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Las autoridades capitalinas confirmaron la detención de 13 personas relacionadas con el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de José Muñoz Vega, su asesor. Ambos fueron asesinados durante un ataque armado registrado la mañana del martes 20 de mayo en la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia, la mandataria capitalina informó que de los detenidos, tres están identificados como autores materiales del ataque, mientras que el resto habría participado en la planeación logística del crimen.

“Durante la madrugada de este día, en coordinación con el gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres que participaron directamente en el homicidio y otras en la preparación logística”, señaló Brugada, quien subrayó la coordinación interinstitucional como factor clave para este avance.

La jefa de Gobierno agradeció de manera personal el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y recalcó que la colaboración entre la Ciudad de México y el gobierno federal ha sido determinante en la investigación.

El ataque ocurrió alrededor de las 08:30 horas en la intersección de Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón. Según los reportes, Guzmán y Muñoz viajaban juntos cuando fueron interceptados y agredidos directamente por sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta. Ambos murieron en el lugar.

Tras el crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, la Fiscalía General de Justicia local, la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo conjunto. Entre las diligencias, se revisaron cámaras del sistema de videovigilancia para seguir rutas de escape e identificar a los responsables.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, encabezará una conferencia de prensa para detallar los resultados del operativo. Brugada precisó que no se aceptaron preguntas en el anuncio inicial debido a que la investigación continúa y apenas se están mostrando los primeros resultados.

En redes sociales, la jefa de Gobierno lamentó el asesinato y envió condolencias a las familias de las víctimas, asegurando que “el compromiso es claro: los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, condenó el hecho y garantizó que todas las áreas de la dependencia colaboran con la fiscalía y con las instancias federales. Por su parte, Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana federal, calificó el ataque como un acto cobarde y expresó: “No dejaremos que este hecho quede impune”.

Las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer el móvil del crimen, calificado por las autoridades como una agresión directa.

A mitad de la temporada de lluvias, la Ciudad de México enfrenta precipitaciones sin precedentes y se prepara para semanas todavía más intensas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que septiembre suele superar a agosto en cantidad e intensidad de lluvias, por lo que la capital podría experimentar eventos más severos en los próximos días.

Durante una conferencia de prensa realizada tras las fuertes lluvias registradas el domingo, Brugada informó que el pluviómetro del Zócalo capitalino marcó 84.5 milímetros de agua, una cifra que supera ampliamente el récord histórico anterior de 67 milímetros registrado en 1952. Este dato posiciona a la tormenta como una de las más fuertes en más de siete décadas.

En la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, se contabilizaron 57 milímetros de precipitación. Estos valores confirman la magnitud del fenómeno que afectó simultáneamente a varias alcaldías de la capital.

Las lluvias del domingo provocaron más de 141 encharcamientos en distintos puntos de la ciudad. Personal del gobierno capitalino ya realiza un censo para determinar el número exacto de viviendas afectadas. Brugada subrayó que, a pesar de la intensidad, no se presentaron incidentes graves que lamentar.

El impacto se sintió también en la movilidad. Ante la acumulación de agua, varios medios de transporte masivo tuvieron que suspender o restringir operaciones temporalmente para evitar riesgos mayores a los usuarios. La coordinación entre las dependencias locales permitió atender las emergencias con rapidez.

Brugada recordó que, según los registros históricos, agosto y septiembre son los meses más lluviosos para la capital. “Vamos a la mitad de la temporada y viene lo más fuerte, creo que es peor septiembre que agosto. Son históricamente los meses más difíciles”, declaró. Añadió que, en los últimos días, cada jornada parece superar a la anterior en intensidad, rompiendo récords de forma consecutiva.

El gobierno capitalino se mantiene en alerta y ha reforzado los protocolos de respuesta ante posibles contingencias. Las autoridades llaman a la población a tomar precauciones, mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales para prevenir incidentes durante esta etapa crítica de la temporada de lluvias.

Con septiembre en puerta y el antecedente de lluvias récord, la ciudad se enfrenta a un reto meteorológico que exigirá vigilancia constante y acción coordinada para mitigar sus efectos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia integral para combatir el delito de despojo de inmuebles, un fenómeno que definió como “uno de los más graves y dolorosos” para las familias capitalinas. Durante la conferencia matutina, anunció la instalación oficial del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses, y que busca coordinar acciones institucionales para enfrentar este delito estructural y multifactorial.

El gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Lo integran también instancias clave como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y, próximamente, la Comisión de Derechos Humanos local, con el fin de garantizar un enfoque con perspectiva de derechos.

Uno de los pilares de la estrategia es la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender casos específicos con celeridad y coordinación interinstitucional. Además, se implementará una campaña ciudadana de prevención para informar sobre prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y promover el conocimiento de los derechos patrimoniales.

En el plano legislativo, Brugada anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre las principales propuestas destacan penas de prisión que van de 6 a 11 años en su tipo base, y de 12 a 22 años sin derecho a fianza en casos agravados. Estas agravantes incluyen el uso de violencia, daño físico a los inmuebles, impedimento del uso del bien, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas, o participación de servidores públicos, notarios, corredores inmobiliarios o personas que usurpen funciones de autoridad.

Las reformas también amplían la definición legal del delito de despojo, incluyendo esquemas encubiertos y nuevos tipos de fraude, lo que permitirá una persecución penal más eficaz. Se contemplan medidas de protección cautelar desde la detección del riesgo, para impedir que el despojo se consolide legalmente, protegiendo así el patrimonio de las víctimas desde el inicio del proceso.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías con mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Con este plan, el Gobierno capitalino busca reforzar sus capacidades institucionales, garantizar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos más vulnerables frente a un delito que, según Brugada, “rompe vínculos familiares y comunitarios”.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo el proyecto de la Línea 4 del Cablebús, una nueva ruta de transporte por cable que conectará las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con acceso directo al sistema de transporte colectivo Metro en la estación Universidad. Esta obra busca fortalecer la movilidad en el sur de la capital como parte del Plan de Movilidad 2024–2030 del Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto contempla una línea aérea de cinco kilómetros de longitud, con un recorrido estimado de 40 minutos desde el inicio hasta el final. Se espera que la capacidad promedio de transporte diario sea de 36 mil pasajeros. Esta infraestructura se integrará directamente con la Línea 3 del Metro, lo que permitirá traslados más ágiles desde zonas altas de Tlalpan hacia Coyoacán y viceversa.

El trayecto contará con ocho estaciones: iniciando en el Metro Universidad, pasando por Cantera y Perisur dentro de la alcaldía Coyoacán, para luego enlazarse con Tlalpan en las estaciones Campo Xóchitl, Chapulín, Miguel Hidalgo, Cultura Maya y San Nicolás, en el Pedregal de San Nicolás.

Durante el acto de presentación, Sheinbaum subrayó el compromiso asumido desde su gestión como jefa delegacional en Tlalpan: “Desde que estuve aquí en Tlalpan, imaginamos, soñamos poder ir por los aires hasta el Metro CU. Nos tardamos un poquito, pero ya llegamos a la presidencia y vamos a cumplir nuestra promesa”.

La mandataria aclaró que aunque el proyecto ya está en marcha, la construcción de las torres y estaciones llevará tiempo, por lo que pidió paciencia a las comunidades beneficiadas. “Vamos a estar trabajando juntas”,puntualizó.

Esta nueva línea se suma a las tres ya operativas: Indios Verdes a Cuautepec, Constitución de 1917 a Santa Martha y Los Pinos a Vasco de Quiroga. Con este nuevo tramo, el Gobierno capitalino avanza en su meta de tener cinco líneas más, distribuidas en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

El evento de presentación contó con la presencia de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX; Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan; Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario; y Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. También acudieron legisladores como el senador Francisco Chiguil y el diputado Pedro Haces.

La Línea 4 del Cablebús representa una apuesta por una movilidad más sustentable, equitativa y conectada en una de las zonas con mayor necesidad de transporte accesible y eficiente en la capital mexicana.

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron, en sesión virtual, la iniciativa de la jefa de Gobierno Clara Brugada para imponer sanciones a quienes aparten lugares en la vía pública o cobren por permitir estacionarse, comúnmente conocidos como “franeleros”. La propuesta obtuvo 17 votos a favor y dos abstenciones, y ahora será discutida en el pleno del Congreso capitalino.

La iniciativa establece que las personas que aparten lugares con objetos, impidan el libre tránsito o exijan dinero por permitir el estacionamiento en la vía pública podrían recibir sanciones de 24 a 36 horas de arresto. El objetivo central de esta reforma es desincentivar conductas asociadas a delitos como extorsión, robo de vehículos y autopartes, amenazas, daño a la propiedad y lesiones, al tiempo que se promueve el uso libre y seguro del espacio público.

El dictamen fue presentado por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La propuesta contempla adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México: se suma la Fracción XXXIX al artículo 3, se añade el artículo 28 Bis con infracciones especiales en materia de seguridad ciudadana vinculadas a la ocupación de espacios públicos, se incorpora un nuevo párrafo al artículo 31 y se modifica el artículo 32.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena subrayaron que la reforma no está dirigida contra trabajadores no asalariados ni personas en situación de calle, sino contra quienes realizan acciones que afectan a terceros al obstruir el uso del espacio público, coaccionar a los automovilistas o lucrar con bienes que no les pertenecen. Aseguraron que la iniciativa tiene como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El argumento central detrás de la medida, según lo expresado en la comisión, es garantizar que la ciudadanía disfrute del espacio público y de la movilidad de manera libre, sin temor a ser extorsionada ni obligada a pagar por ocupar un espacio en la calle. Además, se busca frenar la apropiación informal y no regulada de espacios vehiculares, muchas veces vinculada a redes de ilegalidad y microextorsión.

Con esta aprobación en comisiones, la iniciativa de Brugada avanza hacia una etapa clave en el Congreso local, donde las y los legisladores deberán debatirla y, en su caso, convertirla en ley.

La Ciudad de México ya está con el radar encendido. La próxima marcha contra la gentrificación tiene fecha marcada en el calendario y el gobierno capitalino no quiere sorpresas. El secretario de Gobierno, César Cravioto, soltó que se está preparando un operativo especial para “contener” cualquier intento de disturbio. Todo bajo la bandera de que no es represión, sino prevención.

“Si vemos que un grupo de la marcha quiere o empieza a generar disturbios o afectación a terceros, entonces se interviene para contener”, explicó. También dejó claro que las expresiones violentas no ayudan a la causa y que los propios manifestantes deberían evitar ese camino si quieren que su voz tenga eco.

La preocupación no viene de la nada. En la última protesta del 4 de julio, las cosas se salieron de control cerca de Parque México. Comercios afectados, vidrios rotos y confrontaciones con vecinos encendieron las alarmas. La consigna contra la gentrificación fue opacada por los choques callejeros.

Ahora, con la nueva convocatoria lanzada por colectivos para este domingo 20 de julio —del Metrobús Fuentes Brotantes a El Caminero, al sur de la ciudad—, las autoridades están pisando con cuidado. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reafirmó que todas las manifestaciones son bienvenidas, pero que la violencia activa otro protocolo. “No va en un sentido de represión, sino de prevención”, dijo en conferencia.

Además, Brugada ya prepara una lista de 14 propuestas que buscan atender de forma más directa el tema de la gentrificación, fenómeno que ha sido centro de debate en barrios como la Roma, Condesa, Juárez y ahora también en zonas del sur. Rentas por las nubes, cafeterías hipster y anuncios en inglés han encendido la molestia de muchos habitantes que sienten que su ciudad se les está escurriendo de las manos.

El operativo de seguridad para este domingo se perfila con todo. La tensión está servida. De un lado, la exigencia de espacios habitables, vivienda digna y freno al desplazamiento forzado. Del otro, una administración que intenta mantener el orden sin verse como el ogro que calla las protestas.

Mientras tanto, la ciudad se divide entre quienes apoyan la causa, quienes critican los métodos y quienes simplemente no quieren ver sus ventanas hechas trizas una vez más. Todo listo para un domingo donde la calle vuelve a ser el escenario de una discusión que ya nadie puede ignorar.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una ambiciosa intervención urbana en Tlatelolco a través del programa “RUTA Tlatelolco mi Amor”, con una inversión cercana a mil 300 millones de pesos. El objetivo es llevar a cabo una transformación integral de esta emblemática zona capitalina, mediante obras de rehabilitación estructural, mejora de servicios urbanos, seguridad y recuperación de espacios públicos.

Brugada detalló que el proyecto incluye la reconstrucción del cine y el hospital de la Unidad Habitacional, además de una atención prioritaria a la infraestructura urbana deteriorada, como andadores, banquetas, guarniciones, luminarias y áreas verdes. “Vamos a ir recuperando poco a poco Tlatelolco, incluye echar a andar este proceso integral que contempla una gran intervención de atención a los riesgos estructurales que tienen varios edificios”, aseguró durante el evento.

Como parte del plan, se llevará a cabo un estudio preliminar en todos los edificios de la zona. Seis de ellos –Ignacio Ramírez, ISSSTE 11, Chihuahua, José María Arteaga, Michoacán y Baja California– recibirán una inversión de entre 500 y mil millones de pesos para su intervención. Además, ocho inmuebles con afectación media serán evaluados simultáneamente, y 13 más con daños menores también serán atendidos como parte de la estrategia integral.

En materia de agua, se contempla la rehabilitación de la planta de tratamiento de Tlatelolco, así como la limpieza de todas las cisternas de la unidad habitacional. Además, se implementará el programa “Ciudad Iluminada, Comunidad Segura”, que contempla la instalación de 2 mil 412 luminarias nuevas y la recuperación de 300 mil metros cuadrados de áreas verdes.

La mandataria precisó que se invertirán 82 millones de pesos en obras y servicios básicos, con acciones puntuales como la rehabilitación de 22 mil 829 metros cuadrados de andadores, banquetas y guarniciones (29 mdp), la pavimentación de 13 mil 500 metros cuadrados de estacionamientos (16 mdp), y una inversión de 35 mdp para iluminación pública.

En cuanto a seguridad, el proyecto contempla la recuperación de cuatro módulos policiales y un incremento del 25% en las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en la zona.

Una de las acciones más destacadas será la demolición del Hospital Gonzalo Castañeda, perteneciente al ISSSTE, para dar paso a la construcción de un nuevo centro de salud. También se demolerá el antiguo Cine Tlatelolco, que será transformado en un espacio recreativo moderno.

Brugada subrayó que su gobierno trabaja con las 16 alcaldías sin distinción partidista, priorizando siempre el bienestar de la población. En el evento, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reconoció el impulso de estos proyectos y el impacto que tendrán en la calidad de vida de los habitantes.

Al anuncio asistieron funcionarios clave del gabinete capitalino, entre ellos Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios; Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención Ciudadana; Paulina Salazar Patiño, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reafirmó su postura en contra de la gentrificación que impacta directamente la vida de muchas personas en la capital, al provocar el encarecimiento de la vivienda y la expulsión de familias mexicanas que no pueden cubrir los costos de renta. La mandataria se pronunció luego de una protesta registrada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde cientos de personas expresaron su rechazo a este fenómeno que altera el tejido social de diversas colonias.

La movilización comenzó en el corazón de la colonia Condesa, específicamente en el Parque México. Sin embargo, el tono de la protesta cambió radicalmente cuando un grupo de manifestantes causó daños en restaurantes y cafeterías de la zona, además de dejar pintas en varios inmuebles. Las acciones de vandalismo generaron reacciones divididas y una fuerte conversación en redes sociales.

Horas después de los hechos, Brugada difundió un comunicado en el que destacó que la gentrificación es un problema que afecta a miles de capitalinos. Señaló que el incremento en la llegada de extranjeros ha disparado la demanda de vivienda, lo que ha derivado en una escalada de precios que pone en riesgo el derecho a la ciudad para muchos mexicanos.

Durante una conferencia de prensa realizada tras una jornada de trabajo en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Brugada volvió a hablar del tema. Afirmó que, aunque comparte el fondo de la demanda, las expresiones utilizadas por algunos sectores durante la marcha fueron xenofóbicas, lo cual rechazó tajantemente. “Rechazamos también las actitudes xenofóbicas que ayer se expresaron contra algunos grupos en particular”, declaró.

La mandataria capitalina reiteró que su gobierno priorizará medidas para frenar la gentrificación, pero también para generar un debate profundo sobre la violencia en las manifestaciones y la manera en que estas deben desarrollarse sin vulnerar derechos. “No podemos, en esta ciudad, que haya agresiones o discriminación a grupos diversos como ayer”, agregó.

Las acciones violentas en la Condesa fueron duramente criticadas por sectores de la sociedad, quienes desde redes sociales señalaron una posible relación entre los hechos y actores vinculados al partido Morena. Edgar Jiménez, uno de los usuarios que reaccionaron en línea, expresó: “Clara Brugada iztapalizó la CDMX; mandó a sus porros de Iztapalapa a vandalizar la Condesa para crear una cortina de humo. Morena es un cáncer, resentimiento y mediocridad”.

El tema de la gentrificación continúa generando debate entre autoridades, activistas y habitantes de la Ciudad de México, quienes enfrentan realidades distintas ante un mismo fenómeno urbano.

A un mes del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, el Gobierno de la Ciudad de México rindió un homenaje en su memoria y reafirmó su compromiso con la justicia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió un mensaje contundente en el que aseguró que este crimen no quedará impune.

Ambos funcionarios fueron encontrados sin vida el pasado 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan. Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular, mientras que José Muñoz era coordinador de asesores de la jefatura de Gobierno. Su labor cercana a la administración capitalina y la brutalidad del crimen generaron una ola de consternación y exigencias de justicia en diversos sectores políticos y sociales.

Desde entonces, el caso se ha manejado con estricta discreción. Las autoridades han evitado filtrar detalles de la investigación, que continúa en curso y ha sido catalogada como de alta complejidad. Este viernes, durante un mensaje público, Clara Brugada expresó: “Desde entonces no hemos dejado de trabajar por la justicia, como en ningún otro caso en esta ciudad”, y agregó: “Vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo”.

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, señaló esta semana que el caso está siendo investigado a fondo y con estricto apego a derecho. Aseguró que no se fabricarán responsables, y que el proceso requiere tiempo para obtener resultados sólidos y justos.

A la investigación se han sumado instancias federales. Personal vinculado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también participa en el análisis del caso, en coordinación con la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En paralelo, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció la realización de un homenaje para recordar a las víctimas, el cual tuvo lugar este viernes. A través de redes sociales, escribió: “A un mes de su partida… Homenaje a la vida de Xime y Pepe”.

La ceremonia no solo recordó su legado profesional, sino que también funcionó como un acto simbólico de exigencia y memoria colectiva. La administración local, al frente de Brugada, reiteró su postura firme de no dejar el crimen sin consecuencias y de seguir trabajando para que la verdad y la justicia prevalezcan.

Ximena y José dejaron una huella dentro del servicio público capitalino, y su ausencia ha marcado profundamente a quienes los rodeaban. Su recuerdo continúa vivo en los espacios que construyeron, y en las voces que siguen exigiendo respuestas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ejercerá un uso discrecional sobre datos biométricos. Así lo afirmó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien destacó que toda acción relacionada con bases de datos y procesos de investigación estará bajo la estricta conducción del Ministerio Público.

En conferencia de prensa, luego de un extenso encuentro con coordinadores parlamentarios, García Harfuch reiteró el respeto institucional a los procedimientos legales. La comparecencia, realizada a puerta cerrada y con duración de tres horas, fue escenario para acordar la instalación de mesas de trabajo incluyentes. Estas instancias contarán con la participación de todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar transparencia en la legislación relacionada con seguridad y tecnologías de vigilancia.

“No es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera”, aclaró, subrayando el carácter colaborativo del trabajo legislativo y la necesidad de mantener la tranquilidad entre las distintas bancadas.

En relación al proceso electoral del 1 de junio, el funcionario fue enfático al garantizar condiciones de seguridad en todo el país. En la jornada se renovarán autoridades judiciales y se celebrarán elecciones municipales en Durango y Veracruz. “Definitivamente habrá seguridad”, aseguró. Destacó que la estrategia incluye un despliegue importante de la Guardia Nacional, con 3,500 elementos en Veracruz y 2,500 en Durango, en coordinación estrecha con gobiernos estatales.

García Harfuch subrayó que este esfuerzo responde a una visión preventiva y coordinada, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La premisa es clara: no habrá espacio para provocaciones ni actos represivos. El compromiso, aseguró, es garantizar el bienestar de la ciudadanía, replicando la disciplina mostrada por la policía capitalina en fechas recientes.

El titular de la SSPC también abordó el reciente ataque armado en la alcaldía Benito Juárez, donde perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Aunque evitó especulaciones, fue tajante al rechazar vínculos con los atentados ocurridos en 2020 contra su persona y el perpetrado en 2022 contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que las investigaciones del caso avanzan con firmeza, profesionalismo y total compromiso. Reafirmó que no habrá impunidad, al igual que en otros hechos ocurridos en la capital: “No importa el tiempo que tarden, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados”.

La jornada electoral contará con respaldo institucional y vigilancia constante. En medio del contexto nacional, el mensaje es directo: la legalidad no se negocia y la ciudadanía contará con el respaldo total del Estado.