Etiqueta: Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó una amplia reforma arancelaria dirigida a países con los que México no mantiene tratados comerciales. El dictamen avanzó con 10 votos de Morena, ocho abstenciones de PAN y PRI, y un voto en contra de Movimiento Ciudadano (MC), en una sesión donde se confirmó que la propuesta será discutida en el pleno.

Durante la reunión, el presidente de la comisión, el panista Miguel Ángel Salim, señaló que la iniciativa plantea modificar 1,463 fracciones arancelarias. Entre ellas, 706 están vinculadas al sector textil, 249 corresponden a hierro y acero, 94 abarcan automóviles y autopartes, mientras que 81 se relacionan con plásticos. De ese total, 316 fracciones actualmente no generan pago de arancel, y el resto mantiene tarifas vigentes. Además, se detalló que 341 fracciones registran un arancel del 35% y 302 aplican una tasa de 10%.

Salim puntualizó que 391 de las fracciones quedarán sin cambios respecto a su tarifa actual. En ese contexto, la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, expresó que un arancel más elevado podría incentivar la instalación de industrias nacionales capaces de sustituir parte de las importaciones actuales. Reconoció que el ajuste podría causar presiones inflacionarias temporales, pero destacó que el dictamen reduce algunas tarifas respecto de las que inicialmente planteó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la diputada de MC, Gloria Núñez, observó que la iniciativa original contemplaba una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 en el régimen transitorio, debido a que los ajustes requerían un periodo definido, sin embargo, subrayó que ese plazo no fue incluido en el dictamen final. Añadió que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la entrada en vigor de la reforma implicaría un aumento de 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, equivalente al 8.3% de lo adquirido por México durante 2024. Ante ello, advirtió que será esencial garantizar transparencia en el manejo de los ingresos adicionales derivados de los nuevos cobros.

En conferencia previa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, describió la reforma como una estrategia “moderna” y de “largo alcance”. Afirmó que la actualización busca fortalecer la participación de productos nacionales en cadenas globales de valor y proteger empleos en sectores como el automotriz, textil, calzado, aluminio y otros. Añadió que el dictamen armoniza la nomenclatura arancelaria con estándares internacionales para mercancías que abarcan industrias como plástico, electrodomésticos, juguetes, muebles, papel y cartón, motocicletas, vidrio, entre más.

Monreal explicó que los nuevos aranceles se enfocarán en mercancías provenientes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, entre ellos Corea, China, Japón, naciones del Cono Sur y algunos países europeos. Con ello, la reforma avanza hacia una reconfiguración significativa del marco arancelario mexicano.

En una sesión marcada por la velocidad legislativa y el cierre de filas del oficialismo, el Senado de la República aprobó en fast track las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales. La mayoría de Morena, PT y PVEM impulsó el voto que avanzó sin pasar por comisiones, con el argumento de que los cambios buscan terminar con el acaparamiento del agua, frenar el mercado negro de concesiones y abrir paso a un nuevo esquema de control público mediante un fondo de reserva administrado por el gobierno.

Las modificaciones avanzaron con 85 votos a favor y 36 en contra, en una sesión donde PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen con el argumento de que las reformas representan un intento por centralizar el control político del agua y la tierra, especialmente para agricultores y campesinos. El proyecto fue aprobado en los mismos términos en que la Cámara de Diputados lo avaló horas antes, y ahora se prevé que las más de 20 reservas presentadas sean desechadas para turnar el documento al Ejecutivo federal.

El debate ocurrió mientras productores del campo intentaban ser recibidos por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien negó el encuentro pese a sus inconformidades. Los inconformes consideran que los cambios afectan el derecho a heredar tierras con concesiones de agua, una preocupación que se mantuvo alrededor del recinto legislativo, aunque sin bloqueos, bajo vigilancia de la Guardia Nacional y autoridades capitalinas.

Entre los ajustes aprobados destacan la eliminación de la posibilidad de transmitir títulos de concesión entre particulares, la prohibición de cambios de uso y la definición de que las prórrogas solo podrán otorgarse por el mismo tiempo que marcaba el título original. Además, se creará un nuevo Registro Público Nacional del Agua, donde deberán inscribirse núcleos agrarios y sistemas comunitarios de gestión hídrica.

Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, herramienta que permitirá al gobierno reasignar volúmenes de agua recuperados por extinción de concesiones, cesiones voluntarias o derechos preferentes. No obstante, el dictamen precisa que los derechos de agua se mantienen para heredar o vender propiedades, un aspecto que buscó aclararse ante las críticas de sectores agrícolas.

En tribuna, el morenista Manuel Huerta defendió el paquete legislativo al afirmar que los cambios beneficiarán a las comunidades con mayores problemas de acceso al agua. “Es una buena noticia para quienes abren la llave y no sale nada, no lo es tanto para quienes hicieron del agua un negocio”, declaró, al subrayar que cualquier reasignación deberá realizarse con transparencia y criterios de sustentabilidad.

La oposición sostuvo la postura contraria. Verónica Rodríguez, del PAN, señaló que Morena presenta la reforma como un avance en derechos humanos, “cuando en realidad busca controlar el acceso al líquido”, lo que incluso podría impactar en los precios de las tierras. Agregó que otorgar discrecionalidad al gobierno para mantener, reducir o retirar concesiones “es convertirla en una herramienta política”.

Con el aval del Senado, el paquete hídrico avanza hacia la fase final de aprobación, en un contexto donde la administración federal y la oposición mantienen visiones enfrentadas sobre el alcance real de estas reformas y su impacto en el manejo del agua en el país.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana la nueva Ley de Aguas, en una sesión marcada por tensiones dentro y fuera del recinto legislativo. La votación, realizada mientras productores agrícolas mantenían un bloqueo en los accesos de San Lázaro, concluyó con 28 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones. Legisladores de Morena y sus aliados respaldaron el dictamen, mientras que la oposición reclamó que no se atendieron las demandas del sector agrícola.

De acuerdo con legisladores consultados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, notificó personalmente y por teléfono a diputados de la oposición que “hay una decisión de más arriba” para modificar el orden del día y dar prioridad a la discusión y votación de la Ley de Aguas en el pleno. Desde temprano, productores de distintas regiones del país se movilizaron hacia la capital y posteriormente instalaron un cerco con tractores y vehículos alrededor del Congreso de la Unión para intentar frenar el avance del proceso legislativo.

Monreal explicó que pidió a la Junta de Coordinación Política realizar el cambio en la agenda para que la reforma sea discutida y votada en las próximas horas. Con la aprobación en comisiones, el dictamen avanza hacia el pleno, donde legisladores anticipan que será votado a favor.

Tras conocer el resultado en comisiones, organizaciones y dirigentes agrícolas expresaron sentirse “traicionados” por Morena y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmaron que radicalizarán las movilizaciones en todo el país ante lo que consideran una falta de atención a las observaciones presentadas durante más de una semana de trabajo con legisladores.

Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), señaló que habían construido acuerdos para garantizar la continuidad de concesiones y la atención a pozos sin títulos: “Duramos más de una semana trabajando junto con ellos… ya habíamos confiado”. Jorge Gutiérrez, dirigente agrícola de Chihuahua, advirtió que “siguen nada más la línea que le manda la señora presidente”, y responsabilizó a diputados y autoridades federales de las acciones que se deriven.

El malestar también se extendió entre productores como Jorge Robles, quien consideró que la reforma “acorralará” a quienes abastecen de alimentos al país. Otros dirigentes anunciaron que las protestas se ampliarán a todos los estados, incluyendo cierres carreteros y bloqueos en aduanas fronterizas. Señalaron que incluso impedirán el evento masivo convocado por el gobierno federal para celebrar siete años de Morena en el poder.

Baltazar Valdés, también dirigente del FNDCM, afirmó: “El Congreso nos traicionó… necesitamos bloquear el evento del sábado para demostrar que la fuerza en este país es de los campesinos”. En ese mismo sentido, la productora Alexa Jiménez cuestionó que haya motivos para celebrar: “El campo está en el abandono… están a punto de quitarnos la principal materia para producir”.

Con el dictamen aprobado en comisiones y en ruta hacia el pleno, el país entra en una jornada marcada por presión legislativa y una creciente movilización nacional del sector agrícola.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, con 333 votos a favor, 70 en contra —principalmente del PAN— y 22 abstenciones, casi todas del PRI. El documento plantea una reconfiguración legal de gran alcance con cambios en 17 leyes para fortalecer las bases institucionales y garantizar que la igualdad entre mujeres y hombres tenga carácter obligatorio.

Durante la presentación del dictamen, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, destacó que esta reforma “no solo modifica leyes, repara silencios, abre caminos y devuelve la esperanza a generaciones enteras que lucharon sin ser escuchadas”. Añadió que estos ajustes legales responden a una realidad persistente en el país: la desigualdad de género que, de acuerdo con la legisladora, no puede seguir siendo una promesa, sino convertirse en una realidad verificable en todos los ámbitos de la vida social y pública.

Burgos explicó que la iniciativa, presentada por la presidenta el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, marca un parteaguas en la defensa de los derechos de las mujeres en México. Señaló que la reforma a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres transforma el principio de igualdad en una obligación explícita del Estado y establece medidas inéditas para su cumplimiento.

Entre los puntos destacados mencionó el fortalecimiento de las órdenes de protección, la diferenciación entre violencia vicaria y violencia familiar, la armonización de protocolos estatales y nacionales y la ampliación de facultades para la Secretaría de las Mujeres, que podrá emitir y supervisar la alerta de violencia de género. En materia de seguridad social, afirmó que el IMSS y el ISSSTE deberán eliminar prácticas discriminatorias, capacitar a su personal en perspectiva de género y generar estadísticas para identificar brechas que afectan a las mujeres.

La discusión también incluyó posturas críticas. La diputada del PAN, Ana María Balderas, advirtió que el dictamen “no es una reforma técnica”, sino una “recentralización de poder” que podría abrir espacios para usos políticos. Señaló que el diseño propuesto otorga a una sola dependencia federal la rectoría de la política de igualdad y concentra funciones clave como la definición de políticas nacionales, el monitoreo, la implementación de programas estratégicos y la operación de alertas de violencia de género.

Balderas planteó que esta estructura limita el margen de decisión de estados y municipios, lo que, a su juicio, vuelve vulnerable la política pública. Añadió que la reforma implica mandatos de gasto sin techo financiero claro y podría poner en riesgo principios como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Por parte del PRI, la diputada Marcela Guerra resaltó que el dictamen mantiene avances para las mujeres e incorpora el principio de igualdad sustantiva como eje transversal para diseñar políticas públicas y asignar presupuestos. Explicó que el reto principal será garantizar que estas disposiciones se reflejen en acciones concretas. 

En la misma línea, Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, subrayó que el financiamiento sigue siendo una preocupación central, pues consideró necesario asegurar recursos suficientes para operar mecanismos como el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección y fortalecer refugios para mujeres víctimas de violencia.

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que actualiza la Ley General de Cultura Física y Deporte para reconocer, por primera vez, una definición jurídica amplia de violencia dentro del ámbito deportivo. Con esta reforma, se integran como conductas reconocibles las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, verbales, simbólicas y estructurales ejercidas por cualquier persona durante prácticas o actividades deportivas. El objetivo central es establecer bases claras que permitan prevenir, atender y sancionar situaciones que durante años permanecieron en silencio.

La presentación del dictamen estuvo a cargo de la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Paola Longoria, reconocida raquetbolista que suma 12 medallas de oro en Juegos Panamericanos, seis campeonatos mundiales y 10 medallas doradas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde tribuna, señaló que esta iniciativa busca “saldar una deuda histórica de nuestro deporte” y evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus sueños por problemas de acoso, hostigamiento o cualquier otra forma de violencia.

Durante su intervención, Longoria destacó que cuando las y los atletas enfrentan situaciones que les generan ansiedad, estrés, depresión o vulneración a sus derechos humanos, los resultados siempre son negativos. Enfatizó que la propuesta incorpora en su espíritu las experiencias de deportistas que han sufrido abuso y que, “por temor, guardan silencio por miedo a las represalias”. Subrayó que la impotencia de no saber cómo reaccionar o a quién acudir refleja un abandono institucional que durante años ha visto el deporte “solo como un hobby”.

La diputada también señaló que “el primer victimario del deporte mexicano ha sido quien debe protegerlo”, refiriéndose a la indiferencia de autoridades a lo largo del tiempo. Con esta modificación, explicó, no solo se reconoce de manera formal el abanico de agresiones posibles, sino que se incorpora por primera vez la definición legal de “protocolo de prevención y atención”. Esto permitirá otorgar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la facultad de emitir lineamientos y protocolos nacionales para evitar criterios contradictorios entre instituciones federales, estatales, municipales y federaciones deportivas.

Longoria añadió que, aunque existan diferencias políticas, “el deporte no tiene partido”. Llamó a votar a favor del dictamen para “derrotar de una vez por todas el silencio en el deporte” y acompañar a quienes dedican su vida a representar a México.

El proyecto fue aprobado con 416 votos a favor y ahora se turna al Senado de la República. La presentación cerró entre aplausos de diputadas y diputados de todas las bancadas, en un gesto que recordó los momentos en que Longoria subía al pódium durante su trayectoria deportiva.

El diputado Ricardo Monreal presentó este jueves una nueva iniciativa para crear la Ley de Economía Circular, con el objetivo de enfrentar la extracción desmedida de recursos naturales y la creciente acumulación de residuos en el país. Esta propuesta representa su segundo intento en más de seis años por impulsar un marco legal que coloque al medio ambiente en el centro de las políticas públicas. La primera vez ocurrió el 29 de octubre de 2019, cuando, junto con el entonces senador Raúl Bolaños-Cacho, presentó el proyecto para avanzar hacia un modelo que redujera la generación de basura.

En aquella ocasión, Bolaños-Cacho destacó que la iniciativa buscaba “producir menos basura”, una idea que dos años más tarde se tradujo en el dictamen aprobado en lo general con 87 votos a favor y, en lo particular, con 77 votos y tres abstenciones el 17 de noviembre de 2021. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde permaneció sin avance durante la coordinación parlamentaria de Ignacio Mier Velazco. Desde entonces, la propuesta quedó detenida pese al impulso inicial.

Seis años después, Monreal y Bolaños-Cacho regresan al Congreso como diputados, mientras que Mier ahora es uno de los senadores más cercanos al coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández. En esta nueva etapa, los impulsores de la iniciativa sostuvieron reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy. Como resultado de dichas conversaciones, se determinó que la Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de coordinar los trabajos que dará forma al nuevo sistema de economía circular.

Durante la sesión legislativa, el diputado morenista Antonio Lorenzo Castro presentó el proyecto desde tribuna e invitó a cambiar la visión del país sobre los desechos. Señaló que es momento de “dejar de ver la basura como basura y empezar a verla como recurso”, y destacó que, mientras otras naciones alcanzan tasas de recuperación de materias primas secundarias cercanas al 90%, México continúa “enterrando riqueza”. Castro también agradeció a Monreal por permitirle participar en la elaboración de la iniciativa.

La diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros expresó que le habría gustado que su bancada participara desde las primeras etapas del proceso, pero aun así se sumó a la propuesta. Asimismo, la diputada del PAN Paola Espinosa presentó una iniciativa paralela enfocada en economía circular y gestión de plásticos, explicando que su objetivo es establecer legalmente que los productos tengan mayor duración y puedan repararse, reutilizarse y reciclarse. Subrayó que el propósito es “pasar del usar y tirar al usar, reusar y volver a aprovechar”.

Espinosa planteó la necesidad de que los tres niveles de gobierno adopten políticas públicas, programas e incentivos fiscales que impulsen prácticas responsables en las empresas, especialmente aquellas que reduzcan sus residuos y opten por materiales reciclables, reutilizables o compostables. Tanto la propuesta de Morena como la presentada por Acción Nacional fueron turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que busca enfrentar uno de los delitos que más afectan a la población mexicana: la extorsión mediante llamadas y cobro de piso. Con 110 votos de todas las fuerzas políticas, el dictamen avanzó con modificaciones y ahora regresará a la Cámara de Diputados para su revisión.

La nueva ley establece un marco jurídico uniforme para combatir la extorsión en todo el país, ordenando que todas las instituciones de seguridad y justicia actúen bajo criterios legales y procedimentales homologados. El objetivo es que estados y federación cuenten con herramientas alineadas para prevenir, investigar y sancionar este delito.

El proyecto prevé la creación y consolidación de unidades especializadas en extorsión, así como policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y certificados para atender estos casos. Con ello se busca fortalecer la persecución de un delito que, según legisladores, ocupa el tercer lugar entre los que más afectan a los mexicanos.

La minuta original enviada por la Cámara de Diputados proponía castigos de entre 6 y 15 años de prisión. Sin embargo, las comisiones del Senado detectaron discrepancias con los mínimos establecidos en distintas entidades, que van de 7 a 15 años. Entre ellas destacan Baja California (7 años), Tamaulipas (10), Ciudad de México (10), Estado de México (8), Zacatecas (8), Nayarit (10), Chiapas (10), Morelos (15), Quintana Roo (15) y Michoacán (15).

Ante esto, el Senado decidió elevar el rango de penalidad para evitar beneficios legales como la libertad anticipada. “De mantener la sanción de 6 años como mínimo, abriría la puerta para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada, aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio. Por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”, explicó el morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia.

La ley también incorpora medidas específicas para combatir la extorsión generada desde centros penitenciarios, un foco constante de denuncias. Se contempla una pena de 6 a 12 años de prisión para quien introduzca sin autorización teléfonos móviles, componentes o cualquier tecnología que permita transmitir voz, datos, video o geolocalización dentro de los penales.

Además, el texto establece protocolos de protección para víctimas, testigos y participantes en los procesos judiciales. Las autoridades deberán garantizar su vida, integridad física o mental y evitar cualquier intento de intimidación. Entre las medidas previstas se encuentran la reserva de identidad, la participación remota mediante tecnología, el resguardo de datos personales, la notificación a través de asesores jurídicos o del Ministerio Público y el bloqueo de identificadores como el IMSI y el IMEI.

Con estas modificaciones, el Senado completa una etapa clave para homologar criterios frente a la extorsión y refuerza la respuesta institucional ante un delito que afecta a miles de personas en el país. El dictamen ahora deberá ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentará el próximo miércoles una iniciativa para crear la Ley General de Economía Circular, un nuevo marco legal que busca ordenar la forma en que México produce, consume y gestiona sus residuos, con el fin de “alcanzar un verdadero bienestar ambiental en México”.

El proyecto propone enfrentar dos problemas centrales: “combatir la excesiva extracción de recursos naturales y la acumulación creciente de residuos”. Para ello, establece un modelo de economía circular que reorganiza obligaciones, responsabilidades y mecanismos de vigilancia para productores, importadores, autoridades y consumidores.

La iniciativa contempla herramientas como los acuerdos generales de implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), convenios de concertación y auditorías ambientales voluntarias, con el fin de “fortalecer la vigilancia y consolidar una cultura de cumplimiento compartido”. En este esquema, productores e importadores deberán asumir tareas vinculadas con el diseño circular, la recolección, la valorización y el registro detallado de sus gestiones.

Monreal indica que “las empresas cumplirán de manera directa o mediante encadenamientos sustentables, con compensaciones ambientales sometidas a control”. Asimismo, se integra la participación de las personas consumidoras mediante acciones como elecciones informadas, separación adecuada y modelos de uso compartido, además de sanciones para “las prácticas engañosas como el uso indebido de distintivos”.

Entre sus puntos clave, la propuesta prohíbe “la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política”. Además, crea el Sistema Nacional de Economía Circular como un espacio de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar coherencia en la política nacional.

De acuerdo con el coordinador de Morena, el objetivo es construir “un andamiaje sólido que asegura la coordinación intergubernamental, la participación social y la transparencia, con un objetivo común: garantizar un patrimonio de bienestar ambiental para las generaciones presentes y futuras a través de la economía circular”. Para ello, se prevé impulsar “tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo”.

En caso de aprobarse, la Ley de Economía Circular implicará reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Monreal expone que en México “la generación de residuos supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente”.Señala también la proliferación de tiraderos a cielo abierto que incumplen la normatividad vigente y el rezago en materia de reciclaje, pues “apenas se recicla entre el 9 y 10% de los residuos generados”.

El legislador advierte que parte de los desechos no reciclados, como los plásticos y los neumáticos fuera de uso, “contaminan de manera alarmante ecosistemas terrestres, cauces de agua y ecosistemas marinos”, un panorama que contrasta con países como Corea y Alemania, que registran tasas de recuperación cercanas al 90%.

Finalmente, recuerda que los efectos ambientales trascienden fronteras, pues “las acciones u omisiones de un país repercuten en todo el mundo”, ya sea por el aumento de temperatura, sequías, huracanes, lluvias extremas o el deshielo de glaciares, además de que los recursos compartidos —como océanos, atmósfera y biodiversidad migratoria— requieren responsabilidad internacional para evitar daños que no reconocen límites políticos.

Bernabé fue elegido como presidente del Comité de Ética de la Cámara de Diputados. La designación, que ocurrió en apenas tres minutos, fue resultado de un acuerdo directo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y marcó el inicio formal de un órgano que llevaba un año de retraso en su instalación.

El nuevo presidente del Comité, que tiene la misión de promover la transparencia, la integridad y la conducta ética entre las y los legisladores, llega al cargo con un historial cargado de señalamientos. Entre ellos, destacan acusaciones por intentar reelegirse como candidato indígena sin pertenecer a esa comunidad, por el presunto secuestro durante una disputa política en Veracruz y por el manejo de un equipo de asesores con sueldos que superaban los 180 mil pesos mensuales.

Pérez Bernabé fue cuestionado desde 2024, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) revocó su candidatura tras descubrir que se había registrado bajo la acción afirmativa indígena con documentos que no coincidían con su lugar de nacimiento.

 Aunque presentó una constancia emitida por una comunidad de Papantla, el organismo electoral comprobó que el diputado nació en Gutiérrez Zamora, a casi 30 kilómetros de distancia. Su suplente, Victoria Méndez, sí fue reconocida como candidata indígena válida.

Aun así, semanas después el morenista logró solventar las inconsistencias y consiguió postularse nuevamente, resultando electo por mayoría relativa. Desde entonces, su trayectoria política ha estado acompañada de polémicas, pero también de alianzas que le permitieron consolidar su posición dentro del partido guinda y, ahora, alcanzar la presidencia de un comité encargado de vigilar la ética legislativa.

El nombramiento también incluye al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González, como vicepresidente, además de los legisladores Luis Agustín Rodríguez, del PAN, y Alejandro Pérez Cuéllar, del PVEM, como secretarios.

La integración del Comité se completa con los llamados decanos, entre ellos el morenista Manuel Espino Barrientos, quien actualmente se encuentra en recuperación tras un derrame cerebral sufrido en septiembre.

La creación del Comité de Ética, que debió haberse instalado desde hace más de un año, busca reforzar los principios de transparencia y conducta pública dentro del recinto legislativo de San Lázaro. Sin embargo, la elección exprés de un presidente con antecedentes polémicos ha generado críticas en los pasillos del Congreso y reabre el debate sobre los filtros éticos en los nombramientos dentro del Poder Legislativo.

Pese a las controversias, la nueva dirigencia del Comité de Ética deberá asumir su tarea de velar por el comportamiento institucional de los diputados y prevenir actos que comprometan la integridad de la Cámara. El reto será mayor: hacerlo bajo la mirada de una ciudadanía cada vez más exigente con sus representantes públicos.