Gobernadores piden a la SCJN no eliminar la prisión preventiva oficiosa

Los 32 gobernadores de México, incluyendo mandatarios de Morena y sus aliados, así como del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando que no se modifique la prisión preventiva oficiosa. La solicitud llega mientras el alto tribunal prepara proyectos para cambiar esta controvertida medida, tras la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México el año pasado, ordenando su eliminación de la Constitución.

Los políticos afirman que la prisión preventiva oficiosa es crucial para la seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la carta durante su conferencia matutina del martes, destacando la importancia de la medida para mantener el orden en el país.

La Conferencia Nacional de Gobernadores presentó la carta bajo la figura de amicus curiae, advirtiendo a la SCJN sobre el “grave impacto” que tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa. La misiva señala que modificar esta medida podría colapsar el sistema judicial, ya que los tribunales federales tendrían que analizar todas las solicitudes de modificación a esta medida cautelar.

En México, la prisión preventiva oficiosa permite encarcelar automáticamente a los acusados de 16 delitos, como feminicidio, secuestro y robo, en la primera fase del proceso judicial. Actualmente, más de 68,000 personas están en prisión preventiva oficiosa, lo que representa un tercio del total de la población carcelaria. La CIDH considera esta medida un encarcelamiento anticipado y una violación a las garantías internacionales.

El escrito de los gobernadores va dirigido al proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa en respuesta a las sentencias de la CIDH. Otros dos proyectos en preparación en la SCJN también buscan abordar esta cuestión: la acción de inconstitucionalidad 49/2021, de la ministra Margarita Ríos Farjat, y el amparo en revisión 284/2022, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La carta de los gobernadores refleja la posición del presidente López Obrador, quien ha hecho de la prisión preventiva oficiosa un pilar de su estrategia de seguridad. Además, la figura ha sido un punto de confrontación con Norma Piña, presidenta de la SCJN. El presidente ha advertido que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría llevar a la impunidad y ha elogiado la postura de los gobernadores por su firmeza.

La Suprema Corte Confirma el Derecho a Compensación Económica en Casos de Tareas del Hogar

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado el derecho tanto de mujeres como de hombres a reclamar una compensación económica al finalizar una relación de matrimonio o concubinato, cuando han dedicado su tiempo principalmente a las labores del hogar y al cuidado de la familia.

La decisión fue tomada tras el análisis de un caso en el que un hombre buscaba una pensión compensatoria y una compensación económica para su exconcubina, fundamentando su aporte en las responsabilidades domésticas y en el cuidado de los hijos durante la convivencia.

A pesar del rechazo inicial de sus demandas, el hombre llevó su caso a un juicio de amparo directo, cuestionando la constitucionalidad de una disposición legal en el Código Civil de Guanajuato.

El Tribunal Colegiado desestimó el amparo, argumentando que la normativa no discriminaba y que ambos géneros podían acceder a la compensación económica si demostraban que las labores del hogar fueron su principal ocupación durante la relación.

La Suprema Corte respaldó esta interpretación, enfatizando que la norma no presupone roles de género, sino que se centra en la desventaja económica de quien se dedicó a las labores no remuneradas del hogar al término de la relación.

Con esta sentencia, la Suprema Corte reitera la igualdad de género en el acceso a la compensación económica tras una relación, basándose en la demostración de dedicación a las responsabilidades del hogar y el cuidado familiar, sin distinción de género.

La resolución, emitida por unanimidad de votos en sesión del 17 de abril de 2024, en el amparo directo en revisión 4316/2023, contó con la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.