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En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

En el contexto de la preparación de la reforma electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, sostuvo una reunión de trabajo con Pablo Gómez Álvarez, presidente de la comisión encargada de ese proceso, en la que subrayó la necesidad de un esfuerzo institucional y una visión de Estado desde la Presidencia de la República. El llamado estuvo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien instó a encabezar un ejercicio que fortalezca las bases democráticas del país.

El encuentro se llevó a cabo este jueves y se prolongó por aproximadamente tres horas. A su salida, Bátiz García explicó que la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y de carácter institucional. “Sí, estuvimos los dos reunidos, tomamos mucho café y platicamos sobre la historia de nuestras instituciones”, señaló. De acuerdo con el magistrado, el diálogo no se centró en puntos específicos de la reforma electoral, sino en una reflexión más amplia sobre la solidez de las instituciones democráticas.

Durante la reunión, el presidente del TEPJF precisó que, a diferencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral no presentará propuestas técnicas para el contenido de la reforma. En ese sentido, aclaró que el papel del órgano jurisdiccional será de acompañamiento institucional. “Tuvimos una plática muy cordial, institucional con el presidente, y lo que nosotros podemos brindar es el acompañamiento técnico necesario para que sea la menor de las reformas”, afirmó.

Bátiz García destacó que existe coincidencia entre las autoridades electorales y los responsables de impulsar la reforma en torno a la importancia de preservar instituciones democráticas sólidas. “No abordamos temas específicos de la reforma electoral, pero sí la necesidad de tener instituciones democráticas sólidas; ese es el empeño, tanto de nosotros como de ellos, y hacia allá vamos a continuar”, puntualizó.

El magistrado presidente consideró prudente que desde la Presidencia de la República se impulse un esfuerzo institucional que permita delimitar un programa de país, con el compromiso de las distintas instancias del Estado. Señaló que esa visión no debe recaer en una sola dependencia, sino involucrar a los diferentes componentes institucionales, incluida la Sala Superior del TEPJF, que mantiene, dijo, un compromiso con una visión de Estado y una perspectiva institucional orientada a lograr “la mejor de las reformas para todo el país”.

Este diálogo se enmarca en la decisión tomada a inicios de mes por la presidenta Sheinbaum, quien acordó con los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, pausar la presentación de la reforma electoral. Como parte de ese ajuste, Pablo Gómez fue designado para sostener encuentros con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como con autoridades electorales, con el objetivo de construir consensos sobre los temas que integrarán la iniciativa.

Hasta el momento, Gómez Álvarez se ha reunido con dirigentes del PT, del PVEM y con el presidente del TEPJF. No se ha informado de convocatorias para escuchar a los líderes de los partidos de oposición.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no respalda ni evalúa el contenido de la iniciativa ciudadana de reforma electoral promovida por la organización “Salvemos la Democracia”, la cual reunió las firmas necesarias para avanzar en el proceso legislativo. El organismo subrayó que su participación se limitó exclusivamente a verificar que los apoyos ciudadanos cumplieran con los requisitos legales de validez.

En un comunicado, el INE precisó que la revisión de firmas no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la propuesta. Destacó que su labor no incluye la evaluación, aval, rechazo ni análisis de la constitucionalidad, mérito o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas. Esa responsabilidad, señaló, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado de la República, como parte del procedimiento legislativo ordinario.

Como resultado de esta verificación, el instituto envió un oficio a la Cámara de Diputados para notificar que las 136 mil 875 firmas presentadas por “Salvemos la Democracia” cumplen con los criterios de validez establecidos en la ley. Con ello, el INE dio por concluida su intervención en esta etapa del proceso.

La iniciativa ciudadana propone reformas a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución. Entre los planteamientos centrales se encuentra el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la conservación de una estructura nacional y territorial con presencia en los 300 distritos electorales del país, integrada por un servicio profesional electoral.

En materia de financiamiento político, la propuesta plantea modificar el esquema actual para que la distribución de recursos públicos a los partidos no dependa del porcentaje de votación obtenido, sino que se realice de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas con registro. El mismo criterio se propone para el acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otro de los ejes de la iniciativa es la transparencia en la fiscalización, al establecer que los gastos de precampaña y campaña revisados por el INE sean públicos. Asimismo, se plantea que las candidaturas independientes cuenten con un financiamiento mínimo equivalente al 20 por ciento del tope de gastos autorizado.

La propuesta también busca garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía durante los procesos electorales y evitar la intervención de autoridades, al prohibir que se utilicen los instrumentos de comunicación del Estado para hacer referencia a elecciones. De igual forma, se establece la prohibición de actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones sistemáticas fuera de los periodos legales que soliciten apoyo electoral o manifiesten la intención de contender por un cargo público. La Cámara de Diputados será la encargada de definir el trámite legislativo que se dará a esta iniciativa ciudadana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la comisión presidencial para la reforma electoral un amplio paquete de propuestas técnicas que serán consideradas en la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión. El documento fue entregado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y contiene un total de 316 planteamientos, de los cuales 241 cuentan con consenso del Consejo General y 75 fueron formulados a título personal por distintos consejeros.

La reunión se llevó a cabo con la asistencia de nueve de los once integrantes del Consejo General del INE, encabezados por Taddei Zavala. No acudieron las consejeras Dania Ravel ni Claudia Zavala. El texto presentado lleva por nombre “Propuesta de mejora en materia electoral” y busca incidir en diversos aspectos operativos, normativos y estructurales del sistema electoral mexicano.

Las consejeras y consejeros Carla Humphrey y Arturo Castillo señalaron que hubiera sido deseable un proceso de discusión interna más amplio antes de la entrega final del documento. Humphrey explicó que, aunque se formularon 316 propuestas, únicamente 241 lograron consenso, mientras que el resto refleja posiciones individuales. Subrayó que cada consejería incorporó los temas que consideró prioritarios.

Entre los planteamientos destacados se encuentra la propuesta de garantizar al INE un presupuesto anual vinculado al Producto Interno Bruto (PIB), como respuesta a los cuatro recortes presupuestales aplicados por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Esta idea fue rechazada de inmediato por Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, quien la calificó como inviable al considerar que una disminución del PIB podría traducirse en una reducción automática de recursos para el organismo electoral.

Humphrey defendió la necesidad de asegurar un presupuesto suficiente para que el INE pueda cumplir con sus funciones constitucionales. En el ámbito técnico, el documento también plantea fortalecer los procesos de fiscalización, incluyendo la eliminación del secreto fiscal para el instituto, con el objetivo de permitir investigaciones más eficaces. Asimismo, propone reforzar las medidas de equidad en la contienda y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El consejero Jaime Rivera expuso que las propuestas buscan preservar los principios y valores democráticos. Señaló cuatro ejes centrales: fortalecer la pluralidad política sin favorecer a una sola fuerza; proteger la equidad de la contienda evitando la intervención gubernamental; salvaguardar la independencia del INE; y respetar los procedimientos colegiados para el nombramiento de funcionarios. En este contexto, pidió revertir la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgó mayores facultades a la presidencia del INE para designaciones internas.

Al término del encuentro, Pablo Gómez confirmó que el miércoles entregará a la presidenta Sheinbaum un anteproyecto de reforma electoral. Reconoció que persisten diferencias al interior de la comisión, integrada también por Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, pero aseguró que se encuentran en fase de deliberación. Aclaró que la iniciativa no modificará las fechas de la segunda elección judicial prevista para 2027 y señaló que la propuesta de elegir consejeros del INE mediante voto popular “está en la mesa”.

En el marco de una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, fijó una postura crítica frente a la posibilidad de impulsar una reforma electoral que concentre la vida política del país en un solo partido. De manera directa, afirmó que un esquema en el que México “quepa bajo el manto de una sola sigla” constituye “simple y sencillamente un planteamiento autoritario”.

Tras sostener una reunión privada con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, Córdova subrayó que cualquier modificación al sistema electoral debe partir del reconocimiento de que México es “un país plural y diverso” y que las instituciones democráticas deben ser “la casa de todas y todos”. En ese sentido, sostuvo que una reforma construida bajo esos principios representa la principal garantía para que la democracia continúe desarrollándose.

El ex titular del INE precisó que, aunque forma parte de una comisión impulsada por la organización Somos México, no milita ni ha militado en partido político alguno. Aclaró que su participación se da desde una posición independiente y reiteró que, como expresidente del órgano electoral, considera que no debe integrarse a ninguna fuerza partidista.

Durante su intervención, Córdova volvió a señalar que la asignación de diputaciones plurinominales realizada el año pasado derivó en una mayoría que calificó como artificial. Recordó que, desde la reforma electoral de 1996, se estableció que las modificaciones constitucionales debían ser producto del consenso entre distintas fuerzas políticas y no de una sola.

En contraste, afirmó que por primera vez en tres décadas se configuró una mayoría calificada que permite a las fuerzas oficialistas modificar la Constitución sin acuerdos amplios, situación que atribuyó a cambios en los criterios de asignación de legisladores de representación proporcional.

En el mismo espacio, el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, planteó la necesidad de revisar el modelo de representación en el Congreso de la Unión bajo el principio de proporcionalidad directa: “tantos votos, tantos lugares en la Cámara”. Como ejemplo, expuso que una coalición que obtuvo alrededor del 54 por ciento de los votos terminó ocupando cerca del 75 por ciento de las curules, mientras que el bloque opositor, con aproximadamente 44 por ciento de la votación, quedó reducido a una cuarta parte de la representación legislativa.

Acosta Naranjo también se refirió a la propuesta de reforma electoral impulsada por la llamada Cuarta Transformación y expresó su preocupación por la intención de contar con un árbitro electoral identificado con una sola fuerza política. Recalcó que el árbitro debe ser imparcial y ajeno a ideologías partidistas, guiado únicamente por valores democráticos universales.

Finalmente, criticó que la discusión sobre temas electorales se haya planteado desde la Secretaría de Gobernación y no desde el Poder Legislativo. Reafirmó que la Cámara de Diputados es el espacio natural para ese debate y adelantó que la próxima semana entregarán formalmente un documento con su propuesta de reforma electoral a la presidencia de la Cámara.

Con el arranque del periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de febrero de 2026, la mayoría integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se alista para impulsar una agenda legislativa centrada en tres temas prioritarios: la reforma electoral, la reducción de la jornada laboral y la incorporación de la figura de los llamados “jueces sin rostro”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la reforma electoral será una de las primeras iniciativas que se discutirán, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum la remita formalmente al Congreso de la Unión. Precisó que el análisis comenzará en las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, debido a que el proyecto contempla cambios constitucionales y ajustes a la legislación secundaria.

Entre los aspectos que se pondrán sobre la mesa se encuentra la representación proporcional. Monreal expuso que existen distintas alternativas, como mantener al Senado con 96 integrantes y eliminar la lista nominal, así como reducir el número de diputaciones de 500 a 400, con variaciones en el número de legisladores plurinominales. También se abordará la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo la posibilidad de que los consejeros sean electos de manera directa o mediante insaculación.

El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo, señaló que los consejeros serían avalados con una mayoría calificada de dos terceras partes o hasta un 70% de votos en ambas cámaras, porcentaje que aún no se define. Además, la presidenta Sheinbaum adelantó que la iniciativa incluirá un recorte a las prerrogativas de los partidos políticos, un punto que, de acuerdo con Monreal, podría generar diferencias internas, especialmente con el PVEM y el PT, que en 2019 rechazaron una propuesta similar.

La agenda también contempla la discusión de la reforma laboral para reducir la jornada de 48 a 40 horas. La iniciativa presidencial, actualmente en el Senado, prevé una disminución gradual de dos horas por año a partir de 2027, hasta alcanzar el nuevo esquema en 2030. El proyecto mantiene el derecho a un día de descanso semanal con goce íntegro de salario.

Finalmente, se retomará el debate sobre los “jueces sin rostro” mediante reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Según Monreal, la propuesta busca fortalecer la impartición de justicia, modernizar los procedimientos y establecer medidas de protección para las personas juzgadoras frente a delitos de alto impacto, aunque el tema permanece detenido tras los señalamientos de organizaciones civiles sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales.

Bernabé fue elegido como presidente del Comité de Ética de la Cámara de Diputados. La designación, que ocurrió en apenas tres minutos, fue resultado de un acuerdo directo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y marcó el inicio formal de un órgano que llevaba un año de retraso en su instalación.

El nuevo presidente del Comité, que tiene la misión de promover la transparencia, la integridad y la conducta ética entre las y los legisladores, llega al cargo con un historial cargado de señalamientos. Entre ellos, destacan acusaciones por intentar reelegirse como candidato indígena sin pertenecer a esa comunidad, por el presunto secuestro durante una disputa política en Veracruz y por el manejo de un equipo de asesores con sueldos que superaban los 180 mil pesos mensuales.

Pérez Bernabé fue cuestionado desde 2024, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) revocó su candidatura tras descubrir que se había registrado bajo la acción afirmativa indígena con documentos que no coincidían con su lugar de nacimiento.

 Aunque presentó una constancia emitida por una comunidad de Papantla, el organismo electoral comprobó que el diputado nació en Gutiérrez Zamora, a casi 30 kilómetros de distancia. Su suplente, Victoria Méndez, sí fue reconocida como candidata indígena válida.

Aun así, semanas después el morenista logró solventar las inconsistencias y consiguió postularse nuevamente, resultando electo por mayoría relativa. Desde entonces, su trayectoria política ha estado acompañada de polémicas, pero también de alianzas que le permitieron consolidar su posición dentro del partido guinda y, ahora, alcanzar la presidencia de un comité encargado de vigilar la ética legislativa.

El nombramiento también incluye al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González, como vicepresidente, además de los legisladores Luis Agustín Rodríguez, del PAN, y Alejandro Pérez Cuéllar, del PVEM, como secretarios.

La integración del Comité se completa con los llamados decanos, entre ellos el morenista Manuel Espino Barrientos, quien actualmente se encuentra en recuperación tras un derrame cerebral sufrido en septiembre.

La creación del Comité de Ética, que debió haberse instalado desde hace más de un año, busca reforzar los principios de transparencia y conducta pública dentro del recinto legislativo de San Lázaro. Sin embargo, la elección exprés de un presidente con antecedentes polémicos ha generado críticas en los pasillos del Congreso y reabre el debate sobre los filtros éticos en los nombramientos dentro del Poder Legislativo.

Pese a las controversias, la nueva dirigencia del Comité de Ética deberá asumir su tarea de velar por el comportamiento institucional de los diputados y prevenir actos que comprometan la integridad de la Cámara. El reto será mayor: hacerlo bajo la mirada de una ciudadanía cada vez más exigente con sus representantes públicos.

Más de un mes después de la fecha prevista, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió finalmente uno de los casos más comentados de la pasada elección judicial. En una sesión decisiva, el Tribunal revocó las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto a 176 candidatos, quienes habían sido sancionados por supuestamente beneficiarse de los llamados “acordeones”, listas de apoyo difundidas de forma física y digital durante el proceso de votación.

Las sanciones, que sumaban más de 6.3 millones de pesos, incluían multas a aspirantes de alto perfil. Entre ellos estaban Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos González y Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes enfrentaban montos individuales que iban desde los 94 mil hasta los 255 mil pesos. Sin embargo, con la nueva resolución, todos ellos quedan exentos de pago.

El INE había determinado que los candidatos eran responsables de la difusión de los acordeones por haber resultado “beneficiados” con su circulación. Pero el TEPJF consideró que esta decisión se tomó sin pruebas suficientes y sin demostrar que los aspirantes tuvieran conocimiento o participación directa en la creación o difusión del material. En su análisis, el Tribunal concluyó que el INE actuó sin fundamento ni motivación adecuada, al no comprobar ni el beneficio real ni la intención de los involucrados.

La revocación fue aprobada por mayoría, con votos de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, quienes respaldaron los proyectos que anularon las sanciones. En contraste, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón emitieron votos particulares, al considerar que el caso debía regresar al INE para que ampliara las investigaciones antes de cerrar el expediente.

Durante la sesión, el pleno también aceptó la excusa de los magistrados Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes participaron en la elección judicial y se apartaron del análisis por razones de imparcialidad.

Con esta resolución, el TEPJF dejó sin efecto las multas impuestas por el INE y marcó un precedente sobre los límites de responsabilidad de los candidatos en la propaganda generada por terceros. Según la decisión del Tribunal, no basta con que existan materiales de apoyo para atribuir una falta, sino que es indispensable probar la relación directa o el conocimiento de los involucrados.

La sentencia pone fin a un proceso que había acumulado más de 400 juicios pendientes, y devuelve al tablero político un mensaje claro: las autoridades electorales deben fundamentar sus decisiones con pruebas sólidas antes de sancionar. Para los 176 candidatos, esta decisión representa el cierre de un episodio que los mantenía bajo cuestionamiento desde la pasada elección judicial.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará en noviembre su propuesta de reforma electoral, de acuerdo con lo informado por su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. La titular del organismo confirmó que los trabajos de elaboración del documento ya comenzaron formalmente este jueves en la sede central del instituto.

Taddei explicó que el proceso incluirá la consulta a todas las áreas del INE con el objetivo de integrar propuestas que fortalezcan el desempeño institucional y consoliden un planteamiento integral. “Estamos pensando que para finales de noviembre, entiendo que en enero se presentará la iniciativa (de la presidenta Claudia Sheinbaum), estaremos entregando el documento, justo hoy empiezan los trabajos aquí en el instituto”, señaló.

La presidenta del órgano electoral detalló que la elaboración del proyecto se realiza de manera interna y con la participación de los distintos equipos técnicos y operativos del instituto. Con ello, se busca garantizar que la propuesta refleje la experiencia acumulada del INE en más de tres décadas de organización de procesos electorales en México.

En torno a la posibilidad de que la propuesta sea tomada en cuenta por la comisión presidencial para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, o por los legisladores de mayoría de Morena, Taddei reconoció que no existe una garantía formal. “Esa garantía la va a dar la comisión para la reforma en el Congreso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantar la voz, decir quiénes somos, hablar de la experiencia, poner a consideración de estas dos instancias la experiencia acumulada de más de 35 años”, sostuvo.

La titular del INE subrayó que el instituto cumplirá con su responsabilidad de participar en el proceso de análisis y discusión de la reforma desde su ámbito técnico y operativo, aportando información, diagnósticos y propuestas sustentadas en la experiencia institucional.

De manera paralela, este jueves integrantes del Colegio de Ejecutivos Electorales de México entregaron al INE su propia propuesta de reforma electoral, con el objetivo de contribuir al debate y fortalecer el proceso de revisión del sistema electoral mexicano.

Con estos trabajos, el INE avanza en la construcción de un documento que buscará incidir en la discusión nacional sobre la reforma electoral que se prevé sea presentada por el Ejecutivo federal en enero. El organismo electoral trabaja en consolidar una propuesta basada en su experiencia y conocimiento técnico, a fin de mantener un papel activo dentro del proceso de transformación institucional que se avecina.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que en 2026 habrá ajustes a la baja en el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Poder Judicial de la Federación, debido a que no se celebrarán elecciones federales ni judiciales durante ese año.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que en 2026 “no hay elecciones y vamos a ajustarlo más a la baja”. Detalló que, en el caso del INE, el año pasado ejerció un presupuesto de 27 mil millones de pesos, mientras que para 2026 el propio instituto propuso una reducción de 4.162%, equivalente a 22 mil millones de pesos. No obstante, Monreal anticipó que este monto será objeto de una revisión. “El INE que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja”, subrayó.

Sobre el Poder Judicial, señaló que solicitó un aumento de 15 mil millones de pesos, cifra planteada antes de la renovación de la Suprema Corte. Aclaró que, por tratarse de organismos autónomos, la propuesta no provino del Ejecutivo federal.

Sin embargo, consideró que ese incremento no se aprobará. “Yo no creo que quede en estos montos, también se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15 mil millones de pesos”, afirmó. De acuerdo con los escenarios planteados, el presupuesto del Poder Judicial se mantendría en aproximadamente 70 mil 983 millones de pesos.

El TEPJF también fue señalado como uno de los organismos que podrían registrar recortes. Monreal explicó que, sin un calendario electoral federal cargado, no existe justificación para un aumento en su solicitud de recursos. 

Recordó que en 2025 contó con un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos, y consideró que no debe incrementarse. “No puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación, yo creo que el tribunal también va a ir a la baja, incluso menos de los 3 mil 749 millones de pesos que tuvo asignados en 2025”, expuso.

El legislador puntualizó que los escenarios que presentó son “primicias” y que corresponderá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto dictaminar el proyecto final para el ejercicio fiscal de 2026.