En una movida sin precedentes, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han presentado una demanda de juicio político contra el exministro Arturo Zaldívar, por una serie de acusaciones que van desde presiones a jueces hasta encubrimiento de colaboradores ante denuncias de acoso sexual. Este impactante desarrollo político ha sacudido los cimientos del sistema judicial mexicano y ha generado un intenso debate sobre la independencia del poder judicial. 

La solicitud, dirigida a Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados, fue entregada esta mañana en el Palacio de San Lázaro por destacados legisladores de la oposición. Entre los firmantes se encuentran nombres prominentes como Kenia López, Lilly Téllez, Gina Cruz y Alejandra Reynoso del PAN, así como Manuel Añorve, Claudia Anaya y Mario Zamora del PRI, entre otros.

Los senadores argumentan que durante su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar habría ejercido presiones indebidas sobre jueces y magistrados para resolver casos en favor del gobierno federal. Además, se le acusa de desvío de recursos y de encubrir a colaboradores implicados en denuncias de acoso sexual. Estas acciones, según los legisladores, constituyen graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el documento presentado, se solicita que se admita a trámite la demanda y que se formule acusación contra Zaldívar, con el objetivo de que sea sancionado con la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. Los senadores subrayan la importancia de proteger los intereses públicos fundamentales de los mexicanos y de garantizar la integridad del sistema judicial del país.

El respaldo a esta acción por parte de senadores de distintas corrientes políticas refleja la preocupación generalizada por la conducta de Zaldívar durante su mandato. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido públicamente la necesidad de intervenir en casos judiciales durante la gestión de Zaldívar, lo que ha alimentado aún más las críticas hacia el exministro.

En declaraciones recientes, el presidente López Obrador destacó que durante el mandato de Zaldívar, había un mayor control sobre ciertos casos judiciales, lo que sugiere una interferencia indebida en el poder judicial por parte del ejecutivo. Estas afirmaciones han avivado el debate sobre la independencia judicial y han puesto en tela de juicio la imparcialidad de Zaldívar durante su tiempo en el cargo.

La demanda de juicio político contra Arturo Zaldívar representa un importante paso hacia la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema judicial mexicano. Los senadores del PAN y del PRI están firmemente comprometidos con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con la defensa del estado de derecho en México. La respuesta de las autoridades competentes a esta demanda será crucial para restaurar la confianza en el sistema judicial y para asegurar que ningún funcionario esté por encima de la ley.

En un movimiento que ha generado debates intensos y opiniones encontradas, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha aprobado por mayoría las minutas que proponen reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía. Con un voto de 19 a favor, 14 en contra y ninguna abstención, las minutas fueron aprobadas sin modificaciones y enviadas a la Mesa Directiva, con la expectativa de ser discutidas en el pleno de San Lázaro mañana miércoles.

La aprobación de estas reformas ha sido objeto de críticas y propuestas dentro de la misma Comisión de Justicia. La diputada del PRI, Sue Bernal, expresó su preocupación por el proceso legislativo acelerado, solicitando un debate más profundo y la apertura a parlamentos abiertos para discutir temas tan sensibles como los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Por otro lado, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, defendió las reformas como parte de una reforma judicial más amplia que busca fortalecer la división de poderes y otorgar una mayor supremacía al tribunal constitucional. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, especialmente desde la oposición.

El diputado del PAN, Enrique Gerardo Sosa, destacó su preocupación por el impacto de las reformas, señalando que se está otorgando demasiado poder al presidente de la República, lo que podría debilitar el sistema jurídico y vulnerar los derechos de los ciudadanos. En particular, criticó la ampliación de la capacidad de amnistía del presidente, advirtiendo sobre posibles abusos y consecuencias a largo plazo.

En cuanto a la reforma a la Ley de Amparo, se ha planteado que podría ser interpretada como una respuesta del gobierno a las suspensiones judiciales relacionadas con proyectos controvertidos, como el Tren Maya. La diputada del PAN, Paulina Rubio, sugirió que esta reforma representa una “venganza” del presidente por las suspensiones judiciales que ha enfrentado en el pasado.

La preocupación sobre la reforma a la Ley de Amnistía se centra en la amplia discrecionalidad que se otorga al presidente para concederla, incluso sin pruebas sólidas. Esto ha generado inquietudes sobre la garantía de la verdad y la posibilidad de que se utilice para fines políticos o personales.

Las reformas a la Ley de Amparo y Amnistía han pasado el primer filtro en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pero su futuro sigue siendo incierto. Mañana, estas propuestas serán sometidas a debate en el pleno de San Lázaro, donde se espera una discusión profunda y una evaluación cuidadosa de su impacto en el sistema judicial y los derechos de los ciudadanos.

Al unísono más de diez mil gargantas corearon “Fuera los Monreal, fuera los Monreal… el grito se escuchó en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. Vecinos, empresarios, comerciantes del espacio público y políticos fueron testigos de la demanda ciudadana.

Otra crítica que unificó los criterios de los y las candidatos fue el trabajo que realizó Sandra Cuevas Nieves, de acuerdo a ellos la Cuauhtémoc es tierra de nadie por el alto grado de inseguridad que se vive en ella, así como los cobros de piso y las extorsiones enfermedades que nunca les dio cura la hoy candidata de MC.

Sobre ese tema, la candidata Silvia Sánchez Barrios señaló durante su intervención en la Cuauhtémoc “no queremos más improvisados, políticas que hacen circo, maroma y teatro para desviar la atención por el trabajo realizado, los habitantes de esta demarcación no se volverán a equivocar al momento de votar, tienen muy claro que Alessandra Rojo de la Vega es quien le hace falta a este territorio para lograr la paz, la seguridad y el orden”.

Sánchez Barrios señaló que durante estos dos años y fracción ha caminado no sólo por el Distrito IX, sino por diversas colonias de la alcaldía esto con el fin de conocer de cerca los problemas que aquejan a los vecinos y de esta forma desde el congreso de la Ciudad de México elaborar leyes o mejorar el presupuesto para lograr tener mejores servicios como salud, agua, seguridad, senderos seguros y una mejor vigilancia policiaca.

La candidata por el distrito 9, Silvia Sánchez Barrios no tiene duda de que va asegurar su espacio en el recinto de Donceles y Allende, así como la Alcaldía con Rojo de la Vega.

Asimismo, agregó “falta mucho por recorrer calles, caminarlas. Les digo que a mi paso he encontrado rostros de amargura, de olvido, tristeza, adoloridos por falta de trabajo, pero esas caras esos sentimientos me han hecho más fuerte para seguir luchando y buscando mejores niveles de vida para las poblaciones más vulnerables”.

Agregó “lo anterior lo vamos a lograr con Santiago Taboada cuando sea Jefe de Gobierno y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc”.

Y remató su intervención al decir “no soy una mujer de palabras, sí de hechos. Tengo el corazón en la mano y los pies en la tierra”.

Durante el evento estuvieron presentes Jesús Zambrano, Andrés Atayde, Nora Arias, Israel Betanzos, Tonatiuh González Case y otros políticos.

• Ciudadanía de San Felipe del Agua, agencia municipal de la capital oaxaqueña, votarán  razonadamente por los candidatos y candidatas del PT 
• En su primer mes de campaña, “El Bueno” es factor de unidad entre el pueblo y las bases de la 4T  inconformes con las opciones deshonestas de morena 

Al cumplirse los primeros 30 días de campaña, el candidato de la primera fórmula al Senado de la República por el Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya “El Bueno” y Claudia Sheinbaum Pardo han recibido el respaldo masivo del pueblo oaxaqueño para ganar la elección del 02 de junio. 

Fue en San Felipe del Agua, agencia municipal de Oaxaca de Juárez, donde todas las clases sociales que ahí  convergen han decidido votar razonadamente por las candidatas y candidatos del PT, porque aseguraron  que este instituto político es la única opción de la 4T que tiene a personas de honestidad probada. 

En este sentido, “El Bueno” precisó que la verdadera 4T está en el partido que es guiado por la estrella  amarilla que representa la ruta hacia la transformación de Oaxaca y México. 

“Tengo muchos años de lucha y yo he visto como, poco a poco, los problemas se resuelven y cuando se  logran resolverlos se cambian la vida de las personas. Queremos mantener esa ruta, que es distinta,  Claudia nos decía en su visita: hay dos proyectos que se disputan en este momento en México, nosotros  que queremos profundizar en la Transformación o los que quieren que regrese la corrupción de antes. 

Por eso les vengo a pedir su apoyo, que en la boleta del Senado de la República elijan a ‘El Bueno’, busquen  el logo del PT, el de la estrella amarilla fondo rojo y voten por su servidor y amigo Benjamín Robles  Montoya. Hoy ya sabemos que votar por el PT es votar por Claudia Sheinbaum Pardo, ¡Claudia en San  Felipe te vamos a apoyar para que seas la próxima de este país!”, expresó el candidato petista. 

Las bases de la 4T, enfatizó, han elegido votar por el PT porque no aceptan las opciones sospechosas de morena. Y es que, además, comentó, de este lado están las bases 100% obradoristas, los que con trabajo  y resultados han aportado a la transformación de la entidad. 

Se sumaron a esta asamblea informativa: su suplente de fórmula, Fernando Aguilar Robles; la codirigenta  del PT en Oaxaca, Maribel Martínez Ruiz; las lideresas petistas, Mónica Santiago y Jocabeth Betanzos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en el ojo del huracán luego de que el auditor interno, cercano a Morena, revelara una serie de irregularidades que ascienden a más de 400 millones de pesos durante la gestión del expresidente Lorenzo Córdova. En una reunión con diputados en la Cámara de Diputados, se expusieron denuncias contra exfuncionarios del órgano electoral, generando un escenario de preocupación y cuestionamiento sobre la transparencia y la rendición de cuentas en una institución fundamental para la democracia mexicana. 

Una de las irregularidades señaladas por el auditor interno del INE se remonta a la propuesta de realizar un proyecto denominado “Memoria de Gestión Institucional 2014-2023”, el cual tenía como objetivo elaborar un informe exhaustivo sobre la gestión de Lorenzo Córdova con una inversión prevista de 11 millones 614 mil pesos. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo como estaba previsto, ya que en su lugar se firmaron tres contratos para la prestación de asesorías a servidores del INE. Este cambio de enfoque generó críticas por parte del auditor, quien denunció una “terrible duplicidad de funciones” y cuestionó la necesidad de contratar asesorías externas cuando se supone que el INE cuenta con personal capacitado en sus diferentes unidades técnicas.

La gravedad de estas irregularidades podría derivar en consecuencias administrativas para los servidores públicos del INE involucrados, incluida la destitución e inhabilitación. Sin embargo, en el caso de exfuncionarios, las medidas disciplinarias son limitadas, lo que representa un desafío en términos de responsabilidad y rendición de cuentas.

Luis Oswaldo Peralta Rivera, quien asumió el cargo de auditor interno en septiembre de 2023, ha sido objeto de escrutinio debido a su cercanía con el partido Morena. Su participación como candidato plurinominal para diputado federal por este partido en el proceso electoral de 2014-2015 ha generado especulaciones sobre su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Las cifras reveladas durante la reunión con diputados son impactantes. Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mencionó que las irregularidades detectadas podrían alcanzar hasta 400 millones de pesos en la gestión anterior del INE. Esta falta de transparencia y opacidad en el manejo de recursos públicos es motivo de preocupación, especialmente cuando se considera la importancia del INE en la garantía de procesos electorales libres y justos.

Las sanciones potenciales para los responsables de estas irregularidades van desde la inhabilitación hasta por 10 años, lo que refleja la gravedad de las faltas cometidas. Además, la presentación de denuncias contra exfuncionarios del INE ante los tribunales corresponde a un intento por esclarecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas en una institución clave para la democracia mexicana.

El escándalo desatado por las irregularidades en la gestión del INE bajo la presidencia de Lorenzo Córdova pone de manifiesto la necesidad de una supervisión más rigurosa y una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La integridad y la imparcialidad de las instituciones electorales son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia en México.