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El empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria solicitara públicamente el pago de adeudos fiscales por 51 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El posicionamiento del empresario se dio después de que el tema fuera expuesto durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En su respuesta, Salinas Pliego afirmó que su intención es concluir el diferendo que mantiene con el gobierno federal. “Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución”, expresó. Añadió que su postura no ha sido la confrontación, sino la búsqueda de certidumbre jurídica y de un marco de legalidad claro que permita resolver de manera definitiva los asuntos pendientes y sus implicaciones.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum exhortó al empresario a cubrir los adeudos fiscales señalados por la autoridad hacendaria. El llamado se realizó en el contexto de las revisiones fiscales y del cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con empresas del grupo empresarial.

A través de su cuenta en la red social X, Salinas Pliego reiteró que cumplirá con las obligaciones fiscales que legalmente le correspondan. En ese mismo mensaje, sostuvo que durante el periodo en el que se ha desarrollado la controversia, sus empresas han entregado al fisco más de 285 mil millones de pesos. Precisó que las diferencias se centran en la aplicación de pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, las cuales, indicó, fueron consideradas improcedentes por jueces.

Este intercambio ocurre en un contexto marcado por recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado 19 de septiembre, el máximo tribunal determinó que Elektra del Milenio, empresa vinculada a Salinas Pliego, debe pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales, equivalentes a aproximadamente 3.65 millones de dólares. La decisión se suma a otros fallos adversos para el conglomerado.

Días antes, el Pleno de la SCJN desechó siete amparos promovidos por Elektra y TV Azteca, lo que mantiene vigente la obligación de cubrir alrededor de 48 mil millones de pesos. En ese mismo proceso, con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024.

En dicha resolución se estableció que el SAT tiene facultades para fiscalizar de manera directa a empresas individuales que forman parte de un grupo que declara de forma consolidada, criterio que refuerza la capacidad de la autoridad fiscal para revisar y determinar adeudos dentro de grandes conglomerados empresariales.

Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó de “postura regresiva” el cambio de criterio adoptado por los nuevos integrantes del máximo tribunal respecto a las consultas a personas con discapacidad. En su opinión, esta nueva postura impone a los propios grupos vulnerables la carga de defender derechos que deberían ser protegidos de manera preventiva.

A través de su cuenta en X, recientemente creada, Laynez Potisek expresó que el nuevo criterio que se perfila en la SCJN servirá como base para analizar impugnaciones a leyes que afecten a grupos vulnerables, incluso si no se llevaron a cabo consultas durante el proceso legislativo. “Sin intervención oficiosa, la desigualdad se reproduce”, subrayó el exministro en su publicación del martes.

Este lunes, el pleno de la SCJN invalidó un artículo de la Ley para personas con discapacidad de Guerrero, manteniendo la discusión abierta sobre el derecho a la consulta. El argumento mayoritario de los ministros fue que la violación al derecho a la consulta debe ser analizada únicamente cuando los grupos vulnerables afectados presenten impugnaciones.

La ministra Lenia Batres explicó que invalidar leyes por falta de consulta previa representaba “una deformación de los fines del derecho a la consulta conquistado por las personas con discapacidad para permitir que se utilizase en su contra al invalidar decretos que regulaban o ampliaban derechos”.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar recordó que la práctica de la anterior composición de la SCJN consistía en invalidar automáticamente leyes o decretos por la ausencia de consulta, incluso cuando la legislación era favorable para pueblos y comunidades indígenas. Aguilar destacó que el nuevo criterio busca un “punto medio” en las decisiones del Pleno de la Corte.

Laynez Potisek abrió su cuenta de X el 1 de septiembre, apenas un día después de dejar el cargo la anterior composición de la Suprema Corte. La crítica al nuevo criterio sobre el derecho a la consulta constituye la primera postura pública que manifiesta un ministro en retiro respecto a las decisiones de los actuales integrantes del tribunal.

El exministro enfatizó que la carga de defender los derechos de las personas con discapacidad recae ahora directamente sobre los propios afectados, una situación que considera regresiva en términos de igualdad y protección legal. Su intervención marca un señalamiento importante dentro del debate sobre la forma en que la SCJN abordará la protección de grupos vulnerables en el futuro, particularmente en lo relativo al derecho a ser consultados antes de la aprobación de leyes y normas que les conciernen.

En Querétaro, un artículo del Código Penal encendió el debate y terminó por quedarse firme: el 127 bis-1 seguirá castigando a quien represente un riesgo de contagio de una enfermedad grave, sin necesidad de que el contagio ocurra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó, se dividió y, al final, no alcanzó mayoría para invalidarlo.

La CNDH intentó frenar esa ley. Alegó que es ambigua y se mete demasiado en lo penal. Respaldada por la ministra Yasmín Esquivel, la propuesta de invalidez buscaba eliminar un delito que, según su visión, no explica con claridad qué es una “enfermedad grave”. Tampoco se ancla a otra norma que defina el término.

Esquivel afirmó que ese vacío afecta el principio de legalidad. La ministra Lenia Batres reforzó el punto diciendo que se puede sancionar a alguien aunque el contagio haya sido accidental. Con ella estuvieron Norma Piña y Javier Laynez, sumando cuatro votos que iban por tumbar el artículo.

Pero el otro bloque también se plantó firme. Juan Luis González Alcántara dijo que la gravedad de una enfermedad puede entenderse por sus consecuencias y síntomas. Margarita Ríos Farjat recordó que el artículo fue reformado en tiempos de emergencia sanitaria, para proteger la salud pública frente a quienes saben que tienen una afección y, aun así, exponen a los demás. Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán completaron el grupo que votó por dejar todo como está.

El empate fue inevitable. Ocho ministros votaron, cuatro de un lado y cuatro del otro. Loretta Ortiz y Alfredo Gutiérrez no asistieron. Por reglamento, sin mayoría, no hay cambios. El artículo se queda.

Mientras tanto, en Pennsylvania, Pittsburgh y buena parte del estado estadounidense, empresas como Google y Blackstone invierten miles de millones para fortalecer centros de datos e infraestructura energética, también con la salud y la tecnología como ejes clave. Un contraste entre visiones de futuro, pero con un punto en común: la urgencia de proteger lo que viene.

En México, el riesgo de contagiar, incluso sin intención, ahora puede traducirse en sanción. El marco legal en Querétaro lo permite, y la Corte lo avaló. La salud pública se colocó por encima de las ambigüedades. Y la ley, tal como está, seguirá marcando esa línea entre la prevención y la penalización.