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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que un grupo empresarial relacionado con Grupo Salinas asumió el compromiso de cubrir un adeudo fiscal por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, como parte de un proceso de regularización con la autoridad hacendaria. De esa cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron pagados e ingresados a la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será cubierto mediante 18 pagos posteriores.

De acuerdo con el comunicado oficial del SAT, el ingreso inicial se realizó el mismo día en que se dio a conocer el acuerdo. “Un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, 10 mil millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, detalló la dependencia.

Casi de manera simultánea al anuncio de la autoridad fiscal, Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, difundió un posicionamiento en el que aseguró haber cubierto los montos fiscales solicitados por el SAT. En un mensaje publicado a través de la red social X, el conglomerado afirmó: “Con este pago que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024 habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”.

En el mismo documento, la empresa señaló que, en los últimos 20 años, ha realizado pagos por más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Además, destacó que tanto sus empresas como su presidente fundador buscan enfocar sus esfuerzos en las actividades productivas del grupo, al señalar que es esencial “continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas”.

Este proceso ocurre después de que, una semana antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara públicamente que el empresario debía un monto aproximado de 51 mil millones de pesos, tras resoluciones judiciales adversas. Dicho adeudo se configuró luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara diversos amparos promovidos por empresas del grupo.

El pasado 13 de noviembre, la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se desechó el amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por Grupo Elektra. Este recurso era el de mayor cuantía interpuesto por la empresa contra el fisco y establecía la obligación de pagar 33 mil 306 millones de pesos. Con los pagos anunciados y el esquema acordado con el SAT, el caso fiscal se encuentra en proceso de cumplimiento conforme a lo informado por ambas partes.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Guerrero desmintió la existencia de una supuesta “carta de liberación” relacionada con el proceso de revisión a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023. La dependencia precisó que el procedimiento de fiscalización continúa vigente y se desarrolla conforme a lo establecido en la ley.

La aclaración se emitió luego de que diversos medios de comunicación difundieran versiones sobre una presunta exención o cierre del procedimiento en favor de la presidenta municipal. Ante ello, la ASF señaló que dicha información es incorrecta y responde a una confusión de términos sobre el alcance real de la revisión en curso.

En un comunicado oficial, la auditoría reiteró que su actuación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normatividad en el uso de los recursos públicos. “La ASF reitera su postura por hacer cumplir la ley respecto a la fiscalización de los recursos que utilizan todos los entes públicos en estricto apego a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el estado”, indicó la institución.

La ASF explicó que el proceso al que se ha hecho referencia corresponde a una revisión del Ramo 28, relativo a las Participaciones Federales, y no a una supuesta “carta de liberación”, como se había informado. En ese sentido, puntualizó que no existe ningún documento que exonere o concluya de manera anticipada el procedimiento de fiscalización relacionado con el Ayuntamiento de Acapulco.

Asimismo, la dependencia detalló que se inició un proceso de fiscalización específico al municipio en relación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Esta revisión forma parte de las atribuciones legales de la ASF y se centra en conceptos distintos a los que han sido mencionados en algunas publicaciones.

La auditoría subrayó que todas las acciones emprendidas se realizan respetando el debido proceso y con el objetivo de fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. En ese contexto, aclaró que la revisión en curso no implica una resolución definitiva, sino una etapa dentro del procedimiento de fiscalización establecido en la normatividad vigente.

La aclaración de la ASF se da en el marco de una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco, encabezado por Abelina López. Al respecto, la auditoría local señaló que se mantendrá atenta y acatará la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre dicho recurso.

Con esta postura, la ASF de Guerrero reafirmó que el proceso de fiscalización continúa y que no existe, hasta el momento, ninguna determinación que implique la liberación o conclusión del caso relacionado con la revisión de la Cuenta Pública 2023 del municipio de Acapulco.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la gran mayoría de la militancia del partido mantiene el compromiso con los principios que lo rigen, entre ellos la austeridad, aunque admitió que existen casos que contradicen esa doctrina. En declaraciones a medios, sostuvo que “el 99%” de quienes integran el movimiento cumple con dichos postulados, mientras que el “1% restante” genera distorsiones que afectan la imagen del partido.

Monreal explicó que los integrantes de Morena deben ser un ejemplo de los valores que han promovido, aunque reconoció que no siempre se actúa conforme a ellos. “Nosotros tenemos que ser ejemplo, aunque no siempre lo somos, nos excedemos y abusamos, e incluso violamos lo que nosotros construimos como doctrina filosófica”, expresó.

El legislador abordó el tema en el contexto de la adquisición de nueve camionetas blindadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destinadas a los ministros que asumieron funciones el pasado 1 de septiembre, bajo el argumento de que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios. Al respecto, señaló que este tipo de decisiones contrastan con la filosofía del movimiento político al que pertenece.

“Me preocupa porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos y, evidentemente, frente a la población nos critican y nos cuestionan, y la gente que lo hace tiene razón”, indicó. En relación con la posibilidad de que los ministros reconsideren la compra de las unidades blindadas, Monreal evitó intervenir en decisiones de otro poder, al señalar que se trata de un asunto interno de la SCJN. “Es un asunto de ellos. No me quiero meter con otro poder, porque no quiero que se metan conmigo; pero, ellos tendrán que reflexionar, es una autorreflexión y corrección también”, puntualizó.

En otro tema, el coordinador de la bancada de Morena se refirió al proceso de construcción de una reforma electoral impulsada por el gobierno federal en conjunto con Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo. Reconoció que el avance del tiempo ha incrementado la presión para concretar la iniciativa. “Cada día que pasa, sí mete presión”, afirmó, al recordar que el plazo para su presentación vence en la segunda semana de febrero.

Monreal señaló que las reuniones entre las fuerzas que integran la llamada Cuarta Transformación continúan con el objetivo de presentar una propuesta que cuente con el mayor consenso posible. Indicó que ya han comenzado a definirse temas y redacciones preliminares del proyecto. Sobre la existencia de un borrador con modificaciones a artículos de la Constitución, mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que ya hay avances, aunque aclaró que él no tiene conocimiento directo del documento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un amparo que será determinante para definir la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. La decisión del máximo tribunal del país abre la puerta a que se determine si Aburto debe continuar en prisión para cumplir una condena de 45 años o si procede una modificación a la sentencia impuesta por el homicidio cometido en 1994.

La notificación oficial fue enviada a un Tribunal Colegiado, en la que se informa que la SCJN ejercerá su facultad de atracción para conocer el amparo directo 104/2021. De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), esta atracción deriva de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de diciembre de 2025, al considerar que el caso reviste una relevancia especial para el Estado mexicano.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, durante un mitin político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por este crimen, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, pena que ha cumplido de manera continua desde entonces.

En el acuerdo de admisión, la Corte señaló: “Se adjunta el acuerdo emitido el quince de diciembre de la pasada anualidad, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 947/2025 (…) para conocer del amparo directo 104/2021 en que se actúa”. Con esta determinación, el caso será analizado directamente por el Pleno del alto tribunal.

La FGR argumentó su interés en que la SCJN conozca el asunto “por la trascendencia que reviste para el Estado mexicano, toda vez que será analizada una cuestión de competencia jurisdiccional”, según consta en los listados oficiales. El punto central del debate jurídico radica en cuál legislación penal debía aplicarse al momento de dictar la sentencia.

El Tribunal Colegiado involucrado es el mismo que, en octubre de 2023, emitió una resolución favorable a Aburto al considerar que su proceso debió regirse por el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual establecía una pena máxima de 30 años por homicidio calificado. En contraste, la condena de 45 años se impuso con base en el Código Penal Federal, lo que abrió la discusión sobre la correcta aplicación de la norma.

Mientras el caso es enlistado y sometido al análisis del Pleno, la Suprema Corte ordenó suspender cualquier trámite adicional. “El Ministro Presidente del Alto Tribunal de Justicia ordenó suspender el dictado de la sentencia en este asunto, hasta en tanto el Tribunal Pleno resuelva lo conducente”, señala el acuerdo. La resolución final marcará un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de la historia política y judicial de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó de manera unánime una reforma a la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, aprobada el 12 de julio de 2024, que facultaba a la gobernadora Layda Sansores San Román para otorgar licencias de construcción de “obras de interés estatal y de gran impacto” en los 13 municipios de la entidad. La resolución concluyó que dicha modificación vulneró la autonomía municipal prevista en la Constitución federal.

El fallo se dio al resolver la acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche, y cuyo proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos. En el análisis, la Corte determinó que el Congreso local transfirió indebidamente al Poder Ejecutivo una atribución constitucional que corresponde de forma exclusiva a los ayuntamientos: la regulación, control y autorización de la construcción dentro de su territorio.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la reforma no se limitó a establecer bases generales o mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, sino que eliminó por completo la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto. Esta estructura normativa, señaló el ministro ponente, concentró la decisión únicamente en la titular del Ejecutivo estatal, despojando a los municipios de una facultad que la Constitución les reconoce expresamente.

“Esta estructura normativa no se limita a establecer bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche, así se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce”, expuso Espinosa Betanzos durante la sesión.

Como parte de la resolución, el Pleno invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, así como el segundo artículo transitorio de la reforma, al considerarlos contrarios al orden constitucional. Los ministros coincidieron en que la modificación afectaba directamente el principio de autonomía municipal, uno de los pilares del federalismo mexicano.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que los municipios deben conservar la capacidad de otorgar licencias de construcción y permisos, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. En su intervención, advirtió que la creación de una categoría de obras públicas de interés estatal y de gran impacto no puede utilizarse como vía para eliminar una facultad constitucional de los ayuntamientos.

Con esta decisión, la Corte reafirmó que la planeación, autorización y control del desarrollo urbano y de las construcciones dentro de los municipios no puede ser desplazada por legislaciones locales que concentren dichas atribuciones en el Poder Ejecutivo estatal, aun cuando se trate de proyectos considerados de alto impacto o interés general.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria solicitara públicamente el pago de adeudos fiscales por 51 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El posicionamiento del empresario se dio después de que el tema fuera expuesto durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En su respuesta, Salinas Pliego afirmó que su intención es concluir el diferendo que mantiene con el gobierno federal. “Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución”, expresó. Añadió que su postura no ha sido la confrontación, sino la búsqueda de certidumbre jurídica y de un marco de legalidad claro que permita resolver de manera definitiva los asuntos pendientes y sus implicaciones.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum exhortó al empresario a cubrir los adeudos fiscales señalados por la autoridad hacendaria. El llamado se realizó en el contexto de las revisiones fiscales y del cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con empresas del grupo empresarial.

A través de su cuenta en la red social X, Salinas Pliego reiteró que cumplirá con las obligaciones fiscales que legalmente le correspondan. En ese mismo mensaje, sostuvo que durante el periodo en el que se ha desarrollado la controversia, sus empresas han entregado al fisco más de 285 mil millones de pesos. Precisó que las diferencias se centran en la aplicación de pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, las cuales, indicó, fueron consideradas improcedentes por jueces.

Este intercambio ocurre en un contexto marcado por recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado 19 de septiembre, el máximo tribunal determinó que Elektra del Milenio, empresa vinculada a Salinas Pliego, debe pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales, equivalentes a aproximadamente 3.65 millones de dólares. La decisión se suma a otros fallos adversos para el conglomerado.

Días antes, el Pleno de la SCJN desechó siete amparos promovidos por Elektra y TV Azteca, lo que mantiene vigente la obligación de cubrir alrededor de 48 mil millones de pesos. En ese mismo proceso, con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024.

En dicha resolución se estableció que el SAT tiene facultades para fiscalizar de manera directa a empresas individuales que forman parte de un grupo que declara de forma consolidada, criterio que refuerza la capacidad de la autoridad fiscal para revisar y determinar adeudos dentro de grandes conglomerados empresariales.

El debate sobre la despenalización del aborto en México volvió a colocarse en el centro de la agenda pública tras el posicionamiento de la Iglesia católica frente a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un proyecto de sentencia relacionado con la interrupción del embarazo. La postura fue difundida este domingo a través del editorial Desde la Fe, órgano de comunicación de la arquidiócesis mexicana, en el que se expresó un rechazo directo a dicha eventual revisión judicial.

De acuerdo con la Iglesia católica, la Corte habría incluido en su agenda un proyecto derivado de una acción de inconstitucionalidad que eliminaría el tipo penal del aborto durante todo el embarazo, incluso hasta los nueve meses de gestación. Sin embargo, hasta ahora no existe un comunicado oficial ni documento público que confirme la existencia del proyecto mencionado ni su contenido específico. Aun así, la arquidiócesis señaló que el asunto podría discutirse el próximo 6 de enero.

En su editorial, la institución religiosa acusó al máximo tribunal del país de “despreciar” la vida humana y utilizó una referencia simbólica para expresar su desacuerdo: “Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”. Además, sostuvo que el supuesto proyecto no considera, desde su perspectiva, los riesgos que enfrentan las mujeres que abortan ni el desarrollo del sistema nervioso del embrión a partir de la séptima semana de gestación.

La Iglesia también afirmó que el documento carecería de sustento técnico, al no incluir referencias estadísticas ni científicas, así como fuentes documentales, médicas o académicas. En ese sentido, señaló que se trataría de un proyecto con deficiencias metodológicas y que invadiría las facultades constitucionales de los congresos estatales.

Según su análisis, la eliminación del delito convertiría al aborto en un derecho absoluto, una condición que, afirmó, no es reconocida de manera generalizada en el ámbito internacional. Asimismo, cuestionó que se otorgue mayor atención al sufrimiento de animales que al de un ser humano en gestación.

En contraste con esta postura, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han reiterado su llamado al Estado mexicano para eliminar la penalización del aborto. Human Rights Watch ha advertido que la criminalización, tanto legal como social, continúa siendo uno de los principales obstáculos para el acceso a servicios de interrupción segura del embarazo en el país.

En noviembre de 2024, activistas y diputadas impulsaron una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar el plazo legal y derogar la tipificación del aborto como delito en el Código Penal local. La propuesta no avanzó en el proceso legislativo, en un contexto marcado por la influencia de sectores conservadores, pese a que el oficialismo cuenta con la mayoría parlamentaria.

Actualmente, 24 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto como una decisión voluntaria hasta la semana 12 de gestación, con la excepción de Sinaloa, donde el límite se amplió a la semana 13. Estas reformas se alinean con la resolución emitida por la Suprema Corte hace dos años, cuando determinó que era inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo. Desde 2023, el alto tribunal también ordenó al Congreso de la Unión eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, una instrucción que permanece pendiente de cumplimiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las empresas de Grupo Salinas deberán cubrir los 48 mil millones de pesos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como adeudos fiscales, y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrán iniciarse nuevos procedimientos jurídicos para asegurar el pago. La determinación marca la fase más relevante de un conflicto tributario que involucra a varias compañías del conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego.

El señalamiento de la mandataria surge después de que la SCJN validara de forma definitiva diversas sentencias emitidas por tribunales desde antes de 2018, mismas que confirman los créditos fiscales reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución del máximo tribunal establece que el monto total a cubrir asciende a 48 mil millones de pesos, resultado de múltiples expedientes acumulados contra empresas del grupo.

Durante una conferencia, Sheinbaum precisó que el proceso no deriva de decisiones discrecionales, sino del cumplimiento estricto de obligaciones tributarias. Al respecto, señaló: “Aquí no hay ningún autoritarismo ni nada, sino sencillamente el cálculo de lo que se debe a lo que tiene beneficios, si es que paga, si no paga, pues también hay procedimientos para garantizar que pague, porque es la ley”.

El caso más reciente analizado por la Corte corresponde al amparo directo en revisión 6321/2024 promovido por Grupo Elektra. Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, con el cual se desechó dicho recurso. Este expediente representaba el adeudo individual más elevado de la empresa, por un total de 33 mil 306 millones de pesos.

Tras esa resolución, la SCJN también desechó otros seis recursos de revisión identificados con los números 5654/2024, 5608/2025, 5145/2025, 5731/2025, 5778/2025 y 6293/2025. En conjunto, estos casos acumulan adeudos por 15 mil 020 millones de pesos correspondientes a obligaciones fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca.

La presidenta añadió que la decisión de la Corte se encuentra plenamente alineada con los fallos previos emitidos por tribunales federales y aclaró textualmente que “sencillamente, lo que dijeron es queda, tal cual lo estoy leyendo aquí porque hay que usar las palabras, quedan firmes las sentencias de los tribunales y colegiados de circuito. Eso es lo que resolvió la corte”.

Sheinbaum también explicó que, si Grupo Salinas opta por no realizar el pago en los plazos establecidos, el proceso legal podría extenderse considerablemente, lo que implicaría un incremento adicional en las obligaciones debido a la acumulación de multas y recargos. El SAT mantiene la facultad de emprender acciones legales complementarias para garantizar el cumplimiento del monto establecido.

Con esta determinación, el caso entra en una nueva etapa en la que las autoridades fiscales esperan que el conglomerado empresarial acate la resolución definitiva del máximo tribunal del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para resolver uno de los capítulos más relevantes en los litigios fiscales de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. En la sesión del próximo 13 de noviembre, el máximo tribunal discutirá cuatro proyectos de sentencia relacionados con amparos promovidos por Grupo Elektra y TV Azteca, en los que se propone negar los recursos a favor del empresario.

Los asuntos que llegarán al pleno corresponden a los amparos directos en revisión 5654/2024, 5608/2025, 5154/2025 y 5731/2025, bajo las ponencias de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González y Hugo Aguilar Ortiz, actual presidente de la Corte. Tres de estos casos fueron promovidos por Grupo Elektra y uno por TV Azteca, todos en torno a la disputa por créditos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con los proyectos publicados, las ministras y ministros proponen rechazar los recursos de las empresas al considerar que no existe un tema de constitucionalidad que justifique la intervención del máximo tribunal. 

Los documentos señalan que los planteamientos de las compañías no presentan un “interés excepcional” que amerite que la Corte entre al fondo del asunto, por lo que quedarían firmes las resoluciones de los tribunales colegiados que previamente negaron los amparos.

Esta etapa llega después de que la SCJN desechara la semana pasada los impedimentos promovidos por Grupo Salinas contra la nueva integración del pleno, con lo que se despejó el camino para que los proyectos pudieran ser enlistados y discutidos. 

Junto con los cuatro amparos, la Corte también incluyó en el orden del día varios recursos de reclamación e impedimentos solicitados tanto por las empresas como por la Secretaría de Hacienda, los cuales se prevé que también sean desechados.

A pesar de este avance, el caso más relevante aún no tiene fecha de resolución. Se trata del amparo directo en revisión 6321/2024, a cargo del ministro Arístides Guerrero García, considerado el de mayor cuantía económica en la serie de litigios fiscales de Grupo Elektra frente al SAT. Este asunto permanece pendiente de enlistarse, aunque su desenlace será determinante para definir el alcance financiero de la disputa.

Si el pleno de la Suprema Corte aprueba los cuatro proyectos en discusión, el SAT quedará en posición de exigir el pago de los créditos fiscales controvertidos por las empresas de Salinas Pliego, lo que marcaría un paso importante en la conclusión de una larga batalla legal entre el grupo empresarial y la autoridad tributaria.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que los integrantes del pleno del máximo tribunal acordaron donar parte de su sueldo para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias que han golpeado a Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz durante la última semana.

“Quiero comunicar que el pleno de ministros y ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres”, declaró Aguilar Ortiz al inicio de la sesión de este lunes.

Antes de abordar los asuntos en lista, el ministro presidente solicitó realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales que dejaron las inundaciones y deslaves registrados en distintos puntos del país.

Como parte del plan de apoyo, Aguilar Ortiz adelantó que también se revisarán los recursos institucionales disponibles de la Suprema Corte para destinar un monto adicional en beneficio de las familias damnificadas. Además, convocó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a sumarse a esta iniciativa solidaria mediante la donación de víveres y artículos de primera necesidad.

“De igual manera, convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal”, expresó el ministro presidente.

La SCJN habilitó dos centros de acopio principales: el edificio sede en Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y la sede alterna en Avenida Revolución, en la colonia Guadalupe Inn. A su vez, se instalarán puntos de recolección en los edificios judiciales del país, incluyendo juzgados y tribunales federales en diferentes estados.

Entre los insumos solicitados se encuentran agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa para bebé, materiales de primeros auxilios y herramientas que faciliten las labores de limpieza y reconstrucción.

El gesto de solidaridad de los ministros y trabajadores del Poder Judicial se suma a las acciones emprendidas en diversas instituciones del país para respaldar a las comunidades afectadas por las lluvias. Con esta decisión, la Suprema Corte busca canalizar recursos y esfuerzos coordinados que permitan atender las necesidades más urgentes de las familias que enfrentan las consecuencias de los recientes fenómenos meteorológicos.