El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en el ojo del huracán luego de que el auditor interno, cercano a Morena, revelara una serie de irregularidades que ascienden a más de 400 millones de pesos durante la gestión del expresidente Lorenzo Córdova. En una reunión con diputados en la Cámara de Diputados, se expusieron denuncias contra exfuncionarios del órgano electoral, generando un escenario de preocupación y cuestionamiento sobre la transparencia y la rendición de cuentas en una institución fundamental para la democracia mexicana. 

Una de las irregularidades señaladas por el auditor interno del INE se remonta a la propuesta de realizar un proyecto denominado “Memoria de Gestión Institucional 2014-2023”, el cual tenía como objetivo elaborar un informe exhaustivo sobre la gestión de Lorenzo Córdova con una inversión prevista de 11 millones 614 mil pesos. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo como estaba previsto, ya que en su lugar se firmaron tres contratos para la prestación de asesorías a servidores del INE. Este cambio de enfoque generó críticas por parte del auditor, quien denunció una “terrible duplicidad de funciones” y cuestionó la necesidad de contratar asesorías externas cuando se supone que el INE cuenta con personal capacitado en sus diferentes unidades técnicas.

La gravedad de estas irregularidades podría derivar en consecuencias administrativas para los servidores públicos del INE involucrados, incluida la destitución e inhabilitación. Sin embargo, en el caso de exfuncionarios, las medidas disciplinarias son limitadas, lo que representa un desafío en términos de responsabilidad y rendición de cuentas.

Luis Oswaldo Peralta Rivera, quien asumió el cargo de auditor interno en septiembre de 2023, ha sido objeto de escrutinio debido a su cercanía con el partido Morena. Su participación como candidato plurinominal para diputado federal por este partido en el proceso electoral de 2014-2015 ha generado especulaciones sobre su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Las cifras reveladas durante la reunión con diputados son impactantes. Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mencionó que las irregularidades detectadas podrían alcanzar hasta 400 millones de pesos en la gestión anterior del INE. Esta falta de transparencia y opacidad en el manejo de recursos públicos es motivo de preocupación, especialmente cuando se considera la importancia del INE en la garantía de procesos electorales libres y justos.

Las sanciones potenciales para los responsables de estas irregularidades van desde la inhabilitación hasta por 10 años, lo que refleja la gravedad de las faltas cometidas. Además, la presentación de denuncias contra exfuncionarios del INE ante los tribunales corresponde a un intento por esclarecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas en una institución clave para la democracia mexicana.

El escándalo desatado por las irregularidades en la gestión del INE bajo la presidencia de Lorenzo Córdova pone de manifiesto la necesidad de una supervisión más rigurosa y una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La integridad y la imparcialidad de las instituciones electorales son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia en México.