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El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

Las dirigencias nacionales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) formalizaron un acuerdo público de unidad con miras a los procesos electorales de 2027 y 2030, luego de varios meses marcados por diferencias políticas derivadas de la propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal.

El pacto fue presentado en un acto protocolario encabezado por Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien dio lectura al documento que establece las bases del entendimiento entre las tres fuerzas políticas. El evento tuvo una duración aproximada de 20 minutos y se realizó frente a medios de comunicación, aunque no se abrió espacio para preguntas.

Durante su intervención, Alcalde afirmó que el acuerdo refrenda la cohesión de la alianza con el objetivo de dar continuidad al proyecto de transformación del país. Señaló que las fuerzas firmantes priorizan una agenda orientada a un México más justo, democrático, igualitario, incluyente e independiente, sustentado en la voluntad libre y soberana de la ciudadanía. También destacó que el compromiso incluye respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las políticas asociadas a su administración.

En el mismo acto, los dirigentes del PT y del PVEM expresaron su adhesión al acuerdo. Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, subrayó que el respaldo de su instituto político es de carácter institucional y responsable, enfocado en el interés nacional. Añadió que su partido mantiene disposición permanente al diálogo para encontrar coincidencias y construir soluciones que prioricen el bienestar social y la estabilidad política del país.

Por su parte, Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, precisó que el compromiso firmado abarca los procesos electorales de 2027 y se extiende hasta 2030, consolidando una ruta compartida entre los tres partidos.

Las fricciones entre Morena, PT y PVEM se hicieron visibles desde el 5 de febrero, cuando se presentó la iniciativa de reforma electoral propuesta originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum. La iniciativa contemplaba, entre otros puntos, la eliminación de 200 diputaciones plurinominales y 32 senadurías de representación proporcional, así como una reducción del 50 por ciento en las prerrogativas a los partidos políticos.

Estas propuestas fueron consideradas inaceptables por el PT y el PVEM en su planteamiento original, al argumentar que la reforma no era necesaria en un contexto donde Morena ya tenía control de los tres poderes de la Unión. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, había cuestionado previamente la urgencia de modificar las reglas electorales. No obstante, tras la firma del acuerdo, señaló que el pacto de unidad no estuvo vinculado con la reforma electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no respalda ni evalúa el contenido de la iniciativa ciudadana de reforma electoral promovida por la organización “Salvemos la Democracia”, la cual reunió las firmas necesarias para avanzar en el proceso legislativo. El organismo subrayó que su participación se limitó exclusivamente a verificar que los apoyos ciudadanos cumplieran con los requisitos legales de validez.

En un comunicado, el INE precisó que la revisión de firmas no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la propuesta. Destacó que su labor no incluye la evaluación, aval, rechazo ni análisis de la constitucionalidad, mérito o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas. Esa responsabilidad, señaló, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado de la República, como parte del procedimiento legislativo ordinario.

Como resultado de esta verificación, el instituto envió un oficio a la Cámara de Diputados para notificar que las 136 mil 875 firmas presentadas por “Salvemos la Democracia” cumplen con los criterios de validez establecidos en la ley. Con ello, el INE dio por concluida su intervención en esta etapa del proceso.

La iniciativa ciudadana propone reformas a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución. Entre los planteamientos centrales se encuentra el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la conservación de una estructura nacional y territorial con presencia en los 300 distritos electorales del país, integrada por un servicio profesional electoral.

En materia de financiamiento político, la propuesta plantea modificar el esquema actual para que la distribución de recursos públicos a los partidos no dependa del porcentaje de votación obtenido, sino que se realice de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas con registro. El mismo criterio se propone para el acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otro de los ejes de la iniciativa es la transparencia en la fiscalización, al establecer que los gastos de precampaña y campaña revisados por el INE sean públicos. Asimismo, se plantea que las candidaturas independientes cuenten con un financiamiento mínimo equivalente al 20 por ciento del tope de gastos autorizado.

La propuesta también busca garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía durante los procesos electorales y evitar la intervención de autoridades, al prohibir que se utilicen los instrumentos de comunicación del Estado para hacer referencia a elecciones. De igual forma, se establece la prohibición de actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones sistemáticas fuera de los periodos legales que soliciten apoyo electoral o manifiesten la intención de contender por un cargo público. La Cámara de Diputados será la encargada de definir el trámite legislativo que se dará a esta iniciativa ciudadana.

En el marco de una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, fijó una postura crítica frente a la posibilidad de impulsar una reforma electoral que concentre la vida política del país en un solo partido. De manera directa, afirmó que un esquema en el que México “quepa bajo el manto de una sola sigla” constituye “simple y sencillamente un planteamiento autoritario”.

Tras sostener una reunión privada con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, Córdova subrayó que cualquier modificación al sistema electoral debe partir del reconocimiento de que México es “un país plural y diverso” y que las instituciones democráticas deben ser “la casa de todas y todos”. En ese sentido, sostuvo que una reforma construida bajo esos principios representa la principal garantía para que la democracia continúe desarrollándose.

El ex titular del INE precisó que, aunque forma parte de una comisión impulsada por la organización Somos México, no milita ni ha militado en partido político alguno. Aclaró que su participación se da desde una posición independiente y reiteró que, como expresidente del órgano electoral, considera que no debe integrarse a ninguna fuerza partidista.

Durante su intervención, Córdova volvió a señalar que la asignación de diputaciones plurinominales realizada el año pasado derivó en una mayoría que calificó como artificial. Recordó que, desde la reforma electoral de 1996, se estableció que las modificaciones constitucionales debían ser producto del consenso entre distintas fuerzas políticas y no de una sola.

En contraste, afirmó que por primera vez en tres décadas se configuró una mayoría calificada que permite a las fuerzas oficialistas modificar la Constitución sin acuerdos amplios, situación que atribuyó a cambios en los criterios de asignación de legisladores de representación proporcional.

En el mismo espacio, el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, planteó la necesidad de revisar el modelo de representación en el Congreso de la Unión bajo el principio de proporcionalidad directa: “tantos votos, tantos lugares en la Cámara”. Como ejemplo, expuso que una coalición que obtuvo alrededor del 54 por ciento de los votos terminó ocupando cerca del 75 por ciento de las curules, mientras que el bloque opositor, con aproximadamente 44 por ciento de la votación, quedó reducido a una cuarta parte de la representación legislativa.

Acosta Naranjo también se refirió a la propuesta de reforma electoral impulsada por la llamada Cuarta Transformación y expresó su preocupación por la intención de contar con un árbitro electoral identificado con una sola fuerza política. Recalcó que el árbitro debe ser imparcial y ajeno a ideologías partidistas, guiado únicamente por valores democráticos universales.

Finalmente, criticó que la discusión sobre temas electorales se haya planteado desde la Secretaría de Gobernación y no desde el Poder Legislativo. Reafirmó que la Cámara de Diputados es el espacio natural para ese debate y adelantó que la próxima semana entregarán formalmente un documento con su propuesta de reforma electoral a la presidencia de la Cámara.

En medio de los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta influencia del crimen organizado en el gobierno mexicano, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazó de manera categórica dichas acusaciones. Desde el Poder Legislativo, el líder parlamentario afirmó que, desde el inicio de su mandato, la jefa del Ejecutivo federal ha mantenido una confrontación permanente contra los cárteles y las estructuras delictivas.

Durante una conferencia de prensa, Monreal sostuvo que la presidenta ha demostrado, desde el primer día de su gestión, una política de seguridad sin concesiones frente al crimen organizado. Señaló que no existe tregua alguna y que la actuación del gobierno federal se refleja en resultados medibles, los cuales, afirmó, respaldan la narrativa de una ofensiva constante contra los grupos criminales. En ese contexto, calificó como alejadas de la realidad las declaraciones del mandatario estadounidense que sugieren que México está gobernado por organizaciones del narcotráfico.

El coordinador de los diputados de Morena subrayó que Claudia Sheinbaum cuenta con el carácter necesario para enfrentar un fenómeno que, dijo, se originó y se profundizó durante administraciones anteriores. En su exposición, insistió en que la actual presidenta está dando la batalla en materia de seguridad pública, enfrentando un problema complejo heredado de las últimas dos décadas, sin retrocesos ni ambigüedades.

Respecto a la relación bilateral y a los comentarios provenientes de Washington, Monreal consideró que las posturas del presidente Trump no son nuevas y forman parte de una línea discursiva que ha mantenido desde hace tiempo hacia distintos actores mexicanos. Afirmó que estas expresiones son respetadas como posiciones propias del gobierno estadounidense, aunque no compartidas por la administración mexicana ni por la mayoría legislativa.

En ese mismo marco, el diputado morenista garantizó que dentro de la llamada Cuarta Transformación no existe preocupación alguna ante la posibilidad de que tropas de Estados Unidos ingresen a territorio mexicano con el aval de políticos nacionales. Recalcó que no hay condiciones ni intención para que ocurra un escenario de esa naturaleza.

Sobre las voces que han planteado abiertamente una intervención extranjera para combatir al crimen organizado, Monreal señaló que este tipo de pronunciamientos suelen surgir en contextos de tensión internacional. Indicó que, en ocasiones, sectores opositores o actores movidos por una postura radical aprovechan coyunturas globales para promover escenarios extremos, incluso algunos de origen mexicano que, lamentó, llegan a plantear una invasión.

Finalmente, Ricardo Monreal afirmó que desde la Cámara de Diputados, la bancada de Morena mantendrá una postura de seriedad y prudencia, con una defensa firme de la soberanía nacional y de la independencia de México. Enfatizó que la prioridad del bloque legislativo es respaldar las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad, sin ceder ante presiones externas ni discursos que, a su juicio, distorsionan la realidad del país.

Con el arranque del periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de febrero de 2026, la mayoría integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se alista para impulsar una agenda legislativa centrada en tres temas prioritarios: la reforma electoral, la reducción de la jornada laboral y la incorporación de la figura de los llamados “jueces sin rostro”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la reforma electoral será una de las primeras iniciativas que se discutirán, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum la remita formalmente al Congreso de la Unión. Precisó que el análisis comenzará en las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, debido a que el proyecto contempla cambios constitucionales y ajustes a la legislación secundaria.

Entre los aspectos que se pondrán sobre la mesa se encuentra la representación proporcional. Monreal expuso que existen distintas alternativas, como mantener al Senado con 96 integrantes y eliminar la lista nominal, así como reducir el número de diputaciones de 500 a 400, con variaciones en el número de legisladores plurinominales. También se abordará la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo la posibilidad de que los consejeros sean electos de manera directa o mediante insaculación.

El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo, señaló que los consejeros serían avalados con una mayoría calificada de dos terceras partes o hasta un 70% de votos en ambas cámaras, porcentaje que aún no se define. Además, la presidenta Sheinbaum adelantó que la iniciativa incluirá un recorte a las prerrogativas de los partidos políticos, un punto que, de acuerdo con Monreal, podría generar diferencias internas, especialmente con el PVEM y el PT, que en 2019 rechazaron una propuesta similar.

La agenda también contempla la discusión de la reforma laboral para reducir la jornada de 48 a 40 horas. La iniciativa presidencial, actualmente en el Senado, prevé una disminución gradual de dos horas por año a partir de 2027, hasta alcanzar el nuevo esquema en 2030. El proyecto mantiene el derecho a un día de descanso semanal con goce íntegro de salario.

Finalmente, se retomará el debate sobre los “jueces sin rostro” mediante reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Según Monreal, la propuesta busca fortalecer la impartición de justicia, modernizar los procedimientos y establecer medidas de protección para las personas juzgadoras frente a delitos de alto impacto, aunque el tema permanece detenido tras los señalamientos de organizaciones civiles sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales.

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, estableció que la presidenta Claudia Sheinbaum no cuenta con facultades constitucionales para dejar de aplicar el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos con contenido violento, al tratarse de una contribución vigente creada mediante ley formal. El legislador precisó que, si el Ejecutivo considera inviable su implementación, la única vía jurídicamente correcta es la modificación o derogación a través del proceso legislativo correspondiente.

Mediante una tarjeta informativa, Monreal explicó que este gravamen no constituye únicamente una previsión contenida en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal plenamente establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En ese sentido, subrayó que “el Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”.

El diputado recordó que el impuesto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025 y que dentro del IEPS se incorporó de manera expresa el concepto de recaudación denominado “Videojuegos con violencia”. Dicho ordenamiento asigna una recaudación estimada de 183 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, cifra incluida dentro de los ingresos aprobados para ese año.

Monreal enfatizó que tanto la Ley del IEPS como la Ley de Ingresos de la Federación fueron avaladas por el Congreso de la Unión y posteriormente promulgadas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, reiteró que el impuesto cuenta con una base legal directa y expresa, además de encontrarse reflejado y autorizado en el marco fiscal aplicable al ejercicio 2026.

El líder parlamentario detalló que el hecho imponible está claramente definido en la legislación fiscal sustantiva, que la tasa del 8 por ciento se encuentra determinada y que el impuesto forma parte del sistema tributario vigente a partir del 1 de enero de 2026. Bajo ese contexto, señaló que, pese a la solidez jurídica del gravamen, la presidenta informó en su conferencia matutina de este martes que decidió retirar el impuesto, al considerar que existe una inviabilidad técnica para su aplicación.

De acuerdo con Monreal, dicho anuncio genera un problema jurídico, ya que la ausencia de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en la ley. Añadió que posibles deficiencias en el diseño del hecho imponible, como el uso de categorías “violento”, “extremo” o “para adulto”, no facultan al Ejecutivo para dejar sin efectos una norma vigente, sino que obligan al legislador a corregirla.

El coordinador de Morena puntualizó que mientras el inciso K), fracción I, del artículo 2 de la Ley del IEPS permanezca vigente, la autoridad fiscal está obligada a aplicarlo. Como salida jurídica, planteó impulsar una reforma o derogación de dicha disposición, acompañada de un ajuste a la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con el fin de eliminar el concepto de recaudación correspondiente a videojuegos con violencia y recalibrar las estimaciones de ingresos aprobadas.

El Senado concluyó su último día del periodo ordinario con la aprobación exprés de una reforma a la Ley Monetaria que permitirá modificar el diseño y la composición de las monedas de 10 y 20 pesos. La decisión avanzó bajo el argumento de disminuir los costos de producción sin alterar su valor de circulación. La minuta proveniente de la Cámara de Diputados recibió dispensa de trámites y fue llevada de inmediato al pleno, donde la mayoría legislativa respaldó el proceso acelerado.

El dictamen avalado faculta al Banco de México a emplear materiales alternativos en la fabricación de las monedas de 10 pesos. Con 89 votos a favor y 16 en contra, el Senado aprobó que el instituto central pueda utilizar aleaciones distintas a las empleadas actualmente, ampliando el margen técnico para su acuñación.

De forma paralela, la reforma también abre la puerta a la emisión de monedas de 20 pesos bajo un modelo estándar y genérico. Este punto fue aprobado por 91 votos a favor y 14 en contra, lo que confirma el respaldo mayoritario a la propuesta de actualización monetaria.

La nueva moneda de 10 pesos mantendrá en su anverso el Escudo Nacional acompañado de la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En el reverso continuará la representación de la Piedra del Sol, con la figura de Tonatiuh y su máscara de fuego, además de los elementos obligatorios como valor nominal y año de acuñación. Este modelo seguirá siendo circular y bimetálico, con posibilidad de incorporar plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel en la parte central, mientras que el anillo exterior podrá emplear bronce-aluminio, acero recubierto de bronce, bronce-aluminio-hierro o alpaca dorada.

En cuanto a la moneda de 20 pesos, la reforma define que su diseño de reverso mostrará el Templo de Kukulkán en Chichén Itzá, acompañado de sus identificadores de valor y fecha de emisión. El anverso permanecerá igual que en las demás piezas de circulación, con el Escudo Nacional y la leyenda oficial. El diseño genérico y estandarizado busca simplificar la producción y reducir costos para el Banco de México.

Con la aprobación de ambos dictámenes, el Senado turnó la reforma al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso requerido para que los nuevos modelos y materiales puedan entrar en vigor.

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Edgar “N”, conocido como “El Limones”, en el estado de Durango, señalado como jefe de plaza y presunto operador financiero de una célula delictiva dedicada a la extorsión. Las autoridades lo identifican como integrante de alto nivel del grupo de Los Cabrera, organización vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, actualmente enfrentada con Los Chapitos en una disputa interna.

De acuerdo con información oficial, “El Limones” también ocupa el cargo de secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, según consta en las redes sociales de la filial estatal. La confederación es encabezada a nivel nacional por el diputado morenista Pedro Haces Barba. El vínculo entre el detenido y la organización sindical ya había sido señalado por distintos sectores productivos de la región lagunera, que en agosto denunciaron extorsiones disfrazadas de cuotas sindicales.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el detenido operaba como principal extorsionador de agricultores, comerciantes, empresarios y ganaderos en La Laguna, tanto del lado de Durango como de Coahuila. El funcionario afirmó que la captura representa un “golpe directo a las redes de extorsión”, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos irregulares vinculados a actividades de extorsión, fraude y lavado de dinero. Entre estas operaciones se encuentran depósitos millonarios sin justificación aparente, transferencias a empresas relacionadas con lavado de dinero y la compraventa de bienes de alto valor, entre ellos inmuebles, automóviles de lujo, joyería, relojes y apuestas.

El gabinete detalló que Edgar “N” se ubicaba en el segundo nivel de la estructura de Los Cabrera, bajo las órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”. Como parte de la operación que llevó a su captura, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles de Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas adicionales, aunque no se precisó el número. En los aseguramientos participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC.

En los inmuebles cateados se aseguraron cinco armas largas, equipo táctico y una granada. Para las autoridades, estos hallazgos confirman la conexión del implicado con una organización criminal consolidada.

Las denuncias contra la CATEM en la región se intensificaron meses atrás, cuando productores de Durango y Coahuila señalaron la existencia de cobros ilegales disfrazados de cuotas sindicales, asegurando que quienes se negaban eran objeto de amenazas o agresiones. En respuesta, Pedro Haces acusó a los gobiernos estatales de Coahuila y Durango de orquestar una campaña de denuncias falsas, afirmando que buscaban defender “los últimos cotos” del PRI.     

En plataformas oficiales de CATEM Durango aparece Edgar “N” acompañando al morenista José Ramón Enríquez durante su registro como candidato a la alcaldía de Durango, además de participar en abril en actividades de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados.