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Los 43 senadores de oposición han confirmado que votarán en contra de la reforma judicial durante el debate previsto en la Cámara Alta la próxima semana. Los legisladores pertenecientes al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) se unieron para rechazar la propuesta presidencial, después de que la organización Marea Rosa difundiera el “democratómetro”, una lista que reveló uno por uno a los senadores opositores que se oponen a la iniciativa.

A pesar de que Morena y sus aliados solo necesitan un voto de la oposición para aprobar la reforma que ya fue avalada en una sede alterna por la Cámara de Diputados, los senadores opositores se mantienen firmes en su negativa. Daniel Barrera, legislador de Movimiento Ciudadano, fue el último en declarar su postura en contra del dictamen, a pesar de su interés en una reforma judicial.

“Es necesaria una reforma judicial, pero debe analizarse y entenderse. No se puede aprobar solo porque un grupo lo pide o lo rechaza otro. Yo leí la propuesta y mi respuesta es clara: no a esta reforma judicial”, afirmó Barrera. Además, denunció la persecución política que enfrenta su bancada en Campeche, señalando directamente al gobierno estatal liderado por Layda Sansores.

Barrera detalló que varios de sus compañeros de partido, como la alcaldesa Bibi Ravelo y el diputado Pablo Arce, están siendo investigados políticamente. “Desde hace más de dos años, hemos sido víctimas de acoso político en Campeche”, denunció el senador, mencionando también los ataques contra el diputado federal Eliseo Fernández.

Por su parte, Marea Rosa presentó el democratómetro como una herramienta para monitorear la asistencia y el voto de los senadores en relación con la reforma judicial. Ana Lucía Medina, representante de la organización, explicó que enviaron a los senadores dos preguntas: si confirmarían su asistencia y cuál sería su voto sobre la reforma. “Publicamos sus nombres y fotografías, y realizamos las preguntas a través de todas las vías de comunicación posibles”, explicó Medina.

La 62 Legislatura del Estado de México fue oficialmente instalada este 5 de septiembre, quedando lista para iniciar funciones. El morenista Maurilio Hernández González fue elegido como presidente de la Mesa Directiva, con un mandato inicial hasta diciembre, aunque este podría extenderse hasta un año tras posibles reformas a la ley.

El evento protocolario se desarrolló pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no resolvía tres recursos presentados por PRI, PAN y MC. Estas fuerzas políticas buscaban obtener al menos un escaño adicional mediante la impugnación de la distribución de curules de representación proporcional. Sin embargo, las solicitudes fueron desestimadas y la distribución se mantuvo sin cambios.

Por unanimidad, el pleno legislativo designó a Maurilio Hernández como presidente de la Mesa Directiva para todo el periodo ordinario de sesiones, que concluirá en diciembre. Como vicepresidentes fueron nombrados Carlo Alberto López Imm y Jesica Rojas Hernández, mientras que las secretarías quedaron a cargo de Mercedes Colín Guadarrama, Rocío Alexia Dávila Sánchez y Ruth Salinas Reyes.

Tras rendir protesta ante la Comisión Instaladora, Maurilio Hernández tomó juramento a los 75 legisladores que integran esta nueva Legislatura. Luego, declaró formalmente instalada la 62 Legislatura y se acordó convocar a una sesión para el jueves al mediodía, con la participación de la gobernadora Delfina Gómez y el magistrado Ricardo Sodi Cuellar.

En los alrededores del recinto legislativo, simpatizantes se reunieron con música y pancartas para recibir a los nuevos diputados. Dentro, familiares y allegados de los legisladores recorrieron las instalaciones y conocieron las oficinas donde desempeñarán sus funciones.

Durante la sesión de instalación, el presidente de la Diputación Permanente saliente, Jesús Izquierdo, destacó que la anterior Legislatura siempre priorizó el interés general del Estado de México. Subrayó que en los acuerdos prevaleció el diálogo, el consenso y la concordia, logrando 20 nuevas leyes y 260 decretos tras 173 sesiones plenarias y 819 reuniones de trabajo.

Izquierdo recordó a los nuevos legisladores que ahora tienen la responsabilidad de representar al pueblo, actualizar las leyes, fiscalizar los recursos y fortalecer la democracia, asumiendo su rol como guardianes de la soberanía del Poder Legislativo.

Con la asignación de escaños por representación proporcional, conocidos como “pluris”, el Congreso de la Unión sumará a 232 nuevos legisladores, entre ellos familiares de políticos, líderes partidistas con una extensa trayectoria en cargos públicos, y figuras deportivas.

En la Cámara de Diputados, 200 legisladores han asegurado su lugar gracias a los votos obtenidos por sus compañeros de mayoría relativa, Morena, el partido con la bancada más grande para la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre, contará con la presencia de Daniel Asaf Manjarrez, exmiembro del equipo de ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha enfrentado acusaciones de corrupción junto a los hijos del mandatario, también estará Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y exgobernador de Morelos, quien a pesar de haber sido el gobernador peor evaluado en 2023, ocupará un escaño en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien fungirá como coordinador de los diputados morenistas, e Ifigenia Martínez, que podría presidir la Mesa Directiva y entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

Entre los diputados plurinominales de Morena también se encuentran el actor y productor Sergio Mayer, y Hugo Eric Flores, exlíder del extinto partido Encuentro Social (PES). Por parte del PVEM, aliado de Morena, llega Julio Javier Scherer Pareyón, hijo del exconsejero jurídico Julio Scherer, quien, a pesar de su inexperiencia legislativa, ocupará un escaño, su formación académica es en ingeniería industrial y su carrera política comenzó en 2018 durante la campaña presidencial de López Obrador, también se une a la Cámara Felipe Miguel Delgado Carrillo, hermano del próximo secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, quien ha ocupado diversos cargos en el PVEM y en organizaciones de la sociedad civil.

Carlos Puente Salas regresará como coordinador de los diputados del PVEM, mientras que Eruviel Ávila, exmiembro del PRI que se unió al PVEM en agosto de 2023, también ocupará un escaño, en el PRI, Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, ocupará una curul por segunda vez, Christian Castro Bello, sobrino del presidente del PRI, Alejandro Moreno, debutará en un cargo federal tras perder la gubernatura de Campeche en 2021, Rubén Moreira, cercano a Moreno, será el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados por cuarta vez.

El PAN contará con figuras ya conocidas como Jorge Romero, aspirante a la presidencia del partido, Kenia López Rabadán, con 13 años de experiencia legislativa, y Julen Rementeria del Puerto, actual coordinador de los senadores panistas que ahora se unirá a San Lázaro, por Movimiento Ciudadano, Gustavo de Hoyos, exlíder de Coparmex que se mostró crítico con el gobierno de López Obrador, será diputado junto a la raquetbolista Paola Longoria, Claudia Ruiz Massieu, exmiembro del PRI, y Gibrán Ramírez, quien tras su salida de Morena se unió a Movimiento Ciudadano.

En el Senado, los 32 escaños plurinominales han sido ocupados por líderes de partidos, entre ellos Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, quien coordinará a los senadores de Morena, Citlalli Hernández, próxima titular de la Secretaría de Mujeres en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, cuyo lugar será ocupado por su suplente, Emmanuel Reyes Carmona, otros personajes que se integran al Senado incluyen a Javier Corral, exgobernador y exmiembro del PAN, y Alejandro Murat, exgobernador que renunció al PRI para apoyar a Sheinbaum.

Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, también estará presente, junto a los líderes de otros partidos como Alberto Anaya del PT, Alejandro Moreno del PRI, y Marko Cortés del PAN, Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, también regresa al Senado, a pesar de haber abandonado el país en 2021 por denuncias de persecución del gobierno federal.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, criticó este domingo la postura del PAN y PRI, quienes ahora buscan modificar una interpretación legal que durante más de 12 años les benefició, aludiendo una supuesta sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Mier Velazco expresó su confianza en que el Instituto Nacional Electoral (INE) respetará la ley vigente en la asignación de candidaturas por representación proporcional. “Vivimos en un Estado de derecho. Los partidos de oposición insisten en que se respete la ley; por lo tanto, pedimos al INE que actúe con estricto apego a la legalidad”, declaró.

El líder morenista recordó que la normativa actual fue aprobada en legislaturas anteriores, cuando el PRI y el PAN tenían la mayoría, y que en la Constitución se establece un porcentaje del ocho por ciento para cada partido, vinculado a la votación obtenida individualmente. Según Mier, el argumento de la oposición sobre una sobrerrepresentación carece de fundamento.

Además, comentó que esta discusión sobre la representación proporcional se repite cada tres años al integrarse una nueva Legislatura. “Este debate surge cada vez que los cálculos no favorecen a algún partido, y comienzan a cuestionar el procedimiento para determinar la representación proporcional conforme a la ley”, indicó.

Mier también recordó que se presentó una reforma para modificar este criterio, pero quedó estancada porque el PAN se opuso, principalmente debido a la inclusión de la alternancia de género en las dirigencias, lo cual, según Mier, fue la razón por la que el Partido Acción Nacional no quiso votarla.

La oposición dio su aprobación a un primer conjunto de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las últimas de su sexenio, destinadas a elevar a rango constitucional los programas sociales y mejorar las condiciones de los trabajadores en pensiones, salarios y vivienda. Anoche, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó estos cuatro dictámenes con el voto favorable de los partidos opositores, aunque rechazaron todas las reservas propuestas por los diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) que buscaban perfeccionar el marco legal.

Estos cuatro dictámenes fueron remitidos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, avanzando así las primeras cuatro de un total de 18 iniciativas de reformas constitucionales, además de dos cambios a leyes secundarias, presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero. Aunque el voto favorable fue casi unánime, se anticipa que no será el mismo para las iniciativas más controvertidas, como la extinción de organismos autónomos o la reforma judicial, que aún están pendientes. Estas propuestas serán discutidas por la 66ª Legislatura que inicia en septiembre, con una posible mayoría calificada de Morena y sus aliados, en el último mes del mandato de López Obrador.

La propuesta original presentada en febrero por el presidente incluía la creación de un fondo para que el gobierno pudiera complementar las pensiones y asegurar que los trabajadores se retiraran con el 100% de su salario, siempre y cuando no superaran los 16,777 pesos, el salario promedio registrado en el IMSS. Este beneficio sería para los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar desde el 1 de julio de 1997 en el IMSS y aquellos en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Aunque Morena y sus aliados no tienen actualmente la mayoría necesaria para reformar la Constitución, en abril aprobaron estos cambios vía legislación secundaria. Ahora, el dictamen busca confirmar estos cambios legales y elevarlos a nivel constitucional con 38 votos de integrantes de Morena, sus aliados y opositores en la Comisión. A propuesta del morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, se modificó el carácter de la pensión, especificando que será por vejez, no por retiro.

Otro cambio significativo fue la eliminación del artículo tercero transitorio, que indicaba las fuentes de financiamiento, y el quinto, que establecía las reglas para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya que estos puntos fueron incluidos en la ley reformada en abril.

Además, se aprobó con 38 votos la reforma del artículo 123 de la Constitución, estableciendo que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o su revisión, “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”. También se indicó que los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual no inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

Otra reforma aprobada fue la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores. Se rechazaron las reservas presentadas por la diputada Susana Prieto, quien propuso que los salarios mínimos quedaran exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por el priísta Rubén Moreira, quien pidió ampliar los beneficiarios incluyendo a maestros de educación inicial, preescolar, primaria y rurales.

Además, se incluyó en el segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un apoyo mensual equivalente al salario mínimo a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años para que se capaciten para el trabajo por un año. La reforma fue aprobada con 37 votos a favor y una abstención, rechazando las reservas del PAN y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, se avaló la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores y se estableció que toda empresa estará obligada a proporcionar viviendas cómodas e higiénicas y a realizar aportaciones a un Fondo Nacional de Vivienda. Este fondo permitirá a los trabajadores obtener créditos para la adquisición o mejora de viviendas y podrá invertir en la construcción de viviendas para su adquisición o arrendamiento.

Los partidos de oposición PAN, PRI y PRD han dejado de lado sus impugnaciones contra la validez de la elección presidencial. No se han presentado en el Tribunal Electoral para insistir en sus reclamos, ni han solicitado reuniones con las magistraturas, y la Comisión Especial no ha recibido ninguna petición de audiencia pública.

A una semana de la difusión del proyecto del “juicio madre” que prevé aprobar la elección sin obstáculos al desestimar las irregularidades señaladas por la oposición, los partidos han dejado sola a Xóchitl Gálvez en su lucha por demostrar inequidad, irregularidades, y la intervención presidencial y del crimen organizado.

Las disputas internas de los partidos, desde las riñas por la reelección en el PRI hasta la posible desaparición del PRD, han llevado a sus dirigentes a abandonar lo que consideraban una batalla crucial para establecer un precedente sobre la supuesta intervención del Presidente de la República.

MILENIO confirmó que el Tribunal Electoral solo ha recibido interés de los líderes partidistas en asuntos ajenos a la elección. Aunque Xóchitl Gálvez ha insistido en el tema, tampoco ha solicitado una audiencia pública de alegatos, la cual se transmitiría en vivo con las seis magistraturas presentes.

Gálvez se ha reunido en privado con las magistraturas de la Sala Superior y anunció su intención de buscar a Claudia Valle, quien asumirá provisionalmente la sexta silla para completar el quórum legal.

El 24 de julio, la Comisión Especial para las impugnaciones aprobó el cierre de instrucción y publicó el proyecto que declara infundadas las pruebas y argumentos de la oposición para anular la elección, concluyendo que la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue determinante en los resultados, que dieron una ventaja de casi 20 millones de votos a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez.

El juicio de Gálvez fue desechado al no buscar la anulación de la elección, requisito indispensable para su consideración en el “juicio madre”. Sin embargo, los argumentos coincidentes de Gálvez y los partidos que la apoyaron fueron analizados, y tanto PAN y PRD, como el PRI, tienen la oportunidad de solicitar una audiencia pública de alegatos, aunque hasta ahora no han mostrado interés en hacerlo.

La Sala Superior ha destacado que es la primera vez en la historia que se da total difusión a este proceso, haciendo públicos los expedientes, pruebas y el proyecto de resolución. El único paso pendiente es la audiencia pública, que será inédita y transmitida en vivo, con la participación de las seis magistraturas.

Los partidos no asistieron a la audiencia de pruebas del 6 de julio, ni han solicitado reuniones privadas con las magistraturas, ni la audiencia pública de alegatos. Mientras tanto, Gálvez ha expresado su interés en completar el proceso, pero aún no ha formalizado el trámite para su última oportunidad de exponer sus argumentos sobre la intervención del crimen organizado y del presidente López Obrador en la elección.

Si esto no cambia, los planes de la Sala Superior para declarar la validez de la elección presidencial a mediados de agosto podrían adelantarse, en cuanto las magistraturas presenten sus observaciones al proyecto y estén listas para votar.