Investigación por uso indebido de recursos deriva en sanciones históricas contra exfuncionarios federales

Una investigación que llegó hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concluyó con una de las sanciones económicas más elevadas anunciadas recientemente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: cuatro exservidores públicos de Alimentación para el Bienestar deberán cubrir una multa conjunta de 777.8 millones de pesos y permanecerán inhabilitados durante 10 años.

Las medidas fueron impuestas a María G., René G., Miguel C. y Juan R., señalados por faltas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos. De acuerdo con la autoridad, las irregularidades estuvieron vinculadas al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

La dependencia federal informó que, además, parte de esos recursos fueron utilizados de manera indebida en el Programa de Fertilizantes durante 2019, situación que formó parte de las indagatorias que derivaron en las sanciones.

Aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no precisó cuánto dinero habría sido utilizado por cada uno de los involucrados, señaló que las pruebas obtenidas durante el proceso permitieron sustentar la imputación y establecer tanto la multa millonaria como la inhabilitación por una década.

El caso formó parte de un paquete de resoluciones disciplinarias dadas a conocer por la dependencia, que también incluyó a servidores públicos de otras instituciones federales.

Entre ellos figura Ramiro R., trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien fue sancionado con una multa de 9 mil pesos y un año de inhabilitación. La autoridad indicó que recibió una cantidad económica —cuyo monto no fue revelado— para eliminar adeudos durante 2023.

Asimismo, la Secretaría reportó una sanción contra Shiddarta V., adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob). El funcionario recibió una multa de mil 380 pesos y un año de inhabilitación tras acreditarse la sustracción de bienes del Instituto Nacional de Migración para un uso indebido.

Las resoluciones fueron dadas a conocer por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como resultado de procedimientos que derivaron en la aplicación de sanciones económicas e inhabilitaciones contra servidores públicos de distintas dependencias federales.

Autoridades señalan protestas de productores como origen de Incendio que destruyó complejo

Un incendio consumió por completo las 16 bodegas del complejo Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, lo que movilizó a corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales para contener las llamas y evitar mayores riesgos. El siniestro, ocurrido antes de las 19:00 horas, dejó pérdidas materiales totales, sin reporte de personas lesionadas hasta el cierre de esta edición.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, de acuerdo con datos preliminares, el incendio habría sido provocado por la quema de neumáticos realizada por productores de frijol que mantenían protestas en el lugar.

“Lo que indica ahora el coordinador de Protección Civil, y lo que nos han dicho los peritos de las fiscalías (FGR y estatal) con la información que tienen, es que el incendio se provocó a raíz del incendio que provocaron los neumáticos”,declaró el funcionario.

Horas antes del siniestro, productores provenientes de municipios como Fresnillo, Trancoso, Guadalupe, Vetagrande y Pánuco habían tomado las instalaciones y bloqueado la carretera federal 45, en la salida hacia Fresnillo, donde también realizaron quemas como parte de sus protestas por presuntas irregularidades en el programa de acopio de frijol.

Entre las 15:00 y 16:00 horas, se registraron nuevas quemas dentro del patio de maniobras del complejo. Posteriormente, el fuego se extendió y terminó por consumir la totalidad de las bodegas. El sitio funcionó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como sede central de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Ante la emergencia, acudieron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de autoridades locales, quienes trabajaron para retirar vehículos cercanos y evitar que el fuego alcanzara depósitos de combustible.

Reyes Mugüerza señaló que previamente se buscó dialogar con los manifestantes para evitar la quema de neumáticos. “No hubo manera”, afirmó. También indicó que “es un delito lo que se está haciendo en este caso”, aunque aclaró que será necesario esperar los peritajes para determinar responsabilidades legales.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del incendio y definir si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, autoridades confirmaron que los daños materiales serían totales y continúan pendientes los dictámenes oficiales sobre las causas del siniestro.