La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán confirmó la detención de Rafael Echazarreta Torres, dirigente del PRI en Mérida, señalado por su posible implicación en un caso de fraude relacionado con operaciones comerciales de alto valor económico. El arresto fue realizado por agentes de la policía de investigación, tras la emisión de una orden judicial.
El político, de 46 años y originario de la Ciudad de México, fue detenido en cumplimiento de un mandato judicial dictado por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado. La detención está vinculada a hechos que habrían ocurrido durante los años 2023 y 2024, de acuerdo con la información compartida por las autoridades estatales.
En el comunicado oficial se detalló que Rafael Echazarreta será presentado ante el juez que giró la orden de aprehensión, cumpliendo con los protocolos legales correspondientes. El proceso judicial ya ha comenzado a generar reacciones entre las filas del Partido Revolucionario Institucional.
La dirigencia estatal del PRI expresó su rechazo ante la detención, calificando el hecho como un acto de represalia política. En un posicionamiento emitido tras conocerse la noticia, el partido lamentó que el gobierno de Yucatán recurra a lo que consideran “venganza” contra quienes han sido críticos de su gestión y han señalado presuntas irregularidades.
Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, emitió un comunicado en el que aseguró que la detención confirma una estrategia de desprestigio que, según sus palabras, ya había sido anticipada meses atrás. El líder priista enfatizó que el delito que se imputa a Echazarreta no amerita prisión preventiva oficiosa y exigió que se respete el Estado de Derecho para garantizar un juicio justo y con apego a las garantías procesales.
El partido indicó que se mantendrá atento al desarrollo legal del caso, exigiendo que se respeten los derechos humanos del dirigente y que se le brinde un proceso transparente. En su mensaje, reiteraron su respaldo a Echazarreta y advirtieron sobre lo que consideran una persecución política disfrazada de acción judicial.
La noticia ha generado un fuerte eco en el ambiente político local, intensificando la tensión entre las instituciones del estado y los partidos de oposición. El proceso judicial continuará su curso en los próximos días mientras se definen las condiciones legales bajo las cuales Rafael Echazarreta enfrentará la acusación.
