La batalla silenciosa por el control del Comité Técnico de Evaluación entre Monreal y Adán Augusto

Este martes, la Cámara de Diputados decidirá la composición del Comité Técnico de Evaluación (CTE), organismo que tendrá un papel clave en la selección de jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, el camino hacia esta votación ha sido todo menos sencillo, en medio de una intensa pugna política entre dos figuras emblemáticas de Morena: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, y Adán Augusto López Hernández, líder del partido en el Senado.

 

La disputa entre Monreal y Adán Augusto no se limita a simples desacuerdos, sino que refleja una batalla por influencia y poder dentro del partido. Según fuentes legislativas, ambos líderes han puesto sobre la mesa tres de los cinco nombres que deben integrar el comité, compuesto por tres mujeres y dos hombres. Cada uno busca asegurar la mayoría en el CTE, lo cual representaría una ventaja crucial para su facción en la futura selección de altos cargos judiciales.

 

Para evitar una escalada en el conflicto, se ha considerado la intervención de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, quienes intentarán fungir como mediadores en la elección del quinto integrante del CTE. La propuesta tiene como objetivo evitar la injerencia de otras figuras dentro del partido, como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia.

 

La noche de este lunes se perfila como decisiva: las bancadas de Morena buscarán llegar a un acuerdo que permita la presentación formal de la lista de candidatos al CTE y que ésta sea aprobada el martes en la Cámara de Diputados.

 

En una conferencia de prensa reciente, Monreal se reunió con los coordinadores parlamentarios de otros partidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer las cualidades que deben cumplir los integrantes del CTE, aunque sin presentar nombres concretos. “Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos, yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico”, señaló Monreal respecto a la ausencia de propuestas de otros líderes como Rubén Moreira (PRI) y Noemí Berenice Luna (PAN).

 

Monreal también expresó su respeto hacia Movimiento Ciudadano (MC), cuyo liderazgo, bajo Dante Delgado, se ha consolidado en la política mexicana. Ante la posibilidad de que MC abandone la reunión de Puntos Constitucionales, Monreal respondió con diplomacia: “Lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo; es su estrategia y táctica, y ellos sabrán valorar si es o no la correcta”.

 

En la sesión privada de la Jucopo, Ivonne Ortega, coordinadora de MC, lanzó una pregunta incómoda al recordar que Andrés Manuel López Obrador, durante su tiempo como jefe de Gobierno, recurrió al Poder Judicial para evitar cambios en el nombre de Ciudad de México. “¿Ahora, ante quién se debe acudir entonces?”, inquirió Ortega, subrayando la importancia de un poder judicial independiente en los conflictos constitucionales. La respuesta de Monreal, con una sonrisa evasiva, fue: “Esa no te la voy a responder”.

 

El desenlace de este conflicto definirá no sólo el control del CTE, sino también la influencia que Monreal y Adán Augusto tendrán en los nombramientos judiciales. La votación de este martes en la Cámara de Diputados podría ser la clave para resolver esta pregunta.

Ministras Esquivel y Ortiz proponen especialistas para Comité de Evaluación en la SCJN

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf presentaron a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, su propuesta de cinco especialistas para formar el Comité de Evaluación. Este comité será el encargado de preseleccionar a las y los candidatos que participarán en el próximo proceso judicial, sin incluir en la lista a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien también tiene afinidad con la 4T.

La ministra Ortiz Ahlf compartió en redes sociales que el comité, el cual deberá constituirse antes del 31 de octubre, será fundamental para evaluar la idoneidad de las personas que aspiren a participar en la elección judicial.

Entre los nombres propuestos por las ministras se encuentra Silvia Gabriela Ortiz, quien actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta de Esquivel Mossa, así como Raúl Plascencia Villanueva, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No obstante, el nombre de la ministra Lenia Batres no fue incluido en la propuesta.

Además de Ortiz y Plascencia, la lista de especialistas incluye a Leoba Castañeda Rivas, exdirectora de la Facultad de Derecho de la UNAM; Ruth Villanueva Castilleja, quien fue exsubprocuradora de Derechos Humanos en la antigua Procuraduría General de la República; y Manuel Becerra Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

INE aprueba distribución de financiamiento para partidos nacionales en 2025

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó un anteproyecto de acuerdo, propuesto por el Consejo General (CG), para la asignación del financiamiento público a seis partidos nacionales en el ejercicio fiscal de 2025. La suma asignada alcanza un total de 7 mil 354 millones 266 mil 504 pesos, distribuidos entre los partidos de acuerdo con sus resultados electorales y representatividad.

De acuerdo con el documento, que aún requiere la aprobación definitiva del CG, Morena será el partido con mayores recursos, recibiendo 2 mil 584 millones 356 mil 877 pesos. En segundo lugar, el PAN obtendrá mil 294 millones 93 mil 318 pesos; el PRI, 985 millones 302 mil 647; y Movimiento Ciudadano, 972 millones 417 mil 271. El Partido Verde Ecologista de México recibirá 838 millones 97 mil 566 pesos, mientras que el Partido del Trabajo contará con 679 millones 998 mil 825 pesos.

La asignación para el ejercicio de 2025 incluye fondos para actividades ordinarias y específicas, además de recursos para prerrogativas postales y telegráficas. La suma total ya había sido aprobada por el CG en agosto, aunque su reparto entre los partidos se pospuso debido a la pérdida de registro del PRD, tras no alcanzar el mínimo de tres por ciento de votos en la elección federal del pasado 2 de junio.

La comisión, liderada por Dania Ravel, acordó por unanimidad que 7 mil 213 millones 504 mil 956 pesos se destinarán al sostenimiento de actividades ordinarias y específicas, distribuyendo el 30% de manera igualitaria entre los partidos y el 70% restante según los votos obtenidos en la elección de diputaciones federales.

En la misma sesión extraordinaria, también se aprobó otro anteproyecto de acuerdo para actualizar los lineamientos de verificación de afiliaciones mínimas para las organizaciones que busquen convertirse en partidos políticos locales en 2025.

Diputados Presentan 24 Iniciativas Sobre Diversos Temas Legislativos

En una jornada intensa, diputados de los seis grupos parlamentarios presentaron un total de 24 propuestas legislativas abordando temas variados como la jornada laboral, fiscalías especializadas en delitos de violencia contra la mujer, regulación de pensiones, comercio y sanciones relacionadas con el fentanilo, penalizaciones por el delito de aborto, regulación del cáñamo, telefonía móvil, y delincuencia organizada, entre otros.

En cuanto a la jornada laboral, José Alejandro Aguilar López, del Partido del Trabajo (PT), propuso modificar la fracción IV del apartado A y la fracción II del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política, con el objetivo de reducir la jornada a 40 horas semanales. Esta reforma establece que los trabajadores disfrutarán de dos días de descanso por cada cinco días laborados.

Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para modificar los artículos 102 y 116 de la Constitución, proponiendo que la Fiscalía General de la República cuente con una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres. Asimismo, busca que las legislaturas estatales integren en sus constituciones fiscales especializadas con personal capacitado en perspectiva de género.

Por su parte, Mariana Benítez Tiburcio, de Morena, planteó reformar el Código Penal Federal para especificar que el aborto es la interrupción del embarazo después de las doce semanas de gestación. Además, propuso aumentar las penas para quienes asistan en abortos, imponiendo de tres a cinco años de prisión, y de seis a ocho años si se emplea violencia física o moral.

En el ámbito de la telefonía móvil, Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM, sugirió la creación de un registro de usuarios de líneas telefónicas, tanto de prepago como de postpago. Este registro, que sería gratuito, debe eliminar los datos al concluir un año de servicio, e incluiría información como número de teléfono, nombre completo, CURP y una identificación oficial con fotografía.

Alejandra Chedrahui Peralta, también de Morena, propuso tipificar el delito de ciberacoso como cualquier conducta realizada a través de plataformas digitales o tecnologías que tenga como objetivo acosar, hostigar o intimidar a una persona, afectando su integridad y seguridad. Esta propuesta contempla sanciones que van de uno a diez años de prisión, dependiendo de las agravantes.

En materia de justicia, César Domínguez, del PRI, presentó una iniciativa para reformar el artículo 194 del Código Penal Federal, proponiendo penas de 50 a 60 años de prisión y multas de 100 a 500 días para quienes comercien, transporten o trafiquen fentanilo, así como para quienes participen en su distribución o promoción.

María del Rosario Orozco Caballero, de Morena, propuso un cambio constitucional para sustituir el término “presidente de la República” por “persona Titular del Poder Ejecutivo Federal”.

Además, otras propuestas incluyen evitar el parentesco en la sucesión de cargos, crear el Fideicomiso Fondo Verde de Resiliencia Climática, compatibilidad entre pensiones por jubilación y viudez, estímulos fiscales para empleadores de personas de 45 a 64 años, deducibilidad de pagos por servicios educativos, regulación del cáñamo, políticas para prevenir enfermedades, y diversas reformas para ajustar la Ley contra la Delincuencia Organizada, entre otros.

Todas estas iniciativas fueron turnadas a sus respectivas comisiones para ser analizadas y discutidas.

Controversia en el Senado por Sorteo para Selección de Jueces y Magistrados

El Senado de la República llevó a cabo una sesión extraordinaria el pasado 12 de octubre para iniciar el proceso de insaculación, también conocido como la “tómbola judicial”, con el objetivo de definir a los candidatos para la elección popular de jueces y magistrados en 2025. Durante este evento se seleccionaron 414 magistraturas y 371 juzgados de circuito, un método que ha generado críticas entre senadores de oposición, abogados y miembros del Poder Judicial.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, senador priista de Sonora, expresó su desacuerdo y se ausentó de la sesión, señalando: “No debemos avalar este error. La justicia no se puede sortear; necesitamos jueces competentes que apliquen la ley y la constitución, no decisiones arbitrarias”. En el mismo sentido, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó haber votado en contra de lo que consideró un acto que “pone el acceso a la justicia en manos del azar”. Moreno criticó el modelo por sustituir “la capacidad y el esfuerzo por decisiones políticas” y advirtió que México no está en condiciones de implementar este tipo de experimentos, ya que podrían comprometer las instituciones, la justicia y las libertades del país.

Por otro lado, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, calificó el proceso de insaculación como una “guillotina” que afectará las carreras de los abogados. “Lo que presenciamos hoy en el Senado es un espectáculo lamentable disfrazado de democracia; en realidad, es una guillotina que truncará las trayectorias profesionales de quienes han construido su carrera en el Poder Judicial”, manifestó Castañeda.

Magistrados y Jueces Expresan su Inconformidad

La controversia también se trasladó a las redes sociales, donde jueces y magistrados expresaron su rechazo al método de selección. La magistrada de distrito, María Emilia Molina, criticó el proceso señalando que se trata de “un ejercicio incompleto que pretende disfrazar de paritario una acción del estado que violenta los derechos humanos de las personas juzgadoras, en particular de las mujeres que hemos roto techos de cristal”.

La jueza de distrito Magdalena Victoria Oliva decidió no postularse para otro cargo en el Poder Judicial, y defendió su trayectoria: “Decliné participar. Siempre he llevado la toga con dignidad y principios. Aunque me quiten el nombramiento, mantendré mi esencia. Soy y seré una jueza de carrera que cree en una justicia de calidad”. Otra magistrada, Beatriz Moguel, también rechazó postularse tras 37 años de servicio, argumentando que no existen las condiciones para garantizar una justicia independiente y que no se prestará a una “justicia a modo”.

Abogados y representantes del gremio se sumaron a las críticas. Víctor Oléa, director del Bufete Oléa y Asociados, S.C., y presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, manifestó su solidaridad con los jueces y magistrados que, a su juicio, “perderán sus cargos y carreras profesionales por un sorteo ridículo”. Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, calificó la sesión legislativa como “uno de los capítulos más vergonzosos en la historia constitucional reciente”, advirtiendo que este proceso “sacrifica la carrera judicial de cientos de personas”.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, criticó el método de insaculación antes de que iniciara la sesión, diciendo: “Una tómbola decidirá qué jueces serán destituidos en 2025, sin considerar su mérito, capacidad o imparcialidad”. Por su parte, el analista Leonardo Núñez González opinó que México se está convirtiendo en un lugar surrealista, donde “se pierde un puesto de juez por un sorteo, sin importar la trayectoria profesional”.

En contraste, el abogado Gibrán Zazueta defendió la postura de los jueces y magistrados, afirmando que la verdadera humillación no la sufren ellos, sino quienes planearon y ejecutaron este proceso, que calificó como un “chiste ante la comunidad internacional”.

Una reforma histórica para garantizar salarios mínimos siempre por encima de la Inflación

En un acto que marcará un antes y un después en la política salarial del país, el Senado de la República aprobó de manera unánime una reforma constitucional que garantiza que los salarios mínimos no queden por debajo de la inflación. Con un contundente apoyo de 124 votos a favor, la reforma es vista como un paso crucial en la protección del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, en un contexto en el que la inflación ha sido un enemigo constante de las familias.

 

Esta reforma, enviada en febrero por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, busca instaurar un mecanismo que asegure que la fijación anual de los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, sea siempre superior a la inflación registrada durante su vigencia. Con esto, se evitarán los retrocesos económicos que han afectado a los trabajadores más vulnerables en décadas pasadas.

 

La reforma no solo abarca a los trabajadores del sector privado, sino que también establece que sectores clave del servicio público, como las maestras y maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, personal de las fuerzas armadas, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta medida, además de proteger a estos grupos esenciales, busca reconocer su importancia en el desarrollo y seguridad del país.

 

Alfonso Cepeda, senador de Morena y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), celebró con entusiasmo la aprobación de la reforma, destacando su impacto en la justicia social. En su intervención, Cepeda señaló: “Durante años, los trabajadores fueron víctimas de un modelo económico que promovía salarios bajos. Hoy, con esta reforma, la transformación de México se refleja en hechos, no solo en palabras”. Para Cepeda, esta es una de las reformas más significativas en términos de recuperación del poder adquisitivo y dignificación del trabajo en México.

 

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, también mostró su apoyo a la medida, subrayando la importancia de proteger a las familias mexicanas frente a los embates de la inflación. “Esta reforma no solo es necesaria, es urgente. Los mexicanos no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, y con esta medida estamos dándoles un respiro económico”, afirmó el priista.

 

Por su parte, el panista Ricardo Anaya coincidió en la importancia de la reforma, pero instó a Morena a aclarar ciertos puntos. “Es una reforma que tiene dos grandes aciertos: primero, que nunca más el salario aumente por debajo de la inflación, y segundo, que ningún docente, enfermero o policía gane menos que el salario promedio registrado. Sin embargo, necesitamos claridad sobre si esta reforma beneficiará también a los policías estatales y municipales”, comentó Anaya.

 

Ante esta inquietud, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, aclaró que la aplicación de la reforma en policías de distintos niveles quedará a consideración de los estados, un aspecto que los congresos locales deberán analizar y decidir en los próximos meses.

 

Con la aprobación de esta reforma, se vislumbra una transformación radical en la política salarial de México. La medida no solo busca corregir los errores del pasado, donde el salario mínimo crecía de manera desproporcionada frente a la inflación, sino también crear un marco donde el bienestar económico de los trabajadores esté garantizado.

 

El dictamen ahora pasa a los congresos estatales para su discusión y aprobación final, una fase crucial que definirá su implementación efectiva en todo el país. Los legisladores tienen en sus manos la oportunidad de consolidar una reforma que podría cambiar el curso económico de México y mejorar significativamente la calidad de vida de millones de trabajadores.

Asesinan a Faustino Hernández, Líder Ganadero y Ex Diputado en medio de un fin de semana violento

La violencia en Sinaloa continúa cobrando víctimas de alto perfil. Este lunes, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, fue asesinado a tiros en el fraccionamiento Parque Alameda de Culiacán. Hernández, quien también tuvo una destacada trayectoria política, fue una de las dos personas que perdieron la vida en un ataque que ha conmocionado al estado.

 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que el ataque ocurrió en la mañana, cuando se reportaron disparos en la zona. Al llegar las autoridades al lugar, encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres, uno de ellos al interior de una vivienda y el otro en la cochera. Minutos después, la Fiscalía General del Estado corroboró la identidad de uno de los fallecidos: Faustino Hernández Álvarez.

 

Faustino Hernández no solo era conocido por su liderazgo en el sector ganadero, sino también por su carrera política. Como ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2018 y 2021 y regidor de Culiacán en varios periodos, su muerte ha resonado con fuerza en ambos ámbitos. El Congreso de Sinaloa destacó su papel como presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y su participación como coordinador en diversas campañas políticas.

 

“Faustino siempre fue un defensor de los derechos de los ganaderos y un líder que luchaba por el bienestar de la comunidad rural”, comentó un compañero cercano del sector ganadero. Su muerte deja un vacío difícil de llenar en un momento crítico para Sinaloa, que enfrenta una ola de violencia sin precedentes.

 

El asesinato de Hernández ocurre en un contexto de creciente violencia en el estado. Durante el fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó un total de 20 homicidios dolosos en diferentes puntos de Sinaloa. Diez personas fueron asesinadas el viernes, siete el sábado y tres más el domingo. La escalada de violencia ha dejado a la población en alerta y a las autoridades buscando respuestas ante una situación que parece incontrolable.

 

El mismo lunes, en un camino de terracería que conecta la carretera Benito Juárez con el Campo el Diez, se descubrió el cadáver de otra persona, víctima también de disparos de arma de fuego. Mientras tanto, en la comunidad de Las Arenitas, municipio de Eldorado, se localizó otro cuerpo. A pesar de la gravedad de los hechos, la SSP ha descartado que se haya producido un enfrentamiento armado en estas zonas, lo que agrava la incertidumbre sobre el origen y el propósito de estos homicidios.

 

La muerte de Faustino Hernández Álvarez no solo ha generado conmoción, sino también llamados urgentes para frenar la violencia que afecta a Sinaloa. Diversos sectores, tanto ganaderos como políticos, han pedido a las autoridades estatales y federales redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

 

“Es inaceptable que la violencia se esté cobrando la vida de líderes que luchan por mejorar las condiciones de nuestro estado”, manifestó un líder local, al tiempo que pidió a las autoridades que este caso no quede impune. La exigencia de justicia para Hernández se suma a la creciente demanda de poner fin al dominio del crimen organizado en Sinaloa, que ha ensombrecido tanto la vida cotidiana como el desarrollo económico de la región.

 

Por el momento, la Fiscalía de Sinaloa ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables de este doble homicidio. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado avances significativos en el caso.

Llegan líderes internacionales a México para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

Este domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó a México para asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta electa. El evento, que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, reunirá a importantes figuras políticas de todo el mundo, incluyendo a los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Xiomara Castro (Honduras). También estará presente la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, liderando la delegación norteamericana.

Díaz-Canel aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 9:30 de la mañana, siendo recibido por una comitiva oficial encabezada por David Kershenobich, quien será el próximo Secretario de Salud en el gabinete de Sheinbaum. Además, el presidente cubano participará el lunes en una comida privada junto con el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y otros mandatarios internacionales que asistirán al acto de investidura.

Aunque López Obrador ha indicado que no acudirá a la cena de gala organizada por Sheinbaum ese mismo día, su encuentro con Díaz-Canel se enmarca dentro de sus últimas actividades diplomáticas como jefe de Estado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también llegó este domingo a la Ciudad de México para participar en los actos relacionados con la toma de posesión de Sheinbaum. Además de asistir al evento principal, Lula se reunirá tanto con Sheinbaum como con López Obrador para tratar temas diplomáticos y comerciales de interés mutuo.

En la agenda del mandatario brasileño destaca una reunión clave el lunes, en la cual se abordará la situación de Venezuela, un tema en el que Brasil, junto con México y Colombia, ha intentado mediar sin éxito hasta el momento. Se espera que este encuentro ayude a definir nuevos pasos en la diplomacia regional. Además, Lula participará en un seminario empresarial que contará con la presencia de más de 150 empresas brasileñas y 250 mexicanas.

Hasta el momento, 16 presidentes han confirmado su asistencia a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, entre los cuales destacan Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Xiomara Castro (Honduras). Asimismo, estarán presentes los mandatarios de Belice, Santa Lucía, Dominica, Haití, Ghana y Libia, así como Christian Wulff, expresidente de Alemania.

Uno de los temas que ha generado controversia es la ausencia de líderes europeos, especialmente la del rey Felipe VI de España, quien no fue invitado debido a tensiones diplomáticas derivadas de una carta enviada por López Obrador en 2019, solicitando un reconocimiento por los abusos durante la conquista. La falta de respuesta a dicha carta llevó al gobierno mexicano a no extender una invitación oficial al monarca. Tampoco asistirán el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ni el papa Francisco, quienes declinaron la invitación al evento.

Senado evalúa dictamen sobre apoyo económico para jóvenes desempleados y sin estudios

El Senado de la República tiene en su poder un dictamen que modifica el artículo 123 de la Constitución Política, con el fin de garantizar un apoyo económico a jóvenes que no estudian ni trabajan. Esta iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, con 473 votos a favor, sin modificaciones, cumpliendo así con la mayoría calificada requerida.

El dictamen establece que el Estado proporcionará un subsidio mensual, equivalente al menos a un salario mínimo vigente, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren sin empleo y fuera de cualquier nivel de educación formal. El objetivo es que, durante un periodo de hasta 12 meses, estos jóvenes puedan capacitarse en empresas, talleres, tiendas y otros negocios, conforme a las disposiciones de la ley.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de 20 reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, con el respaldo de legisladores de Morena, PT y PVEM, mientras que partidos como PRI, PAN y MC manifestaron su oposición.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva y diputado por Morena, presentó el dictamen enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales. La propuesta surge a partir de una iniciativa del Ejecutivo Federal y varias aportaciones de diputadas y diputados de la Legislatura anterior.

Gutiérrez Luna explicó que el propósito de esta reforma es ofrecer un subsidio mensual a los jóvenes desempleados, con el salario mínimo actual fijado en 248 pesos diarios, para que puedan adquirir habilidades laborales en diferentes tipos de unidades económicas durante un plazo máximo de un año.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, también de Morena, destacó la importancia de esta reforma, subrayando que ayudará a combatir el estigma que históricamente ha afectado a los jóvenes etiquetados como “ninis”. Considera que la medida representa un avance significativo en los derechos juveniles.

Por su parte, la diputada del PAN, Abril Ferreyro Rosado, opinó que la iniciativa es insuficiente, argumentando que el apoyo no debería limitarse a quienes no trabajan ni estudian. En su lugar, sugirió que el subsidio sea universal y accesible para toda la juventud.

A pesar de las reservas presentadas por diputadas y diputados de diversas bancadas, estas no fueron aceptadas ni discutidas en el Pleno, por lo que el dictamen fue aprobado sin modificaciones adicionales.

Congreso de Jalisco rechaza la reforma judicial en sesión extraordinaria

El Congreso de Jalisco, con mayoría de Movimiento Ciudadano, decidió no apoyar la reforma judicial durante una sesión extraordinaria que comenzó a las 21:00 horas del jueves 12 de septiembre y concluyó pasada la medianoche.

Con 26 votos a favor y 10 en contra, los diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI respaldaron el dictamen que rechaza las modificaciones propuestas. A pesar de esta decisión, la reforma ya ha sido aprobada por 21 congresos locales, lo que es suficiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Los principales argumentos en contra de la reforma judicial giraron en torno a la supuesta violación de la separación de poderes, la metodología en la selección de jueces y la falta de garantías para erradicar el nepotismo y la corrupción, según los legisladores opositores.

Estados que han aprobado la reforma judicial

Hasta ahora, 21 congresos locales han dado su visto bueno a la reforma constitucional, tras sesiones en las que se analizó, discutió y votó la iniciativa. El Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobarla, convocando una sesión extraordinaria en la que, por unanimidad, los legisladores de Morena y la oposición votaron a favor de la reforma.

¿Qué plantea la reforma judicial?

Entre las medidas clave de la reforma judicial se encuentra la renovación completa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del 50% de los jueces, quienes serían elegidos mediante voto popular. La primera elección está programada para el primer domingo de junio de 2025, con una segunda elección ordinaria en 2027, coincidiendo con los comicios federales.

Suspensión de la discusión en Chihuahua

En contraste, el Congreso del Estado de Chihuahua suspendió el debate sobre la reforma judicial después de recibir una orden judicial. El coordinador del PAN, Alfredo Chávez Madrid, informó que el dictamen fue retirado del orden del día para cumplir con la resolución.

Durante una manifestación de trabajadores del Poder Judicial y abogados, Chávez reafirmó que su partido no permitirá que la justicia sea controlada por intereses políticos. Diputados del PRI y Movimiento Ciudadano también apoyaron la postura de no aprobar la reforma en Chihuahua, argumentando que el procedimiento seguido por Morena es irregular y carece de sustento legal.

A pesar de la oposición en Chihuahua, la reforma ha obtenido el respaldo necesario a nivel nacional para ser promulgada.