El Senado de la República llevó a cabo una sesión extraordinaria el pasado 12 de octubre para iniciar el proceso de insaculación, también conocido como la “tómbola judicial”, con el objetivo de definir a los candidatos para la elección popular de jueces y magistrados en 2025. Durante este evento se seleccionaron 414 magistraturas y 371 juzgados de circuito, un método que ha generado críticas entre senadores de oposición, abogados y miembros del Poder Judicial.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, senador priista de Sonora, expresó su desacuerdo y se ausentó de la sesión, señalando: “No debemos avalar este error. La justicia no se puede sortear; necesitamos jueces competentes que apliquen la ley y la constitución, no decisiones arbitrarias”. En el mismo sentido, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó haber votado en contra de lo que consideró un acto que “pone el acceso a la justicia en manos del azar”. Moreno criticó el modelo por sustituir “la capacidad y el esfuerzo por decisiones políticas” y advirtió que México no está en condiciones de implementar este tipo de experimentos, ya que podrían comprometer las instituciones, la justicia y las libertades del país.
Por otro lado, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, calificó el proceso de insaculación como una “guillotina” que afectará las carreras de los abogados. “Lo que presenciamos hoy en el Senado es un espectáculo lamentable disfrazado de democracia; en realidad, es una guillotina que truncará las trayectorias profesionales de quienes han construido su carrera en el Poder Judicial”, manifestó Castañeda.
Magistrados y Jueces Expresan su Inconformidad
La controversia también se trasladó a las redes sociales, donde jueces y magistrados expresaron su rechazo al método de selección. La magistrada de distrito, María Emilia Molina, criticó el proceso señalando que se trata de “un ejercicio incompleto que pretende disfrazar de paritario una acción del estado que violenta los derechos humanos de las personas juzgadoras, en particular de las mujeres que hemos roto techos de cristal”.
La jueza de distrito Magdalena Victoria Oliva decidió no postularse para otro cargo en el Poder Judicial, y defendió su trayectoria: “Decliné participar. Siempre he llevado la toga con dignidad y principios. Aunque me quiten el nombramiento, mantendré mi esencia. Soy y seré una jueza de carrera que cree en una justicia de calidad”. Otra magistrada, Beatriz Moguel, también rechazó postularse tras 37 años de servicio, argumentando que no existen las condiciones para garantizar una justicia independiente y que no se prestará a una “justicia a modo”.
Abogados y representantes del gremio se sumaron a las críticas. Víctor Oléa, director del Bufete Oléa y Asociados, S.C., y presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, manifestó su solidaridad con los jueces y magistrados que, a su juicio, “perderán sus cargos y carreras profesionales por un sorteo ridículo”. Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, calificó la sesión legislativa como “uno de los capítulos más vergonzosos en la historia constitucional reciente”, advirtiendo que este proceso “sacrifica la carrera judicial de cientos de personas”.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, criticó el método de insaculación antes de que iniciara la sesión, diciendo: “Una tómbola decidirá qué jueces serán destituidos en 2025, sin considerar su mérito, capacidad o imparcialidad”. Por su parte, el analista Leonardo Núñez González opinó que México se está convirtiendo en un lugar surrealista, donde “se pierde un puesto de juez por un sorteo, sin importar la trayectoria profesional”.
En contraste, el abogado Gibrán Zazueta defendió la postura de los jueces y magistrados, afirmando que la verdadera humillación no la sufren ellos, sino quienes planearon y ejecutaron este proceso, que calificó como un “chiste ante la comunidad internacional”.
