La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución o creación de un fideicomiso con el propósito de atender a las víctimas, reviviendo así el espíritu del extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Esta medida histórica surge tras la desaparición del fondo el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal lo eliminó de la Ley General de Víctimas, redirigiendo los recursos hacia la crisis provocada por la pandemia.
La Primera Sala de la SCJN, por unanimidad, aprobó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo que los recursos asignados a este fideicomiso no pueden ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La decisión de la Corte surge tras otorgar un amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar, quienes argumentaron que la extinción del fondo resultó en la falta de pago de indemnizaciones como reparación del daño, evidenciando el incumplimiento de las obligaciones estatales hacia las víctimas.
El presupuesto destinado a la atención de víctimas incluye el pago de indemnizaciones, gastos médicos, traslados, funerales y atención psicológica. Sin embargo, la asignación presupuestaria para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se identificó como insuficiente por parte de Fundar, lo que demuestra la necesidad de asegurar recursos adecuados para cumplir con las obligaciones hacia las víctimas.
Esta decisión de la SCJN ha sido recibida con satisfacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Fundar y el Centro Prodh, quienes destacan el compromiso del Poder Judicial en abordar la crisis de derechos humanos en el país.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha instado a las familias afectadas por los errores evidenciados en el censo de personas desaparecidas anunciado por el gobierno federal en diciembre pasado a presentar quejas formales ante la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para esclarecer la situación.
Durante un taller informativo sobre cómo proceder en casos en los que los datos de personas desaparecidas no están registrados correctamente o no aparecen en absoluto, César Contreras, miembro del equipo de defensa del Centro Prodh, denunció que estos errores “son inaceptables y generan angustia y confusión entre las familias”, subrayando además su efecto revictimizante.
Contreras sugirió que estos errores podrían ser parte de una estrategia destinada a minimizar artificialmente la cantidad de personas desaparecidas en México.
Los datos oficiales de la CNB indican que el Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas contaba con más de 110 mil casos hasta agosto de 2023, pero tras una revisión exhaustiva, solo se confirmaron 12 mil 377 casos, con 16 mil 681 personas reportadas como localizadas.
El Centro Prodh aconseja a las familias afectadas solicitar oficialmente a la titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, las correcciones pertinentes respecto a los datos de sus seres queridos, con el fin de contar con pruebas documentadas de los errores detectados.
Para facilitar este proceso, el Centro Prodh ha puesto a disposición tres formatos que pueden ser utilizados en casos donde la persona desaparecida no esté registrada, aparezca como localizada o tenga información incorrecta. Estos documentos pueden ser enviados por correo electrónico a la titular de la CNB o entregados en persona en las oficinas de la comisión.
Para obtener más información o solicitar los formatos, se puede contactar al Centro Prodh escribiendo a educacion@centroprodh.org.mx o llamando al 55 5566 5179.
