Uber recibió una importante victoria legal que le permitirá operar sin restricciones en los aeropuertos de México. Una jueza federal en materia administrativa concedió una suspensión definitiva que impide la detención de los conductores de la plataforma por parte de la Guardia Nacional mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la empresa.

De acuerdo con el comunicado de Uber, la resolución fue emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, quien determinó que “es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”.

Con esta decisión, los socios conductores podrán operar en los 70 aeropuertos del país, incluyendo los de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal, sin el riesgo de ser sancionados o retenidos durante los traslados.

La empresa destacó que esta resolución llega en un momento clave, previo al Mundial de Futbol que se celebrará en México, y subrayó la relevancia de garantizar un servicio de transporte seguro y eficiente para los millones de visitantes que llegarán durante el evento. “Es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”, señaló la compañía.

Uber también aprovechó la oportunidad para exhortar al Congreso de la Unión a legislar sobre la operación de plataformas digitales de transporte en zonas federales. El objetivo, explicó, es establecer un marco normativo que brinde certeza jurídica tanto a conductores como a usuarios, y que fortalezca el ecosistema turístico nacional.

El anuncio se da en medio de un contexto de constantes agresiones contra conductores de plataformas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde se han registrado enfrentamientos con taxistas locales. En uno de los casos más graves, un conductor fue atacado por al menos 20 taxistas mientras recogía pasajeros; su vehículo fue dañado y los usuarios que transportaba fueron liberados por la fuerza.

Este mismo año se reportaron nuevos incidentes, como bloqueos a vehículos de aplicación por parte de grupos de hombres que intentaban impedir su salida. En otro hecho que causó indignación, una turista estadounidense fue golpeada por un taxista cuando intentaba abordar un Uber en el aeropuerto; al ser detenido, el agresor portaba sustancias prohibidas.

En su comunicado, la empresa aseguró que el fallo judicial representa una oportunidad para mejorar la conectividad en los aeropuertos, reducir tiempos de espera y ofrecer alternativas de movilidad más seguras y eficientes para los viajeros que llegan o parten de México.

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, volvió al penal del Altiplano en el Estado de México tras seis meses de reclusión domiciliaria en su residencia de Xilotzingo. La decisión fue tomada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, luego de que la periodista Lydia Cacho impugnara la medida.

El Tribunal determinó que la resolución que otorgaba la prisión domiciliaria carecía de fundamentación y no evaluó adecuadamente los riesgos procesales, incluyendo la posibilidad de fuga y la gravedad de los cargos. La FGR respaldó la decisión, señalando la importancia del caso a nivel nacional por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión y por el abuso de las instituciones del Estado.

Lydia Cacho celebró la decisión judicial a través de un video donde resaltó que “dos de los tres jueces aseguraron que Mario Marín es un preso peligroso y que debe estar en un penal de alta seguridad”. Recordó que, cuando estuvo en una cárcel en Cancún, creó una red de corrupción al interior, lo que justificó su traslado a un penal de mayor seguridad.

El caso de Mario Marín se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún por agentes ministeriales de Puebla, en lo que se consideró un acto de represalia tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el que denunció una red de explotación infantil vinculada a empresarios y políticos. Marín fue detenido en 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo casi dos años después de que se emitiera una orden de captura en su contra en 2019.

En agosto de 2024, el exgobernador fue trasladado a su domicilio en Puebla bajo arresto domiciliario, con supervisión electrónica, una decisión que fue impugnada por la FEADLE, argumentando que no se ajustaba a derecho. La reciente revocación de esta medida reabre el debate sobre la justicia en casos de violaciones a la libertad de expresión y abuso de poder.

Mario Marín ya se encuentra nuevamente en el penal del Altiplano, mientras que la batalla legal sigue su curso. Lydia Cacho y organismos de derechos humanos continúan impulsando que se haga justicia en un caso que ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad en México.

La reciente revelación de un presunto campo de exterminio en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado indignación y movilizaciones en todo el país. En el sitio se encontraron al menos 400 pares de zapatos y restos humanos, lo que ha intensificado el reclamo por justicia y acción gubernamental frente a la crisis de desapariciones en México.

En la Ciudad de México, manifestantes se congregaron en el Zócalo, donde realizaron un conteo de 400 en memoria de las víctimas y trazaron con velas un mapa simbólico del rancho. En otras ciudades, como Monterrey y Cancún, se llevaron a cabo vigilias y protestas. En esta última, madres buscadoras denunciaron la existencia de al menos siete cementerios clandestinos vinculados al crimen organizado, donde las lluvias han dejado expuestos restos humanos.

María Dolores Patrón Pat, presidenta del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, señaló que estos cementerios han sido identificados en Chetumal, Bacalar, Tulum, Bonfil, Villas Otoch, Leona Vicario y Kantunilkín. “Solo de dos fosas sabemos la cantidad exacta de personas encontradas: son 24”, afirmó.

Los colectivos de búsqueda han denunciado la omisión de las autoridades en la investigación de estos crímenes. La Red TDT exigió la apertura de expedientes para identificar los restos hallados en Teuchitlán y en otras fosas a nivel nacional. “No podemos seguir normalizando estos crímenes de lesa humanidad”,afirmaron. También alertaron que, desde 2011, al menos 24 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México por su labor de búsqueda.

En las manifestaciones, familiares de desaparecidos expresaron su desesperación y exigieron respuestas. Aurora Corona Rodríguez, madre de un joven desaparecido en Nuevo León, declaró: “Vivimos en un país de horror. Sufrimos su ausencia y nadie nos escucha”. Por su parte, Patricia de la Cruz, madre de otro desaparecido en Tamaulipas, criticó la postura gubernamental: “La presidenta dice que no han encontrado muchas cosas, pero no ha ido a ver la realidad”.

Según Amnistía Internacional, en México desaparecen alrededor de 30 personas diariamente. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado a la oposición de magnificar el hecho y ha prometido que la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionará información sobre el caso en los próximos días.