Etiqueta: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.

En una sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa presentaron una propuesta para hacer públicas las sesiones privadas de dicha Sala. Sin embargo, tres ministros, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, se opusieron a la iniciativa.

Ante esta discrepancia, las ministras expresaron su intención de llevar el tema al Pleno de la Corte, argumentando que no existe base legal para mantener en secreto las discusiones de los asuntos en la Sala.

Las sesiones privadas son reuniones previas a las sesiones públicas de las Salas de la Corte, donde los ministros exponen sus razones de voto y debaten los argumentos a favor y en contra de cada proyecto presentado. Tradicionalmente, después de estas sesiones privadas, se lleva a cabo una sesión pública en la que los ministros simplemente declaran su voto, sin profundizar en sus argumentos.

Batres Guadarrama y Esquivel Mossa hicieron hincapié en que la Constitución establece claramente que todas las sesiones de la SCJN deben ser públicas, excepto en casos excepcionales que requieran secrecía por razones de moral o interés público, según el artículo 94 constitucional. Una disposición similar se encuentra en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.