La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado múltiples investigaciones en contra de jueces y magistrados, a raíz de las denuncias presentadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por presunto abuso de autoridad relacionado con las suspensiones otorgadas contra la reforma judicial.
De acuerdo con fuentes judiciales que prefirieron mantenerse en el anonimato, la FGR solicitó a los jueces copias de los expedientes correspondientes a las suspensiones a través de correos electrónicos que notifican sobre la investigación en curso. Los magistrados han expresado que estas acciones son tácticas para coaccionar y amedrentar, comparándolas con prácticas utilizadas en regímenes autoritarios.
Para que un juez sea procesado penalmente, se requiere primero que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo desafore, dado que cuentan con fuero orgánico. Aunque se pueden iniciar carpetas de investigación, la consignación ante un juez penal solo es posible si se ha declarado responsabilidad administrativa y se ha levantado dicho fuero.
Los magistrados también han presentado quejas administrativas ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que evalúa posibles responsabilidades. En caso de ser consideradas faltas graves, esto podría resultar en destituciones.
Algunos jueces han solicitado medidas cautelares a las Relatorías de Naciones Unidas, exigiendo que el Estado mexicano cese las persecuciones y respete la independencia judicial. En una conferencia de prensa, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, indicó que el gobierno presentará denuncias contra aquellos jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma.
Según fuentes judiciales, hay más de 170 suspensiones otorgadas, y podría haber entre 20 y 30 jueces involucrados. A medida que se acerca el 2025, se prevé que la situación se complique, ya que un nuevo Tribunal de Disciplina tomará el relevo del CJF, lo que podría llevar a un aumento en las persecuciones políticas contra los jueces.
