Designación de Claudia Valle como Magistrada Genera Debate en el Senado

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha designado a Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey, como la sexta magistrada encargada de la calificación de la elección presidencial. La decisión, tomada en una sesión privada que se extendió por más de una hora, se basó en la antigüedad de Valle tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

Esta resolución provocó reacciones encontradas entre los senadores. Damián Zepeda, senador del PAN, criticó al TEPJF por no llenar las dos vacantes existentes, situación que, según él, impide abordar adecuadamente asuntos urgentes como impugnaciones y la sobrerrepresentación. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda resaltó que la ley exige seis magistrados para la calificación presidencial, pero también establece que en ausencia de nombramientos por parte del Senado, se debe recurrir a los magistrados con mayor antigüedad. Zepeda lamentó que el Tribunal solo cumpla parcialmente con sus obligaciones y sugirió que esto podría ser una estrategia para mantener una mayoría favorable. Además, pidió transparencia en los votos disidentes y destacó la preparación y experiencia de Valle Aguilasocho.

Por otro lado, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, celebró el nombramiento, afirmando que Valle Aguilasocho tiene el perfil y la experiencia necesarios para concluir el proceso electoral. Cravioto espera que este nombramiento permita al TEPJF avanzar sin demoras causadas por la oposición.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también apoyó la designación, subrayando que Valle Aguilasocho cumple con los requisitos de antigüedad y tiene amplia experiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que refuerza su sólida carrera judicial.

Senado detiene dictamen de Ley de Datos Biométricos con un análisis profundo

Senado detiene dictamen de Ley de Datos Biométricos con un análisis profundo

El Senado de la República ha decidido postergar el dictamen de la controversial Ley General de Operaciones de Registros Civiles, que incluye disposiciones para la posesión de datos biométricos de toda la población. Esta decisión ha generado un debate intenso entre los legisladores, evidenciando las complejidades y preocupaciones que rodean esta iniciativa. La Comisión de Gobernación, encabezada por la senadora Mónica Balboa, justificó la demora en la falta de tiempo para un análisis exhaustivo de la propuesta. 

La Ley General de Operaciones de Registros Civiles fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados en marzo de 2023, en cumplimiento de un mandato judicial que exige su aprobación. La propuesta incluye la creación de un registro único con parámetros base que garantizan el respeto a los derechos de identidad, el registro de nacimiento inmediato, y principios de igualdad y no discriminación para todos los nacidos en México, incluyendo a hijos de migrantes.

 

La senadora Balboa explicó que la comisión recibió una notificación judicial el pasado 13 de junio, ordenando la aprobación inmediata de esta ley. Sin embargo, este mandato ha sido un punto de discordia, especialmente por la figura del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien ha estado involucrado en decisiones judiciales controvertidas, como la suspensión de la extradición de Joaquín Guzmán Loera y la modificación del plan de vacunación contra el COVID-19.

 

La dictaminación de la ley ha sido pospuesta debido a las inquietudes expresadas por varios senadores, quienes consideran que se requiere un análisis más profundo y la inclusión de opiniones de entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). La senadora del PES, Eunice Romo, criticó al Poder Judicial por lo que considera un exceso al imponer plazos y procedimientos al Senado. Romo subrayó la necesidad de estudiar detalladamente las propuestas antes de proceder a su aprobación.

 

El senador del PAN, Damián Zepeda, manifestó su sorpresa ante la existencia de un mandato judicial que obligaba al Senado a aprobar la ley, indicando que esto no estaba claramente especificado en el dictamen. Además, expresó su desacuerdo con ciertos aspectos del dictamen, especialmente con la formación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) y las facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación para administrar esta base de datos.

 

Por su parte, la senadora de Morena, Rocío Abreu, solicitó más tiempo para reflexionar sobre este tema, citando su importancia para los derechos humanos, la identidad y la protección de datos. Abreu insistió en la necesidad de un análisis minucioso y completo antes de avanzar con la legislación.

 

La ley propone la creación del SID, una base de datos que centralizará información crucial sobre todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo nombre, apellido, sexo o género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y la Clave Única del Registro de Población (CURP). La Secretaría de Gobernación será responsable de establecer los mecanismos y requisitos para que entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar electrónicamente esta información.

 

La postergación de la dictaminación de la Ley General de Operaciones de Registros Civiles refleja la complejidad y las sensibilidades asociadas con la gestión de datos biométricos. La demanda de un análisis más detallado y la inclusión de múltiples perspectivas subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos individuales como la seguridad nacional.

 

El debate continúa, con la expectativa de que se logre un consenso que permita avanzar en la modernización de los registros civiles en México, garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad y los derechos fundamentales de la población. La Comisión de Gobernación tendrá la tarea de equilibrar estas consideraciones y avanzar con una legislación que cuente con el respaldo necesario para su implementación efectiva.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Senado Evalúa Peticiones de Desaparición de Poderes en Guerrero y Guanajuato

El Senado ha dado inicio al proceso legislativo para considerar las peticiones de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. La Comisión de Gobernación convocó a sus 16 integrantes para analizar la viabilidad de estas solicitudes. Sin embargo, prevalece la opinión consensuada de que en ninguno de los dos casos se justifica la intervención, ya que los tres poderes del estado continúan operando.

Claudia Anaya, secretaria de la Comisión de Gobernación, explicó que la presidenta de la Comisión, Mónica Fernández Balboa, no ha convocado a la Junta Directiva para discutir los términos del documento que será presentado a los integrantes el próximo 2 de abril. Anaya señaló que esta falta de consulta va en contra del reglamento establecido, y hasta el momento no han recibido ningún documento oficial para su revisión.

Una consulta informal realizada por Excélsior reveló que la mayoría de los miembros de la Comisión de Gobernación considera que las peticiones de desaparición de poderes no proceden, ya que en ninguno de los dos estados se ha interrumpido el funcionamiento de los poderes.

La Constitución otorga al Senado la facultad de declarar la desaparición de poderes solo en casos donde estos no estén en funcionamiento, como se hizo en 2006 con el caso de Oaxaca. Además, según la Ley Reglamentaria correspondiente, la desaparición de poderes solo se configura en situaciones específicas que no concuerdan con la realidad de Guerrero y Guanajuato.

En entrevistas separadas, Claudia Anaya y el senador Damián Zepeda coincidieron en que, a pesar de la crisis de inseguridad en ambos estados, no existe justificación para la desaparición de poderes, ya que los tres niveles de gobierno continúan operando dentro de los límites establecidos por la constitución y las leyes.