Crisis de salud mental en México exige respuesta anticipada, advierte diputada del PAN

La falta de atención oportuna a los trastornos mentales en México está generando consecuencias graves, alertó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Liliana Ortiz Pérez, quien subrayó la urgencia de cambiar el enfoque institucional hacia la prevención.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que el país enfrenta un problema creciente que, en muchos casos, no recibe atención a tiempo. “Hay una crisis silenciosa de salud mental que no podemos ignorar porque estamos llegando tarde”, afirmó.

Ortiz Pérez respaldó su señalamiento con datos preocupantes: “Uno de cada cuatro personas se enfrenta a un trastorno mental a lo largo de su vida y más del 60% no recibe ni recibirá atención alguna y el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre nuestras jóvenes y nuestros jóvenes y lo más grave, seguimos llegando tarde, cuando la crisis ya estalló”.

Como referencia reciente, mencionó lo ocurrido esta semana en la zona arqueológica de Teotihuacán, hecho que calificó como un “ejemplo desafortunado”. La diputada expresó condolencias a las víctimas, sus familias y a la madre del joven involucrado.

“Un joven que atravesaba una crisis emocional profunda en un espacio público y la respuesta evidenció algo que no podemos ignorar, no estamos preparados para prevenir, contener ni atender de manera oportuna estas situaciones”, señaló.

Aclaró que el caso no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de una problemática más amplia. “No se trata de señalar un caso en particular, se trata de reconocer un patrón, estamos reaccionando cuando el problema ya es visible, cuando ya es urgente, cuando ya duele profundamente”, indicó.

En ese sentido, advirtió que la falta de intervención temprana tiene efectos acumulativos: “Eso tiene consecuencias porque detrás de cada crisis no atendida a tiempo hay una historia de silencio, de falta de acompañamiento y de ausencia institucional”.

La legisladora enfatizó la necesidad de construir un sistema que actúe antes de que las crisis escalen. “La salud mental no puede seguir dependiendo de la casualidad, de la buena voluntad o de la reacción de último momento, necesitamos un sistema que llegue antes, que detecte a tiempo y que acompañe de forma permanente”, sostuvo.

Asimismo, destacó que ha impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la atención en este ámbito, incorporar la inteligencia emocional en la educación y atender fenómenos emergentes como la soledad no deseada.

Finalmente, reconoció el trabajo de la organización Feelink y de sus fundadores, Martín Espinosa y Blanca Adán, por la realización del Congreso Internacional de Psicología y Psicoterapia, programado para el 25 y 26 de abril en la Ciudad de México, como un espacio de colaboración entre distintos sectores.

Fiscalía de CDMX revela que choque provocó fuga y explosión de pipa en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes los primeros resultados de las investigaciones sobre la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 76 lesionados. De acuerdo con las indagatorias, el accidente se originó tras la ruptura del tanque de la unidad a consecuencia de un choque con un objeto sólido.

“El tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición”, precisó la institución en un comunicado. El informe descartó que el siniestro estuviera relacionado con irregularidades en el estado del asfalto, pues no se detectaron baches ni daños en el pavimento de la vialidad donde circulaba el vehículo siniestrado.

En el sitio de la explosión, especialistas identificaron la presencia de distintos compuestos aromáticos, entre ellos benceno y estireno, resultado de la combustión generada por la fuga. Estos hallazgos forman parte del peritaje técnico que busca determinar las causas exactas del siniestro.

La fiscalía capitalina también dio a conocer que personal de la institución fue desplegado en hospitales de la ciudad para brindar acompañamiento a las víctimas y sus familias. Como parte de las medidas de apoyo, se ofrece atención psicológica y asesoría jurídica a quienes lo requieran.

El más reciente informe de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señala que 54 personas permanecen hospitalizadas en diferentes nosocomios, mientras que 22 ya han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

Por otra parte, las autoridades identificaron a la empresa responsable de la pipa siniestrada como Transportadora Silza, S.A. de C.V., perteneciente al Grupo Tomza. La compañía opera dentro del sector de distribución de gas y ahora se encuentra bajo revisión tras el accidente que conmocionó a la capital.

La explosión registrada el pasado miércoles en la zona oriente de la ciudad generó una de las emergencias más graves de los últimos años en Iztapalapa. Los equipos de protección civil, bomberos y paramédicos trabajaron durante horas para sofocar las llamas, controlar los riesgos secundarios y trasladar a decenas de heridos a los hospitales de la capital.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer todas las responsabilidades relacionadas con el siniestro. Mientras tanto, la atención médica y psicológica a los afectados sigue siendo la prioridad de las autoridades capitalinas.

Rescatan SCJN Fondo de Ayuda a Víctimas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución o creación de un fideicomiso con el propósito de atender a las víctimas, reviviendo así el espíritu del extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Esta medida histórica surge tras la desaparición del fondo el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal lo eliminó de la Ley General de Víctimas, redirigiendo los recursos hacia la crisis provocada por la pandemia.

La Primera Sala de la SCJN, por unanimidad, aprobó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo que los recursos asignados a este fideicomiso no pueden ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La decisión de la Corte surge tras otorgar un amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar, quienes argumentaron que la extinción del fondo resultó en la falta de pago de indemnizaciones como reparación del daño, evidenciando el incumplimiento de las obligaciones estatales hacia las víctimas.

El presupuesto destinado a la atención de víctimas incluye el pago de indemnizaciones, gastos médicos, traslados, funerales y atención psicológica. Sin embargo, la asignación presupuestaria para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se identificó como insuficiente por parte de Fundar, lo que demuestra la necesidad de asegurar recursos adecuados para cumplir con las obligaciones hacia las víctimas.

Esta decisión de la SCJN ha sido recibida con satisfacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Fundar y el Centro Prodh, quienes destacan el compromiso del Poder Judicial en abordar la crisis de derechos humanos en el país.