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Monreal afirma que en el 2025 habrá reforma electoral y se discutirá la minuta del Infonavit

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El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló que el próximo año traerá una agenda legislativa cargada de reformas clave para el país, con temas que impactarán directamente en el ámbito social, laboral y político.

 

En febrero, el Congreso discutirá la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), buscando fortalecer los derechos y beneficios de millones de trabajadores. Monreal detalló que, antes de esa fecha, se lanzará una convocatoria en la última semana de enero para escuchar a autoridades, empresarios y sindicatos, en un ejercicio de diálogo amplio que busca construir un consenso sólido.

 

En el ámbito electoral, Monreal adelantó que en 2025 se planea una reforma de gran alcance. Aunque los detalles específicos aún no se han definido, el coordinador señaló que esta iniciativa tocará varios aspectos fundamentales, incluyendo la posible reducción de recursos destinados a los partidos políticos. “Es una reforma amplia que tocará muchos temas importantes”, afirmó para un medio informativo de noticias.

 

Entre otros asuntos prioritarios, destacó la prohibición del consumo de maíz transgénico, una propuesta que será presentada en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un paquete de iniciativas. Este tema, junto con la legislación sobre concesiones de agua y temas ambientales, marcará el tono de los primeros meses del próximo año.

 

Monreal recordó que las reformas constitucionales enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, y que no se aprobaron, han quedado sin efecto. Esto significa que las iniciativas deberán ser presentadas nuevamente para iniciar el proceso legislativo desde cero.

 

El líder de Morena subrayó que a partir de febrero comenzará un periodo de intenso trabajo legislativo, con más de 40 modificaciones a leyes reglamentarias y nuevas propuestas. Entre los temas más relevantes también están las pensiones dignas, los topes salariales para servidores públicos y la protección ambiental, elementos que, según Monreal, requieren una atención urgente.

 

“Vamos a trabajar para garantizar derechos fundamentales y construir un país más justo. Las reformas serán el pilar del próximo periodo legislativo”, concluyó Monreal.

Eduardo Ramírez promete paz y progreso a Chiapas ante el desafío monumental que se enfrenta

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Con una ceremonia solemne y rodeado de las máximas figuras de su partido, Eduardo Ramírez Aguilar asumió el pasado domingo la gubernatura de Chiapas para el periodo 2024-2030. Consciente del panorama de inseguridad y desigualdad que enfrenta su estado, el morenista trazó una hoja de ruta ambiciosa, con promesas que podrían marcar un punto de inflexión en el futuro de la entidad.


En el recinto del Congreso estatal, acompañado por representantes del Gobierno Federal y por la plana mayor de Morena, Ramírez Aguilar pronunció un discurso donde la palabra clave fue “reconciliación”. “Esta es la nueva era de Chiapas”, afirmó con firmeza. “De unidad, de no confrontación, de reconciliación. No podemos ser indiferentes ante las necesidades de los más pobres”.


La violencia ha teñido de incertidumbre a Chiapas en los últimos años. Con 577 homicidios registrados en lo que va del 2024, el reto de devolver la paz es urgente. Eduardo Ramírez prometió aplicar los cuatro ejes de seguridad impulsados por Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Además, anunció un incremento salarial para los policías y el desarrollo de una fuerza de reacción inmediata para combatir la delincuencia de manera eficaz.


“No habrá transformación sin seguridad”, enfatizó. También se comprometió a ofrecer viviendas dignas para los elementos de seguridad como parte de su estrategia integral para recuperar la tranquilidad de los chiapanecos.


El desarrollo económico también fue parte central de su mensaje. Ramírez Aguilar reveló su compromiso de construir la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, una obra esperada que conectará dos de las regiones más importantes del estado y potenciará el turismo y comercio local. Asimismo, declaró su intención de establecer una frontera sur libre de impuestos, buscando incentivar el comercio y facilitar el tránsito de mercancías.


El sur de Chiapas, particularmente Tapachula, también recibirá atención prioritaria. El gobernador anunció planes para desarrollar la industria en esta región clave. “Tapachula puede y debe ser el motor económico del sur del país”, afirmó con determinación.


Ramírez Aguilar no pasó por alto la riqueza cultural y la fuerza histórica del estado. Hizo un homenaje a los pueblos indígenas y destacó la resistencia de sus habitantes a lo largo de los siglos. Además, resaltó la incorporación de las mujeres al sistema político local, una deuda histórica que finalmente se está saldando.


El nuevo gobernador agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora reside en Chiapas. “Su presencia aquí es una inspiración para seguir luchando por el bienestar de nuestro pueblo”, expresó.


La toma de protesta de Eduardo Ramírez simboliza el inicio de una administración que se enfrenta a retos complejos: desde la violencia hasta el rezago educativo. Sus palabras dejan una promesa clara: unidad, desarrollo y seguridad para todos los chiapanecos.

Senado amplía prisión preventiva oficiosa a nuevos delitos graves

Publicada el por Fernando Guzman

El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, ampliando el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, conocida también como “encarcelamiento automático”. Entre las nuevas conductas incluidas destacan la extorsión, el contrabando y los actos relacionados con el fentanilo y los comprobantes fiscales falsos. Esta medida cautelar, aplicada automáticamente por un juez, se utiliza en casos considerados graves.

Con 94 votos a favor de Morena y 34 en contra de la oposición, la reforma fue avalada y deberá ser ratificada por los congresos locales. Al tratarse de un cambio constitucional, se requiere la aprobación de al menos 17 estados.

Durante la discusión, los partidos de oposición manifestaron su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos. Marko Cortés, dirigente del PAN, subrayó que 70% de las personas encarceladas bajo esta medida resultaron inocentes, según sus datos: “El Estado destruyó sus vidas y las de sus familias. Si realmente quisieran combatir al crimen organizado, trabajarían en colaboración internacional para enfrentar a los delincuentes. Sin embargo, se han negado a tipificar el narcoterrorismo”, señaló.

Por otro lado, Andrea Chávez, legisladora de Morena, defendió la reforma al argumentar que busca garantizar el castigo de delitos que generan grandes beneficios económicos para los delincuentes y prevenir su fuga. “La prisión preventiva oficiosa protege a las víctimas, asegura el esclarecimiento de los hechos y evita la impunidad de los responsables”, afirmó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal 2023, realizado por el INEGI, 44.3% de las personas privadas de su libertad sin sentencia en México se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. Este grupo representa 38,533 personas de un total de 86,822 reclusos sin condena.

La modificación establece que la prisión preventiva oficiosa aplicará en delitos como:

  • Abuso o violencia sexual contra menores.
  • Delincuencia organizada.
  • Extorsión.
  • Actos relacionados con drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos.
  • Contrabando.
  • Uso de comprobantes fiscales falsos.

Además, se aclara que la interpretación de estas normas debe ser literal, prohibiéndose cualquier interpretación que modifique su aplicación.

Los congresos locales disponen de 65 días para adecuar sus normativas, mientras que el Congreso de la Unión tiene hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas. Esta modificación forma parte de las 20 propuestas presentadas en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la versión final fue ajustada en la Cámara de Diputados.

México lidera el mercado mundial de cerveza, destaca Marcelo Ebrard

Publicada el por Fernando Guzman

México ha alcanzado unreconocimiento notable en el ámbito internacional al posicionarse como el principal exportador de cerveza a nivel mundial, un logro que mezcla economía, identidad nacional y cierta controversia. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, anunció este triunfo el sábado 9 de noviembre en su cuenta de X (antes conocida como Twitter), donde compartió una infografía que detalla el éxito de México frente a naciones con larga tradición cervecera, como Países Bajos, Bélgica y Alemania.

De acuerdo con los datos presentados por Ebrard, México ha exportado cerveza por un valor de 5,083 millones de dólares en 2023, colocándose por encima de Países Bajos, que registró exportaciones de 2,165 millones, y Bélgica, con 1,843 millones. En su mensaje, Ebrard celebró este logro con entusiasmo: “¡Un éxito mexicano para empezar el día! ¡Buen fin!”, expresó.

Marcas emblemáticas como Corona, Modelo Especial y Tecate, producidas por empresas líderes como Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, han consolidado el prestigio de la cerveza mexicana en el mercado global. Además de generar ingresos sustanciales, este sector impulsa miles de empleos en áreas de producción, distribución y venta. La cerveza mexicana se ha convertido también en un atractivo turístico, atrayendo a visitantes internacionales interesados en conocer esta industria.

No obstante, este éxito ha estado rodeado de controversia. Durante su administración, el expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó preocupaciones sobre el impacto de la producción de cerveza en los recursos hídricos del país. En su conferencia del 14 de febrero, López Obrador advirtió sobre el alto consumo de agua que exige esta industria, señalando que por cada 10 litros de agua, solo se obtiene una botella de cerveza, lo que, en su opinión, no favorece al consumo interno.

“Se destinan grandes cantidades de agua potable para la producción de cerveza que en su mayoría se exporta”, criticó el expresidente, cuestionando las concesiones otorgadas a las empresas cerveceras para el uso de agua, un recurso limitado en varias zonas de México.

A pesar de estos desafíos, la industria cervecera continúa siendo un motor económico clave para el país. Las exportaciones de cerveza aportan miles de millones de dólares y colocan a México como un referente global en este sector. Más allá de los ingresos, la industria también impulsa el empleo y favorece el turismo.

En años recientes, México ha diversificado sus destinos de exportación de cerveza, enviando productos a países como Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, lo que confirma la competitividad de las cervezas mexicanas en el mercado internacional.

Senado aprueba reforma para que Infonavit construya y arriende viviendas a trabajadores

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El Senado de la República aprobó una reforma que permite al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construir y arrendar viviendas destinadas a trabajadores. La iniciativa fue respaldada con 106 votos y enviada a los Congresos estatales para su ratificación, marcando un cambio significativo en la política de vivienda social impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero.

La reforma modifica el artículo 123 de la Constitución para que el Infonavit establezca un sistema de vivienda social que facilite a los trabajadores el acceso a créditos accesibles y adecuados para adquirir, construir o mejorar una vivienda. Además, el instituto tendrá la capacidad de adquirir terrenos y desarrollar inmuebles que se ofrecerán bajo un modelo de “arrendamiento social”, cuyo costo no superará el 30% del salario de los beneficiarios. Con este cambio, el Infonavit recupera su rol como constructor de viviendas, actividad que dejó en los años noventa.

Durante la sesión, algunos senadores expresaron sus puntos de vista sobre la reforma. Rolando Zapata, senador del PRI, resaltó la importancia de esta medida para garantizar un patrimonio familiar, especialmente para los jóvenes. Sin embargo, manifestó sus dudas sobre la capacidad del actual director del Infonavit, Octavio Romero, para ejecutar adecuadamente la reforma, recordando las críticas que recibió por no lograr la recuperación de Pemex durante el sexenio pasado. Zapata enfatizó que, más allá de las leyes, es esencial que las metas planteadas sean realmente viables.

Por su parte, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, destacó que la reforma se orienta a un enfoque social sin fines de lucro, con el propósito de ofrecer viviendas accesibles a jóvenes y personas con discapacidad, mejorando así su calidad de vida y evitando la especulación inmobiliaria.

Laura Itzel Castillo, también senadora de Morena, señaló que durante los gobiernos neoliberales (especialmente entre 2000 y 2012), se favoreció a los desarrolladores inmobiliarios en perjuicio de los trabajadores, lo que dio pie al fenómeno conocido como el “Cártel Inmobiliario”. Según Castillo, esta reforma redirige la misión del Infonavit hacia la vivienda accesible para los trabajadores.

Finalmente, el senador del PAN, Miguel Márquez, aportó cifras del Inegi del 2022 para señalar la relevancia de la reforma, destacando que el país enfrenta un déficit de 8.2 millones de viviendas, equivalente al 23% del inventario habitacional. Según Márquez, la reforma contribuirá a reducir esta carencia y ofrecer soluciones habitacionales a millones de familias mexicanas que aún no cuentan con un hogar propio.

Artículo 19 honra periodistas en México, víctimas de la impunidad y la violencia

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México continúa siendo un país peligroso para ejercer el periodismo. Artículo 19, organización defensora de los derechos de la prensa, rindió homenaje a los 48 periodistas mexicanos asesinados en los últimos seis años, un homenaje sombrío que denuncia “la forma más extrema de censura”. A través de una ofrenda, la organización visibiliza el nivel alarmante de violencia contra comunicadores, quienes, en palabras de Artículo 19, han sido silenciados “en un entorno de impunidad y complicidad”.

 

Este fenómeno se ha repetido en las últimas tres administraciones federales. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se contabilizaron 48 periodistas asesinados, mientras que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la cifra llegó a 47 en cada periodo. Aunque Claudia Sheinbaum lleva poco más de un mes como presidenta, ya se reportó el primer caso: el periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue asesinado a balazos tras realizar coberturas en el centro de Uruapan, Michoacán.

 

La impunidad rodea estos crímenes. Para Artículo 19, es evidente que “las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales” hacen posible la perpetuación de la violencia contra la prensa, creando zonas de silencio y miedo en diferentes regiones del país. La organización exige el fin de esta impunidad y hace un llamado a las nuevas autoridades: “Es imperativo romper el pacto de silencio que existe en torno a la violencia hacia periodistas y la persecución a quienes defienden los derechos humanos”.

 

La situación, sin embargo, trasciende México. La Unesco ha destacado que el 85% de los asesinatos de periodistas a nivel mundial queda sin castigo. En su reciente informe, divulgado en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, subrayó la gravedad de esta problemática. “En 2022 y 2023, cada cuatro días un periodista fue asesinado simplemente por cumplir con su deber de informar. En la gran mayoría de los casos, nadie rendirá cuentas por su muerte”, lamentó Azoulay. En ese bienio, 162 periodistas fueron asesinados, de los cuales 14 eran mujeres, la cifra más alta registrada desde 2017.

 

Para Artículo 19, la falta de una respuesta contundente por parte del Estado alimenta las amenazas y los asesinatos de periodistas. A la fecha, el riesgo de sufrir represalias sigue siendo una realidad para quienes trabajan en este sector, y la amenaza es aún mayor en zonas donde el crimen organizado tiene presencia significativa.

 

A medida que México inicia un nuevo gobierno, la expectativa de la sociedad y de los organismos internacionales es clara: que se ponga fin a la impunidad y se proteja a quienes se dedican a la labor periodística. Artículo 19 ha dejado claro que esta responsabilidad no debe seguir siendo ignorada, recordando que “negar la existencia de esta violencia es también una forma de complicidad”.

 

En un país donde informar se ha vuelto un acto de valentía, la memoria de los periodistas caídos permanece como un recordatorio incómodo, una herida abierta en la sociedad. “Romper el silencio”, señala Artículo 19, “es la única manera de honrar su legado y de asegurar que su lucha no fue en vano”.

La Sedena justifica la muerte de 19 miembros del cártel de Sinaloa en operativo tras escalada de violencia

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La captura de Edwin Antonio “N”, alias “El Max” o “El Oso”, en un operativo militar en Sinaloa dejó una marca violenta esta semana con el abatimiento de 19 miembros del Cártel de Sinaloa. Este suceso, sin bajas militares, fue explicado en una conferencia de prensa por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), quien detalló las razones detrás de la feroz respuesta de las fuerzas armadas. “La violencia y el armamento que ahora exhiben estos grupos criminales son una amenaza latente; están dispuestos a arriesgarlo todo para proteger a sus líderes”, sostuvo el general.

 

Trevilla indicó que tras la captura de figuras clave como Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y la ofensiva contra Ismael “El Mayo” Zambada, la estructura del Cártel de Sinaloa ha endurecido sus filas con escoltas y sicarios cada vez más agresivos y bien equipados. “Los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas. Estos son sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida por sus protegidos”, señaló Trevilla, al tiempo que defendió la actuación del Ejército en este último operativo.

 

Para el general, el incremento en la capacidad de fuego y la voluntad de los criminales para enfrentar a las autoridades no dejan margen de error. “El personal militar que participa en estos operativos está adiestrado, capacitado y equipado para hacer frente a un nivel de violencia que ha escalado”, añadió, explicando que los soldados emplean equipo de protección como chalecos antibalas y cascos, aspectos que fueron determinantes para evitar bajas en las filas militares.

 

En medio de cuestionamientos por la crudeza de los enfrentamientos, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Justicia Militar ya han abierto investigaciones para esclarecer si hubo alguna violación a los derechos humanos en el operativo. Trevilla confirmó que ambas instituciones “tomaron cartas de inmediato”, y destacó que cualquier irregularidad se informará una vez concluida la investigación.

 

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la actuación de los soldados, reiterando su postura de cero tolerancia a ejecuciones extrajudiciales. “En este gobierno, no se tolerará ninguna acción fuera de la ley”, enfatizó Sheinbaum, subrayando que la respuesta de los militares fue consecuencia de una agresión directa por parte de los sicarios.

 

La declaración de Sheinbaum marca un contraste con la postura que en su momento mantuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que en México las masacres en operativos de seguridad habían llegado a su fin. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia y el cambio en la estructura delictiva obligan a una revisión de las estrategias de seguridad, que ahora parecen centrarse en contener la fuerza de estos grupos con una respuesta igualmente contundente.

México y Haití, entre los países con mayor inseguridad y corrupción según el World Justice Project

Publicada el por Fernando Guzman

El más reciente informe del World Justice Project (WJP) 2023-2024 ha puesto en evidencia la grave situación de México y Haití en materia de seguridad y justicia. De un total de 142 países evaluados, México ocupa el lugar 133 y Haití el 137, lo que los sitúa entre los peores calificados a nivel global y los más rezagados de América Latina.

El informe subraya el creciente deterioro de la seguridad y el estado de derecho en ambos países, donde la violencia, la corrupción y la impunidad siguen siendo problemáticas arraigadas. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos, las cifras reflejan que no ha habido avances significativos y las problemáticas estructurales persisten sin solución.

México, con una calificación de 0.52 en “Orden y Seguridad”, se encuentra entre las naciones más peligrosas del mundo. Estados como Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Baja California y Tabasco se ven gravemente afectados por la violencia del crimen organizado, generando una creciente inseguridad en la población.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México vivió el periodo más violento de su historia reciente, acumulando 199 mil 621 homicidios dolosos. La falta de resultados efectivos en el combate al crimen y la seguridad pública ha sido una de las grandes deudas de la administración, lo que ha impactado negativamente la imagen del país a nivel internacional.

Además, el informe revela que México se ubica en el puesto 135 en “Ausencia de Corrupción”, con una baja calificación de 0.27. A pesar de las promesas de López Obrador de erradicar la corrupción, esta sigue siendo un obstáculo importante que afecta tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía. Casos de corrupción en altos mandos policiales y militares han minado la confianza en el gobierno.

En cuanto a Haití, con una calificación de 0.43 en seguridad, la situación es aún más crítica. La violencia ejercida por bandas criminales, junto con la inestabilidad política y la pobreza extrema, han convertido al país en uno de los más inseguros de la región. El débil sistema judicial haitiano contribuye a un ambiente de impunidad, agravando los problemas de gobernabilidad.

El WJP señala varios factores que han provocado el deterioro de la seguridad y el Estado de Derecho en ambos países: la inseguridad generalizada, la corrupción estructural en altos niveles, la ineficacia para resolver crímenes y el debilitamiento institucional son algunos de los principales problemas que enfrentan tanto México como Haití.

En México, ninguno de los 32 estados alcanza una calificación ideal en Estado de Derecho. Estados como Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes son los mejor evaluados, mientras que el Estado de México, Morelos y Quintana Roo se encuentran entre los peores. Esta crisis demanda una intervención urgente para revertir la tendencia negativa.

Por su parte, en Haití, la situación es más grave debido a la falta de infraestructura gubernamental y al control de las bandas criminales sobre gran parte del país, lo que dificulta cualquier intento de mejora.

Reforma al Poder Judicial Mexicano Genera Risas en Foro Internacional

Publicada el por Fernando Guzman

Un grupo de jueces y expertos internacionales no pudo contener la risa al escuchar los detalles sobre la reforma del Poder Judicial mexicano, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los hechos ocurrieron el 10 de octubre, cuando Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), participó en un foro en la Universidad de Harvard.

Durante su intervención en la prestigiosa escuela de leyes, Gutiérrez Ortiz Mena explicó que, con la reforma, todos los jueces y magistrados federales en México serían electos por votación popular. Entre los requisitos, destacó que los aspirantes deberían tener un promedio académico de 8 y presentar cinco cartas de recomendación de sus vecinos. “Si cumples con esos requisitos, puedes ser postulado hasta la Suprema Corte”, añadió el ministro.

A pesar de la seriedad del tema, la propuesta generó carcajadas entre los asistentes, entre los que se encontraban reconocidos penalistas internacionales como Laurence H. Tribe, profesor de Derecho Constitucional en Harvard; Raul C. Pangalangan, juez de la Corte Penal Internacional; Zha Hyoung Rhee, miembro de un tribunal internacional; y Mary Arden, ex jueza del Tribunal Supremo del Reino Unido.

Gutiérrez Ortiz Mena concluyó su participación sin emitir comentarios sobre la constitucionalidad de la reforma, señalando que no tenía certeza sobre el futuro de la misma. “No sé qué va a pasar y no voy a opinar sobre su constitucionalidad. Muchas gracias”, dijo al despedirse.

El foro se tornó en un escenario de risas e incredulidad ante lo que sería una de las propuestas más controvertidas para la elección de jueces, magistrados y ministros en México.

Magistrados y jueces denuncian reforma judicial como “golpe de Estado” y piden condena internacional

Publicada el por Fernando Guzman

Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación calificaron este lunes como un “golpe de Estado” la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso en septiembre pasado. Los funcionarios judiciales hicieron un llamado a organismos internacionales, como la ONU, y a gobiernos democráticos para condenar la medida, argumentando que representa un “retroceso jurídico y democrático”.

Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), expresó en conferencia de prensa: “Hacemos un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante este golpe de Estado franco y abierto”.

En un sentido similar, Iliana Fabricia Contreras, magistrada y directora nacional de Organización de la JUFED, coincidió en que la reforma representa un “golpe de Estado” y advirtió que México podría estar encaminándose hacia una “dictadura”. “Hoy, no solo está en riesgo la posición de jueces y magistrados, sino la democracia y el equilibrio de poderes. Estamos en un momento en el que el Poder Judicial de la Federación podría desaparecer, lo cual es un claro camino hacia una dictadura”, afirmó Contreras.

Según la Enciclopedia Política de Rodrigo Borja, un golpe de Estado se define como “un cambio violento de gobierno que se lleva a cabo violando las normas constitucionales, en el que participan los propios gobernantes o sectores cercanos a ellos”.

La JUFED calificó la reforma judicial como un “retroceso democrático” y solicitó la intervención de la comunidad internacional, así como el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender al Poder Judicial. “Hacemos un llamado a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a que condenen este retroceso que coloca a México del lado de las autocracias”, señaló Fuentes Velázquez al leer un comunicado de la asociación.

Además, la organización pidió a la SCJN asumir su responsabilidad en la defensa de la independencia judicial. “Exhortamos a la Suprema Corte a que defienda al Poder Judicial en este momento histórico”, concluyeron.

La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, ya está en marcha, con el inicio del proceso para la elección de jueces en 2025.