Un nuevo capítulo en la vida jurídica del país se abrió con la denuncia de la Secretaría de Gobernación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal recibió el señalamiento sobre una posible contradicción de criterios en torno a la reforma de la Ley Minera impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La denuncia, ingresada el 7 de abril a través del director de Amparos, Fernando Puente Castillo, pone en el centro de la discusión el artículo quinto transitorio del decreto de reforma. Este artículo ordenó desechar todas las solicitudes de nuevas concesiones de exploración y explotación de recursos minerales que estuvieran pendientes al momento de su entrada en vigor.
La controversia surgió debido a que las dos salas de la SCJN emitieron resoluciones opuestas sobre el mismo tema. En octubre de 2024, la segunda sala falló que dicho transitorio violaba el principio constitucional de irretroactividad de la ley. De acuerdo con su resolución, las solicitudes en trámite debían ser evaluadas conforme a la legislación vigente cuando fueron presentadas, respetando así los derechos de quienes apostaron por los procesos mineros bajo normas anteriores.
No obstante, la primera sala tomó una postura completamente diferente en marzo de 2025. Determinó que el artículo en cuestión no infringía el principio de no retroactividad, considerando que los solicitantes no poseían un derecho adquirido simplemente por tener un trámite en curso. Argumentó que los cambios sustanciales en la Ley Minera justificaban la cancelación de las solicitudes en proceso, alineándose con el nuevo marco legal.
La SCJN notificó oficialmente este jueves que la denuncia fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Será su responsabilidad estudiar el caso y elaborar un proyecto de resolución que será sometido al análisis del pleno.
Esta disputa entre salas no solo pone en relieve la complejidad jurídica de la reforma minera, sino también la importancia de una interpretación unificada que brinde certeza legal en temas de inversión, derechos y explotación de los recursos naturales. El desenlace promete impactar el panorama normativo del país y será seguido de cerca por el sector energético, jurídico y empresarial.
El estudio y resolución de esta contradicción marcará un precedente crucial en la aplicación de reformas legales en México, especialmente en sectores estratégicos como la minería.
