PAN lleva acusaciones contra AMLO a tribunal internacional y lo acusa por narcopacto

La disputa política por el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador llegó este domingo a una instancia internacional. El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde busca que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al periodo de gobierno del exmandatario. 

La acción coloca bajo revisión internacional señalamientos relacionados con la crisis de violencia registrada entre 2018 y 2024. En su denuncia, el PAN menciona más de 200 mil homicidios, 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes y desplazamiento de comunidades.

El partido sostiene que esos hechos ocurrieron en un contexto marcado por la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, estrategia que, según expone en el documento entregado al tribunal, permitió el crecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país.

La acusación también incorpora referencias a organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

En su posicionamiento, el PAN afirmó que “El ‘narcopacto’ conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”.

Además, el blanquiazul aseguró que existen elementos que evidencian presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, gobernadas por Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La decisión de acudir a la Corte Penal Internacional, explicó el partido, responde a lo que considera una falta de condiciones para realizar investigaciones independientes dentro del país.

Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes (…) las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, señaló la organización política. Con esta acción, el PAN trasladó sus acusaciones contra el expresidente mexicano al máximo tribunal internacional encargado de analizar posibles crímenes de lesa humanidad.

México y Gambia impulsan histórica convención internacional contra crímenes de lesa humanidad

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó recientemente una resolución histórica impulsada por México y Gambia, respaldada por 99 países, para negociar una convención internacional que prevenga y sancione los crímenes de lesa humanidad. La propuesta, adoptada por la Sexta Comisión de la Asamblea General, representa un avance significativo en el derecho internacional.

El acuerdo contempla la realización de una conferencia de plenipotenciarios en 2028, donde se definirá un marco jurídico global para abordar estos crímenes, considerados entre las peores violaciones a los derechos humanos. El proceso de negociación, que requirió meses de arduo trabajo y consenso global, responde a una recomendación realizada por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) en 2019.

México, en conjunto con Gambia, lideró la iniciativa subrayando la urgencia de combatir la impunidad asociada a los crímenes de lesa humanidad y de crear un sistema judicial internacional más accesible y efectivo. En este contexto, México reafirma su compromiso con el multilateralismo y la justicia internacional, buscando cerrar una brecha de 75 años en el derecho internacional en relación con estos delitos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que la resolución no solo representa un progreso en términos jurídicos, sino que también refuerza la capacidad de las Naciones Unidas para abordar desafíos globales a través de la diplomacia multilateral.

La convención que será negociada incluirá aspectos clave como la responsabilidad penal de los autores de estos crímenes y medidas preventivas a nivel global para evitar su repetición. La conferencia, prevista entre 2028 y 2029, marcará el inicio de un proceso formal que podría redefinir la forma en que la comunidad internacional enfrenta estas graves violaciones.