La Sala Superior, con una votación de tres a favor y dos en contra, ha confirmado la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) de desechar la queja presentada por Xóchitl Gálvez contra el reciente libro publicado por el presidente de la República. La UTCE fundamentó su decisión en el principio de no censurar publicaciones, evocando la comparación con prácticas de censura como las de la Alemania Nazi.
El magistrado Reyes Rodríguez propuso revocar esta decisión argumentando que la UTCE no había tenido acceso al libro para fundamentar su desecho. Sin embargo, el magistrado Felipe de la Mata señaló que la historia nos enseña que la censura de libros, como en el caso de la Alemania del siglo pasado, es una práctica que debe evitarse.
Por su parte, la presidenta Mónica Soto consideró que no se evidenció falta de exhaustividad por parte de la UTCE, aunque señaló que no pudo acceder al libro ya que la editorial no lo proporcionó digitalmente. Además, advirtió que revisar el contenido del libro podría interpretarse como “censura previa”.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en vilo ante la posibilidad de analizar una denuncia presentada por Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La denuncia gira en torno a expresiones vertidas en su libro ¡Gracias!, las cuales podrían constituir actos anticipados de campaña en apoyo a Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
El próximo miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) someterá a análisis y votación un proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Este proyecto plantea la revocación del acuerdo que desechó la queja presentada por Gálvez, argumentando que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE erróneamente consideró que no existían suficientes indicios sobre los hechos denunciados.
La denunciante sostiene que ciertas expresiones contenidas en el libro de López Obrador, como “Con Claudia se garantiza la continuidad de nuestro movimiento de transformación”, posicionan a Sheinbaum anticipadamente ante el electorado, vulnerando los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.
Por otro lado, el magistrado Reyes también ha hecho público un proyecto en el cual propone confirmar la determinación del INE de sancionar a Eduardo Verástegui, ex aspirante a candidato independiente a la presidencia y figura de la ultraderecha. Verástegui enfrenta sanciones por diversas infracciones en materia de fiscalización, detectadas en sus informes de ingresos y gastos relacionados con la obtención de apoyos ciudadanos.
El proyecto argumenta que las conductas reprochadas, incluyendo ingresos en efectivo y especie no comprobados, están debidamente acreditadas, y que las sanciones impuestas son proporcionales a las infracciones cometidas.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado acciones decisivas después de descubrir que 87 personas que ocupaban cargos de supervisores o capacitadores electorales están vinculadas a partidos políticos.
Este hallazgo, detectado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), ha motivado la determinación de dar de baja a estos individuos mientras se resuelve de manera definitiva su situación.
La UTCE, al analizar cédulas y expedientes electrónicos proporcionados por los propios partidos políticos involucrados, ha corroborado las afiliaciones de los supervisores electorales.
La presencia de firmas en la documentación, en una primera revisión, sugiere el consentimiento de estos individuos para formar parte de instituciones políticas, desencadenando una respuesta inmediata por parte del INE.
Ante la gravedad de esta situación, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha optado por implementar una medida cautelar, que implica la suspensión provisional de los 87 supervisores o capacitadores electorales en cuestión.
Esta acción busca salvaguardar los principios de imparcialidad e independencia que deben prevalecer en la integración de los órganos electorales, asegurando la transparencia y confianza en los procesos electorales.
Mediante un comunicado oficial, el INE ha aclarado que esta medida se mantendrá vigente hasta que se resuelva definitivamente el fondo de los asuntos, garantizando un proceso adecuado para esclarecer las afiliaciones partidistas de los involucrados.
