En un lapso de seis meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de 51 denuncias ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE). Estas denuncias podrían impactar el resultado electoral al final del proceso, ya que podrían utilizarse para calificar la elección, aunque el mandatario federal se prepara para cualquier escenario que pueda surgir.
Mientras las autoridades electorales consideran que el presidente desafía lo estipulado en la ley electoral, López Obrador ha mantenido una postura contraria. El 27 de marzo, el presidente afirmó que nunca ha violado los lineamientos destinados a garantizar la equidad en la contienda electoral.
Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, respondió a las afirmaciones del presidente López Obrador sobre un posible plan para anular la elección basado en su posible inclusión en un registro de infractores durante el proceso electoral. Zavala destacó que, aunque las elecciones suelen impugnarse, si la información está sistematizada, ya existe y podría tener consecuencias imprevistas.
Zavala también señaló la preocupación por el hecho de que varios servidores públicos estén ignorando la prohibición constitucional de intervenir en asuntos electorales.
El presidente López Obrador ha acusado a las autoridades electorales de actuar en contra de su partido, pero él mismo ha sido objeto de múltiples denuncias por parte del INE, que indican que ha violado la ley electoral. A pesar de sus afirmaciones de no influir en favor de la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, las resoluciones del INE sugieren lo contrario.
López Obrador ha insistido en que los gobiernos anteriores dañaron a México y ha llamado a los votantes a respaldar su proyecto de transformación. Además, ha expresado su confianza en que el Tribunal Electoral no podrá anular la elección, advirtiendo sobre posibles reacciones en caso contrario.
Claudia Zavala ha subrayado que los funcionarios públicos deben cumplir con sus deberes constitucionales y ha advertido sobre la gravedad de desafiar la Constitución en una democracia.
En este contexto, no hay justificación para desconocer lo que está establecido en la Constitución en cuanto a las restricciones durante el periodo electoral.
