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Tras casi cuatro horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, que contempla una recaudación total de 10.1 billones de pesos, en una sesión marcada por las advertencias de la oposición sobre el incremento de la deuda pública. El dictamen fue avalado por 79 votos a favor de Morena, PT y PVEM, contra 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

Durante la discusión en el pleno, legisladores de oposición expresaron su preocupación por el crecimiento del endeudamiento nacional, que estiman alcanzará 20 billones de pesos en 2026. El senador panista Ricardo Anaya señaló que entre 1824 y 2018 la deuda acumulada del país fue de 10.55 billones, pero que en solo siete años de gobiernos de Morena se sumaron otros 10 billones, lo que calificó como “una duplicación histórica”.

Anaya comparó la política fiscal actual con una persona que “saca una nueva tarjeta de crédito para pagar los intereses de la anterior”, y advirtió que continuar por ese camino podría “quebrar al país”. Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del PRI, enfatizó que un aumento en la deuda sin crecimiento económico implica mayores pagos de intereses. Recordó que en el sexenio anterior el crecimiento apenas llegó al 1% anual, y que el nuevo gobierno no está alcanzando las metas proyectadas.

“Si no se acompaña el endeudamiento con crecimiento, se pagará más por costo financiero de la deuda”, alertó la legisladora, subrayando la necesidad de incrementar la recaudación o reducir el gasto público.

Desde el bloque oficialista, el senador Waldo Fernández (PVEM) defendió el plan de endeudamiento como una medida “responsable y estratégica” para atender las necesidades del gobierno federal sin poner en riesgo la estabilidad social. En la misma línea, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que la ley “no sólo recauda, sino que redistribuye con sentido social, eficiencia y visión de futuro”.

La LIF 2026 proyecta ingresos por 5.83 billones de pesos en recaudación, además de 641 mil millones por cuotas y aportaciones de seguridad social, 157 mil millones por derechos y 16 mil millones por productos. También autoriza al Ejecutivo federal a contratar deuda interna por hasta 1.7 billones de pesos, fijando un tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar y un precio estimado del petróleo en 54.9 dólares por barril.

La ley permite a la Ciudad de México contratar deuda por 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras públicas. Además, contempla incentivos fiscales para el Mundial de Futbol 2026, liberando de cargas tributarias y administrativas a personas y empresas vinculadas con su organización y desarrollo a partir del último cuatrimestre de 2025.

El documento incluye también nuevas disposiciones fiscales: por primera vez dejarán de ser deducibles tres cuartas partes de las cuotas que la banca múltiple paga al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y las instituciones Fintech deberán retener y enterar el ISR y el IVA en las operaciones donde funjan como intermediarias.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas criticó las exenciones otorgadas a patrocinadores y organizadores del Mundial, argumentando que “se renuncian ingresos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura, mientras se presiona a las empresas que sostienen la economía cotidiana”.

Autoridades de México decomisaron más de una tonelada de droga escondida entre cajas de chile en un camión que se dirigía hacia Mexicali, Baja California, procedente del estado de Sinaloa. El operativo fue realizado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional durante una revisión en un punto fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora, informaron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el comunicado oficial, el aseguramiento incluyó 1,777 kilos de posible metanfetamina, 4 kilos de fentanilo y 5 kilos de goma de opio, todos ocultos en un cargamento de productos agrícolas. El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena detalló que el tractocamión tenía como destino la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, y había partido desde el municipio de Espinal, en el estado de Sinaloa, una región identificada por las autoridades como zona de tránsito y producción de drogas sintéticas. Las sustancias ilícitas estaban distribuidas en paquetes ocultos entre las cajas que simulaban un cargamento legal de chiles, con el fin de evadir los controles de inspección.

“El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes”,precisó el comunicado de Defensa.

El hallazgo forma parte de los operativos implementados dentro de la Operación Frontera Norte, una estrategia puesta en marcha en febrero pasado y coordinada entre México y Estados Unidos para reforzar la vigilancia en los cruces fronterizos y combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

La iniciativa surgió tras las presiones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió al Gobierno mexicano fortalecer su estrategia de seguridad y tomar medidas concretas para detener el flujo de fentanilo hacia su país. El acuerdo bilateral también buscó evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos, medida que Washington había amenazado con aplicar si no se intensificaban las acciones contra el narcotráfico.

Desde el inicio de la Operación Frontera Norte, México ha decomisado más de 98.3 toneladas de droga, incluyendo 452.3 kilogramos de fentanilo, y ha detenido a 7,482 personas relacionadas con actividades del crimen organizado, según los reportes oficiales difundidos hasta el 22 de septiembre pasado.

Con este nuevo decomiso, las fuerzas de seguridad mexicanas refuerzan su presencia en la franja fronteriza del norte del país, una zona clave para las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde la demanda de metanfetaminas y fentanilo continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad binacional.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que en los próximos días comenzará a aplicarse el descuento salarial a los legisladores que se ausenten del trabajo legislativo, tanto en comisiones como en el salón de sesiones. La medida busca reforzar la asistencia y la participación activa en los procesos parlamentarios.

“Sí, va a haber modificaciones en cuanto a la asistencia y también en cuanto a la participación en comisiones”, señaló Monreal, para evitar casos de participaciones remotas en las que los diputados se dediquen a otras actividades, como ocurrió con el legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco.

Monreal Ávila confirmó que será el próximo lunes cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revisará el tema de los diputados faltistas, en una semana en la que incluso algunos presidentes de comisiones no asistieron a sus reuniones.

“El que se ausenta de su trabajo, no puede percibir un salario, en este caso una dieta; creo que sería normal que se les rebajara proporcionalmente de su dieta y eso es elemental”, indicó.

El líder parlamentario destacó que, aunque Morena es mayoría, las decisiones sobre la asistencia y participación se tomarán considerando el parecer de todos los grupos parlamentarios. “He estado ya conversando con ellos, para tomar decisiones que puedan mejorar la calidad de la elaboración de leyes y sobre todo la asistencia de todos en momentos fundamentales de leyes importantes”, apuntó.

Monreal reiteró que su bancada será más rigurosa en el control de las ausencias. “Vamos a restringir ausencias para que todos participemos en el pleno y en las comisiones, la próxima semana vamos a revisarlo”, afirmó, y subrayó que la bancada de Morena ha cumplido con su responsabilidad, con un gran número de diputados presentes incluso cuando no es estrictamente obligatorio.

El presidente de la Jucopo explicó que se revisará la agenda de actividades de los diputados, especialmente en los meses con múltiples solicitudes para eventos de distinta naturaleza. “Vamos a restringirlos y solo serán eventos de carácter legislativo, no vamos a abrir a otra naturaleza, a otros eventos distintos al legislativo”,garantizó.

Monreal Ávila subrayó que la agenda se revisará con mayor escrúpulo para evitar malas interpretaciones o que los legisladores participen fuera de sesiones o días sin trabajo legislativo. “Seguramente todo eso se va a eliminar y vamos a exigir mayor seriedad y rigurosidad en cuanto a la presencia de diputados y mayor conocimiento en cuanto a la materia que se debate. Vamos a hacer todo lo posible por cumplir con responsabilidad”, concluyó.

Con esta medida, el coordinador de Morena busca garantizar que los diputados cumplan con mayor disciplina y compromiso en la elaboración de leyes y en la atención de sus responsabilidades legislativas, reforzando la presencia y participación activa en las comisiones y el pleno.

Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, la procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó que el combate al llamado “huachicol” fiscal es un trabajo de alto riesgo para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En su intervención, destacó que en los últimos dos años la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos vinculados al contrabando de combustibles, con un monto estimado en más de 16 mil millones de pesos.

El tema surgió cuando el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó a la funcionaria por haber dedicado solo “30 segundos” de su exposición al robo de combustible, calificándolo como “el robo del siglo” y “quizá el más grande de la historia del país”. Galeano García respondió que “hablar sobre ‘huachicol’ fiscal no es un tema sencillo”, ya que en realidad se trata de contrabando de combustibles y que integrar una carpeta de investigación por estos ilícitos “no se logra en días, semanas o meses, es bastante complejo”.

La procuradora explicó que las redes de delincuencia organizada que participan en este tipo de delitos “no son pequeñas, son de gran calado y son bastante complejas”. Subrayó que su equipo enfrenta riesgos al investigar y presentar denuncias, pues se trata de grupos con amplios recursos y esquemas de defensa legal sofisticados. “Una a una cuentan, porque es el trabajo de todos los días, una más o menos no es para mí solamente una estadística”, remarcó.

Galeano García precisó que el combate al “huachicol” no se limita a la Procuraduría Fiscal. “Trabaja aduanas por su cuenta, si bien no tiene la facultad específica para poder evidenciar o presentarse ante la Fiscalía General, somos un grupo muy extenso de servidores públicos que desde el sector energético trabajan arduamente”, señaló. También recordó que las redes de contrabando de combustible son históricas en México: “Siempre ha habido redes de contrabando de combustible, esto es histórico, somos un país que produce y, por tanto, de movimiento de combustible”.

La funcionaria insistió en que no basta con presentar denuncias, sino que es indispensable sustentar adecuadamente cada caso para que la FGR pueda llevar las líneas de investigación y evitar que las carpetas “se caigan con facilidad”.

Sin embargo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó los argumentos de la funcionaria y afirmó: “No podemos aceptar lo que asegura la Secretaría de Hacienda, porque este delito de contrabando se instituyó durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador”. Agregó que, aunque la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada en 2013, “los permisos de importación se generaron a partir del 2017”, por lo que consideró que el cúmulo de casos corresponde al sexenio anterior.

En medio del intercambio, Galeano García reiteró que “defender la hacienda pública es defender también la soberanía energética y la seguridad nacional” y sostuvo que “en México ya no habrá espacio a la simulación fiscal, ni para la impunidad”, destacando el esfuerzo conjunto de las dependencias involucradas.

Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que se suspenderán los viajes internacionales de los 128 legisladores como parte de una política de austeridad. El también coordinador de Morena adelantó que llevará esta propuesta a la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política para que quede establecida de manera formal.

“Vamos a proponer en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política que se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya, independientemente del grupo político, fracción o grupo parlamentario al que pertenezca, han quedado suspendidos todos los viajes”, expresó el senador.

López Hernández detalló que la medida busca ajustar los recursos a un gasto presupuestal similar al ejercido este año, que se mantendrá en 2026. Señaló que no habrá incremento en el presupuesto del Senado, y que se eliminarán gastos considerados superfluos.

El legislador agregó: “Suspendidos todos los viajes internacionales. Esa es una propuesta de nosotros, del grupo parlamentario de Morena; no hay necesidad de andar con grupos internacionales. Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior. Entonces, se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año para el 2026”.

Aunque no precisó si la decisión responde a la polémica por los traslados en primera clase del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, expresidente del Senado, a Francia e Italia, la propuesta llega en medio de señalamientos sobre los costos de este tipo de comisiones.

El morenista adelantó que para 2027 tampoco habrá un incremento presupuestal y que el enfoque será mantener la estabilidad en los ingresos y prestaciones de los trabajadores del Senado. Subrayó que no se autorizarán aumentos salariales para los legisladores.

“Nuestra prioridad, desde luego, es garantizar el ingreso, las prestaciones de los trabajadores, de los compañeros trabajadores. No va a haber aumento salarial, digamos, el próximo año para los senadores, ni en dieta, ni en subvenciones, ni en ningún rubro”, afirmó.

La propuesta de López Hernández busca consolidar un marco de austeridad legislativa que elimine los viajes al extranjero y ajuste los recursos disponibles a un esquema de gasto contenido, con el compromiso de sostener los derechos laborales de los empleados del Senado.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Javier May, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por el descarrilamiento ocurrido en el Tramo 3 del Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán.

Los denunciantes señalaron que May estuvo directamente involucrado en la etapa de adjudicación y construcción de dicho tramo, por lo que lo responsabilizan de irregularidades que, aseguran, derivaron en el incidente. Entre ellos se encuentran el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local por Quintana Roo, Reyna Tamayo, y la senadora Mayuli Martínez.

De acuerdo con los legisladores, el descarrilamiento representó un grave riesgo para la seguridad de los pasajeros. “La denuncia que estamos presentando tiene que ver sanciones penales en contra de quienes han saqueado el erario público, comprado material de mala calidad y no han supervisado con pulcritud la obra del Tren Maya”, expusieron en conferencia.

Los panistas exigieron también que las autoridades del Tren Maya transparenten la información relativa al gasto en materiales y la calidad de estos, argumentando que la falta de controles y supervisión podría explicar el percance.

El diputado Ernesto Sánchez afirmó que existen reportes sobre presuntos actos de corrupción en este tramo, vinculados a la asignación de contratos a allegados de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Se le entregaron contratos a los amigos de los hijos del expresidente”, sostuvo.

La denuncia presentada busca que se realicen investigaciones formales sobre el proceso de adjudicación y supervisión de las obras, así como sobre la calidad de los materiales utilizados en la construcción. Los legisladores insistieron en que se deslinden responsabilidades penales y administrativas contra los funcionarios y exfuncionarios que hayan tenido participación en las irregularidades señaladas.

Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum negó que se tratara de un descarrilamiento. El 19 de agosto, día del incidente, se refirió a lo ocurrido como un “percance de vía”, restando peso a la versión de que el convoy hubiera descarrilado. 

Esta postura generó diferencias de interpretación entre autoridades y oposición, que insiste en calificar el hecho como un descarrilamiento con riesgo directo para usuarios.

La denuncia contra Javier May se suma a las críticas recurrentes de legisladores opositores sobre el Tren Maya, una de las obras emblemáticas iniciadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuadas en la actual administración. La exigencia de los panistas se centra ahora en esclarecer el manejo de recursos públicos, la adjudicación de contratos y la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó a legisladores de Morena que el paquete económico 2026 incluirá modificaciones en los impuestos a empresas refresqueras, como parte de las medidas para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en México.

Durante la plenaria de la bancada guinda, Godoy señaló que el ajuste responde a la estrategia nacional contra el consumo excesivo de azúcar, ya que está vinculado con padecimientos como la diabetes y la hipertensión. “Viene la Ley General de Salud. Bueno, en el paquete económico seguramente van a tener mucho cabildeo porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, expresó.

El anuncio se da en un contexto en el que el gobierno federal mantiene activa una cruzada para reducir los riesgos a la salud derivados de bebidas industrializadas. El planteamiento de nuevos gravámenes busca reforzar esa política pública desde la perspectiva fiscal.

Además, la consejera jurídica recordó que aún está pendiente la regularización de los vapeadores dentro de la Ley General de Salud. “Hay que sacar ya la reforma secundaria. Pero también es una reforma importante porque se está modificando lo que ya está, que es todo el tema de la compra masiva de medicamentos, todo esto que ha sido motivo de mucha discusión”, indicó.

Godoy también destacó que el rediseño del sistema nacional de salud avanza hacia un modelo en el que las instituciones como ISSSTE e IMSS Bienestar trabajen de manera coordinada, incluyendo un esquema de compensaciones entre ellas. Subrayó que el objetivo es garantizar el acceso sin importar a qué institución pertenezca cada derechohabiente.

En su mensaje, la funcionaria detalló que los cambios legislativos se articulan con otros temas en curso dentro del Congreso. Entre ellos, mencionó los avances de la Reforma a la Guardia Nacional, la Ley sobre Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como la Ley General de Protección y Bienestar Animal.

A través de su cuenta de X, Godoy informó que también están en puerta iniciativas de gran calado, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Procedimiento Contencioso Administrativo.

De esta forma, el paquete económico 2026 perfila ajustes fiscales dirigidos a la industria refresquera, mientras que en paralelo avanza la agenda de reformas en materia de salud, seguridad, derechos indígenas y bienestar animal.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, inauguró los trabajos de la plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados con un mensaje en el que defendió la reforma electoral como“una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación”.

En su intervención, la funcionaria destacó que esta reforma busca dejar atrás “el viejo orden con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política” y señaló que el objetivo es avanzar hacia “un segundo piso para la transformación democrática con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos”.

Desde el presídium, acompañada por legisladores como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador de operación política de Morena, Pedro Haces Barba, y el vocero de la bancada, Arturo Ávila, Rodríguez Velázquez insistió en que la austeridad es un pilar fundamental del actual gobierno. “La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”, enfatizó.

Durante su mensaje, felicitó a los legisladores de Morena “por honrar el respaldo de millones de mexicanas y mexicanos que optaron por consolidar la transformación del país bajo la vía democrática” y reconoció el trabajo legislativo realizado. “En un año han creado una nueva legalidad que nos permite responder a las expectativas de la población que exige un gobierno y un parlamento eficientes y austeros que corrijan las injusticias del pasado”, apuntó.

La titular de Segob subrayó también que los resultados en materia social respaldan el modelo de gobierno impulsado por la cuarta transformación. Señaló que, con las bases del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y bajo la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, “13.4 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza y le busquen por donde le busquen, ese es un dato contundente”.

Sobre las razones detrás de esta reducción en los índices de pobreza, explicó: “¿Cómo logramos bajar los índices de pobreza en sólo seis años? Pues con la reducción de gastos. Del gasto burocrático, la eliminación de los privilegios, el combate a la corrupción y una mejor distribución de los recursos públicos, ello nos permitió reforzar una política social basada en derechos y en programas en favor de la población y construir un verdadero estado de bienestar”.

El nombre de Andrés Manuel López Obrador generó en la plenaria vítores de “¡Es un honor estar con Obrador!”, a lo que siguieron las consignas de “¡presidenta!, ¡presidenta!”, en referencia a Claudia Sheinbaum.

En un entorno político cada vez más tenso, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruíz, ha confirmado que recibió presiones por parte de legisladores de Morena para frenar sanciones contra establecimientos, aunque decidió reservarse los nombres de quienes lo presionaron.

Durante la conferencia matutina de este lunes, Escalante Ruíz evitó detallar quiénes fueron los integrantes del partido oficialista que, según sus propias declaraciones del pasado 14 de julio, intentaron intervenir en procedimientos sancionadores impulsados por la Profeco. A pesar de la insistencia de la prensa, el funcionario federal se limitó a enviar un mensaje enfático: “Más allá de los nombres, yo quisiera dar dos mensajes. Uno es que formalmente o finalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron (…) encontramos en la gran mayoría de los legisladores mucha sensibilidad y nos van a ayudar en particular a mejorar”.

Estas declaraciones se dan luego de que, el pasado 14 de julio, Escalante señalara ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social que integrantes y diputados de Morena lo habían presionado para no sancionar establecimientos con graves irregularidades en sus servicios. “Luego de sancionar a una gasolinera, me buscó una diputada, ‘ayúdale’, pero le dije ‘no, no los voy a ayudar’ y pedí el acta de verificación”, relató Escalante en esa ocasión.

El episodio desató reacciones inmediatas. La presidenta Claudia Sheinbaum, consultada al respecto el 16 de julio, dijo tajantemente: “Que lo comente el titular de Profeco (…) Mi opinión es que no puede haber tráfico de influencias de ningún tipo para ninguna cosa en el gobierno, esa es mi opinión”.

La expectativa era que Escalante revelara los nombres de quienes habrían ejercido presión indebida. Sin embargo, durante su comparecencia más reciente, optó por omitirlos, priorizando un discurso institucional en el que reiteró que las sanciones sí se ejecutaron, a pesar de los intentos de interferencia.

La situación pone de relieve la tensión entre el discurso oficial de transparencia y combate a la corrupción, y los mecanismos informales que todavía operan dentro de ciertas estructuras políticas. Escalante, sin embargo, se mantuvo firme en la defensa del trabajo de la Profeco y su autonomía para aplicar la ley, a pesar de las presiones.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el funcionario rendirá otro informe o si se abrirá alguna investigación interna por parte del gobierno federal o del partido Morena.