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La bancada de Morena llega dividida a la votación de este domingo en la Cámara de Diputados para elegir a la nueva presidencia de la Mesa Directiva, mientras crece la tensión por el veto a figuras del PAN y el riesgo de un posible bloqueo legislativo.

Tras una discusión de más de tres horas, los legisladores de Morena aceptaron por mayoría que el Partido Acción Nacional (PAN) ocupe la presidencia de la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, el ala dura del partido guinda vetó a seis diputados panistas, encabezados por Kenia López Rabadán, propuesta rechazada por Dolores Padierna bajo el argumento de evitar “que ofenda a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

La lista de vetados también incluyó al actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien había sido considerado para permanecer como vicepresidente en la Mesa Directiva de Morena. Según relataron diputados, la dirigencia nacional del partido pidió directamente a Padierna y a otros inconformes, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, que Gutiérrez Luna quedara fuera de cualquier cargo en la nueva mesa.

Al cierre de la plenaria, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que “la bancada está muy sensata”, después de escuchar a más de 60 oradores que defendieron y cuestionaron la entrega de la presidencia al PAN. Explicó que el acuerdo consiste en respetar al blanquiazul, pero todavía no hay definición sobre la persona que encabezará la mesa: “El acuerdo es respetar al PAN en la Mesa Directiva, pero la persona que encabece, o la persona que se proponga es lo que estamos revisando, en una amigable relación”.

Durante las negociaciones, Monreal sostuvo encuentros individuales con más de 100 diputados de Morena en el Auditorio Aurora Jiménez, acompañado del coordinador de operación política, Pedro Haces Barba. Por su parte, el coordinador panista, José Elías Lixa, consultó con el dirigente nacional Jorge Romero, quien respaldó la postulación de López Rabadán, al recordar que ya había ocupado la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

“Para evitar confusiones, sostengo personalmente que se debe respetar la ley, y en este sentido sostengo que la presidencia debe quedar en manos del PAN, como segunda fuerza”, afirmó Lixa.

Monreal adelantó que todavía faltan acuerdos para lograr la mayoría calificada que garantice la elección, al advertir que la indefinición podría extenderse. “No se ha definido, todavía no hay la definición sobre la presidencia de la mesa directiva, será mañana un día pesado también”, comentó.

El líder morenista recordó además que la ley no contempla una salida clara si, después de cinco días, no se alcanza la votación de dos terceras partes del pleno. En ese escenario, advirtió, podría detonarse una crisis constitucional: “Después de ese día, todo lo que apruebe la Cámara de Diputados no tendrá validez”.

En un nuevo intento por regular el consumo de bebidas energizantes en México, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para prohibir su venta a menores de edad. La propuesta contempla sanciones que, en casos graves, podrían superar 1 millón 357 mil pesos.

El planteamiento busca modificar la Ley General de Salud mediante la adición de los artículos 215 y 216, estableciendo definiciones claras y restricciones precisas. En primer término, se propone que una bebida energizante sea considerada como toda bebida no alcohólica que contenga combinaciones de sustancias como glucuronolactona, taurina, cafeína, guaraná, extractos de azúcar, acidulantes u otros ingredientes estimulantes, con el fin de aumentar la energía física o mental.

La iniciativa establece que estará prohibida la venta, distribución o suministro de estos productos a menores de 18 años. Asimismo, los comercios que expendan bebidas alcohólicas al copeo deberán abstenerse de ofrecer energizantes de manera conjunta o alternada con alcohol.

En el apartado de etiquetado, la propuesta es clara: los envases deberán mostrar, con un tamaño de letra superior al de la lista de ingredientes, las siguientes advertencias: “Venta prohibida a menores de 18 años”; “No mezclar ni consumir con bebidas alcohólicas”; “No se recomienda su consumo para mujeres embarazadas o en lactancia, ni para personas sensibles a la cafeína o con problemas de tensión nerviosa”; y “No se recomienda su consumo con fines deportivos o de actividad física intensa”.

En cuanto a sanciones, la propuesta detalla que el incumplimiento en la restricción de venta o consumo a menores podrá implicar multas de hasta 226 mil 280 pesos. En el caso de no cumplir con el etiquetado establecido, las sanciones se elevarían hasta 1 millón 357 mil 680 pesos.

La diputada subrayó que la iniciativa también prohíbe explícitamente el consumo simultáneo o alternado de bebidas energizantes y alcohólicas en establecimientos, con el objetivo de reducir riesgos a la salud asociados a la combinación de estimulantes con alcohol.

Este proyecto se suma a la propuesta presentada el 9 de julio por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que igualmente plantea restringir la venta, distribución y suministro de bebidas energéticas a menores de edad.

De aprobarse, la medida representaría un cambio sustancial en la regulación de estos productos en México, con el fin de proteger la salud de la población joven y establecer controles más estrictos para su comercialización y etiquetado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado 3 de agosto la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una instancia que será encabezada por el economista y exlegislador Pablo Gómez Álvarez. El objetivo central de esta nueva comisión es realizar un diagnóstico profundo del sistema electoral mexicano y diseñar una propuesta de reforma legislativa acorde a los desafíos actuales del país.

La decisión fue comunicada a través de una tarjeta informativa emitida por Presidencia, en la que se detalla que la comisión analizará de manera integral el modelo actual de representación política, así como los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de impulsar una reforma que atienda los problemas estructurales del sistema de partidos y fortalezca la democracia representativa.

Con esta designación, Pablo Gómez concluyó su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo en el que había sido ratificado el 3 de octubre de 2023. Su experiencia legislativa y técnica ha sido clave en procesos de transformación política previos, incluida la promoción de reformas electorales durante su paso por el Congreso.

De acuerdo con la Presidencia, en los próximos días se dará a conocer la integración completa de la Comisión, que trabajará de manera conjunta con legisladores, académicos, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos para diseñar una propuesta legislativa que será discutida en el Congreso de la Unión.

Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el debate formal de esta reforma iniciará a partir del 1 de septiembre, fecha de arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Pablo Gómez, egresado de la UNAM, ha sido diputado federal en cuatro ocasiones y senador de la República, además de activista desde su juventud, cuando participó en el movimiento estudiantil de 1968. A lo largo de su trayectoria ha sido autor y coautor de diversos libros, además de colaborador en medios nacionales.

En 2022, mientras encabezaba la UIF, Gómez Álvarez ya había anticipado que una eventual reforma electoral debería enfocarse en cerrar el paso a la injerencia del crimen organizado en las elecciones, proponiendo modelos de proporcionalidad pura y mecanismos de listas abiertas que permitan una mayor transparencia en la selección de candidatos.

El anuncio marca el inicio formal de un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema electoral mexicano, con la intención de modernizar las reglas del juego democrático e incorporar garantías para una representación ciudadana más efectiva y menos vulnerable a intereses externos.

El próximo lunes inicia un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados que estará enfocado en desahogar una intensa agenda legislativa encabezada por cinco reformas prioritarias, según lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a los 253 integrantes de su bancada. El periodo se desarrollará del 23 de junio al 2 de julio, en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las reformas prioritarias identificadas por el legislador son: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la transferencia de funciones del Coneval al Inegi, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro.

Estas iniciativas no incluyen cambios a la Ley de Telecomunicaciones, aunque Monreal reconoció que podrían añadirse otros temas si la Comisión Permanente lo autoriza mediante la modificación del decreto de convocatoria original.

El mensaje, compartido a través de WhatsApp por Pedro Haces Barba, encargado de operación política del grupo parlamentario, también informó sobre la logística de la jornada: se prevé una reunión previa a las 14:00 horas del mismo lunes en el auditorio Aurora Jiménez, antes de la instalación oficial del periodo extraordinario a las 16:00 horas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, Monreal explicó que entre 22 y 27 dictámenes serán puestos a discusión y votación. De estos, 12 estarían directamente ligados a las cinco reformas prioritarias, ya que la nueva Ley de la Guardia Nacional incluye ocho dictámenes por separado.

Además, en la lista que también abarca iniciativas del Senado, destacan otras reformas enfocadas en diversos temas. Algunas de estas son: eliminación de trámites burocráticos, reconocimiento de derechos de las mujeres, regulación en el sector ferroviario, protección de la totoaba y delfines, y conservación de vida silvestre.

Otros dictámenes pendientes abordan áreas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y acuerdos internacionales.

De concretarse la inclusión de todas las iniciativas mencionadas, el número total de dictámenes a tratar podría alcanzar hasta 37. Monreal subrayó que la Comisión Permanente, que sesiona este viernes, tendría la facultad de modificar la convocatoria inicial para dar cabida a esos temas adicionales dentro del periodo extraordinario.

En una maratónica sesión extraordinaria, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la polémica Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La velocidad del proceso encendió alarmas entre legisladores de oposición, quienes acusaron falta de transparencia y riesgo para los datos personales de la ciudadanía.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, advirtió que esta nueva legislación contempla la integración de datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP), una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia de seguridad y combate a la desaparición de personas. “No solamente nos estamos adelantando al incluir ya esta figura en una ley que no ha sido autorizada, sino que también nos abre la preocupación a la utilización de los datos personales”, subrayó Téllez.

La nueva plataforma LlaveMX, diseñada para funcionar como sistema único de autentificación, dependerá de la CURP biométrica para acreditar la identidad de los ciudadanos. A pesar de los beneficios prometidos, como la reducción de tiempos y trámites, la centralización de datos sensibles encendió alertas entre legisladores que ven en esta iniciativa riesgos de control y censura.

“El proceso para dictaminar en comisiones se establece en el numeral 3 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados y no se cumplió”, señaló la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes, quien detalló que el dictamen fue circulado apenas unas horas antes de su discusión, contraviniendo los plazos legales.

Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar expresó su preocupación por la exigencia de rehacer el trámite de la CURP con datos biométricos. “Hay manos de segundo nivel, de tercer nivel, que hacen mal uso de esta situación y que nos han demostrado una y otra vez el saqueo de datos”, alertó el priista.

El presidente de la comisión, Ricardo Sóstenes Mejía, defendió el proyecto asegurando que la ley busca “reducir las cargas económicas y los obstáculos para el desarrollo”. Además, destacó que la implementación de LlaveMX permitirá acreditar la identidad sin necesidad de múltiples documentos, agilizando los trámites gubernamentales.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la discusión de esta nueva ley continuará en el pleno a partir de las 4:00 de la tarde, en una sesión semipresencial que promete extender el debate sobre el futuro del control digital y los derechos ciudadanos.

La controversia queda servida en un tema que pone en juego la seguridad de los datos personales frente a la modernización de los servicios públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió retirar la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), enviada previamente a la Cámara de Diputados. La medida se tomó poco antes del inicio de un “paro nacional masivo” organizado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes manifestaron su inconformidad con la propuesta.

La solicitud de retiro se realizó conforme al artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El anuncio fue confirmado por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, a través de su cuenta en la red social X.

Los maestros de la CNTE habían planeado movilizaciones, incluyendo una protesta frente a la Cámara de Diputados y una marcha hacia Palacio Nacional. Su oposición a la iniciativa se centraba en cambios propuestos que afectarían sus derechos laborales y de seguridad social.

Entre los puntos clave de la reforma se encontraba la posibilidad de que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) adquiriera, construyera, rehabilitara y rentara viviendas para trabajadores del Estado. Además, la iniciativa planteaba que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se calcularan sobre el salario integrado cuando este superara las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales.

Antes de que se oficializara el retiro de la propuesta, Monreal Ávila aseguró en conferencia de prensa que la reforma no sería aprobada sin antes llegar a acuerdos con los trabajadores de la educación. “Nosotros creemos que no hay justificación para que suspendamos actividades o no nos permitan trabajar”, afirmó.

En caso de que las manifestaciones se prolongaran, el legislador mencionó que se considerarían sedes alternas para continuar con el trabajo legislativo. “Aunque es más incómodo, se tiene que pagar la renta de otros locales, de otros lugares, se improvisa la actividad, pero tenemos que continuar el trabajo en una u otra parte”, explicó.

El retiro de la iniciativa representa una victoria para la CNTE, que ha insistido en la necesidad de diálogo antes de cualquier modificación a la Ley del ISSSTE. Por ahora, las negociaciones entre el gobierno y los maestros seguirán en busca de un acuerdo que garantice sus derechos laborales y de seguridad social.