INE y CDMX sellan alianza clave para garantizar elecciones seguras y participativas

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para reforzar la seguridad y garantizar el orden durante dos procesos decisivos para la vida democrática capitalina: la elección del Poder Judicial local del próximo 1 de junio y la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, programada para el 17 de agosto.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada explicó que este acuerdo busca blindar el derecho al voto mediante condiciones de seguridad confiables y transparentes. La administración local se comprometió a brindar custodia a casillas electorales, transporte y resguardo del material electoral, así como apoyo vial, servicios de emergencia, protección civil y presencia de bomberos durante ambas jornadas.

“Con este convenio brindaremos la protección que solicite el Instituto Electoral (…) todo ello, para que los procesos democráticos que tenemos este año se lleven a cabo de manera efectiva, sin ningún contratiempo”,declaró la mandataria capitalina al formalizar el compromiso.

El proceso electoral del 1 de junio marcará un hito en la historia democrática de la Ciudad de México. Por primera vez, la ciudadanía elegirá directamente a jueces, juezas, magistrados y magistradas. En total, se definirán 137 cargos del Poder Judicial local: 98 jueces, 34 magistraturas y 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Para ello, se postularon 607 candidaturas y se instalarán 6,134 casillas a lo largo de la ciudad.

Brugada resaltó que esta nueva etapa posiciona al Poder Judicial como una institución más cercana al pueblo, construida con una visión de ética, imparcialidad y responsabilidad social. “El Poder Judicial que va a resultar electo el primero de junio va a responder al pueblo, a la ciudadanía; esa es la apuesta de esta nueva etapa democrática”, puntualizó.

Durante la firma, Patricia Avendaño Durán, presidenta del IECM, aseguró que la preparación técnica del proceso se ha desarrollado con rigurosidad y coordinación junto al INE. Entre las acciones realizadas destacan la verificación de casillas, el resguardo de documentación electoral y la definición de rutas seguras para el traslado de los paquetes de votación.

Avendaño también destacó que se trata de una elección sin precedentes, con mecanismos diseñados para que el proceso sea accesible, eficiente y claro para todas las personas. “Estoy segura –y no temo equivocarme– que en la parte técnica hemos logrado resolver [los retos] (…) para que la ciudadanía pueda participar en esta elección”, expresó.

El convenio firmado también incluye la colaboración del gobierno capitalino en la Consulta de Presupuesto Participativo del 17 de agosto, mediante la cual los ciudadanos decidirán en qué se invierte una parte del presupuesto en sus colonias. Este ejercicio refuerza los canales de participación ciudadana directa.

Tanto el gobierno de la ciudad como las autoridades electorales reafirmaron su compromiso de garantizar un entorno seguro y bien organizado durante ambos procesos, en una apuesta firme por fortalecer la democracia desde lo local.

Candidaturas finales para el Poder Judicial de la CDMX: Un proceso clave en la justicia capitalina

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha oficializado la lista de candidatos y candidatas que competirán por un lugar en el Poder Judicial de la capital. En un sorteo electrónico, se determinaron los nombres que formarán parte de las boletas en la elección de 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 99 jueces y 34 magistrados.

Entre los nombres aprobados se encuentran figuras con antecedentes en otros estados, como Víctor Manuel Martínez Corte, quien buscará una magistratura en materia familiar en el distrito 1, tras haberse registrado también en Tlalnepantla para un cargo similar en el poder legislativo.

 

Otro perfil relevante es el de Alberto Trejo Villafuerte, aspirante a juez en materia civil, quien hasta 2022 formaba parte del equipo de la diputada local Elizabeth Mateos. También destaca Anaid Valero Manzano, excandidata a presidir la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ahora en la contienda por una magistratura en el distrito 2, en materia penal.

 

La lista también incluye a José Francisco Sánchez Magallán González, integrante del Consejo Judicial Ciudadano y pieza clave en la selección de la Fiscal capitalina, quien busca ahora una magistratura en materia civil en el distrito 4.

 

El IECM ha puesto en marcha una plataforma digital para que la ciudadanía pueda consultar los perfiles de los aspirantes y tomar una decisión informada en el proceso electoral. Además, se han revelado las boletas oficiales que se utilizarán en la elección. En total, serán 9 boletas: 3 para la elección de jueces y magistrados locales, y 6 para los juzgadores federales. Se estima que cada votante empleará aproximadamente 14 minutos en completar su participación.

 

El arranque de las campañas está previsto para abril, cuando los candidatos comenzarán a exponer sus propuestas y trayectorias. La transparencia y el escrutinio ciudadano serán esenciales para garantizar la elección de perfiles idóneos que fortalezcan la justicia en la CDMX.

Morena y Aliados Cerca de la Mayoría Calificada en el Congreso de CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) proyecta que Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, obtendrán 43 curules en el Congreso de la Ciudad de México. A pesar de su significativa presencia, necesitarán un voto más para alcanzar la mayoría calificada de 44, necesaria para modificar la Constitución local.

Esta proyección se basa en el acuerdo del Consejo General del IECM sobre la asignación de diputaciones por representación proporcional, validado en el proceso electoral local ordinario 2023-2024.

El Congreso capitalino estará compuesto por 66 diputados: 33 electos por mayoría relativa en distritos uninominales, 32 por representación proporcional, y una diputación migrante elegida con votos desde el extranjero.

El IECM ha subrayado que las asignaciones respetan el límite constitucional de una sobrerrepresentación máxima del 8% en relación al número de votos obtenidos.

Según el proyecto de asignación, el PAN recibirá 11 diputaciones, el PRI cuatro, el PRD dos, el PVEM cinco, el PT cuatro, MC cuatro, y Morena dos. En cuanto a las diputaciones por mayoría relativa, el PAN obtuvo siete, el PVEM tres, el PT dos y Morena 22.

Entre los nuevos legisladores destacan Andrés Atayde, Frida Guillén y Olivia Garza de los Santos (PAN); Omar Alejandro García y Silvia Sánchez Barrios (PRI); Nora Arias (PRD); Royfid Torres y Luisa Fernanda Ledesma (MC); Néstor Nuñez (Morena); Ernesto Villarreal y Miriam Saldaña (PT); y Jesús Sesma y Yolanda Alicia López (PVEM).

Hasta el cierre de esta edición, el Consejo General del IECM no ha finalizado la sesión para discutir la designación de los diputados plurinominales.

Inica Arranque de Campañas con Candidatos de CDMX y Diversas Estrategias1

Promueve el OSFEM cumplimiento de obligaciones de entes fiscalizables

  • El órgano fiscalizador organizó el Encuentro con Entidades Fiscalizables Municipales.
  • El año pasado se impusieron 45 multas por incumplimientos en entrega de información y abrieron 52 informes por presunta responsabilidad administrativa.

En un ejercicio de acercamiento institucional y de diálogo abierto, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) organizó el “Encuentro con Entidades Fiscalizables Municipales”, a la que acudieron alcaldes, así como titulares de Órganos Internos de Control (OIC), de los Sistemas DIF y de los organismos descentralizado municipales.

La Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez expuso que la intención es mostrarles los alcances de la fiscalización superior y que conozcan de voz de las y los auditores especiales y de las personas titulares de las unidades, cuáles y en qué consisten sus actos de autoridad.

Con este encuentro, agregó, el OSFEM parte de la convicción de que más vale prevenir, “y en esta arquitectura institucional, queremos coadyuvar en las cuentas claras y tener mejores gobiernos”.

Afirmó que desde que está al frente de la institución, de manera reiterada “cada año son las mismas observaciones y debemos atender esta circunstancia; si ya tenemos experiencia, resolvamos el error”.

En su momento, la Auditora Especial de Revisión de la Información de las Entidades Fiscalizables, Gloria Leticia Nolasco Vázquez, pidió saber diferenciar la revisión de la auditoría; la primera está a su cargo e involucra aquello referente al Presupuesto Municipal, los Informes Trimestrales y la Cuenta Pública de 429 entidades municipales, las cuales han encontrado en la Plataforma Digital del OSFEM un camino más ágil y seguro para hacer sus envíos.

Hizo hincapié en las incidencias halladas: errores en la nomenclatura de archivos, formatos mal requisitados, archivos con características no solicitadas, errores en el periodo del mes o trimestre solicitado o en el firmado electrónico. Coincidió con el Auditor Especial de Desempeño y Legalidad, Javier López Pérez, en que tampoco atienden el tema de subir la información que es de carácter obligatorio y público, como el programa de adquisiciones.

Jaime Enrique Perdigón Nieto, auditor especial de Cumplimiento Financiero e Inversión Física resaltó que la Cuenta Pública es la base para realizar las auditorías, así como los requerimientos de información.

En cumplimiento financiero las observaciones recurrentes, indicó, son por el uso y destino de bienes adquiridos, procedimientos adquisitivos, y que se superan montos para las adquisiciones. En Inversión Física son la simulación en ejecución de los trabajos, pago con recursos diferentes a los autorizados, incumplimiento en la normatividad, adjudicación y contratación indebida, así como obra pagada y no ejecutada.

Javier López Pérez, auditor especial de Desempeño y Legalidad, mencionó que en materia de desempeño han encontrado en las entidades fiscalizables documentos de ambiente de control inexistentes o no actualizados, procesos de planeación carentes de diagnóstico, planeación y programación sin alineación y capacitación nula o insuficiente de las personas servidoras públicas.

“Si no podemos generar evaluación, no podemos supervisar e identificar que el trabajo hecho o la ejecución del programa presupuestario tuvo el impacto que se esperaba o se determinó”, indicó, mientras que en materia de legalidad se han topado con procedimientos adquisitivos sin estudio de mercado, programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios no publicados en Compramex.

Luis Sierra Villa, titular de la Unidad de Seguimiento, refirió que para dar un panorama de cómo atienden las entidades fiscalizadas sus observaciones, 71 por ciento de las correspondientes a la Cuenta Pública 2020 no las solventaron, en 2021 subieron a 82 por ciento, y pasaron al área de investigación.

La etapa de aclaración “es el momento preciso para aportar información o aclarar una presunta irregularidad”; asimismo, mencionó que esta área aplica el procedimiento más nuevo para dar seguimiento a las observaciones de la cuenta pública, que se enfoca a la labor de los OIC.

Hugo Armando Pérez Albarrán, titular de la Unidad de Investigación, mencionó que solo son competentes para faltas administrativas graves; refirió que el año pasado impusieron 45 multas por incumplimiento en la entrega de información, abrieron 52 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Sancionadora (IPRAS) que involucran a 130 servidores públicos y 16 particulares, pero será el Tribunal de Justicia Administrativa el que imponga la sanción.

Simón Reyes Ramos, titular de la Unidad de Asunto Jurídicos, exhortó a las entidades a dar continuidad a sus expedientes y dijo que, aunque el tema resarcitorio cambió a partir de 2017, el OSFEM está obligado a seguir con sus consecuencias de ejercicios anteriores.

Finalmente, Ulises Iván Lovera Villegas, de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, habló de los beneficios de la Plataforma Digital del OSFEM ya que su propósito es automatizar y eficientar los actos de la fiscalización superior; reducir los tiempos de atención; procurar un ejercicio racional y austero de los recursos públicos; tener una comunicación bidireccional, así como ayudar en el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción y fiscalización superior. 

Recordó a las autoridades municipales que, una vez concluido su encargo, deberán atender un procedimiento para revocar la Firma Electrónica.

ooOoo

Cuestiones de Política 

Directorio