica que han sufrido estos grupos en la narrativa nacional. “Hoy, nuestra historia se cuenta de manera más completa y justa”, señaló.

Desde el PAN, Ricardo Anaya subrayó que esta reforma es “una oportunidad única” para implementar acciones afirmativas que favorezcan a la población indígena. “Si se lleva a cabo correctamente, se logrará una igualdad sustantiva que garantice derechos y oportunidades”, afirmó, dejando claro que el compromiso no solo reside en la aprobación del dictamen, sino en su correcta implementación.

El camino hacia la consolidación de estos derechos no termina aquí. Las leyes secundarias que se desarrollarán a partir de esta reforma serán cruciales para garantizar que las promesas se materialicen en mejoras concretas para las comunidades. En este sentido, las senadoras y senadores presentes en la sesión manifestaron su compromiso de asegurar un presupuesto adecuado que responda a las necesidades de desarrollo de estas comunidades históricamente marginadas.

Este hito en la legislación mexicana marca un nuevo capítulo en la lucha por los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos. Con la reforma ya aprobada, se abre un espacio para que estas comunidades no solo sean reconocidas, sino que también tengan un papel protagónico en la construcción de su futuro. La esperanza es que, con acciones contundentes y un compromiso real, se transforme la realidad de millones de mexicanos que anhelan justicia y dignidad.

“El futuro está en buenas manos”, parece ser el mensaje unánime dentro de Morena, en un momento crucial donde el partido enfrenta grandes retos rumbo al futuro político de México.

En un emocionante paso hacia el futuro, Morena ha decidido dar un giro clave en su dirigencia. Durante el Séptimo Congreso Nacional Extraordinario del partido, se designó a Luisa María Alcalde como la nueva presidenta del partido y a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del actual presidente de México, como secretario de Organización. Este relevo generacional ha sido ampliamente celebrado por militantes, quienes ven en esta decisión un avance hacia la consolidación de la Cuarta Transformación.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum fue una de las primeras en expresar su apoyo a esta nueva dirigencia. “Estoy segura de que harán un gran trabajo”, comentó Sheinbaum en un evento público. En ese mismo contexto, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que se separará de su militancia en Morena durante su mandato presidencial, enfatizando: “Debo gobernar para todos”.

El entusiasmo por esta nueva etapa no se limitó solo a Sheinbaum. La senadora Andrea Chávez compartió en su cuenta de X un video junto a Luisa María Alcalde, en el que expresó su alegría por el nombramiento. “Con su inteligencia y preparación, estoy segura de que el futuro de la Cuarta Transformación será aún más exitoso”, destacó Chávez.

Otra de las figuras que celebró esta renovación fue Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien señaló: “Tanto Alcalde como López Beltrán son compañeros extraordinarios con ideales y capacidad política”. Asimismo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó la importancia del relevo generacional, mencionando que este nuevo equipo “llevará el estandarte de la transformación con fuerza”.

Por su parte, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, destacó la cercanía de López Beltrán con la lucha que ha encabezado su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que “él conoce de primera mano lo que significa transformar al país”.

Además, la diputada Sandra Amaya, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOPO), también mostró su respaldo, señalando: “En unidad, fortalecemos nuestro movimiento rumbo al segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Este relevo generacional marca un antes y un después en el partido guinda. La juventud y preparación de Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán no solo traen nuevas ideas y enfoques, sino que, como han señalado distintos líderes, son una apuesta segura para el éxito de la Cuarta Transformación.

El estado de Guerrero vivió momentos de tensión este viernes tras el registro de dos sismos consecutivos de magnitud 4.8. Ambos movimientos telúricos ocurrieron en la misma región con apenas segundos de diferencia, aunque no ameritaron la activación de la alerta sísmica. Los epicentros fueron ubicados en Petatlán y Zihuatanejo, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), y aunque no se reportaron daños significativos, los temblores se sintieron en varios puntos del estado y la Ciudad de México.

El primero de los temblores, localizado al noroeste de Petatlán, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y ocurrió a las 13:54 horas. Apenas unos segundos después, el SSN registró otro sismo al noreste de Zihuatanejo, esta vez a 48 kilómetros de profundidad. Ambos eventos se produjeron en un corto intervalo, lo que causó inquietud entre los habitantes de Guerrero.

A pesar de la magnitud de los temblores, la alerta sísmica no fue activada en ninguna de las dos ocasiones. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (SASMEX) informó que la energía liberada por ambos sismos no superó los niveles preestablecidos para que se emitiera la alarma. Esto, debido a que los movimientos no representaban una amenaza suficiente para justificar el despliegue del protocolo de emergencia. “Los niveles de energía detectados en los primeros segundos de los sismos no fueron lo suficientemente altos para activar la alerta sísmica”, explicó el SASMEX en un comunicado.

Inmediatamente después de los sismos, la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de Guerrero activó los protocolos de atención en caso de sismo. Las autoridades locales iniciaron la comunicación con los municipios afectados para verificar posibles daños y atender cualquier contingencia. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones graves ni víctimas.

En la Ciudad de México, algunos usuarios de la plataforma X (antes Twitter) mencionaron haber sentido el primer sismo en alcaldías como Iztacalco, Coyoacán y Álvaro Obregón. Según testimonios, los movimientos fueron leves, manifestándose principalmente en objetos colgantes o estructuras ligeras. “Vi cómo se balanceaban los candiles en la sala, pero fue muy rápido”, comentó un residente de Coyoacán.

El suceso ocurre tan solo un día después de la realización del tercer Simulacro Nacional 2024, que se llevó a cabo en México bajo el supuesto de un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Acapulco, Guerrero. Durante el simulacro, se ensayaron medidas de respuesta ante un sismo severo en Guerrero y otros estados vecinos, como Michoacán, Morelos y Oaxaca. Sin embargo, la alerta sísmica presentada durante el ejercicio no funcionó adecuadamente en todos los dispositivos.

Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, confirmó que algunos usuarios no recibieron la alerta en sus celulares durante el simulacro. “Durante la detonación de la alarma sísmica del Simulacro Nacional, no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamientos”, escribió Clark en su cuenta de X, refiriéndose a una falla en el sistema de notificaciones.

Estos dos sismos en Guerrero y la falla en la alerta durante el simulacro, sirven como un recordatorio de la constante amenaza sísmica que enfrenta México, especialmente en regiones altamente sísmicas como Guerrero. La capacidad de respuesta de las autoridades y la ciudadanía es crucial para minimizar los riesgos en caso de un terremoto mayor.

Aunque los movimientos de este viernes no causaron mayores estragos, reafirman la importancia de estar preparados en todo momento. “Es esencial que la población mantenga la calma, pero también la atención ante cualquier temblor, sin importar su magnitud”, señaló un representante de Protección Civil. Guerrero, y México en general, sigue en alerta ante la posibilidad de nuevos eventos sísmicos en los próximos días.

La violencia en Ojinaga, Chihuahua, alcanzó un nuevo punto crítico con el descubrimiento de 11 cuerpos en las afueras del municipio, un suceso que las autoridades han atribuido a una intensa disputa entre grupos criminales por el control de la plaza. Según el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, este hallazgo es el resultado de una confrontación que tuvo lugar la semana pasada en las regiones de Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame.

“Este enfrentamiento fue entre grupos del crimen organizado, en un área de importancia estratégica por su ubicación fronteriza. Se trata de una lucha por el control de la plaza”, afirmó Jáuregui en rueda de prensa. De los cuerpos encontrados, dos estaban decapitados y presentaban un mensaje atribuido al grupo criminal conocido como “La Línea”.

A pesar de la gravedad de los hechos, Jáuregui aseguró que la situación está bajo control. “La seguridad de los pobladores ha sido reforzada con la llegada de elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, y la Policía Estatal y Municipal”, declaró el fiscal, subrayando el compromiso de las autoridades para proteger a la población. Además, mencionó que las autoridades han solicitado su permanencia en la zona “bajo ninguna circunstancia” hasta que se asegure el control total del área.

Aunque la violencia en Sinaloa, particularmente en Culiacán, ha sido intensa en los últimos meses debido a las disputas entre facciones de “Los Chapitos” y “El Mayo” Zambada, Jáuregui descartó una conexión directa entre los sucesos en Chihuahua y Sinaloa. “No hay repercusiones directas de esa situación en nuestra entidad”, aseguró, diferenciando las dinámicas que imperan en cada estado.

A pesar del temor generado por el hallazgo de los cuerpos, Jáuregui insistió en que “la vida en el municipio continúa con normalidad” y que las autoridades trabajan arduamente para mantener la seguridad en la región. Los servicios de inteligencia también están desplegados para prever cualquier riesgo a la población civil.

Este suceso ha vuelto a poner en el centro de atención la compleja situación de violencia que vive la frontera norte de México, donde las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado siguen cobrando vidas y sembrando el miedo en las comunidades.

La violencia no da tregua en México, y esta vez, Morelos es el escenario de un nuevo capítulo oscuro. El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, confirmó el hallazgo de diez cuerpos en la entidad, siete de ellos en la capital del estado, todos con signos de extrema violencia. En una entrevista con medios, Urióstegui advirtió que la confrontación entre grupos del crimen organizado está alcanzando niveles críticos. “Lo que pasa en Sinaloa no es sólo de Sinaloa, tiene impacto en todo el país”, sentenció el alcalde, subrayando la magnitud de la problemática.

Los enfrentamientos entre bandas criminales en Sinaloa, una de las regiones más afectadas por la guerra entre cárteles, están dejando huella en otros estados como Morelos. “Están usando toda su fuerza y la violencia se está recrudeciendo”, afirmó Urióstegui, resaltando cómo los conflictos en el noroeste del país tienen repercusiones en lugares que parecían estar fuera del radar del crimen organizado.

El hallazgo de los cuerpos se dio en varias zonas de la entidad, con siete de ellos encontrados en el norponiente de Cuernavaca, dos cerca de la autopista hacia Burgos y uno más en el Cañón de Lobos. Todos presentaban signos de violencia extrema, lo que genera preocupación entre los habitantes.

Samuel Sotelo, gobernador interino de Morelos, no tardó en atribuir estos hechos a los conflictos entre grupos criminales. Durante una breve declaración, descartó que los crímenes estuvieran relacionados con el cambio de gobierno, tras la reciente victoria de Margarita González Saravia en las elecciones de junio. “Aquí la situación está complicada. La Familia Michoacana y otros grupos delictivos están operando en la entidad, especialmente en la zona sur”, reconoció Sotelo, revelando que varios cárteles provenientes de Guerrero se han infiltrado en el estado.

La violencia en Morelos no sólo afecta a la población, también está impactando a empresas. La semana pasada, Coca-Cola Femsa cerró temporalmente sus bodegas en Puente de Ixtla debido a la inseguridad. La refresquera denunció el secuestro de cuatro de sus repartidores, un delito que, según las autoridades, también estaría relacionado con el crimen organizado. “Estamos ante una situación que se agrava cada día más”, lamentó un portavoz de la empresa.

En un movimiento inesperado, diversas organizaciones civiles presentaron una solicitud de juicio político en contra de diputados y senadores que aprobaron la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados. Esta acción fue motivada por lo que consideran una violación a las suspensiones de amparo otorgadas por jueces de Chiapas y Morelos, que buscaban frenar el avance de la reforma.

El abogado Alejandro Valenzuela, quien representa a las organizaciones, compareció ante la sala de prensa de la Cámara de Diputados en San Lázaro para hacer pública la solicitud. “Esta denuncia es por la violación de las suspensiones de amparo que ya habían sido otorgadas. Se presentaron todas las pruebas, incluyendo las suspensiones emitidas por los jueces”, explicó Valenzuela.

La reforma judicial ha sido objeto de controversia desde su aprobación en el Senado la madrugada del 11 de septiembre, luego de haber sido avalada previamente en la Cámara de Diputados. Según Valenzuela, los legisladores ignoraron las suspensiones de amparo emitidas, lo que generó un conflicto legal que podría derivar en el juicio político solicitado. “Esperamos que se proceda conforme a la ley. Los legisladores denunciados no pueden ser juez y parte en este proceso”, destacó.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cualquier legislador involucrado en una denuncia no puede formar parte de la subcomisión que evaluará el caso. “Solo cinco diputados de Morena no participaron en la discusión y aprobación de la reforma, por lo que serían los únicos habilitados para formar parte de la subcomisión de examen previo”, aclaró el abogado.

La denuncia ahora será revisada por la Cámara Baja, donde se deberá formar una subcomisión de examen previo que analizará si procede o no el juicio político. Si el dictamen avanza, los legisladores denunciados no podrán participar en la votación que defina su destino. “Es fundamental que se respeten las excusas e impedimentos establecidos por la ley para evitar conflictos de interés”, recordó Valenzuela.

Mientras tanto, la reforma judicial continúa su camino, habiendo sido aprobada por 23 congresos locales, con la excepción de Durango. Este escenario pone en el centro del debate no solo la validez de la reforma, sino también la integridad del proceso legislativo. La decisión final sobre el juicio político está en manos del Congreso, pero el mensaje es claro: la batalla legal por la reforma judicial apenas comienza.

La crisis en el Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto”, ubicado en San Luis Potosí, ha alcanzado un punto crítico. Los médicos residentes, cansados de trabajar en condiciones inaceptables, decidieron declararse en asamblea permanente, exigiendo una respuesta inmediata a la falta de insumos y recursos básicos para la atención médica y su formación profesional.

Desde mayo, los residentes han alertado a las autoridades sobre la grave escasez de materiales que afecta no solo a su educación, sino también a los pacientes. “Estamos haciendo diagnósticos con lo poco que tenemos, pero esto no es suficiente”, reclamó uno de los médicos en asamblea. Entre los insumos faltantes se incluyen materiales esenciales para cirugías, patologías y diagnósticos en laboratorio. “No podemos seguir formando médicos con recursos mínimos”, enfatizó otro residente, señalando cómo el sobrecupo de pacientes y la falta de equipo han complicado su labor.

El pasado 13 de septiembre, los médicos presentaron un oficio ante las autoridades estatales y federales, reiterando su preocupación. En dicho documento, explican cómo la falta de insumos no solo retrasa los diagnósticos y tratamientos, sino que también aumenta el riesgo de complicaciones en los pacientes. “Estamos arriesgando la vida de los pacientes porque no tenemos lo que necesitamos para tratarlos”, agregó uno de los doctores.

El Hospital Central, construido en los años 40, atiende a personas de bajos recursos de San Luis Potosí y otros estados cercanos. Aunque cuenta con 250 camas, la falta de recursos ha afectado el funcionamiento de varias especialidades, como dermatología y oftalmología, las cuales dejaron de operar este año. Además, la unidad de hemodiálisis ofrece un servicio intermitente desde junio, y de los 12 quirófanos, solo 10 están en funcionamiento.

A pesar de la asamblea, los médicos siguen atendiendo las urgencias con los pocos recursos que tienen a mano, mostrando su compromiso con la salud de los pacientes. “Estamos aquí para ayudar, pero necesitamos que nos ayuden a nosotros también”, reclamaron.

La asamblea se lleva a cabo en el auditorio Ramírez Aznar del hospital, donde los médicos esperan que las autoridades finalmente establezcan una mesa de diálogo y encuentren una solución definitiva a esta grave situación.