En una reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ha aprobado, con 19 votos a favor de Morena y sus aliados y 10 en contra de diputados de oposición, el dictamen que reforma diversas leyes para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar.

Los legisladores oficialistas niegan que esta medida afecte a los trabajadores en activo, argumentando que busca corregir las deficiencias de las reformas de 1997 y 2007, aprobadas por el PRI y el PAN.

Por otro lado, los diputados de la oposición señalan que la reforma presenta inconsistencias y constituye un “robo” contra miles de trabajadores.

Este fideicomiso, que estaría integrado por aproximadamente 40 mil millones de pesos, se nutrirá de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no reclamen sus recursos antes de esa edad.

La diputada de Morena, Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión, explicó que una de las fuentes de ingresos será el dinero de las cuentas inactivas en las Afores, que asciende a unos 40 mil millones de pesos, de los 6 billones de pesos que manejan las administradoras de fondos.

Según Cisneros, el objetivo es mejorar una ley existente para crear un fondo solidario de pensiones que pueda compensar los daños ocasionados por las reformas neoliberales de 1997 y 2007.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, rechazó las acusaciones de que se esté robando el dinero de los trabajadores y afirmó que el fondo busca compensar las distorsiones generadas por el esquema de 1997, que afecta a 45 millones de trabajadores.

Sin embargo, la diputada del PAN, Patricia Terrazas, criticó la reforma, argumentando que no garantiza una pensión al 100% y que debilitaría al ISSSTE, desviando recursos destinados a programas de salud, vivienda, educación y seguridad social.

Ante estas críticas, el priista Tereso Medina propuso realizar un parlamento abierto para aclarar las dudas de los trabajadores antes de aprobar la reforma.

El Coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, hizo un llamado urgente para incrementar el presupuesto destinado al sector salud en México. En una declaración pública, Romero expresó la necesidad apremiante de mejorar la situación actual en el sistema de salud, destacando la escasez crónica de medicamentos que ha afectado a miles de pacientes desde el inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Después de más de cinco años de promesas incumplidas por parte del Gobierno Federal en cuanto a resolver el desabasto de medicamentos, los ciudadanos continúan sufriendo las consecuencias”, señaló Romero. “La falta de medicamentos adecuados tanto en la Megafarmacia como en el IMSS o el ISSSTE evidencia una clara vulneración del derecho a la protección social en salud”.

El político panista destacó que la escasez de recursos y su mala administración están obstaculizando el desarrollo del sistema de salud en el país, lo que repercute directamente en la calidad y accesibilidad de los servicios para la población. Romero cuestionó la prioridad del gobierno actual al destinar recursos a “megaobras” en lugar de resolver los problemas graves que enfrenta el sistema de salud.

En comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto en salud en México es considerablemente bajo y mal distribuido. Mientras que países como Dinamarca destinan una cifra significativamente mayor por persona, México apenas alcanza una décima parte de ese monto.

“El presidente López Obrador prometió un sistema de salud equiparable al de Dinamarca, pero la realidad es que estamos muy lejos de eso”, afirmó Romero. “Es fundamental que se incrementen los recursos destinados a la salud y que se administren de manera eficiente para garantizar el bienestar de todos los mexicanos”.

Faltan pocos días para que empiecen las campañas por la presidencia municipal en Ixtapaluca, un municipio con más de 340 mil votantes, el cual recientemente se ha visto muy afectado por la inseguridad que azota a la ciudadanía; pero además por la falta de obra pública que cada vez es más evidente.

Es por eso que en Facebook se ha desatado una serie de encuestas en donde los vecinos de este municipio están participando muy activamente en las redes, dándole a Luis Arreguín la victoria en varias de ellas.

El es empresario, con una familia de mucho arraigo en este municipio, pero también estuvo trabajando 9 años en la administración municipal, lo que le da la experiencia para sacar a Ixtapaluca del hoyo.

La verdad como ixtapaluquense lo que quiero que pase este 2 de junio, es que gane el mejor preparado y el que realmente ofrezca una opción real para que a todos nos vaya mucho mejor.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictaminado la prohibición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de inmiscuirse en la campaña electoral, ordenándole la eliminación del informe sobre violencia política que emitió a principios de mes. Este informe había sido criticado por dirigirse a la candidata opositora Xóchitl Gálvez y a medios críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según la resolución, dada a conocer por Proceso el pasado martes 26, el TEPJF afirmó que la CNDH carece de competencias en asuntos electorales, advirtiendo que su intervención en el proceso electoral podría generar “juicios paralelos”, causando incertidumbre sobre los procedimientos y autoridades competentes para evaluar conductas irregulares en materia electoral.

La CNDH y su directora, Rosario Piedra Ibarra, han enfrentado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos debido a sus decisiones consideradas complacientes con el gobierno de López Obrador y su utilización política. En este caso, el organismo autónomo invocó el “derecho a la democracia” para justificar la publicación del informe, el cual cuestionaba a la oposición y elogiaba a Claudia Sheinbaum Pardo.

La CNDH tenía la intención de implementar un “escalómetro de violencia política” para monitorear campañas, discursos de candidatos, plataformas, spots, propaganda, eventos, así como noticias y opiniones en medios de comunicación y redes sociales.

Tanto la CNDH como Piedra Ibarra han defendido su participación en las campañas electorales, retratándose como víctimas de un “asedio” por parte del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante el TEPJF.

En una conferencia de prensa celebrada este lunes, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que apostará por capitalizar el descontento generalizado hacia el partido gobernante, Morena, para revertir las encuestas desfavorables frente a su rival, Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones del 2 de junio.

Gálvez destacó que las fuerzas que la respaldan, entre ellas el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), han acordado fortalecer su campaña con una inyección adicional de aproximadamente 180 millones de pesos. Esta medida, según la candidata, es crucial para nivelar la contienda ante su contrincante oficialista.

En su estrategia de contraste con el oficialismo, Gálvez enfatizó que las señales de descontento hacia el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador son cada vez más evidentes, como lo reflejaron las recientes protestas en Campeche, donde se exige la renuncia de la gobernadora Layda Sansores, miembro de Morena. Durante las manifestaciones, se coreó el llamado al “voto de castigo”, señalando directamente la necesidad de destituir a Sansores.

Aunque su mirada se centra en Campeche, Gálvez también identifica otros territorios donde espera un aumento del apoyo opositor, como Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Sonora, y la Ciudad de México, donde la oposición ha obtenido resultados sorpresivos en elecciones anteriores.

La candidata resaltó el presunto “mal trabajo” de Sheinbaum en la capital durante su mandato y subrayó la creciente insatisfacción ciudadana, especialmente en materia de seguridad. Además, mencionó estados como Veracruz y Morelos, donde la inseguridad se perfila como un factor determinante en las elecciones.

Gálvez celebró el incremento en los recursos financieros de su campaña, gracias al aumento de aportaciones por parte del PAN, el PRI y el PRD, aunque aún están lejos del tope de gastos permitidos.

Por último, la candidata anunció la presentación de una denuncia penal contra dos hijos de López Obrador y otras personas vinculadas a ellos, por presuntas irregularidades en la venta de materiales para el proyecto del Tren Maya. Esta acción se suma a una serie de denuncias previas presentadas por Gálvez desde que asumió la candidatura presidencial, como parte de su estrategia para destacar supuestas prácticas de corrupción en el gobierno actual.

En respuesta a la alarmante ola de secuestros en Sinaloa el viernes pasado, donde grupos armados secuestraron a 66 personas, incluyendo niños, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, propuso un llamado a la colaboración internacional para hacer frente a los cárteles de la droga y a la delincuencia organizada.

El líder del partido instó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a redoblar esfuerzos para localizar a las personas que aún permanecen en manos de sus captores. Además, aprovechó la situación para criticar la gestión federal, calificándola de “gobierno fallido”.

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, Cortés acusó a López Obrador de fortalecer a los grupos criminales mediante una política de “abrazos, no balazos”, y por mantener “relaciones cercanas” con ellos, lo que ha permitido una expansión territorial de los cárteles y el establecimiento de un “régimen de terror” en diversas partes del país.

El político subrayó que en caso de que Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN, PRI y PRD, llegue a la Presidencia, su gobierno actuará con toda la fuerza del Estado contra los grupos criminales. Entre las propuestas destacadas se encuentra la creación de una “Policía Federal civil” como alternativa a la Guardia Nacional, actualmente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Según Cortés, el programa de Gálvez contempla la duplicación de policías en estados y municipios de alto riesgo, así como un aumento en los salarios de los uniformados.