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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este fin de semana la construcción de una fábrica en Tabasco que tendrá como misión procesar cacao y producir directamente el chocolate del Bienestar. Con este proyecto, previsto para desarrollarse en 2026, el gobierno dejará de recurrir a maquilas externas para su fabricación.

Durante su visita a la entidad este sábado, la mandataria resaltó la importancia del producto que actualmente se distribuye en las Tiendas del Bienestar de todo el país. Enfatizó que esta iniciativa busca impulsar de manera directa a los pequeños productores de cacao de la región.

“El objetivo es ir creciendo para que todos los pequeños productores de cacao en el estado puedan tener ganancias suficientes para vivir bien; porque muchas veces el cacao se vende muy barato y no es suficiente para poder generar bienestar, que es la gran palabra de la Cuarta Transformación”, declaró Sheinbaum.

Hasta ahora, el chocolate del Bienestar ha sido manufacturado por empresas externas debido a que el gobierno no cuenta con instalaciones propias para completar el proceso de transformación del grano. La mandataria recordó que esta situación ha sido una limitante para avanzar en la consolidación del producto.

Con la futura planta en Tabasco, la administración federal busca concentrar en la región toda la cadena productiva del chocolate, desde el cultivo del cacao hasta su procesamiento y venta, fortaleciendo a los productores locales. “El próximo año, porque ahora maquilamos el chocolate, pero el próximo año vamos a construir aquí en Tabasco la chocolatera para que aquí mismo se produzca el chocolate del Bienestar”, aseguró la presidenta.

La propuesta da seguimiento a lo presentado en julio pasado por María Luisa Albores, directora de Seguridad Alimentaria Mexicana, quien introdujo oficialmente el chocolate del Bienestar. En aquella ocasión, reconoció que el gobierno no contaba con infraestructura propia para procesar el cacao y que, por ello, el producto debía enviarse a maquilar con terceros.

Aunque el proyecto ya tiene definido el lugar donde se instalará, hasta el momento no se han revelado detalles sobre el esquema de operación de la fábrica ni información sobre los productores externos que actualmente se encargan de manufacturar el chocolate.

La Chocolatera del Bienestar forma parte de las acciones del gobierno federal orientadas a fortalecer la economía rural y ofrecer mayores ingresos a los campesinos tabasqueños que dependen del cultivo del cacao, uno de los productos emblemáticos de la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reanudará los pagos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante un esquema financiero basado en Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps).

El mecanismo contempla una emisión de 12 mil millones de dólares con vencimiento al 2030, a través de la cual se cubrirá el saldo pendiente con empresas proveedoras de la petrolera estatal. “Pemex tiene un gran problema y es la deuda del periodo neoliberal y particularmente de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto”,declaró la mandataria.

De acuerdo con la información presentada, la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares a 105 mil millones de dólares en los últimos sexenios, un incremento de 60 mil millones mientras la producción de combustible se reducía de manera sostenida.

Sheinbaum aseguró que la deuda deberá ser cubierta en su totalidad y que las amortizaciones previstas ascienden a 300 mil millones de pesos. En este contexto, precisó que la SHCP asume parte de los vencimientos, aprovechando menores tasas y una mayor capacidad de colocación en los mercados internacionales.

“Le ayuda a Pemex y aunque hay una parte que es del gobierno federal, pues finalmente como estado mexicano es una muy buena transacción (…) lo que ahora se hizo es considerar todos esos vencimientos, los refinanciamientos que se pueden hacer de toda esa deuda y además salir adelante con la empresa”, explicó la presidenta.

El anuncio ocurre después de que, en junio, proveedores de Pemex amagaran con suspender actividades debido a la falta de pagos. El 19 de ese mes, Sheinbaum aseguró que ya se habían cubierto 147 mil millones de pesos en adeudos, lo que evitó un paro en la operación de la compañía.

Posteriormente, el 30 de julio, el gobierno de México concretó la colocación internacional de las Notas Estructuradas Pre Capitalizadas, con una emisión de 12 mil millones de dólares a siete años. La operación generó una demanda de 23 mil 400 millones de dólares por parte de 295 inversionistas institucionales de diversas regiones del mundo, lo que permitió reforzar el plan de pagos de la empresa productiva del Estado.

Con esta nueva ronda de pagos, el gobierno busca aliviar la presión financiera de Pemex y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, al tiempo que se atienden los vencimientos de deuda que mantienen a la petrolera en una de sus etapas más complejas.

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó a legisladores de Morena que el paquete económico 2026 incluirá modificaciones en los impuestos a empresas refresqueras, como parte de las medidas para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en México.

Durante la plenaria de la bancada guinda, Godoy señaló que el ajuste responde a la estrategia nacional contra el consumo excesivo de azúcar, ya que está vinculado con padecimientos como la diabetes y la hipertensión. “Viene la Ley General de Salud. Bueno, en el paquete económico seguramente van a tener mucho cabildeo porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, expresó.

El anuncio se da en un contexto en el que el gobierno federal mantiene activa una cruzada para reducir los riesgos a la salud derivados de bebidas industrializadas. El planteamiento de nuevos gravámenes busca reforzar esa política pública desde la perspectiva fiscal.

Además, la consejera jurídica recordó que aún está pendiente la regularización de los vapeadores dentro de la Ley General de Salud. “Hay que sacar ya la reforma secundaria. Pero también es una reforma importante porque se está modificando lo que ya está, que es todo el tema de la compra masiva de medicamentos, todo esto que ha sido motivo de mucha discusión”, indicó.

Godoy también destacó que el rediseño del sistema nacional de salud avanza hacia un modelo en el que las instituciones como ISSSTE e IMSS Bienestar trabajen de manera coordinada, incluyendo un esquema de compensaciones entre ellas. Subrayó que el objetivo es garantizar el acceso sin importar a qué institución pertenezca cada derechohabiente.

En su mensaje, la funcionaria detalló que los cambios legislativos se articulan con otros temas en curso dentro del Congreso. Entre ellos, mencionó los avances de la Reforma a la Guardia Nacional, la Ley sobre Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como la Ley General de Protección y Bienestar Animal.

A través de su cuenta de X, Godoy informó que también están en puerta iniciativas de gran calado, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Procedimiento Contencioso Administrativo.

De esta forma, el paquete económico 2026 perfila ajustes fiscales dirigidos a la industria refresquera, mientras que en paralelo avanza la agenda de reformas en materia de salud, seguridad, derechos indígenas y bienestar animal.

El comisionado presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez, aseguró que el gobierno federal mantiene como prioridad la imparcialidad en las instituciones electorales de México y garantizó que esa será la base del proyecto que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros formamos parte de una corriente histórica en México, que luchó siempre y sigue luchando por abrirle camino a la imparcialidad de los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales, esa posición la mantiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum y la mantendrá hasta el final de este proceso”, afirmó el funcionario.

Gómez subrayó que quienes integran la actual administración no sólo han defendido esta causa durante décadas, sino que ahora buscan concretar un cambio definitivo en el sistema electoral. “Ahora queremos cambio, también, ya dar el último salto y definitivo para garantizar la imparcialidad de todos los órganos electorales”, señaló.

El anuncio se dio después de un encuentro con integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezados por su consejera presidenta Guadalupe Taddei. Tras la reunión, el exdiputado federal y exsenador plurinominal aclaró que en este momento no existe ninguna iniciativa en firme sobre la mesa, ya que el proceso se encuentra en una fase de análisis y crítica al sistema electoral vigente. “De la crítica saldrán los elementos para cambiar, de cambio”, puntualizó.

Como parte de la estrategia para abrir el debate, Pablo Gómez adelantó que se convocará a audiencias públicas donde podrán participar todos los actores interesados en aportar propuestas y observaciones. Detalló que se habilitará una página de internet para el registro de participantes, a fin de dar transparencia al proceso de organización.

Además, confirmó que se llevarán a cabo foros especializados en la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de discutir a fondo los temas más relevantes de la futura reforma. Estas actividades buscan reunir a partidos políticos, especialistas, académicos y ciudadanos que quieran contribuir al rediseño de las reglas electorales del país.

El funcionario insistió en que el propósito es fortalecer la confianza en los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones en México. En este sentido, recalcó que la administración actual pretende dar un paso histórico en la consolidación de la imparcialidad como principio rector de la vida democrática.

La ruta hacia la reforma, de acuerdo con Gómez, será incluyente y abierta a todas las voces, con la intención de que las modificaciones que se propongan cuenten con sustento social y legitimidad pública antes de ser presentadas en el Congreso.

En medio de tensiones comerciales con Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México ya ha hecho todo lo necesario para evitar la imposición de nuevos aranceles del gobierno de Donald Trump. Durante su participación en el evento México IA. Inversión Acelerada, celebrado en la Ciudad de México, el funcionario reiteró que no hay razones para entrar en pánico ante la inminente decisión sobre el aumento arancelario, previsto para este viernes 1 de agosto.

La medida que se discute en Washington contempla el incremento de aranceles del 25 % al 30 % a exportaciones mexicanas fuera del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha encendido las alertas tanto en el gobierno federal como en el sector privado. Sin embargo, Ebrard llamó a mantener la calma y confiar en los esfuerzos diplomáticos realizados.

“Hay que tener sangre fría. Don’t panic”, expresó ante empresarios y especialistas, luego de calificar las negociaciones con Estados Unidos como “intensas” y “complejas”, pero con una perspectiva positiva.

El canciller afirmó que México ya cumplió con todos los requerimientos establecidos por el gobierno estadounidense, por lo que ahora toca esperar la decisión final. Enfatizó que el 84 % del comercio entre ambos países se encuentra actualmente libre de aranceles gracias al T-MEC y calificó al tratado como uno de los mejores acuerdos comerciales a nivel mundial.

“Ya todo lo que México tenía que hacer está hecho. Ahora tenemos que esperar hoy, mañana y el jueves. Mi perspectiva es positiva, vamos a ver en qué resulta”, añadió.

Desde el ámbito empresarial, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confirmó que el sector privado también ha estado activo en las gestiones. Informó que se mantienen diálogos con autoridades estadounidenses y representantes de empresas del país vecino, con el fin de frenar la medida o al menos conseguir una prórroga.

“No estamos con los brazos cruzados. Esperamos que haya una prórroga para seguir negociando”, declaró Cervantes. También destacó la relevancia de la buena relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la cual podría jugar un papel clave en las decisiones finales. Aseguró que la comunicación entre ambos mandatarios ha sido constante y eficaz en momentos de alta tensión.

“El acuerdo al que se llegó en enero es de los mejores de todo el mundo. Ahora vamos a ver si pasamos la prueba el viernes, espero que sí”, concluyó Ebrard.

En paralelo a la coyuntura comercial, el gobierno mexicano también enfoca sus esfuerzos en la transformación tecnológica. El secretario subrayó que el país se encuentra en una etapa decisiva para posicionarse en el desarrollo de inteligencia artificial, y adelantó que México ya trabaja en su propio lenguaje de IA como parte de una estrategia para competir globalmente en esta industria emergente.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este domingo a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en la ciudad de Culiacán. El operativo responde a los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal ante el conflicto entre grupos criminales que operan en la entidad.

Los militares partieron a las 11:35 horas desde la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino: integrarse a las acciones de seguridad en el territorio sinaloense bajo el mando de la Novena Zona Militar.

Este nuevo contingente se suma a las unidades de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas que llegaron a Sinaloa el pasado 22 de julio, como parte de una estrategia de contención y combate a la criminalidad en puntos clave del estado.

En un comunicado, la Sedena explicó que la misión de los elementos enviados es colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer el Estado de derecho e inhibir actividades delictivas en la región. La movilización se enmarca dentro del despliegue nacional permanente que mantiene el Ejército en apoyo a las tareas de seguridad pública.

La llegada de estos refuerzos coincide con la visita del Gabinete de Seguridad al estado, realizada también el domingo. Durante la jornada, los titulares de las principales instituciones de seguridad federal presentaron un informe detallado sobre los resultados recientes de las operaciones implementadas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que, en los últimos nueve meses, las autoridades han logrado la detención de casi mil 500 personas vinculadas a actividades delictivas en la entidad. Además, se han asegurado más de tres mil armas de fuego, lo que representa uno de los mayores decomisos a nivel nacional en el mismo periodo.

Las medidas forman parte de un plan integral de respuesta ante la disputa entre grupos criminales, que ha generado episodios de violencia en distintas zonas del estado. Con esta nueva fase de despliegue, el gobierno federal busca restablecer la seguridad y confianza ciudadana, así como garantizar el desarrollo normal de la vida pública en Sinaloa.

El operativo militar en Culiacán es reflejo de la estrategia nacional que prioriza la presencia territorial, inteligencia táctica y cooperación interinstitucional como ejes centrales en el combate a la inseguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

A partir del 1 de agosto de 2025, el gobierno federal abrirá el registro nacional a la Pensión Mujeres Bienestar para todas las mexicanas de entre 60 y 64 años, cumpliendo así el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum de ampliar este programa social a un universo más amplio de beneficiarias.

Durante el anuncio oficial, Sheinbaum recalcó que este paso representa el reconocimiento al trabajo de millones de mujeres que, sin haber alcanzado una pensión contributiva, han dedicado su vida a tareas muchas veces invisibilizadas. “Este año cumplimos la promesa, el compromiso, de que las mujeres de 60 a 64 van a tener la Pensión Mujeres Bienestar”, afirmó.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, precisó que actualmente el programa ya apoya a más de un millón de mujeres de 63 y 64 años. Con esta nueva etapa, la cobertura se amplía a todo el rango de edad entre los 60 y 64 años, permitiendo que las mujeres interesadas realicen su inscripción entre el 1 y el 30 de agosto.

El trámite estará disponible de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en los módulos del Bienestar habilitados en todo el país, cuya ubicación puede consultarse en el sitio oficial gob.mx/bienestar.

Los documentos necesarios para llevar a cabo el registro son:

• Identificación oficial vigente
• CURP
• Acta de nacimiento
• Comprobante de domicilio
• Teléfono de contacto
• Formato Bienestar (descargable desde la plataforma digital)

En casos donde las solicitantes no puedan acudir personalmente, podrán solicitar una visita domiciliaria a través de la misma página web.

Paralelamente al anuncio del registro, la secretaria de las Mujeres, Minerva Citlalli Hernández, informó que ya hay 607 Centros LIBRE para las Mujeres en operación, de los 678 proyectados para este año, lo que representa un avance del 90%. Estos centros han sido impulsados como espacios de atención integral y están respaldados por una inversión federal de más de 651 millones de pesos.

Claudia Sheinbaum detalló que estos espacios están enfocados en cinco líneas de acción: la promoción de derechos, el fortalecimiento de redes comunitarias, la prevención de violencias, el apoyo psicoemocional y jurídico, así como el fomento a la salud y autonomía económica de las mujeres.

Con esta expansión de la pensión y la consolidación de los centros de apoyo, el gobierno federal busca seguir reforzando las políticas de inclusión y bienestar para las mujeres mayores en todo el país.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, colocó nuevamente en el centro del debate la deuda fiscal que mantiene Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría marcar un punto de quiebre en un litigio que ha estado activo por más de 16 años.

Claudia Sheinbaum indicó que las críticas lanzadas desde las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la reforma del Poder Judicial y su administración están vinculadas a la resistencia del empresario para cumplir con sus obligaciones fiscales. “Van a pagar los impuestos”, señaló, al referirse a la nueva composición del máximo tribunal del país.

Según la mandataria, algunos de los actuales ministros de la Suprema Corte habrían mantenido vínculos con el empresario, lo que se tradujo en una prolongación de los procesos judiciales. Esta situación, aseguró, ha impedido que se tomen decisiones definitivas a favor del Estado mexicano en cuanto a la recuperación de recursos públicos.

Durante la misma conferencia, Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, detalló que la deuda total de las empresas de Salinas Pliego con el fisco asciende a 74 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil millones se encuentran actualmente bajo revisión en la SCJN. La funcionaria explicó que hay tres casos activos en el máximo tribunal, mismos que han sido objeto de recursos legales por parte de la empresa desde los años 2008, 2010 y 2013.

La Procuraduría Fiscal informó también que Grupo Salinas ha interpuesto hasta 29 medios de defensa legales para frenar los fallos en su contra, generando una serie de retrasos que han evitado resoluciones firmes. En palabras de Sheinbaum, se trató de un “aletargamiento en la decisión”, en referencia al papel que jugaron algunos ministros que dejarán su cargo en septiembre.

El caso más reciente tuvo lugar el 19 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo a Grupo Elektra, una de las empresas del conglomerado, en un juicio relacionado con un adeudo fiscal de 2 mil millones de pesos. Esta resolución representa un precedente clave en el contexto de los litigios abiertos entre el grupo empresarial y el SAT.

La postura del gobierno federal mantiene firme su intención de recuperar los recursos públicos a través de los cauces judiciales, en un escenario que podría redefinirse con los próximos cambios dentro de la Suprema Corte.

El Senado de la República aprobó la creación de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos con 75 votos a favor —provenientes de Morena y aliados— y 37 en contra, emitidos por la oposición. Esta reforma establece el uso del mecanismo LlaveMX como plataforma única de acceso a trámites y servicios públicos digitales.

La iniciativa prevé sustituir trámites presenciales por digitales, fusionar procesos relacionados y promover pagos en línea. También busca eliminar intermediarios y reducir espacios de discrecionalidad en la gestión gubernamental. De acuerdo con la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, la ley representa una oportunidad para simplificar procesos, ahorrar recursos y garantizar mayor accesibilidad y transparencia para la ciudadanía.

Valdez subrayó que esta transformación permitirá la optimización administrativa entre dependencias, reduciendo tiempos y costos, al tiempo que fortalece la atención directa a la población. El mecanismo LlaveMX fungirá como una credencial digital unificada, válida en todos los niveles del gobierno federal.

Durante la discusión en el pleno, la bancada opositora expresó desacuerdos sustanciales. La senadora Laura Esquivel, del PAN, indicó que esta legislación no busca agilizar trámites, sino “concentrar el poder y la información” en una sola entidad, sin contrapesos ni protección suficiente para los datos personales. Desde su postura, la centralización representaría un riesgo para el equilibrio del federalismo.

Paloma Sánchez, senadora del PRI, añadió que la iniciativa parece moderna y funcional, pero constituye “un paso irreversible hacia el control, la centralización, el espionaje masivo y la muerte del federalismo”. Señaló que la ley entrega al gobierno la capacidad de administrar sin regulación la identidad digital de los mexicanos.

Según Sánchez, esta ley “significa poner nuestra identidad al servicio del poder para que se use sin control alguno”, y calificó de obligatorio el registro de la población en el sistema. Señaló que una sola agencia —la Agencia de Transformación Digital— tendrá el control de los trámites y el historial ciudadano.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya advirtió que la ley no solo podría vulnerar los datos personales de millones de ciudadanos, sino también entrar en conflicto con el Tratado de Libre Comercio en su artículo 19, relacionado con la protección de la información digital.

Anaya agregó que el proyecto demandará una alta inversión pública en infraestructura tecnológica, recursos que actualmente no están disponibles en el presupuesto gubernamental. También destacó que la falta de garantías técnicas y jurídicas expone a la ciudadanía a riesgos innecesarios.

Con esta reforma, la Agencia de Transformación Digital obtendrá un papel central en la administración pública digital, y será la responsable de coordinar todos los trámites en línea del país. La ley pasará ahora a su fase de aplicación y evaluación, en medio de un debate que mantiene latente la discusión sobre tecnología, derechos digitales y límites del poder estatal.