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En el marco del 204 aniversario de la Armada de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje contundente contra la corrupción ante cientos de elementos de la Marina y miembros de la clase política morenista. En su discurso, calificó la corrupción como “deslealtad” y sostuvo que no debe tener cabida en las instituciones del país. “Por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida”, afirmó.

El pronunciamiento de la mandataria ocurre semanas después de que se diera a conocer el que se considera el mayor acto de corrupción en la historia moderna de México, conocido como el “Huachicol Fiscal”. Este caso involucra a varios marinos y señala a políticos del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con las investigaciones en curso.

Sheinbaum enfatizó que la lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad. “La vida de quienes servimos al pueblo y a la patria exige valores profundos, no lujos superfluos”, aseguró en su mensaje. Enfatizó que el dinero producto de la corrupción es fútil y que no hay riqueza que valga más que el honor. “No hay poder más grande que el de la lealtad, no hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”, señaló.

En su discurso, la presidenta también pidió “honrar la honestidad como principio de vida”, calificándolo como un acto de verdadera valentía. Para Sheinbaum, ser valiente no se limita a enfrentar un combate o resistir una tormenta, sino que se ejerce “día con día”: levantarse con la disciplina de servir, mantener la rectitud cuando nadie mira, rechazar la corrupción y ser ejemplo para la familia, los compañeros y la nación entera.

La mandataria aprovechó el evento para expresar un respaldo público al secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, y al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacando su entrega, valentía, honestidad y patriotismo.

Como parte del acto conmemorativo, la presidenta inauguró oficialmente la Plaza del Heroísmo Veracruzano, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. Posteriormente, presenció el desfile conmemorativo por los 204 años del nacimiento de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824. El evento reunió a autoridades civiles y militares, marcando una fecha significativa para las Fuerzas Armadas y para la memoria histórica del país.

Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, la procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó que el combate al llamado “huachicol” fiscal es un trabajo de alto riesgo para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En su intervención, destacó que en los últimos dos años la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos vinculados al contrabando de combustibles, con un monto estimado en más de 16 mil millones de pesos.

El tema surgió cuando el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó a la funcionaria por haber dedicado solo “30 segundos” de su exposición al robo de combustible, calificándolo como “el robo del siglo” y “quizá el más grande de la historia del país”. Galeano García respondió que “hablar sobre ‘huachicol’ fiscal no es un tema sencillo”, ya que en realidad se trata de contrabando de combustibles y que integrar una carpeta de investigación por estos ilícitos “no se logra en días, semanas o meses, es bastante complejo”.

La procuradora explicó que las redes de delincuencia organizada que participan en este tipo de delitos “no son pequeñas, son de gran calado y son bastante complejas”. Subrayó que su equipo enfrenta riesgos al investigar y presentar denuncias, pues se trata de grupos con amplios recursos y esquemas de defensa legal sofisticados. “Una a una cuentan, porque es el trabajo de todos los días, una más o menos no es para mí solamente una estadística”, remarcó.

Galeano García precisó que el combate al “huachicol” no se limita a la Procuraduría Fiscal. “Trabaja aduanas por su cuenta, si bien no tiene la facultad específica para poder evidenciar o presentarse ante la Fiscalía General, somos un grupo muy extenso de servidores públicos que desde el sector energético trabajan arduamente”, señaló. También recordó que las redes de contrabando de combustible son históricas en México: “Siempre ha habido redes de contrabando de combustible, esto es histórico, somos un país que produce y, por tanto, de movimiento de combustible”.

La funcionaria insistió en que no basta con presentar denuncias, sino que es indispensable sustentar adecuadamente cada caso para que la FGR pueda llevar las líneas de investigación y evitar que las carpetas “se caigan con facilidad”.

Sin embargo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó los argumentos de la funcionaria y afirmó: “No podemos aceptar lo que asegura la Secretaría de Hacienda, porque este delito de contrabando se instituyó durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador”. Agregó que, aunque la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada en 2013, “los permisos de importación se generaron a partir del 2017”, por lo que consideró que el cúmulo de casos corresponde al sexenio anterior.

En medio del intercambio, Galeano García reiteró que “defender la hacienda pública es defender también la soberanía energética y la seguridad nacional” y sostuvo que “en México ya no habrá espacio a la simulación fiscal, ni para la impunidad”, destacando el esfuerzo conjunto de las dependencias involucradas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha presentado 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con contrabando de combustibles que involucran un monto cercano a 16 mil millones de pesos. El titular de la dependencia, Edgar Amador, detalló que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con la Procuraduría Fiscal de la Federación, las áreas de inteligencia y las aduanas para combatir el contrabando y la evasión fiscal.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda sobre las medidas implementadas para frenar el llamado “huachicol fiscal” que, de acuerdo con la Fiscalía, involucra a empresarios, políticos e integrantes de la Marina.

La senadora del PRI Carolina Viggiano señaló que el impacto anual del huachicol en recaudación asciende a 170 mil millones de pesos y para Petróleos Mexicanos (Pemex) a 517 mil millones. Por su parte, el senador Rolando Zapata solicitó información sobre la estimación del impacto recaudatorio no ingresado por este ilícito en administraciones anteriores y en la actual.

Edgar Amador respondió que, entre abril de 2023 y la fecha, la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la FGR contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito. 

Explicó que estas denuncias representan parte de los 200 mil millones de pesos adicionales que la dependencia ha recaudado en aduanas gracias a la coordinación interinstitucional. “Eso muestra el enorme esfuerzo que están haciendo todas las áreas del gobierno por combatir al contrabando, por combatir la elusión fiscal”, afirmó el funcionario.

El titular de Hacienda precisó que para su dependencia no se trata de “huachicol fiscal”, sino de contrabando de hidrocarburos. “No lo llamamos ‘huachicol fiscal’ porque para nosotros es contrabando de hidrocarburos, mercancías”, subrayó. 

Añadió que, en comparación con administraciones pasadas, las aduanas han incrementado de forma considerable la recaudación. Recordó que entre 2000 y 2006 todos los ingresos aduaneros sumaron 148 mil 482 millones de pesos, mientras que para este año se espera recaudar diez veces más.

“Estamos haciendo algo bien en aduanas, estamos recaudando más, estamos luchando contra el contrabando, vamos disminuyendo fugas, aumentando eficiencias. Estamos recaudando cinco veces más que en las administraciones anteriores”, sostuvo Amador ante los senadores, destacando los resultados obtenidos por la estrategia conjunta entre Hacienda, la Procuraduría Fiscal y las áreas de seguridad.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se pronunció sobre la investigación en torno al llamado “huachicol fiscal” atribuido a elementos de la Marina Armada de México, y subrayó que cualquier persona que haya cometido un ilícito debe enfrentar las consecuencias legales.

“Quienes hayan cometido algún ilícito deben pagar las consecuencias”, afirmó el legislador, al responder a medios de comunicación. López Hernández destacó que la autoridad está obligada a indagar hasta las últimas consecuencias y llevar los procesos judiciales correspondientes.

Por segunda ocasión en esta semana, el senador aceptó contestar preguntas de la prensa, algo que no ocurría desde junio, cuando se conoció la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado como presunto líder de “La Barredora”.

López Hernández expresó confianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar este caso. “Afortunadamente ya soplan nuevos aires en el Poder Judicial. Entonces hay confianza tanto en las autoridades encargadas de la investigación de los posibles delitos, como es la fiscalía, como en la encargada de impartir justicia”, declaró.

Ante los señalamientos que vinculan a dos sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, con este presunto ilícito, el senador morenista señaló que cada persona es responsable de sus propios actos y que la situación no debe impactar en el movimiento político que representa. “Políticamente, si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento, pues el movimiento es más que un puñado, o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad”, dijo.

El legislador también recordó que el “huachicol fiscal” no es un fenómeno reciente, sino que viene de sexenios pasados. “¿A poco ya no se acuerdan cuando el hijo de López Portillo vendió el petróleo mexicano en alta mar? ¿O ya no se acuerdan de los negociazos que hicieron en el sexenio de Fox con los excedentes petroleros? ¿O les puedo hablar también de la corrupción en ese sentido en el gobierno de Calderón? Ya no hablemos de las de Peña Nieto. Si hay irregularidades, repito, no debe de haber impunidad y se debe de castigar a los responsables”, enfatizó.

Desde la oposición, coordinadores parlamentarios también reaccionaron. Ricardo Anaya, del PAN, y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, insistieron en la necesidad de que la Fiscalía General de la República realice una investigación profunda sobre el traslado ilegal de combustibles.

Castañeda remarcó que este caso debe asumirse con total seriedad: “Es un tema que debe comprometer al gobierno de la República para hacer una investigación puntual que llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, no puede quedar en el señalamiento de un par de funcionarios corruptos”.

El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó una cifra que refleja la magnitud del combate a las irregularidades fiscales en la importación de hidrocarburos. En los primeros nueve meses de su administración se detectaron 2 mil 937 casos de “huachicol” fiscal, lo que equivale a un promedio de casi 11 reportes diarios en distintas aduanas del país.

El “huachicol” fiscal consiste en la evasión de impuestos por parte de empresas importadoras de productos petrolíferos e hidrocarburos, mediante la declaración de fracciones arancelarias que no corresponden a las características reales de las mercancías. Esta práctica permite pagar tarifas menores a las establecidas, afectando directamente la recaudación del Estado.

De acuerdo con el documento entregado al Legislativo, al detectar estas irregularidades el gobierno interviene para realizar la correcta clasificación arancelaria, lo que deriva en un aumento de las tarifas correspondientes. Como parte de las acciones para enfrentar este delito, se llevaron a cabo supervisiones en aduanas estratégicas como Reynosa, Guadalajara, Manzanillo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

Estas revisiones generaron 176 recomendaciones emitidas por las autoridades. El reporte coincide con la detención de al menos 14 personas en operativos desplegados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, vinculados al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Entre los señalados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien fue detenido junto a empresarios, marinos y exfuncionarios de aduanas.

La investigación se fortaleció tras el aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel en una embarcación localizada en el puerto de Tampico, Tamaulipas. A partir de este hallazgo, las autoridades federales rastrearon las operaciones de una red que presuntamente se dedicaba a manipular declaraciones de importación para evadir aranceles y colocar en el mercado combustibles de manera ilícita.

Según el informe, de los detenidos tres son empresarios relacionados con la importación de combustibles, seis son elementos activos de la Marina y cinco exfuncionarios que laboraron en distintas aduanas. Todos enfrentan procesos judiciales por su probable participación en actividades de “huachicol” fiscal.

El gobierno federal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia contra la evasión fiscal y el contrabando en el sector energético, considerada una de las principales fuentes de ingresos ilegales para grupos delictivos.

La cifra de casi 3 mil casos detectados en menos de un año se coloca como uno de los ejes centrales del primer balance de Sheinbaum, que ha puesto énfasis en la vigilancia de aduanas y en el combate a redes de corrupción vinculadas al comercio de hidrocarburos.

La reforma electoral vuelve al centro del debate político en México tras las recientes declaraciones encontradas entre diputados del PAN y Morena. Desde la Cámara de Diputados, las posturas se endurecen luego de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentada como una iniciativa clave para rediseñar el sistema electoral del país.

Federico Döring Casar, legislador del PAN, acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de ser el operador político designado por la presidenta para “destruir la democracia y al INE”.En un video difundido en sus redes sociales, el panista calificó a Gómez como el “Rasputín electoral”, a quien señaló de actuar con rencor y resentimiento en vez de buscar consensos para una reforma democrática.

Döring también acusó al exfuncionario de permitir el lavado de dinero por parte de cárteles a través de la empresa Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo. Aseguró que Gómez nunca detectó estas operaciones cuando dirigía la UIF, lo que —según sus palabras— motivó su salida del cargo. Además, advirtió que el nuevo marco legal en construcción busca permitir el uso de recursos ilícitos en campañas, especialmente provenientes del narcotráfico y del llamado “huachicol fiscal”.

El legislador acusó al actual gobierno de simulación en el combate al crimen organizado, al señalar que se han logrado decomisos importantes sin que haya detenidos ni aseguramientos financieros reales. En este contexto, responsabilizó directamente a figuras como Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch de la falta de resultados concretos.

En contraste, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena, defendió la iniciativa presidencial al asegurar que se trata de una reforma estructural para “fortalecer la legitimidad de la representación política” y erradicar prácticas como la reelección, el nepotismo electoral y el fuero legislativo.

Ramírez Cuéllar indicó que la propuesta contempla elevar los estándares del servicio público, implementar un nuevo sistema de auditoría y fiscalización del gasto, así como consolidar los órganos electorales para reducir costos. Añadió que también se busca transformar el sistema de medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión y abrir espacios críticos hacia el poder.

En un comunicado, el morenista explicó que la Comisión Presidencial trabajará en un diagnóstico integral sobre el modelo electoral y de partidos en México, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo Estado Democrático de Bienestar. Destacó que la transformación debe responder a las nuevas realidades del país, promoviendo mayor ética, transparencia y participación ciudadana.

Con posturas claramente enfrentadas, la discusión sobre la reforma electoral anticipa una nueva etapa de tensiones políticas que marcará el rumbo legislativo en los próximos meses.