La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de 37 personas privadas de la libertad a Estados Unidos, señaladas por su vinculación con organizaciones criminales, fue una decisión soberana del Estado mexicano y negó que la medida haya sido acordada durante la llamada telefónica que sostuvo la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump. La mandataria rechazó que la entrega respondiera a presiones externas o a un intento de favorecer la relación con Washington.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que el traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero subrayó que la determinación final se tomó tras un análisis interno en el Consejo Nacional de Seguridad. Señaló que, en este tipo de decisiones, el criterio principal es la conveniencia para México y la protección de la seguridad nacional y pública.
“Fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es muy importante aclarar que la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México”,expresó la presidenta. Añadió que, aunque existan solicitudes del gobierno estadounidense, la evaluación se realiza con base en los intereses del país.
El anuncio del traslado se dio a conocer el martes por parte del gobierno federal, que informó que los 37 reos provenían de distintos centros penitenciarios del país y eran considerados una “amenaza real para la seguridad”. De acuerdo con la información oficial, las personas entregadas eran requeridas por las autoridades estadounidenses debido a sus vínculos con organizaciones criminales de alto impacto.
Entre los trasladados se encontraban presuntos líderes regionales del Cártel del Noroeste, del grupo de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sheinbaum indicó que la medida respondió a criterios estrictos de seguridad nacional y seguridad pública, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la protección del país.
La presidenta insistió en que la entrega no obedeció a presiones ni a una intención de “quedar bien” con Estados Unidos. “Es una decisión soberana. Y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía”, afirmó ante los medios.
Sheinbaum detalló que cada uno de los 37 casos fue revisado de manera individual antes de autorizar el traslado. Explicó que, una vez concluido el análisis y tomada la decisión correspondiente, se procedió al envío a territorio estadounidense. Precisó además que la mayoría de las personas trasladadas eran consideradas extraditables conforme a los marcos legales vigentes.
Esta acción representó la tercera entrega de este tipo durante la actual administración, que inició en octubre de 2024. Las dos anteriores se realizaron en 2025, en un contexto marcado por señalamientos del presidente Donald Trump, quien ha sostenido que México no hace lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico. El gobierno mexicano reiteró que estas decisiones se toman bajo criterios propios y con base en evaluaciones de seguridad nacional.
