Etiqueta: Mesa Directiva

En un ambiente cargado de tensiones técnicas y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La sesión se realizó en medio de fallas en el sistema electrónico de votación, provocadas por una inestabilidad en la conexión a internet desde tempranas horas del día.

Finalmente el resultado arrojó 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Las reformas, previamente avaladas por el Senado, contemplan nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda, que podrá requerir información a cualquier autoridad del país, incluidos órganos autónomos, sobre movimientos financieros considerados sospechosos.

En la misma sesión se dio lectura y votación al primero de tres dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quedando pospuesta la discusión de la minuta de Telecomunicaciones para el siguiente martes. Antes de arrancar el debate, el PAN solicitó que los tres dictámenes fueran turnados a comisiones, en desacuerdo con la dispensa de trámites promovida por Morena. La exigencia fue reiterada durante la sesión por el diputado Federico Döring, quien pidió dejar constancia en el acta del rechazo de su bancada.

Durante el desarrollo de la jornada, las fallas técnicas derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación generaron quejas desde diferentes bancadas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, desde su curul, calificó el momento como una situación atípica. El legislador solicitó a la Mesa Directiva que las inconsistencias del sistema fueran consideradas como justificación válida para aquellos que no lograron registrar su voto, asegurando que todos los diputados del PAN estaban afectados, incluso respaldados con capturas de pantalla.

La presidenta en funciones, Dolores Padierna, reconoció los problemas técnicos y anunció que el área técnica revisaría el caso para determinar cómo proceder ante las fallas.

En el plano legislativo, la reforma aprobada redefine el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), endureciendo la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que los cambios robustecen el marco legal, fortalecen las instituciones implicadas y dotan de mayores capacidades a quienes participan en la detección de operaciones ilícitas.

Las nuevas disposiciones legales amplían el espectro de facultades de la Secretaría de Hacienda, generando reservas entre algunos legisladores. Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada se abstendría de votar, al considerar que la reforma introduce riesgos reales. 

Detalló que el artículo 51 Bis otorga a Hacienda acceso sin restricciones a registros públicos, información fiscal, patrimonial, sindical, de partidos políticos, organismos autónomos y datos biométricos, todo ello sin control judicial ni orden de por medio.

La legisladora advirtió que, aunque se busca prevenir delitos, esto no puede justificar un sistema de vigilancia sin contrapesos, que comprometa la privacidad de millones de personas.

Desde el PRI, Christian Castro Bello subió a tribuna para cuestionar sin obtener respuesta: “¿Cuándo se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”. El diputado concluyó su intervención con una acusación directa, al señalar la protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Con una votación histórica y sin precedentes, la Cámara de Diputados marcó un hito en la vida legislativa del país. El pleno aprobó por unanimidad, con 434 votos a favor, el Reglamento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un documento clave que redefine la dinámica del debate parlamentario bajo los principios de paridad, pluralidad e inclusión.

Este nuevo reglamento no solo ordena el funcionamiento interno de la Comisión Permanente, sino que establece bases sólidas para que todas las voces tengan cabida en el proceso legislativo. De acuerdo con lo señalado por el diputado presidente de la Comisión, Luis Agustín Rodríguez Torres, este avance permitirá una estructura más justa y representativa al interior del Congreso.

En su intervención, Rodríguez Torres destacó que el reglamento aprobado representa un logro largamente anhelado. Después de al menos seis legislaturas intentando concretar esta transformación, finalmente se consolidó un acuerdo unificado. El documento no solo regula los debates, sino que establece claramente cómo se repartirán los tiempos en agenda política, permitiendo que cada grupo parlamentario cuente con espacio suficiente para abordar los temas de interés nacional.

Uno de los elementos más relevantes es la integración de una Mesa Directiva más amplia y representativa, compuesta por una presidencia, tres vicepresidencias y una secretaría por cada grupo parlamentario. Esta medida busca equilibrar la toma de decisiones y garantizar una representación equitativa sin importar el número de curules que posea cada partido.

El reglamento también contempla el funcionamiento eficiente de las comisiones de trabajo, definiendo tiempos concretos para su instalación y asegurando que su composición refleje la pluralidad del pleno. Además, se abre la puerta a un modelo más flexible al permitir que tanto las sesiones del pleno como las reuniones de comisiones puedan celebrarse de forma semipresencial, siempre que la Mesa Directiva lo acuerde.

Un aspecto clave es la claridad con la que se establecen los mecanismos de difusión y publicación de los trabajos legislativos, así como los tiempos definidos para su ejecución. Esto garantiza una mayor transparencia en el quehacer parlamentario y facilita el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Durante la sesión también se aprobó una reserva consensuada al artículo 24, que regula la participación de los legisladores sustitutos. Según el texto aprobado, estos podrán integrarse a las sesiones y participar activamente, siempre que estén debidamente acreditados. Sus funciones incluirán registrar asistencia, intervenir en los debates y ejercer su derecho al voto. Sin embargo, no podrán ser parte de la Mesa Directiva.

Luis Agustín Rodríguez Torres subrayó que este avance legislativo no limita las iniciativas ni los puntos de acuerdo que puedan presentar los grupos parlamentarios. Estos temas continuarán siendo organizados conforme a los acuerdos que se generen al interior de la Mesa Directiva.

Este nuevo reglamento será ahora enviado al Senado, donde se espera que continúe su curso para consolidarse como una herramienta esencial en la modernización del trabajo legislativo.

Con este paso, la actual legislatura sella un momento histórico, estableciendo nuevos estándares de funcionamiento legislativo que priorizan el diálogo, la inclusión y la transparencia.

En una jornada intensa en el Senado de la República, la bancada de Morena y sus aliados no consiguieron la mayoría calificada necesaria para aprobar el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales. El intento se frenó en seco, pese al respaldo de sus aliados del PVEM y el PT. La votación final arrojó 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, sin alcanzar las dos terceras partes requeridas.

“Sí se pudo, sí se pudo”, fue el coro que resonó en el pleno, encabezado por senadores de oposición, tras conocerse el resultado. El conteo también dejó entrever divisiones dentro del oficialismo: seis votos en contra y dos abstenciones provinieron de su propia bancada, aunque los nombres de los disidentes permanecen en el anonimato debido al método de votación por cédula.

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino, confirmó que la mayoría calificada no se alcanzó. En respuesta, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este miércoles 9 de abril se volverá a discutir la lista de candidatos a magistrados. El listado podría mantenerse, aunque con al menos una modificación, antes de su nueva presentación ante el pleno.

El proceso de selección fue duramente criticado por la oposición, especialmente por el PAN. Señalamientos apuntaron directamente al coordinador morenista Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por incluir en la lista a personas que, según denunciaron, no cumplían con los requisitos de experiencia profesional ni presentaron la documentación correspondiente.

El senador panista Mario Vázquez fue más allá, al denunciar afinidad política entre algunos aspirantes y Morena. Durante su intervención, expuso un audio de una conversación entre el exgobernador Javier Corral y Adela Alicia Jiménez Carrasco, una de las candidatas a magistrada. En el fragmento, ambos parecen coordinar una resolución judicial.

Javier Corral respondió tajante, calificando a Vázquez como un “instrumento de consigna” y “mandadero” de la gobernadora María Eugenia Campos. Aunque no negó la autenticidad del audio ni su relación con Jiménez Carrasco, aclaró que no intervino en su inclusión en la lista.

Desde antes de la sesión, el líder panista Ricardo Anaya ya había lanzado fuertes críticas al proceso, tachándolo de “cochinero”. Su declaración encendió aún más el ambiente político, al advertir que Morena busca dominar los tribunales electorales y con ello debilitar la democracia del país.

Por su parte, Movimiento Ciudadano también se sumó a los cuestionamientos. El senador Clemente Castañeda reveló que la lista fue presentada por Morena sin consulta ni apertura para evaluaciones externas, acusando una imposición que recordó prácticas del viejo régimen.

El debate sigue, la tensión aumenta y el reloj corre. La discusión se reactiva en las próximas horas, en un escenario político que no da tregua.

La Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave en torno al desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno determinó desechar la solicitud promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), garantizando así que Blanco conserve su fuero constitucional. 

La Sección Instructora ya había declarado improcedente la petición presentada por la fiscalía estatal, alegando inconsistencias en la carpeta de investigación. La acusación contra Blanco, por tentativa de violación en agravio de su media hermana Nidia Fabiola, quedó sin efecto al no cumplir con los requisitos legales para proceder.

El debate en el Pleno no estuvo exento de tensiones. Legisladoras de distintos partidos arremetieron contra la decisión, denunciando que la negativa al desafuero representa un obstáculo en la lucha contra la violencia de género. “Ese techo de cristal que dicen que se rompió no se rompió”, gritaron diputadas en San Lázaro, en un reclamo directo al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por su respaldo a Blanco.

En respuesta a la controversia, Cuauhtémoc Blanco subió a la tribuna para defenderse. “No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. La denuncia fue presentada seis meses después y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila”, declaró el exfutbolista y político.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados también expresó su inconformidad, reiterando la necesidad de eliminar el fuero para servidores públicos involucrados en casos de violencia de género. Anais Miriam Burgos, presidenta de la comisión, enfatizó que la protección de las víctimas debe prevalecer sobre los privilegios legislativos y adelantó la presentación de una iniciativa para reformar el sistema de desafuero.

Mientras tanto, la FGE de Morelos anunció que revisará el caso tras la decisión de la Sección Instructora. Edgar Maldonado Ceballos, fiscal estatal, defendió el trabajo de su dependencia y ordenó una investigación interna para determinar posibles irregularidades en la integración del expediente.

Aunque el desafuero ha sido rechazado, el caso sigue en el centro del debate público y político. Organizaciones y legisladores insisten en la necesidad de garantizar justicia y transparencia, mientras Cuauhtémoc Blanco mantiene su protección legal dentro del Congreso.

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas que busca fortalecer la soberanía energética de México. Con 33 votos a favor y nueve en contra, se avaló la iniciativa que establece nuevas reglas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles importados y garantizar la autonomía en la producción de energía. 

Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, destacó que esta iniciativa es una reforma integral que abarca tanto el sector eléctrico como el petrolero. La propuesta incluye la creación de un régimen fiscal especial para Pemex, eliminando tres derechos actuales —utilidad compartida, extracción y explotación— y sustituyéndolos por el Derecho Petrolero para el Bienestar.

Uno de los puntos clave de la reforma es la creación de la Comisión Nacional de Energía, cuyo propósito será regular el sector energético para asegurar su desarrollo ordenado y seguro. Además, se busca coordinar la participación de la iniciativa privada, estableciendo normas claras que garanticen la confiabilidad del sistema y un equilibrio en las ganancias de las empresas involucradas.

El morenista Francisco Javier Velázquez Vallejo afirmó que estas reformas permitirán recuperar el control estatal de los recursos energéticos, asegurando que beneficien directamente a la población. “Ponemos fin al saqueo, consolidamos la soberanía energética y garantizamos que la energía esté al servicio de los mexicanos”, declaró.

Por otro lado, la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, indicó que su partido respaldó la reforma porque representa un avance en la política energética, equilibrando el control estatal con la modernización del sector y la transición a energías limpias.

Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas. Genoveva Huerta Villegas, diputada del PAN, alertó sobre un posible debilitamiento en la transparencia de las contrataciones dentro de CFE y Pemex. “Se está creando un régimen de excepción que permite contrataciones directas sin licitación, lo que podría perjudicar a los mexicanos”, advirtió.

El dictamen aprobado por la Comisión de Energía ha sido enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde será discutido y votado en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro este miércoles. Su aprobación definitiva marcaría un cambio significativo en la estrategia energética del país, reforzando el papel del Estado en la gestión de los recursos y estableciendo nuevas condiciones para la participación del sector privado en la industria energética.