SCJN busca establecer mecanismos de sanción para ministros en retiro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en un vacío normativo con respecto a la investigación y sanción de ministros en retiro, como es el caso de Arturo Zaldívar. En respuesta a esta situación, el ministro Juan Luis González Alcántara ha elaborado un proyecto que propone la implementación de mecanismos para imponer sanciones administrativas a los exmagistrados que alguna vez formaron parte del máximo tribunal del país.

Funcionarios del alto tribunal indicaron que este proyecto, solicitado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, busca establecer un precedente para sancionar a los ministros sin recurrir al juicio político, una medida que actualmente solo puede aplicarse a los ministros en activo según lo estipulado por la Constitución.

En caso de ser aprobado por mayoría, este proyecto crearía un marco legal que no excedería los límites constitucionales al no permitir el juicio político contra ministros en activo. Además, serviría como un medio para ejercer presión sobre aquellos que no estén alineados con las corrientes mayoritarias de la SCJN.

Los miembros de la Corte consultados revelaron que González Alcántara presentará el documento al pleno para su aprobación por mayoría, estableciendo los términos para iniciar investigaciones que podrían resultar en sanciones administrativas. Actualmente, el órgano encargado de investigar estas faltas no posee facultades específicas para los exministros.

Por otro lado, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, regulada en el Reglamento Interior en Materia de Administración de la Corte, tiene la facultad de coordinar, revisar y proponer proyectos normativos para garantizar que la contraloría cumpla con sus atribuciones.

En cuanto a la denuncia anónima que originó la investigación contra Zaldívar, se considera un caso excepcional dado que ya es ministro en retiro. En este contexto, la dirección de responsabilidades administrativas solo puede regular el proceso de declaración patrimonial de los servidores públicos ante la Corte.

En resumen, la SCJN busca establecer mecanismos para sancionar a los ministros en retiro como parte de un esfuerzo por llenar el vacío normativo existente en este ámbito.

Rescatan SCJN Fondo de Ayuda a Víctimas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución o creación de un fideicomiso con el propósito de atender a las víctimas, reviviendo así el espíritu del extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Esta medida histórica surge tras la desaparición del fondo el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal lo eliminó de la Ley General de Víctimas, redirigiendo los recursos hacia la crisis provocada por la pandemia.

La Primera Sala de la SCJN, por unanimidad, aprobó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo que los recursos asignados a este fideicomiso no pueden ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La decisión de la Corte surge tras otorgar un amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar, quienes argumentaron que la extinción del fondo resultó en la falta de pago de indemnizaciones como reparación del daño, evidenciando el incumplimiento de las obligaciones estatales hacia las víctimas.

El presupuesto destinado a la atención de víctimas incluye el pago de indemnizaciones, gastos médicos, traslados, funerales y atención psicológica. Sin embargo, la asignación presupuestaria para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se identificó como insuficiente por parte de Fundar, lo que demuestra la necesidad de asegurar recursos adecuados para cumplir con las obligaciones hacia las víctimas.

Esta decisión de la SCJN ha sido recibida con satisfacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Fundar y el Centro Prodh, quienes destacan el compromiso del Poder Judicial en abordar la crisis de derechos humanos en el país.

La SCJN aprueba divulgación de contratos de energía eléctrica en Baja California

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado luz verde a la divulgación de los contratos celebrados con 28 empresas y los precios de adquisición de energía eléctrica para el estado de Baja California en el año 2022.

Este fallo del máximo tribunal ha rechazado los argumentos que sostenían que revelar estos acuerdos comerciales podría comprometer la seguridad nacional y conducir a prácticas colusorias que aumenten los costos de energía, especialmente en situaciones de emergencia.

Con una votación de ocho contra tres, se rechazó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, argumentando que los fundamentos presentados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJPEF) eran insuficientes y no se proporcionaron pruebas concretas del posible daño a la industria eléctrica nacional debido a la divulgación de precios de contratos de 2022.

El ministro Juan Luis González Alcántara afirmó que no existen pruebas que sugieran que la divulgación de estos contratos y precios pueda provocar aumentos desproporcionados en las cotizaciones o impactar negativamente en la confiabilidad del sistema eléctrico, lo que sería un riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra de restringir la entrega de datos según lo ordenado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en relación con la información del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Señaló que los problemas de competencia económica y posibles actos de corrupción son asuntos ajenos al INAI.

El proyecto de Ortiz Ahlf contaba con el respaldo de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmin Esquivel Mossa. Batres destacó la importancia de un sistema eléctrico nacional seguro y eficiente, mientras que Esquivel Mossa advirtió sobre los riesgos para la seguridad nacional asociados con la divulgación de estos contratos y precios.

Tras la decisión del Pleno de la Corte, la ministra Ortiz Ahlf indicó que los contratos y precios divulgados responden a protocolos correctivos de emergencia para evitar cortes de suministro eléctrico en Baja California, una situación recurrente que debe abordarse con transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades.

El fallo de la SCJN refuerza el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto de la Constitución mexicana, destacando la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos energéticos del país y garantizando que los ciudadanos tengan acceso a información relevante para el bienestar colectivo.