Nuevo intento de Morena para reducir 50% el financiamiento a partidos

A partir del 1 de septiembre, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una nueva reforma electoral que busca, entre otros puntos clave, recortar en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Esta propuesta, que ya había sido rechazada en 2019, contempla también reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar el sistema de representación proporcional que actualmente incluye a 200 diputados y 32 senadores.

El proyecto, en elaboración por el senador Ricardo Monreal Ávila con base en los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, será enviado desde Palacio Nacional al Congreso de la Unión como parte del paquete de reformas prioritarias de la llamada Cuarta Transformación. 

Sin embargo, Morena enfrenta nuevamente un panorama legislativo complejo. En su primer intento, realizado en la última sesión del periodo ordinario del 12 de diciembre de 2019, los aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) votaron en contra del recorte, alineándose con la oposición. Solo la entonces diputada petista Rosa María Bayardo Cabrera votó a favor, mientras otros integrantes del PT se ausentaron de la sesión.

La diputada Lilia Aguilar Gil, vocera del PT, reiteró su postura basada en la reforma electoral de 2014: “Esto para evitar la intromisión del crimen organizado en las fuerzas políticas y de los poderes fácticos en general, se debe fortalecer a las instituciones públicas que dan acceso al poder”. Aclaró que no puede emitir una posición definitiva hasta conocer el texto oficial de la nueva iniciativa.

Desde el PVEM, el coordinador parlamentario Carlos Puente Salas también se mostró cauteloso. Aunque remarcó la importancia de la equidad en la asignación de recursos y tiempos de medios, señaló que no puede anticipar una postura sin conocer la redacción final. “Es como una carrera de 100 metros, ¿por qué unos arrancan en el metro 40 y otros en el uno? No es parejo”, recordó, citando al entonces vicecoordinador Arturo Escobar en el debate de 2019.

Puente añadió que las prerrogativas no se limitan al dinero, sino también a la difusión en medios, donde existen disparidades significativas. “Podemos coincidir en la reducción si se va a repartir de manera equitativa entre los partidos”, puntualizó.

Durante la votación de 2019, 30 diputados del PT se pronunciaron en contra, incluidos Reginaldo Sandoval, Mary Carmen Bernal Martínez y José Luis Montalvo, además de Alfredo Femat, quien ahora forma parte de la bancada de Morena.

En ese mismo debate, el diputado del PAN, José Elías Lixa, recordó que en 2017 en Yucatán se redujo el financiamiento público en un 50%, pero fue Morena quien presentó una acción de inconstitucionalidad para revertir esa decisión, encabezada entonces por Andrés Manuel López Obrador.

Con este nuevo intento, Morena busca retomar la iniciativa en el arranque del nuevo periodo legislativo. A pesar de las diferencias internas y el escepticismo de sus aliados, el partido gobernante perfila una de sus reformas más emblemáticas en materia electoral para los próximos meses.

Aprueban reforma contra lavado de dinero entre fallas técnicas y alertas

En un ambiente cargado de tensiones técnicas y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La sesión se realizó en medio de fallas en el sistema electrónico de votación, provocadas por una inestabilidad en la conexión a internet desde tempranas horas del día.

Finalmente el resultado arrojó 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Las reformas, previamente avaladas por el Senado, contemplan nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda, que podrá requerir información a cualquier autoridad del país, incluidos órganos autónomos, sobre movimientos financieros considerados sospechosos.

En la misma sesión se dio lectura y votación al primero de tres dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quedando pospuesta la discusión de la minuta de Telecomunicaciones para el siguiente martes. Antes de arrancar el debate, el PAN solicitó que los tres dictámenes fueran turnados a comisiones, en desacuerdo con la dispensa de trámites promovida por Morena. La exigencia fue reiterada durante la sesión por el diputado Federico Döring, quien pidió dejar constancia en el acta del rechazo de su bancada.

Durante el desarrollo de la jornada, las fallas técnicas derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación generaron quejas desde diferentes bancadas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, desde su curul, calificó el momento como una situación atípica. El legislador solicitó a la Mesa Directiva que las inconsistencias del sistema fueran consideradas como justificación válida para aquellos que no lograron registrar su voto, asegurando que todos los diputados del PAN estaban afectados, incluso respaldados con capturas de pantalla.

La presidenta en funciones, Dolores Padierna, reconoció los problemas técnicos y anunció que el área técnica revisaría el caso para determinar cómo proceder ante las fallas.

En el plano legislativo, la reforma aprobada redefine el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), endureciendo la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que los cambios robustecen el marco legal, fortalecen las instituciones implicadas y dotan de mayores capacidades a quienes participan en la detección de operaciones ilícitas.

Las nuevas disposiciones legales amplían el espectro de facultades de la Secretaría de Hacienda, generando reservas entre algunos legisladores. Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada se abstendría de votar, al considerar que la reforma introduce riesgos reales. 

Detalló que el artículo 51 Bis otorga a Hacienda acceso sin restricciones a registros públicos, información fiscal, patrimonial, sindical, de partidos políticos, organismos autónomos y datos biométricos, todo ello sin control judicial ni orden de por medio.

La legisladora advirtió que, aunque se busca prevenir delitos, esto no puede justificar un sistema de vigilancia sin contrapesos, que comprometa la privacidad de millones de personas.

Desde el PRI, Christian Castro Bello subió a tribuna para cuestionar sin obtener respuesta: “¿Cuándo se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”. El diputado concluyó su intervención con una acusación directa, al señalar la protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal afirma que en el 2025 habrá reforma electoral y se discutirá la minuta del Infonavit

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló que el próximo año traerá una agenda legislativa cargada de reformas clave para el país, con temas que impactarán directamente en el ámbito social, laboral y político.

 

En febrero, el Congreso discutirá la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), buscando fortalecer los derechos y beneficios de millones de trabajadores. Monreal detalló que, antes de esa fecha, se lanzará una convocatoria en la última semana de enero para escuchar a autoridades, empresarios y sindicatos, en un ejercicio de diálogo amplio que busca construir un consenso sólido.

 

En el ámbito electoral, Monreal adelantó que en 2025 se planea una reforma de gran alcance. Aunque los detalles específicos aún no se han definido, el coordinador señaló que esta iniciativa tocará varios aspectos fundamentales, incluyendo la posible reducción de recursos destinados a los partidos políticos. “Es una reforma amplia que tocará muchos temas importantes”, afirmó para un medio informativo de noticias.

 

Entre otros asuntos prioritarios, destacó la prohibición del consumo de maíz transgénico, una propuesta que será presentada en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un paquete de iniciativas. Este tema, junto con la legislación sobre concesiones de agua y temas ambientales, marcará el tono de los primeros meses del próximo año.

 

Monreal recordó que las reformas constitucionales enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, y que no se aprobaron, han quedado sin efecto. Esto significa que las iniciativas deberán ser presentadas nuevamente para iniciar el proceso legislativo desde cero.

 

El líder de Morena subrayó que a partir de febrero comenzará un periodo de intenso trabajo legislativo, con más de 40 modificaciones a leyes reglamentarias y nuevas propuestas. Entre los temas más relevantes también están las pensiones dignas, los topes salariales para servidores públicos y la protección ambiental, elementos que, según Monreal, requieren una atención urgente.

 

“Vamos a trabajar para garantizar derechos fundamentales y construir un país más justo. Las reformas serán el pilar del próximo periodo legislativo”, concluyó Monreal.

Tribunal Electoral Respalda Exclusión de Partidos en Elección Judicial del INE

La Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de excluir a los partidos políticos de las sesiones del Consejo General donde se discutan temas sobre la elección de cargos del Poder Judicial, argumentando que es “para evitar efectos no deseados”. Esta medida fue confirmada tras un recurso presentado por el PAN y Movimiento Ciudadano, quienes impugnaron la decisión.

El INE ajustó su reglamento de sesiones para alinearlo con la reforma del Poder Judicial, la cual establece que los partidos no deben participar en las fases de este proceso electoral. El proyecto, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata y aprobado por mayoría de votos, señaló que las impugnaciones eran infundadas, ya que el INE tiene la autoridad para emitir las resoluciones necesarias en la organización de la elección judicial conforme a la reforma.

Según el documento, los argumentos presentados por los partidos son “hipotéticos” y no demuestran que la reforma afecte la participación de las representaciones y consejerías del Poder Legislativo en las elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo, en las cuales sí pueden intervenir y solicitar la inclusión o retiro de puntos en la agenda. Sin embargo, sus facultades están limitadas exclusivamente en lo referente a los procesos de renovación del Poder Judicial de la Federación.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, subrayó que los derechos de los partidos no se ven vulnerados, ya que únicamente se les impide intervenir en las sesiones extraordinarias relacionadas con la elección del Poder Judicial. “El INE actuó conforme a sus facultades reglamentarias y atendió a un mandato constitucional claro, que le otorga la facultad de establecer los acuerdos necesarios para el proceso electoral extraordinario”, explicó Soto, añadiendo que la exclusión de los partidos se debió a este mandato que restringe su participación.

Por otro lado, la magistrada Janine Otálora se mostró en desacuerdo con el proyecto, argumentando que el INE interpretó incorrectamente el artículo transitorio de la reforma al prohibir la presencia de partidos en el Consejo General. Según Otálora, los partidos podrían participar en las discusiones sin incurrir en proselitismo o tomar partido por alguna candidatura.

“La prohibición busca evitar que las intervenciones de los partidos en el Consejo General generen consecuencias no deseadas, según lo dispuesto en la reforma constitucional”, mencionó Otálora. Además, añadió que esta medida se aplica para moderar su influencia en los procesos judiciales, sin afectar la composición del Consejo General ni otros derechos de los partidos como integrantes del mismo.

El INE reforma reglamento para excluir a partidos políticos de elecciones judiciales de 2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado el primer paso en la organización de las elecciones para el Poder Judicial que se llevarán a cabo el domingo 8 de junio de 2025. En cumplimiento con la Reforma Judicial, el INE modificó su Reglamento de Sesiones para excluir a los partidos políticos de la coordinación de dicho proceso electoral.

Con las nuevas disposiciones, en las sesiones relacionadas con las elecciones de cargos judiciales solo podrán intervenir las 10 consejerías electorales y la presidencia del consejo, quienes tendrán tanto voz como voto. También podrá participar una o un Secretario Ejecutivo, con derecho de voz pero sin voto.

Hasta ahora, el Consejo General del INE está formado por estos 11 consejeros con derecho a voto, además de representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo, aunque estos últimos no tienen derecho a votar. Sin embargo, la Reforma Judicial, que entró en vigor el 16 de septiembre, establece que los representantes legislativos y de los partidos políticos no podrán involucrarse en actividades, sesiones o decisiones relacionadas con la elección de cargos judiciales.

Por tal motivo, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad, en una sesión extraordinaria urgente celebrada el 19 de septiembre, los cambios a su reglamento para garantizar que los partidos políticos y legisladores no puedan influir en este proceso. También se determinó que no podrán agregar o retirar temas en el orden del día durante las sesiones relacionadas con la organización de las elecciones judiciales.

La primera sesión de este tipo está programada para el 23 de octubre, donde se discutirá el proceso para la renovación de cargos en el Poder Judicial. En esa sesión no podrán participar los representantes de partidos políticos ni del Poder Legislativo. Este día marcará el inicio de la fase de preparación para las elecciones de junio de 2025, en las que se elegirán a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, y a la mitad de los magistrados de circuito, jueces de distrito y magistradas de circuito.

INE rechaza cambios en el PRI y desata controversia mientras que Moreno acusa por presión política

En una jugada que pocos esperaban, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó los cambios en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permitieron la reelección de su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, hasta 2028. Con una votación cerrada de tres votos en contra y dos a favor, la decisión ha generado un verdadero terremoto político.

 

El problema principal señalado por los consejeros del INE fue el tiempo. Según el consejero Arturo Castillo, los cambios realizados por el PRI llegaron fuera del plazo permitido por la ley. 


“Para efectos estrictamente legales, no se debe admitir una reforma hecha en tiempos expresamente vedados por la ley”, declaró enfático. Y es que, según el INE, el artículo 32 de la Ley General de Partidos Políticos establece plazos claros que no pueden ser ignorados, ni siquiera por un partido con la trayectoria del PRI.

 

El consejero Uuc-kib Espadas también tomó una postura firme, subrayando que los derechos de los partidos no son propiedad de sus líderes. “Estoy convencido de que los derechos de los partidos no son derechos de sus dirigentes, sino del conjunto de la militancia partidista”, afirmó. Esta declaración golpea directo al corazón de la polémica: un dirigente no puede cambiar las reglas del juego a su favor sin consultar primero a su base.

 

Alejandro Moreno, conocido popularmente como “Alito”, no tardó en responder. En conferencia de prensa, acusó al INE de actuar bajo presiones políticas y de buscar influir en las decisiones de los legisladores. 


“Estos temas de presión llegaron, cambiaron ahora el sentido del voto y quieren un dictamen en contra, eso es claro”, expresó Moreno, sugiriendo que todo forma parte de un juego de poder más grande que él mismo.

 

INE Reduce Multas a Partidos Políticos por Más de 440 Millones de Pesos

El Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó 440.3 millones de pesos en multas a los partidos políticos por irregularidades en el manejo de fondos de campañas. Morena, siendo el partido más sancionado, también resultó el más beneficiado.

Las votaciones divididas y prolongadas discusiones en el Consejo General el lunes por la noche resultaron en una reducción significativa de las multas inicialmente previstas. Según documentos obtenidos por MILENIO, el monto total de las sanciones se redujo de 1,420.6 millones de pesos a 980.2 millones de pesos para los siete partidos nacionales. Las multas para los partidos locales y las candidaturas independientes también se redujeron en 37.3 y 23.6 millones de pesos, respectivamente.

El monto global de las multas, originalmente proyectado en 1,564.8 millones de pesos, se ajustó a 1,087.2 millones de pesos, una cifra menor a las sanciones impuestas en las elecciones intermedias de 1,207 millones de pesos. Las reducciones fueron justificadas por cambios en los criterios de fiscalización, disminuyendo los castigos por gastos no reportados y no comprobados.

Morena recibió un descuento de 218.2 millones de pesos, quedando con una multa de 174.4 millones. Movimiento Ciudadano, el segundo más multado, vio una reducción de 108.2 millones, pagando 136.8 millones. El PRI, PVEM, PAN y PRD también obtuvieron significativos descuentos en sus sanciones.

El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, defendió la flexibilidad en los criterios, argumentando que busca inhibir futuras irregularidades sin perjudicar la existencia de los partidos. Aquellos partidos que deseen impugnar las decisiones del INE pueden acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, 61 proyectos adicionales, incluyendo una investigación en la alcaldía Cuauhtémoc, quedaron pendientes para análisis.

Descuentos Totales por Partido

  • Morena: 174 millones 450 mil 367.79 (original: 392 millones 663 mil 586.21)
  • Movimiento Ciudadano: 136 millones 814 mil 51.73 (original: 245 millones 50 mil 978.90)
  • PRI: 83 millones 924 mil 357.17 (original: 196 millones 896 mil 699.54)
  • PVEM: 97 millones 890 mil 607.20 (original: 200 millones 951 mil 832.80)
  • PAN: 77 millones 976 mil 912.89 (original: 168 millones 175 mil 820.08)
  • PRD: 40 millones 897 mil 623.54 (original: 83 millones 365 mil 999.41)
  • PT: 91 millones 362 mil 420.37 (original: 133 millones 495 mil 584.38)
  • Partidos Locales: 105 millones 737 mil 629.72 (original: 143 millones 54 mil 17.35)
  • Independientes: un millón 180 mil 373.04 (original: un millón 204 mil 41.30)
  • Coalición Sigamos Haciendo Historia: 184 millones 329 mil 925.43
  • Coalición Fuerza y Corazón por México: 92 millones 602 mil 471.93

INE anticipa recuento del 60% de casillas como garantía de transparencia y legalidad

INE anticipa recuento del 60% de casillas como garantía de transparencia y legalidad

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé que al menos el 60% de las más de 170,000 casillas instaladas en las elecciones de 2024 serán objeto de un recuento “voto por voto”. Esta medida, determinada por las leyes electorales mexicanas, se aplica cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 1%, cuando el número de votos nulos supera dicha diferencia, o en caso de errores en la transcripción de las actas.

Martín Faz, consejero presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, explicó que esta noche los 300 consejos distritales determinarán el número final de casillas a recontar. La información se presentará mañana en una sesión del Consejo General del INE. Faz destacó que este proceso no debe ser visto como una alarma, recordando que en las elecciones de 2018 se recontaron el 75% de las casillas, a pesar de una amplia diferencia en los resultados.


“Estamos calculando que quizá vaya a haber una cifra superior al 60 por ciento de recuento por diferentes causales”, comentó Faz, subrayando que las reuniones previas con los partidos políticos definirán las casillas sujetas a recuento.

Las principales causas para el recuento son:


  • Número de votos nulos superior a la diferencia entre el primer y segundo lugar.
  • Errores de transcripción entre el cartel final de la elección y las actas.
  • Discrepancias entre los números escritos con letra y los números numéricos en las actas.

Faz enfatizó la importancia de los cómputos distritales, que comienzan este miércoles, para resolver cualquier inconsistencia. “A partir de mañana, en los cómputos distritales, todas esas pequeñas inconsistencias se pueden resolver”, afirmó.


El consejero Faz reconoció que errores humanos pueden ocurrir, especialmente debido al cansancio de los funcionarios que cuentan los votos. Sin embargo, subrayó que la ley prevé mecanismos para corregir estos errores y asegurar la validez de los resultados. Los recuentos voto por voto son una herramienta esencial para mantener la integridad y transparencia del proceso electoral.


“Como ha ocurrido en todas las elecciones, inconsistencias siempre existen en los procesos electorales, pero tienen que ver con errores humanos del funcionariado”, explicó Faz, destacando que los cómputos distritales son el medio para resolver estas discrepancias.


Todos los partidos políticos recibirán hoy copias de las actas de las casillas y podrán compararlas con las actas en su posesión. Podrán solicitar recuentos adicionales si detectan inconsistencias. Este proceso de verificación es crucial para asegurar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de los votantes.


Faz hizo un llamado a la mesura, recordando que los recuentos son una práctica normal prevista por la ley. Reiteró que los resultados finales y definitivos se basarán en las actas originales verificadas durante los cómputos distritales, no en los carteles informativos pegados fuera de las casillas.


“Los carteles que están pegados afuera de las casillas no tienen ningún valor legal, son meramente informativos. Si se cometió un error en la transcripción, está bien que se señale, pero lo que cuenta son las actas originales”, concluyó Faz.


El INE reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad en el proceso electoral de 2024. Con un recuento de al menos el 60% de las casillas, se asegura que cada voto sea contado y validado correctamente, garantizando la confianza del electorado en los resultados finales. La colaboración de los partidos políticos y la supervisión detallada de las actas son elementos clave para mantener la integridad del proceso democrático en México.

Cuestiones de Política 

Directorio

El INE Impone Multas por Irregularidades en Precampañas

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció este viernes que ha sancionado a varios partidos políticos con multas que suman un total de 105 millones de pesos debido a irregularidades detectadas durante las precampañas.

Morena encabeza la lista de sanciones, con una multa que asciende a 60 millones 589 mil pesos, de los cuales 37 millones corresponden a nivel nacional y 22.6 millones a nivel local. El Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, aliados de Morena, también fueron multados con 3 millones 742 mil pesos y 4 millones 687 mil pesos, respectivamente, sumando juntos el 4% del total de sanciones.

Movimiento Ciudadano fue otro de los partidos más penalizados, con un total de 14 millones 719 mil pesos en multas. En el bloque opositor, el Partido Acción Nacional (PAN) recibió sanciones por 7 millones 958 mil pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 4 millones 521 mil pesos, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por 3.7 millones de pesos.

Además, el INE impuso multas a partidos locales por un total de 4 millones 662 mil pesos y a los aspirantes a cargos de elección popular por 774 mil 677 pesos, como resultado de diversas irregularidades en las precampañas.

INE Impone Sanciones por Irregularidades en Financiamiento Electoral

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado la imposición de sanciones que superan los 22 millones de pesos debido a irregularidades detectadas en la revisión de los informes financieros durante el proceso electoral local y concurrente 2023-2024 en varios estados del país.

Durante este periodo electoral en estados como Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas, se presentaron un total de mil 783 informes de ingresos y gastos. De estos, mil 684 correspondieron a precampañas y 99 a la etapa de obtención de apoyo ciudadano.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) identificó 23 conductas sancionables por parte de los partidos políticos, entre las que se destacan la falta de reporte de eventos, la presentación extemporánea de informes, así como obstaculización y actos de violencia contra funcionarios de la UTF. En el caso de los aspirantes a candidaturas independientes, las irregularidades más comunes incluyeron el reporte tardío de operaciones y la inscripción extemporánea de eventos en la agenda.

Las sanciones propuestas para los partidos políticos ascienden a 21 millones 857 mil 504 pesos, mientras que para los aspirantes se estipula una multa total de 342 mil 26 pesos, además de 14 amonestaciones públicas.

Durante las discusiones, las consejerías expresaron su reconocimiento al trabajo realizado por la UTF en la fiscalización de los procesos electorales locales, al mismo tiempo que condenaron las amenazas, obstrucciones y actos de violencia contra los funcionarios en el terreno.