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El senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró estar dispuesto a comparecer tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad durante su administración estatal y que es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández manifestó su “disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”. Además, subrayó que fue él mismo quien solicitó “que se investigue a fondo este caso”, tras las acusaciones que rodean a su excolaborador.

Bermúdez Requena, conocido con los alias de “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido el viernes en Paraguay en una operación conjunta entre autoridades de ambos países. Se espera su próxima extradición a México, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

El legislador de Morena se desmarcó públicamente de su exfuncionario y reiteró el compromiso de su partido con la “justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, destacando que esta es “la diferencia con el pasado”. En su mensaje, también apuntó contra gobiernos anteriores del PAN y mencionó al senador Ricardo Anaya, a quien acusó de haber guardado “silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (2005), y Ramón Martín Huerta (2008)”.

Durante el gobierno de López Hernández en Tabasco (2019-2021), Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad. Según el propio senador, su nombramiento ocurrió en diciembre de 2019 en medio de una crisis de violencia, y aclaró que el funcionario no formó parte de su gabinete desde el inicio de su mandato. “Nunca, durante el ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”, señaló en declaraciones previas.

Las investigaciones apuntan a que Bermúdez Requena mantenía vínculos con organizaciones criminales desde 1999. De acuerdo con reportes de inteligencia, incluso habría sido detenido en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El 22 de julio, el gobierno mexicano confirmó que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario tabasqueño, quien estaba prófugo desde que se le vinculó con “La Barredora”, célula criminal dedicada al narcomenudeo y la extorsión, con nexos directos al CJNG. Estados Unidos incluyó a este cartel entre los seis grupos criminales mexicanos designados como organizaciones terroristas desde febrero.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta ahora un proceso judicial que podría traer nuevas repercusiones políticas, mientras las autoridades mexicanas esperan concretar su extradición desde Paraguay para responder por los delitos que se le imputan.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este sábado su agradecimiento al mandatario de Paraguay, Santiago Peña, por la colaboración de ese país en la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.

La mandataria mexicana destacó en su mensaje que la estrategia de su gobierno, basada en la atención a las causas y la política de cero impunidad, ha contribuido a disminuir la violencia en el país. En respuesta, Peña afirmó que la captura representaba “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”, al referirse a Bermúdez como “uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Bermúdez se desempeñó como secretario de Seguridad en Tabasco durante la administración del actual senador Adán Augusto López. Con el tiempo, fue señalado como cabecilla de una organización criminal vinculada a delitos de huachicol, extorsiones, homicidios, cobro de piso y secuestros. Ante los señalamientos, López declaró que desconocía cualquier nexo de su excolaborador con el crimen organizado y calificó las acusaciones de la oposición como “politquería”.

El operativo en Paraguay se realizó en coordinación entre instituciones de ambos países. Peña informó que participaron la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI). A través de sus redes sociales, el presidente paraguayo reconoció también la cooperación de Sheinbaum en la captura.

El exfuncionario mexicano fue detenido en una residencia ubicada en una zona boscosa del territorio paraguayo, tras permanecer prófugo durante nueve meses. De acuerdo con el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, Bermúdez había huido del país luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra y desde julio de 2025 contaba con una ficha roja emitida por Interpol México.

En el operativo, las autoridades aseguraron una camioneta de lujo dentro de la cochera de la vivienda, así como dinero en efectivo en diversas divisas, entre ellas guaraníes, dólares de 20 y 100, además de joyería como pulseras y collares. En el interior de la casa se localizaron identificaciones, artículos personales, una mesa con botellas de vino y vasos, además de una bocina de alta gama.

Los elementos policiales paraguayos leyeron sus derechos al momento de la detención y le solicitaron firmar documentos judiciales que confirmaban la orden de captura internacional a través de Interpol. Posteriormente, Bermúdez fue trasladado a la agencia ministerial de Paraguay, donde se inició el trámite de extradición a México. La decisión sobre la fecha de su traslado dependerá del juez encargado del caso.

La captura de Hernán Bermúdez marca el cierre de nueve meses de fuga y representa un paso importante en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Paraguay. El vuelo que podría trasladarlo de regreso a México tiene una duración aproximada de 12 horas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que permita capturar o condenar a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Las autoridades lo consideran “armado y peligroso” por su papel dentro de la facción conocida como “Los Chapitos”, que asumió el control de parte del Cártel de Sinaloa tras la caída de su padre.

Nacido en 1983 y apodado “El Alfredillo”, es medio hermano de Ovidio Guzmán y hermano de Iván Archivaldo Guzmán, con quien forma el núcleo de Los Chapitos. Es uno de los diez hijos reconocidos de Guzmán Loera con distintas parejas; en su caso, es fruto del matrimonio con María Alejandrina Salazar.

El nombre de Jesús Alfredo Guzmán fue incluido en 2018 en la lista de los diez delincuentes más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de conspiración para poseer, importar y exportar sustancias controladas con fines de distribución. Su papel, de acuerdo con investigaciones judiciales, fue clave en la coordinación de cargamentos de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense, así como en el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México producto de la venta de drogas.

En 2016, documentos judiciales revelaron que Guzmán Salazar, entonces encargado de coordinar entregas de droga y flujos de dinero, fue pieza clave para que la DEA obtuviera información inédita sobre su padre. Sin percatarse, facilitó la primera grabación de Joaquín Guzmán a la agencia antidrogas y a la Fiscalía de Illinois, luego de presionar a los hermanos Pedro y Margarito Flores para que eligieran trabajar con el Cártel de Sinaloa o con el de los Beltrán Leyva. Los gemelos, en cambio, decidieron colaborar con las autoridades estadounidenses.

Ese mismo año, Jesús Alfredo volvió a ser noticia tras ser secuestrado en Puerto Vallarta por un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 15 de agosto, hombres armados irrumpieron en el restaurante “La Leche” y privaron de la libertad a seis personas, entre ellos Guzmán Salazar, Juan Daniel Calva Tapia, Víctor Galván Ureña y Josias Nahuali Rábago Borgolla. Tras las investigaciones, se confirmó que el hijo de El Chapo estaba entre los capturados, lo que evidenció la confrontación entre cárteles en México.

Poco después, circuló una fotografía en la que aparecía Guzmán Salazar junto a la actriz Kate del Castillo. La periodista Denisse Maerker dio a conocer la imagen en televisión, aunque nunca se confirmó su origen. El fiscal estatal de Jalisco señaló que la foto pudo haberse filtrado de alguno de los seis teléfonos celulares encontrados en el estacionamiento del restaurante tras el secuestro.

Actualmente, Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanece como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses, quienes reiteraron que la recompensa millonaria busca incentivar información verificada que permita su detención.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió de manera cautelar los derechos partidarios de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López. La medida se da en el contexto de una investigación que involucra al exfuncionario con el grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que pesa sobre él una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol.

La CNHJ informó mediante un comunicado que el procedimiento fue iniciado de oficio este jueves, luego de confirmar que Bermúdez Requena se afilió al partido en 2022 y que su registro como “Protagonista del Cambio Verdadero” continúa vigente. De acuerdo con el comunicado, hay elementos suficientes para considerar que ha incurrido en violaciones a los Documentos Básicos del partido.

La suspensión de sus derechos partidarios se mantendrá vigente mientras se desarrolla el procedimiento sancionador, que podría derivar en su expulsión definitiva. La CNHJ indicó que esta medida se toma ante la gravedad de los señalamientos y como parte del compromiso del partido con la legalidad y la rendición de cuentas.

El 13 de noviembre de 2024, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, declaró públicamente que Bermúdez encabezaba “La Barredora”, brazo operativo del CJNG en la región, grupo que se fragmentó a finales de diciembre de 2023. La desarticulación de esta célula provocó un repunte significativo de violencia en la entidad. Poco después de esas declaraciones, Bermúdez presentó su renuncia al cargo.

La orden de aprehensión contra el ex funcionario fue emitida en febrero. Según el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el día en que se giró la orden, Bermúdez huyó del país vía aérea desde Mérida, Yucatán, con escala en Panamá, y posteriormente voló a España. Actualmente, de acuerdo con las autoridades militares, se encuentra en Brasilia, Brasil, y la Interpol trabaja en conjunto con el gobierno mexicano para su localización y captura.

Los archivos filtrados por el colectivo Guacamaya, y provenientes del Ejército mexicano, revelan que desde 2022 Bermúdez Requena era investigado por su presunta colaboración con el CJNG bajo el alias de “El Comandante H”.

Frente a las repercusiones políticas del caso, la dirigencia nacional de Morena encabezada por Luisa María Alcalde se pronunció en conferencia de prensa, destacando que “no hay impunidad” dentro del partido y que debe haber “una investigación tope hasta donde tope”. Aseguró que nadie está protegido y que la diferencia con la oposición es el compromiso con la verdad y la justicia.

En tanto, la bancada de Morena en el Senado expresó su respaldo al senador Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco durante la gestión de Bermúdez. A través de un comunicado, los legisladores defendieron la trayectoria del coordinador parlamentario y afirmaron que ha sido objeto de una campaña de desprestigio. Destacaron su liderazgo en el Congreso y su contribución a las reformas de la Cuarta Transformación, siempre “apegado a los valores del movimiento”.

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encendió las alarmas este viernes con la publicación de la Recomendación 175VG/2025, en la que responsabiliza al Ejército mexicano de “graves violaciones a los derechos humanos” tras un operativo que terminó en tragedia. El hecho ocurrió en octubre pasado, cuando soldados abrieron fuego contra un vehículo que transportaba migrantes en el estado de Chiapas. Seis personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad.

La CNDH confirmó que los migrantes, provenientes de Egipto, El Salvador y Perú, fueron víctimas de un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además de los fallecidos, nueve personas resultaron heridas y 19 más sobrevivieron sin lesiones. La Comisión fue clara al señalar que los militares involucrados no utilizaron métodos menos letales antes de disparar y que tampoco justificaron que el uso de armas de fuego fuera inevitable.

Como parte de su resolución, la CNDH exigió a la Sedena la reparación del daño a las víctimas y la creación de un protocolo de atención específico para personas migrantes. También se identificó a dos soldados como posibles responsables directos del ataque, por lo que se espera que haya acciones legales en su contra.

Este suceso tuvo lugar el 1 de octubre, el primer día de la administración de Claudia Sheinbaum, mientras los militares realizaban patrullajes en una región atravesada por la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos criminales que se enfrentan por el control de las rutas de tráfico de drogas y personas en el sur del país.

Pese a que la presidenta Sheinbaum ha manifestado su negativa a militarizar aún más la frontera sur, su administración ha mantenido la estrategia de despliegue militar heredada del gobierno anterior. En su punto más alto, más de 36 mil elementos del Ejército participaron en tareas de control migratorio durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El llamado de la CNDH se suma a una creciente preocupación nacional e internacional sobre el trato a las personas migrantes que transitan por México. A medida que aumenta la presión desde Estados Unidos para reforzar los controles migratorios, la política de seguridad en la frontera sur se encuentra bajo la lupa.

La tragedia en Chiapas marca un punto de inflexión. Las instituciones mexicanas están obligadas a actuar con responsabilidad y apego a los derechos humanos, especialmente en un contexto tan delicado como el tránsito migrante en territorios conflictivos.

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado al vincular a proceso a 10 personas detenidas por su presunta participación en desapariciones forzadas relacionadas con el rancho Izaguirre, un sitio señalado como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán.

Los imputados, identificados como Erick “N”, Kevin “N” o Lenin, David Alejandro “N”, Gustavo Ángel “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Luis Alberto “N” y Ricardo Augusto “N”, enfrentan cargos serios luego de ser señalados directamente por víctimas que sobrevivieron a los hechos ocurridos en dicho lugar.

La información oficial indica que el primero de los procesos judiciales se concretó el 1 de abril, cuando las declaraciones de tres víctimas permitieron iniciar acciones legales contra Erick “N” y Kevin “N”. Posteriormente, el 2 de abril, cinco de los detenidos fueron acusados tras el testimonio de dos personas más, y fueron procesados el 8 del mismo mes. Un tercer grupo fue vinculado el 4 de abril, luego de ser plenamente identificado por otra víctima, completando así el avance legal contra todos los implicados.

El caso ha generado atención a nivel nacional. Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó los resultados obtenidos tras poco más de 15 días desde que las autoridades tomaron control del rancho Izaguirre. Calificó el operativo como un “avance sustancial”, confirmando que, además de estos procesamientos, existen 15 personas detenidas por delitos previos relacionados con delincuencia organizada.

Uno de los arrestos más relevantes es el de José Gregorio, alias “El Lastra”, presunto reclutador del CJNG, considerado una figura clave dentro del rancho. Su aprehensión representa un golpe estratégico para la estructura operativa del cártel en esa región.

Este avance forma parte de una ofensiva coordinada entre instancias estatales y federales para desarticular zonas controladas por el crimen organizado. El caso del rancho Izaguirre resalta la violencia ejercida contra víctimas y el uso de instalaciones clandestinas como centros de adiestramiento, hechos que mantienen la atención de las autoridades y de la sociedad.

Las investigaciones continúan, y con ellas, el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables. La prioridad se centra en asegurar la reparación del daño a las víctimas y reforzar las acciones que garanticen la seguridad en Jalisco.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rechazó categóricamente el homenaje realizado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante el concierto de la banda “Los Alegres del Barranco” en el Auditorio Telmex de Zapopan. A través de su cuenta de X, el mandatario condenó la proyección de imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalando que actos como este van en contra del esfuerzo por erradicar la violencia en el estado.

“Lo visto en el concierto de este fin de semana va en la dirección opuesta. Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia”, escribió Lemus, quien días antes había declarado que era momento de “tocar fondo y salir unidos para no repetir tales tragedias”.

El evento, que tuvo lugar el sábado, incluyó una proyección en la que se exhibieron imágenes de “El Mencho”mientras la agrupación interpretaba la canción “El del palenque”. Durante la presentación, las luces del recinto se apagaron momentáneamente, y en la pantalla aparecieron llamas junto con la silueta de dos gallos de pelea, haciendo alusión al capo a quien la canción se refiere como “el señor de los gallos”.

El video del homenaje se viralizó rápidamente en redes sociales, con asistentes compartiendo grabaciones del momento. La misma banda reposteó las imágenes en su cuenta oficial de Facebook, lo que intensificó la controversia.

Si bien el gobernador dejó clara su postura, no especificó si se impondrán sanciones a la agrupación o al recinto por permitir la difusión de estas imágenes. Sin embargo, reiteró que su gobierno está comprometido en combatir cualquier expresión que enaltezca a la violencia organizada.

“No debe suceder en este ni en ningún otro lugar de nuestro estado“, afirmó Lemus, dejando entrever que este tipo de homenajes no serán tolerados en Jalisco.

El incidente ocurre en un contexto en el que las autoridades han intensificado esfuerzos para frenar la violencia en la entidad. Apenas la semana pasada, el propio gobernador había hecho un llamado a la unidad tras el hallazgo del rancho Izaguirre, donde se descubrieron múltiples restos humanos.

El debate sobre la influencia del narcotráfico en la cultura popular sigue vigente, y este evento vuelve a poner en la mesa la discusión sobre la responsabilidad de artistas y organizadores al difundir este tipo de mensajes.

El cerco contra el crimen organizado se estrecha en Tabasco. Este viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de Edson Aldair Zavala Alcocer, alias “Zavala”, y Jorge Luis López Torres, dos figuras clave dentro del grupo delictivo “La Barredora”. La captura se llevó a cabo en el municipio de Cárdenas como parte de un operativo de seguimiento tras la reciente aprehensión de Francisco Javier Custodio Luna, alias “El Guasón”, líder de la organización criminal.

Las autoridades identificaron a Zavala Alcocer como el sucesor de “El Guasón”, mientras que López Torres fungía como su segundo al mando. Ambos eran responsables de coordinar actividades ilícitas que incluían extorsión a comerciantes, venta y distribución de drogas, así como la eliminación de integrantes de grupos rivales en la entidad.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que ambos sujetos “se les relaciona con hechos violentos en la entidad”. En particular, Zavala Alcocer era conocido por su alto nivel de violencia y su rol como encargado de plaza en la colonia INDECO y el Ejido José María Pino Suárez, en el municipio Centro. Su función dentro de “La Barredora” incluía la coordinación de sicarios, la identificación y neutralización de células antagónicas y la cooptación de autoridades para facilitar las actividades del grupo.

Por su parte, López Torres no solo participaba en la distribución de drogas en Tabasco, sino que también se encargaba de alertar a la organización sobre operativos de seguridad en las zonas donde operaban. Su colaboración fue clave para el funcionamiento del grupo delictivo.

Estas detenciones marcan un nuevo golpe contra “La Barredora”, que recientemente perdió a su líder. Custodio Luna, alias “El Guasón”, además de ser uno de los principales generadores de violencia en el estado, había sido identificado como un expolicía estatal de Tabasco. Durante su tiempo en las fuerzas de seguridad, cooptó a diversos elementos en activo y a integrantes de otros cuerpos policiales para expandir su control. También se le señala como el responsable de coordinar ataques contra otros grupos criminales, particularmente en su disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el objetivo de consolidar el dominio en la zona centro del estado.

Las recientes acciones de las autoridades buscan debilitar la estructura de “La Barredora” y frenar la ola de violencia que ha azotado la región. Con la captura de estos importantes operadores, el panorama del crimen organizado en Tabasco se reconfigura, mientras las fuerzas de seguridad continúan con los operativos para desmantelar por completo la organización.