En sus primeras 48 horas, la convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) no ha recibido ninguna solicitud de inscripción de candidatos para los cargos de jueces, magistrados y ministros. La convocatoria fue emitida la noche del pasado lunes, pero, según el sitio web oficial del Comité, hasta los cortes de las 17:00 horas del martes 5 y miércoles 6 de noviembre, no se han registrado postulaciones.

El comunicado del Comité especifica que, en cumplimiento con el artículo 19 de las Reglas de Funcionamiento del Comité de Evaluación del Poder Judicial, “hasta las 17 horas del día de hoy, no se presentó alguna inscripción para el proceso electoral extraordinario 2024-2025”. Esto indica que el proceso para seleccionar a los futuros jueces y magistrados aún no cuenta con interesados inscritos.

El Comité de Evaluación del PJF, junto con los comités de evaluación del Ejecutivo y del Legislativo, es responsable de servir como el primer filtro en el proceso de selección de los candidatos para los cargos judiciales. Las reglas operativas del Comité establecen que sesionará regularmente los miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas, por lo que en la próxima sesión de este jueves se revisarán los cortes de inscripción correspondientes.

En 2025, se celebrarán elecciones populares para designar a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral, diez magistrados y cinco magistradas en las Salas Regionales, además de 474 magistraturas y 386 jueces.

El Comité cuenta con un mes para evaluar la elegibilidad de los aspirantes y tiene previsto publicar las listas finales el 9 de diciembre de 2024, fecha límite para concluir esta etapa de revisión.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, alertó sobre los peligros que enfrentan los derechos humanos cuando no existen límites claros para el poder, sin importar su origen. Estas declaraciones se dieron en el marco de la discusión sobre las posibles consecuencias de la reforma judicial en México.

Durante la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, la ministra Piña defendió la importancia de la independencia del Poder Judicial. Apoyándose en un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), expresó su preocupación ante la creciente politización de la justicia.

“La justicia imparcial en México está en peligro, y con ella, el respeto a los derechos humanos. La desaparición de la carrera judicial y la falta de certeza jurídica no solo impactan a los ciudadanos, sino que minan la confianza en el sistema judicial, algo fundamental para el desarrollo social y económico del país”, afirmó la ministra.

El discurso de Piña coincidió con una inédita conferencia de prensa realizada por jueces y magistrados federales. Este evento marcó la primera ocasión en que los miembros del Poder Judicial Federal hicieron uso del derecho de réplica para abordar los ataques recibidos en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la reforma judicial como un mandato de la ciudadanía tras las elecciones del 2 de junio de 2024.

Por la mañana, Sheinbaum reafirmó que los amparos en contra de la reforma constitucional son ilegítimos, sosteniendo que ningún juez o magistrado tiene autoridad por encima de la voluntad popular. Frente a estas declaraciones, la ministra Piña enfatizó que el fortalecimiento del Estado de derecho debe ser un proceso de reflexión, discusión y mejora constante, y que es vital atender las múltiples advertencias que surgen en ese sentido.

El magistrado de Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, quien se encontraba de manera interina en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, presentó su renuncia y desistió de su candidatura en el proceso de renovación de más de 850 jueces y magistrados. Esto ocurrió luego de la aprobación de la convocatoria judicial por parte del Senado de la República.

Gómez Fierro, conocido por sus decisiones judiciales que confrontaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, había otorgado suspensiones en contra de la Ley Eléctrica, la entrega de datos biométricos al Gobierno Federal y la Ley de Hidrocarburos. En su carta, dirigida al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), justificó su renuncia argumentando que la reforma judicial es contraria a los principios republicanos y la separación de poderes.

En el documento, el magistrado también expresó su agradecimiento al Poder Judicial de la Federación por los 22 años de servicio, de los cuales 10 los desempeñó como juzgador federal. Durante su trayectoria, afirmó haber actuado con lealtad, honestidad e independencia, siempre comprometido con la institución.

Finalmente, Gómez Fierro manifestó su convicción de que la historia reconocerá la labor del Poder Judicial en la defensa de los derechos humanos y el orden constitucional. Añadió que continuará defendiendo esos valores desde la sociedad civil.

Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación calificaron este lunes como un “golpe de Estado” la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso en septiembre pasado. Los funcionarios judiciales hicieron un llamado a organismos internacionales, como la ONU, y a gobiernos democráticos para condenar la medida, argumentando que representa un “retroceso jurídico y democrático”.

Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), expresó en conferencia de prensa: “Hacemos un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante este golpe de Estado franco y abierto”.

En un sentido similar, Iliana Fabricia Contreras, magistrada y directora nacional de Organización de la JUFED, coincidió en que la reforma representa un “golpe de Estado” y advirtió que México podría estar encaminándose hacia una “dictadura”. “Hoy, no solo está en riesgo la posición de jueces y magistrados, sino la democracia y el equilibrio de poderes. Estamos en un momento en el que el Poder Judicial de la Federación podría desaparecer, lo cual es un claro camino hacia una dictadura”, afirmó Contreras.

Según la Enciclopedia Política de Rodrigo Borja, un golpe de Estado se define como “un cambio violento de gobierno que se lleva a cabo violando las normas constitucionales, en el que participan los propios gobernantes o sectores cercanos a ellos”.

La JUFED calificó la reforma judicial como un “retroceso democrático” y solicitó la intervención de la comunidad internacional, así como el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender al Poder Judicial. “Hacemos un llamado a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a que condenen este retroceso que coloca a México del lado de las autocracias”, señaló Fuentes Velázquez al leer un comunicado de la asociación.

Además, la organización pidió a la SCJN asumir su responsabilidad en la defensa de la independencia judicial. “Exhortamos a la Suprema Corte a que defienda al Poder Judicial en este momento histórico”, concluyeron.

La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, ya está en marcha, con el inicio del proceso para la elección de jueces en 2025.

Este sábado, en un hecho sin precedentes, tribunales en los estados de Morelos y Chiapas han otorgado las primeras suspensiones en contra de la reforma judicial. En Morelos, la jueza Quinta de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la Cámara de Diputados detener la discusión del dictamen de la reforma judicial, la cual estaba programada para este lunes. La suspensión provisional fue concedida en respuesta a un amparo promovido por un grupo de jueces que buscan frenar el avance de la propuesta impulsada por Morena y sus aliados.

Por su parte, en Chiapas, el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio que impide a ambas cámaras del Congreso de la Unión continuar con el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial. Además, en caso de que las reformas sean aprobadas, el juez ordenó que no se envíen a los congresos estatales ni a la Ciudad de México para su ratificación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

En un acuerdo publicado ayer, la jueza Magaña López determinó que el dictamen discutido y aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado lunes no tendrá efectos para los jueces quejosos. La magistrada dio un plazo de 24 horas a la Cámara de Diputados para que informe sobre el cumplimiento de la suspensión provisional, advirtiendo que cualquier falsedad en su reporte podría acarrear sanciones.

La decisión de suspender la reforma judicial ha generado diversas reacciones en el ámbito legal. Melissa Ayala, abogada y colaboradora de EL UNIVERSAL, expresó en su cuenta de X su oposición a la reforma, pero también criticó las suspensiones otorgadas, señalando que agravan la situación política del país. Por su parte, el abogado Francisco Burgoa manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza Magaña López, afirmando que esto solo contribuirá a intensificar la narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación. También subrayó que el Ejecutivo no tiene facultades para sancionar reformas constitucionales ni para formular observaciones al respecto.

El exministro de la Corte, Diego Valadés Ríos, calificó las suspensiones otorgadas como un “hecho inédito” y sin “fundamento jurídico”. A través de su cuenta en X, el exprocurador general de la República enfatizó que estas decisiones carecen de base legal y que no deben entorpecer la defensa de la independencia judicial.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha designado a Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey, como la sexta magistrada encargada de la calificación de la elección presidencial. La decisión, tomada en una sesión privada que se extendió por más de una hora, se basó en la antigüedad de Valle tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

Esta resolución provocó reacciones encontradas entre los senadores. Damián Zepeda, senador del PAN, criticó al TEPJF por no llenar las dos vacantes existentes, situación que, según él, impide abordar adecuadamente asuntos urgentes como impugnaciones y la sobrerrepresentación. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda resaltó que la ley exige seis magistrados para la calificación presidencial, pero también establece que en ausencia de nombramientos por parte del Senado, se debe recurrir a los magistrados con mayor antigüedad. Zepeda lamentó que el Tribunal solo cumpla parcialmente con sus obligaciones y sugirió que esto podría ser una estrategia para mantener una mayoría favorable. Además, pidió transparencia en los votos disidentes y destacó la preparación y experiencia de Valle Aguilasocho.

Por otro lado, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, celebró el nombramiento, afirmando que Valle Aguilasocho tiene el perfil y la experiencia necesarios para concluir el proceso electoral. Cravioto espera que este nombramiento permita al TEPJF avanzar sin demoras causadas por la oposición.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también apoyó la designación, subrayando que Valle Aguilasocho cumple con los requisitos de antigüedad y tiene amplia experiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que refuerza su sólida carrera judicial.

A raíz de las versiones que apuntan a que la ministra Yasmín Esquivel Mossa habría solicitado la renuncia de Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Comunicación Social del máximo tribunal aseguró que la titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) sigue desempeñando sus funciones.

No obstante, el equipo de Comunicación de la SCJN no confirmó ni desmintió la información publicada por el diario Reforma, limitándose a afirmar que “la Ministra Presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo”.

Además, la Comunicación Social de la Suprema Corte indicó que la ministra Piña mantiene un diálogo activo con los poderes Legislativo y Ejecutivo en el marco de una reforma judicial, y que el próximo lunes 8 de julio clausurará el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el cual incluyó 14 foros en esta temática.

“La Presidenta de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal encabezará, el lunes 8 de julio, el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial”, destacó la Oficina de Comunicación Social de la SCJN.

Al ser cuestionada sobre la supuesta petición de renuncia que habría hecho en una sesión privada de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel no fue concluyente en confirmar o negar la versión del diario Reforma. Sin embargo, en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, Esquivel expresó su apoyo a que la ministra Piña lleve las negociaciones del Poder Judicial Federal con el Congreso de la Unión respecto a la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla la elección de ministros, ministras, magistrados y jueces por voto popular.

“Sí requerimos y necesitamos que Norma Piña sea la persona que lleve nuestra voz y que nos represente ante los otros Poderes”, respondió Esquivel cuando se le preguntó si insistiría en su solicitud de renuncia.

Previamente, Esquivel Mossa había criticado la falta de comunicación de la ministra Piña con los Poderes Ejecutivo y Legislativo y la ruptura evidente del Poder Judicial Federal con el gobierno federal “desde hace año y medio”. Esquivel señaló la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de que Piña continúe como interlocutora con el Poder Legislativo, fundamental en la discusión de la reforma al Poder Judicial Federal presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado.

La ministra Esquivel añadió que durante la sesión privada también cuestionó si la Suprema Corte debe continuar con el rumbo actual, caracterizado por una “evidente ruptura con los otros dos poderes”. Subrayó la importancia de la comunicación para que se escuche la voz de los ministros, magistrados y jueces en la discusión de la reforma.

Finalmente, Esquivel mencionó que los demás ministros del Pleno de la Suprema Corte no se pronunciaron a favor o en contra de sus reflexiones, y que la ministra Norma Piña fue receptiva ante las inquietudes planteadas, acordando continuar con el diálogo para construir una posición conjunta que se lleve ante los órganos legislativos.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se reunieron en un mitin para manifestarse contra la propuesta de reforma presidencial que actualmente se debate en la Cámara de Diputados.

Una invitación difundida en redes sociales convoca a los empleados a congregarse en el edificio Revolución 1508 del PJF a las 11:45 horas. Según el mensaje, se espera la asistencia de todos los magistrados de los tribunales colegiados en materia penal del primer circuito. La convocatoria, firmada por Norma Contreras, insta a los trabajadores a unirse y defender su institución.

En el mensaje se lee: “TE ESPERAMOS EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO DE REVOLUCIÓN 1508. ESTARÁN PRESENTES TODOS LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, Y TRATARÁN EL TEMA DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA BASE TRABAJADORA DEL PJF. ACOMPÁÑANOS, ES MOMENTO DE ESTAR UNIDOS. TODOS SOMOS PJF.”

En respuesta a esta convocatoria, la ministra Lenia Batres Guadarrama emitió un mensaje en el que alerta sobre la proliferación de llamados a movilizarse contra la reforma judicial. Aseguró el apoyo incondicional a los trabajadores de base del PJF, garantizando que la reforma respetará sus derechos laborales.

“Necesitamos democratizar y transparentar la actuación de jueces, juezas, magistrados y ministras,” concluyó Batres Guadarrama en su comunicado.