Tierras comunales y demandas históricas marcan visita presidencial a la sierra de Chihuahua

Habitantes de comunidades rarámuri y ódami de la sierra de Chihuahua expusieron ante la presidenta Claudia Sheinbaum una amplia agenda de necesidades relacionadas con servicios básicos, salud, educación e infraestructura, durante un acto oficial en el que se entregaron títulos de propiedad comunal por tres mil hectáreas al pueblo ódami del municipio de Guadalupe y Calvo.

El evento se realizó con la presencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como de integrantes del gabinete federal. En su intervención, la presidenta explicó que la entrega de tierras se enmarca en el plan de justicia y en la reforma constitucional orientada al reconocimiento de los pueblos originarios, con el objetivo de otorgar certeza jurídica sobre el territorio comunal.

Sheinbaum informó que durante este año los pueblos indígenas del país reciben de manera directa 12 mil millones de pesos para acciones de mejora en sus comunidades, y señaló que para el próximo año se contempla un presupuesto de 13 mil millones de pesos. Estos recursos, indicó, están dirigidos a atender rezagos acumulados en distintas regiones, incluida la sierra chihuahuense.

Tras la entrega de los títulos, la presidenta dio la palabra a habitantes de la región, quienes de forma reiterada solicitaron acceso a energía eléctrica, conectividad a internet, centros de salud y la construcción de un hospital con médicos, especialmente en la comunidad de Baborigame. También se planteó la falta de medicamentos y la ausencia de personal médico permanente en pequeñas clínicas.

Ante estas solicitudes, Sheinbaum reconoció que uno de los retos pendientes es lograr que los médicos lleguen a las comunidades serranas y permanezcan en ellas. En cuanto a la carencia de electricidad, ofreció la implementación de un programa de energía solar para atender a las localidades que no cuentan con este servicio.

Las demandas incluyeron además la creación de un telebachillerato, la edificación de una clínica, la reparación de la carretera Batopilas–Samachique, así como la construcción de un hospital y una universidad en Baborigame. Otros habitantes solicitaron la apertura de un albergue en la comunidad de Palos Muertos, la construcción de una carretera que conecte Guadalupe y Calvo con Parral y la mejora de caminos en Bocoyna.

Durante su participación, la gobernadora María Eugenia Campos destacó que en Chihuahua se desarrolla un programa de apoyo a las comunidades originarias y expresó disposición para coordinar esfuerzos con el gobierno federal. “Me alegra coincidir en el orgullo que sentimos por nuestros pueblos originarios (…) Contamos con el gobierno federal y el gobierno cuenta con este gobierno”, afirmó.

Al cierre del encuentro, la presidenta señaló que no es viable atender todas las demandas de manera inmediata, por lo que instruyó a integrantes de su gabinete, entre ellos Carlos Torres, coordinador de Programas para el Bienestar, a dar seguimiento puntual a los planteamientos. Indicó que los avances se realizarán de forma gradual y anunció que regresará a la sierra de Chihuahua dentro de un año.

En el acto participaron también la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.

Sheinbaum abre inscripción nacional para pensión a mujeres de 60 a 64 años a partir de agosto

A partir del 1 de agosto de 2025, el gobierno federal abrirá el registro nacional a la Pensión Mujeres Bienestar para todas las mexicanas de entre 60 y 64 años, cumpliendo así el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum de ampliar este programa social a un universo más amplio de beneficiarias.

Durante el anuncio oficial, Sheinbaum recalcó que este paso representa el reconocimiento al trabajo de millones de mujeres que, sin haber alcanzado una pensión contributiva, han dedicado su vida a tareas muchas veces invisibilizadas. “Este año cumplimos la promesa, el compromiso, de que las mujeres de 60 a 64 van a tener la Pensión Mujeres Bienestar”, afirmó.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, precisó que actualmente el programa ya apoya a más de un millón de mujeres de 63 y 64 años. Con esta nueva etapa, la cobertura se amplía a todo el rango de edad entre los 60 y 64 años, permitiendo que las mujeres interesadas realicen su inscripción entre el 1 y el 30 de agosto.

El trámite estará disponible de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en los módulos del Bienestar habilitados en todo el país, cuya ubicación puede consultarse en el sitio oficial gob.mx/bienestar.

Los documentos necesarios para llevar a cabo el registro son:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio
  • Teléfono de contacto
  • Formato Bienestar (descargable desde la plataforma digital)

En casos donde las solicitantes no puedan acudir personalmente, podrán solicitar una visita domiciliaria a través de la misma página web.

Paralelamente al anuncio del registro, la secretaria de las Mujeres, Minerva Citlalli Hernández, informó que ya hay 607 Centros LIBRE para las Mujeres en operación, de los 678 proyectados para este año, lo que representa un avance del 90%. Estos centros han sido impulsados como espacios de atención integral y están respaldados por una inversión federal de más de 651 millones de pesos.

Claudia Sheinbaum detalló que estos espacios están enfocados en cinco líneas de acción: la promoción de derechos, el fortalecimiento de redes comunitarias, la prevención de violencias, el apoyo psicoemocional y jurídico, así como el fomento a la salud y autonomía económica de las mujeres.

Con esta expansión de la pensión y la consolidación de los centros de apoyo, el gobierno federal busca seguir reforzando las políticas de inclusión y bienestar para las mujeres mayores en todo el país.

Servidores de la Nación Exigen Mejores Condiciones de Trabajo y Denuncian Despidos Injustificados

Los Servidores de la Nación, responsables de entregar los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, trabajan jornadas de hasta 15 horas y colaboran en campañas de vacunación y en la atención de desastres naturales, como el huracán Otis. Sin embargo, sus solicitudes de vacaciones y materiales para sus labores fueron rechazadas, y al intentar formar un sindicato, fueron despedidos.

En Jalisco, 12 exfuncionarios decidieron crear el Sindicato de Servidores de la Nación (SINASEN) después de ser censurados y no recibir respuesta a sus demandas de mejores condiciones laborales. Estos trabajadores, que habían transitado de la estructura de defensa del voto de Morena a funcionarios públicos en 2019, no vieron renovados sus contratos.

Los despedidos aseguran que la falta de vacaciones, materiales de trabajo y las extenuantes jornadas laborales son problemas nacionales, no exclusivos de Jalisco. Por ello, continuarán con la formación del SINASEN y buscarán por la vía judicial ser reinstalados o recibir una indemnización acorde a sus más de cinco años de servicio.

El medio Animal Político intentó obtener una respuesta de la Secretaría de Bienestar sobre las denuncias de despidos injustificados y malas condiciones de trabajo, sin éxito al momento de la publicación.

La Secretaría de Bienestar divide a sus operativos en dos categorías: los Servidores de la Nación, cuyos nombramientos se renuevan cada tres meses, y los trabajadores de Unidad Básica Administrativa (UBA), contratados por honorarios con convenios mensuales. Ambos grupos realizan las mismas tareas en condiciones precarias y con horarios extenuantes, según Alfredo Hamden, uno de los despedidos.

Ante estas condiciones, los trabajadores en Jalisco decidieron organizarse en el SINASEN. Sin embargo, tras participar en la marcha del 1 de mayo, comenzaron a recibir amenazas y finalmente fueron despedidos el 1 de julio.

Desde entonces, han realizado movilizaciones en Jalisco para denunciar sus despidos sin obtener respuesta de las autoridades de Bienestar. Por ello, recurrieron a un juicio de amparo para buscar su reinstalación o indemnización.

El reclamo de estas condiciones y la formación del SINASEN provocaron que los trabajadores recibieran notificaciones de despido sin explicación alguna. También sufrieron amenazas para evitar que otros empleados hablaran con ellos.

Marcela Martínez, otra de las despedidas, denuncia un ambiente de abusos y amenazas constantes. A pesar de su condición de salud, sus superiores ignoraron sus necesidades y no tomaron en cuenta sus comprobantes de incapacidad. Al no obtener respuesta de las autoridades, decidió unirse a SINASEN.

Los ex trabajadores resaltan que, a pesar de sus esfuerzos, no han recibido el reconocimiento ni las condiciones laborales que merecen. Sin embargo, continúan luchando por justicia y mejores condiciones para todos los Servidores de la Nación.