La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que impugnarán la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió propaganda gubernamental durante las campañas pasadas, afectando los principios de imparcialidad y equidad en tres de sus conferencias matutinas.

Durante una reunión del gabinete de seguridad, que por primera vez fue abierta a los medios de comunicación, Alcalde informó que junto con la Consejería Jurídica están preparando la impugnación. La funcionaria explicó que la Sala Especializada del TEPJF resolvió que el presidente, el titular del Cepropie y otros servidores públicos de Comunicación Social de Presidencia vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en las mañaneras del 20, 21 y 24 de mayo, al referirse a temas de infraestructura en salud, minería y reducción de la pobreza, exaltando logros de la actual administración en un periodo inapropiado para la difusión de estos temas.

Alcalde señaló que, según la autoridad electoral, no hubo beneficio indebido para la entonces candidata Claudia Sheinbaum ni para los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).

En otro asunto, la secretaria informó que el jueves, en comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobaron las primeras cuatro reformas del paquete de 20 presentadas por el Ejecutivo el 5 de febrero. Entre estas reformas están la relacionada con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mejoras en materia de vivienda, incrementos salariales por encima de la inflación y la elevación a rango constitucional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La consejera jurídica, María Estela Ríos, destacó la importancia del avance en comisiones de la reforma que eleva a rango constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión igual a su último salario. Ríos recordó que una minoría de legisladores había interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, pero al elevarse a categoría constitucional, dicha acción quedaría sin efecto.

Alcalde mencionó que el 9 de agosto se discutirán las iniciativas sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como el acceso prioritario al agua para consumo humano y doméstico. El 13 de agosto están programadas las iniciativas sobre prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, extorsión y fentanilo. Para el 14 de agosto, se discutirán las relacionadas con la industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado; el 15 de agosto, la de la Guardia Nacional; y finalmente, el 22 de agosto, la del Poder Judicial.

Se espera que estas iniciativas sean aprobadas por el pleno de la próxima Legislatura y, de ser así, pasen al Senado.

La oposición dio su aprobación a un primer conjunto de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las últimas de su sexenio, destinadas a elevar a rango constitucional los programas sociales y mejorar las condiciones de los trabajadores en pensiones, salarios y vivienda. Anoche, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó estos cuatro dictámenes con el voto favorable de los partidos opositores, aunque rechazaron todas las reservas propuestas por los diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) que buscaban perfeccionar el marco legal.

Estos cuatro dictámenes fueron remitidos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, avanzando así las primeras cuatro de un total de 18 iniciativas de reformas constitucionales, además de dos cambios a leyes secundarias, presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero. Aunque el voto favorable fue casi unánime, se anticipa que no será el mismo para las iniciativas más controvertidas, como la extinción de organismos autónomos o la reforma judicial, que aún están pendientes. Estas propuestas serán discutidas por la 66ª Legislatura que inicia en septiembre, con una posible mayoría calificada de Morena y sus aliados, en el último mes del mandato de López Obrador.

La propuesta original presentada en febrero por el presidente incluía la creación de un fondo para que el gobierno pudiera complementar las pensiones y asegurar que los trabajadores se retiraran con el 100% de su salario, siempre y cuando no superaran los 16,777 pesos, el salario promedio registrado en el IMSS. Este beneficio sería para los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar desde el 1 de julio de 1997 en el IMSS y aquellos en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Aunque Morena y sus aliados no tienen actualmente la mayoría necesaria para reformar la Constitución, en abril aprobaron estos cambios vía legislación secundaria. Ahora, el dictamen busca confirmar estos cambios legales y elevarlos a nivel constitucional con 38 votos de integrantes de Morena, sus aliados y opositores en la Comisión. A propuesta del morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, se modificó el carácter de la pensión, especificando que será por vejez, no por retiro.

Otro cambio significativo fue la eliminación del artículo tercero transitorio, que indicaba las fuentes de financiamiento, y el quinto, que establecía las reglas para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya que estos puntos fueron incluidos en la ley reformada en abril.

Además, se aprobó con 38 votos la reforma del artículo 123 de la Constitución, estableciendo que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o su revisión, “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”. También se indicó que los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual no inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

Otra reforma aprobada fue la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores. Se rechazaron las reservas presentadas por la diputada Susana Prieto, quien propuso que los salarios mínimos quedaran exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por el priísta Rubén Moreira, quien pidió ampliar los beneficiarios incluyendo a maestros de educación inicial, preescolar, primaria y rurales.

Además, se incluyó en el segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un apoyo mensual equivalente al salario mínimo a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años para que se capaciten para el trabajo por un año. La reforma fue aprobada con 37 votos a favor y una abstención, rechazando las reservas del PAN y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, se avaló la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores y se estableció que toda empresa estará obligada a proporcionar viviendas cómodas e higiénicas y a realizar aportaciones a un Fondo Nacional de Vivienda. Este fondo permitirá a los trabajadores obtener créditos para la adquisición o mejora de viviendas y podrá invertir en la construcción de viviendas para su adquisición o arrendamiento.