El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, ha instado al Senado de la República a concretar los nombramientos pendientes en el organismo, al cumplirse dos años de su funcionamiento incompleto. Alcalá Méndez enfatizó que esta situación no solo afecta el ejercicio de los derechos de los ciudadanos mexicanos, sino que además va en detrimento de una conquista social surgida en 2002 como parte del proceso democratizador del país.

Desde el 31 de marzo de 2022, el INAI enfrenta la vacante de dos comisionados, a los que se sumó una tercera vacante desde el mismo día pero de 2023, según lo señalado por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de que en 2023 el Senado realizó dos designaciones, estas fueron vetadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, generando un estancamiento en el proceso de integración del INAI.

Alcalá Méndez recordó que el diseño institucional del INAI establece la conformación de un Pleno con siete integrantes, por lo que instó al Senado a cumplir con su responsabilidad constitucional para garantizar dicha integración plena. Por su parte, Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), respaldó la labor del INAI y expresó su compromiso en la defensa de los organismos constitucionales autónomos como pilares de la democracia mexicana.

La reunión, en la que participaron también destacadas figuras del ámbito jurídico, evidenció la urgencia de concretar las designaciones pendientes en el INAI para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los ciudadanos mexicanos.

La Cámara de Diputados, con el respaldo de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde Ecologista, dio luz verde en su fase inicial a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de Protección Civil. Esta medida busca que los estados asignen fondos de sus presupuestos para hacer frente a desastres naturales.

La votación en el pleno legislativo resultó en 242 votos a favor, 202 en contra y ninguna abstención. Durante la discusión, se presentaron 120 enmiendas a través de reservas.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, representante de Morena, fue quien presentó la iniciativa, destacando que la nueva ley establece la obligación de los estados de destinar recursos para atender emergencias, tal como lo indica la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Esta disposición requiere la creación de un fondo destinado a la atención inmediata de la población afectada y la reconstrucción de la infraestructura pública.

Sibaja Mendoza resaltó que los estados deberán desembolsar recursos en caso de emergencia o desastre, mientras que la intervención del gobierno federal solo ocurrirá mediante un acuerdo, cuando la magnitud del evento lo amerite, como sucedió recientemente en Acapulco.

El legislador hizo hincapié en que esta reestructuración facilitará una mejor comunicación y coordinación entre los estados y el gobierno federal, a través de un mecanismo de transferencia de recursos.

Sin embargo, el diputado del PAN, Miguel Humberto Rodarte de Lara, anunció la intención de la oposición de impugnar la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando su posible inconstitucionalidad.

Durante el debate, legisladores de la oposición criticaron la iniciativa por su impacto en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), señalando que esta medida lo dejaría obsoleto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución o creación de un fideicomiso con el propósito de atender a las víctimas, reviviendo así el espíritu del extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Esta medida histórica surge tras la desaparición del fondo el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal lo eliminó de la Ley General de Víctimas, redirigiendo los recursos hacia la crisis provocada por la pandemia.

La Primera Sala de la SCJN, por unanimidad, aprobó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo que los recursos asignados a este fideicomiso no pueden ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La decisión de la Corte surge tras otorgar un amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar, quienes argumentaron que la extinción del fondo resultó en la falta de pago de indemnizaciones como reparación del daño, evidenciando el incumplimiento de las obligaciones estatales hacia las víctimas.

El presupuesto destinado a la atención de víctimas incluye el pago de indemnizaciones, gastos médicos, traslados, funerales y atención psicológica. Sin embargo, la asignación presupuestaria para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se identificó como insuficiente por parte de Fundar, lo que demuestra la necesidad de asegurar recursos adecuados para cumplir con las obligaciones hacia las víctimas.

Esta decisión de la SCJN ha sido recibida con satisfacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Fundar y el Centro Prodh, quienes destacan el compromiso del Poder Judicial en abordar la crisis de derechos humanos en el país.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha hecho un llamado a la construcción de una Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia, enfatizando la necesidad de abordar de manera integral la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia para avanzar hacia la paz social y erradicar las diversas formas de violencia que afectan a millones de personas en México.

En un discurso contundente, Piña Hernández destacó la importancia de la coordinación entre las autoridades del Estado, especialmente en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, para poder satisfacer las demandas legítimas de la sociedad mexicana en cuanto al alto a la violencia inaceptable que enfrenta el país.

La ministra identificó una amplia gama de violencias que afectan a la sociedad mexicana, desde la violencia cotidiana hasta la violencia feminicida, la desaparición de personas, la trata de personas, la violencia contra migrantes, niñas y niños, personas indígenas, entre otros. Además, destacó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados en el sistema de justicia y seguridad para poder proponer soluciones efectivas.

Para ello, desde el Poder Judicial se ha decidido establecer un espacio de reflexión abierto, transparente e inclusivo para articular un diálogo constructivo a nivel nacional entre diferentes actores e instituciones relacionados con la justicia y la seguridad.

La Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia tiene como objetivo generar y recopilar información sobre la percepción y el funcionamiento de los servicios de justicia y seguridad, con miras a mejorar y adaptar estos servicios a las condiciones actuales del país.

Durante los próximos cuatro meses, el Poder Judicial de la Federación convocará a diversas partes interesadas, incluyendo al público en general, para dialogar sobre aspectos relacionados con la justicia y la seguridad en México, abordando temas como la demanda y oferta de seguridad y justicia, así como la mejora del sistema nacional de justicia.

La ministra expresó su convicción de que escuchar abiertamente es fundamental para proponer un cambio efectivo, y anunció que los resultados de este diálogo se presentarán como una Agenda propositiva y apartidista disponible para todos los candidatos a cargos de elección popular, la nueva Legislatura del Congreso de la Unión y toda la sociedad mexicana.

En una sesión pública del Pleno del tribunal constitucional, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, oficializó la designación del magistrado José Alfonso Montalvo Martínez como nuevo consejero de la Judicatura Federal. Montalvo Martínez ocupará el cargo para el periodo comprendido del 24 de febrero de 2024 al 23 de febrero de 2029.

El nombramiento del magistrado Montalvo Martínez se llevó a cabo tras obtener la mayoría de votos requerida en el Pleno del tribunal constitucional. Este órgano del Poder Judicial de la Federación está encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial.

Al exponer su plan de trabajo ante los ministros, el nuevo consejero de la Judicatura Federal destacó varias acciones destinadas a mejorar las áreas administrativas y la calidad de la justicia en beneficio de todas las personas. Montalvo Martínez subrayó su compromiso de proponer medidas que acerquen al Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía, con el objetivo de mejorar su percepción.

El magistrado Montalvo Martínez enfatizó que el Consejo de la Judicatura Federal desempeña un papel fundamental en la democracia, trabajando para garantizar la independencia y autonomía de los jueces.

La toma de posesión del nuevo consejero está programada para el 24 de febrero, en reemplazo del magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, quien concluye su periodo en el órgano colegiado el 23 de febrero.

Cabe mencionar que Montalvo Martínez fue seleccionado como parte de una terna por las ministras y ministros en una sesión del Pleno realizada el pasado 19 de febrero. Durante esta sesión, los tres candidatos presentaron sus planes de trabajo y respondieron preguntas formuladas por los integrantes del tribunal.

En una sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa presentaron una propuesta para hacer públicas las sesiones privadas de dicha Sala. Sin embargo, tres ministros, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, se opusieron a la iniciativa.

Ante esta discrepancia, las ministras expresaron su intención de llevar el tema al Pleno de la Corte, argumentando que no existe base legal para mantener en secreto las discusiones de los asuntos en la Sala.

Las sesiones privadas son reuniones previas a las sesiones públicas de las Salas de la Corte, donde los ministros exponen sus razones de voto y debaten los argumentos a favor y en contra de cada proyecto presentado. Tradicionalmente, después de estas sesiones privadas, se lleva a cabo una sesión pública en la que los ministros simplemente declaran su voto, sin profundizar en sus argumentos.

Batres Guadarrama y Esquivel Mossa hicieron hincapié en que la Constitución establece claramente que todas las sesiones de la SCJN deben ser públicas, excepto en casos excepcionales que requieran secrecía por razones de moral o interés público, según el artículo 94 constitucional. Una disposición similar se encuentra en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.