En medio del debate legislativo sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) levantó la voz. Durante el tercer conversatorio en el Senado, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, subdirector de Estrategia Comercial de la paraestatal, argumentó a favor de una participación directa del Estado en los servicios de telefonía e internet, defendiendo la asignación directa de concesiones comerciales.
Con una postura firme, Romero Gutiérrez subrayó que el acceso a las telecomunicaciones no puede estar condicionado únicamente por la capacidad de pago. “Es el Estado el responsable de garantizar y proteger los derechos humanos de la población, y estos no pueden quedar supeditados únicamente a la capacidad de pago, o a que el modelo de negocios determine si es lo suficientemente rentable”, puntualizó.
En su intervención, el funcionario hizo referencia al artículo 56 de la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, que permitiría a la CFE obtener una concesión de red mayoritaria para ofrecer servicios públicos. Aseguró que, de aprobarse, la Comisión operaría conforme a las regulaciones del organismo correspondiente, sin invadir competencias ni vulnerar marcos legales.
Las críticas desde el Senado no se hicieron esperar. Legisladores del PAN y del PRI han advertido que los artículos 56, 57 y 58 podrían contravenir el capítulo 18.18 del T-MEC, al ofrecer, en apariencia, un trato preferencial a un proveedor estatal en el sector de telecomunicaciones. Romero Gutiérrez respondió que garantizar derechos no constituye una violación comercial, sino una necesidad social.
Desde una perspectiva técnica, el funcionario detalló que la CFE ha desplegado una infraestructura robusta: 4 mil 825 torres de telecomunicaciones en operación, y otras mil 213 en construcción. También destacó que el programa “CFE Internet para Todos” ya cuenta con más de 101 mil puntos de acceso gratuito que benefician a 22 millones de usuarios en todo el país.
El argumento se fortaleció al comparar el modelo mexicano con el caso de Estados Unidos. En 2021, el gobierno estadounidense destinó 45 mil millones de dólares para subsidiar el acceso a internet para personas de bajos recursos y para financiar el despliegue de infraestructura privada. Romero Gutiérrez reconoció que dicho programa se cerró sin cumplir sus metas. No se logró extender la fibra óptica ni se establecieron acuerdos con las empresas para mantener tarifas accesibles.
El subdirector recordó que, en 2018, sólo el 65% de la población tenía acceso a internet, y que esa cobertura estaba concentrada en grandes ciudades y sectores con mayor poder adquisitivo. Desde entonces, gracias al despliegue de la CFE, la cobertura ha crecido hasta alcanzar al 94.45% de la población, con 24 millones de personas más conectadas en 140 mil localidades.
La postura de la CFE busca abrir paso a un modelo en el que el Estado tenga un rol activo, especialmente en zonas donde el mercado no encuentra incentivos económicos. Sin confrontar directamente al sector privado, la estrategia busca equilibrar el derecho a la conectividad con la eficiencia del despliegue técnico.
