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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres empresas que proporcionaron información falsa durante procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de vehículos, servicios de recolección de residuos y suministro de alimentos. Las resoluciones incluyen multas económicas, periodos de inhabilitación para contratar con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, medida que impide de manera automática su participación en nuevos concursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones derivan de irregularidades detectadas en distintas licitaciones públicas nacionales, en las que las compañías entregaron documentación con datos que no correspondían a la realidad.

Ravisa Autos del Oriente recibió una multa por 175 mil 367 pesos y fue inhabilitada por un periodo de tres meses para celebrar contratos con el sector público. La sanción se originó por la entrega de información falsa dentro de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick-up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y el entero de descuentos.

En tanto, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas con multas de 157 mil 658 pesos cada una, además de una inhabilitación de tres meses para contratar con dependencias federales. En el caso de Gen Industrial, la falta se identificó en la documentación presentada para la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al “Servicio de Recolección de Residuos”, donde se acreditó la entrega de información falsa como parte de su propuesta.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en una falta similar durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”. La información incorrecta se encontraba en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza su vigencia y la incorporación de las empresas al registro oficial de proveedores sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas medidas refuerzan la vigilancia sobre los procesos de compra gubernamentales y subrayó: “Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la incorporación de volúmenes de agua provenientes de otras cuencas del norte del país, incluido el río San Juan en Nuevo León, para cumplir con los compromisos internacionales de agua con Estados Unidos se realizó bajo un esquema de impacto reducido para el sector agrícola nacional. La mandataria afirmó que las medidas adoptadas generan una afectación mínima para los productores de la franja fronteriza.

Las declaraciones fueron emitidas durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, luego de que el gobierno federal anunciara la aplicación de acciones extraordinarias para atender las entregas de agua del río Bravo a Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944. Este anuncio se dio en un contexto de presión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió sobre un posible incremento de aranceles ante el incumplimiento del acuerdo.

Sheinbaum explicó que el diseño del esquema se realizó en coordinación con los gobernadores de las entidades del norte del país, entre ellas Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. El objetivo, dijo, fue distribuir los volúmenes necesarios mediante el uso de otras cuencas, de manera que se atendiera la deuda hídrica sin comprometer de forma significativa las actividades productivas.

“Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema de la deuda de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente, no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, señaló la presidenta.

Un día antes, el gobierno federal informó que las acciones extraordinarias se ajustan a las disposiciones del propio tratado y a sus actas 234 y 331, considerando la disponibilidad actual en la cuenca mexicana del río Bravo. Entre estas medidas se encuentra la entrega de volúmenes del río San Juan, operación que se llevará a cabo tomando en cuenta las limitaciones operativas y priorizando tanto el uso agrícola en México como el consumo humano.

Sheinbaum subrayó que el procedimiento es legal y cuenta con antecedentes en administraciones anteriores. “Nosotros no hacemos nada ilegal (…) En otras épocas también se ha hecho”, indicó, al precisar que el esquema fue presentado a Estados Unidos en una mesa de negociación y que su aplicación será transparente.

Como parte del acuerdo, la presidenta adelantó que se reforzarán las inversiones de la Comisión Nacional del Agua en sistemas de riego eficiente y en estrategias orientadas a reducir el consumo hídrico en el campo, con el objetivo de elevar la productividad, incluyendo la sustitución de cultivos de alto consumo por otros de menor demanda de agua.

Según lo establecido, México deberá liberar un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas programadas a partir de la semana del 15 de diciembre y la meta de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026. El Tratado de Aguas de 1944 contempla que Estados Unidos entregue anualmente a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que México debe aportar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

El proyecto del Tren Lechería–Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México, será inaugurado durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira de trabajo realizada este domingo en la entidad. La obra, iniciada en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en su fase final de desarrollo y ya realizó su primer recorrido de prueba entre ambos puntos.

Durante su visita, la mandataria informó que el trayecto inicial marcó el arranque formal de la etapa de pruebas técnicas y operativas, la cual se desarrollará en los próximos meses. “Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas”,señaló Sheinbaum al referirse al avance del proyecto.

El sistema ferroviario contará con un total de 10 trenes. De este conjunto, siete estarán destinados a la operación regular del servicio, dos permanecerán en reserva para atender eventualidades y uno más será asignado de manera permanente a labores de mantenimiento. El objetivo del Gobierno federal es que el servicio esté plenamente disponible para el periodo vacacional de Semana Santa de 2026.

En un comunicado oficial se detalló que el servicio emergente del Tren Lechería–AIFA se homologará con el actual sistema que opera entre Buenavista y Cuautitlán, lo que permitirá una integración funcional entre ambos trayectos. Una vez iniciado el servicio comercial, los trenes brindarán atención diaria en un horario de 5:00 de la mañana a 00:30 horas.

Las autoridades precisaron que el tiempo estimado de traslado desde Buenavista hasta el AIFA será de 43 minutos, con intervalos de salida de 15 minutos entre un tren y otro en cada estación. Esta frecuencia busca facilitar la movilidad de usuarios que se dirigen al aeropuerto o se trasladan hacia distintos puntos del norte del Valle de México.

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, recordó que el proyecto incluye un ramal ferroviario de 23.7 kilómetros de longitud, seis estaciones intermedias y una terminal, además de operar bajo el mismo horario que el servicio Buenavista–Cuautitlán. También confirmó que el sistema de pago será compatible con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

Autoridades federales reportaron un avance general del 92 por ciento en la obra. Indicaron que únicamente resta la construcción de tres puentes peatonales y la conclusión de trabajos complementarios. El nuevo servicio ferroviario beneficiará directamente a habitantes de municipios mexiquenses como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán, al fortalecer la conectividad con el AIFA y la zona metropolitana.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria solicitara públicamente el pago de adeudos fiscales por 51 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El posicionamiento del empresario se dio después de que el tema fuera expuesto durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En su respuesta, Salinas Pliego afirmó que su intención es concluir el diferendo que mantiene con el gobierno federal. “Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución”, expresó. Añadió que su postura no ha sido la confrontación, sino la búsqueda de certidumbre jurídica y de un marco de legalidad claro que permita resolver de manera definitiva los asuntos pendientes y sus implicaciones.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum exhortó al empresario a cubrir los adeudos fiscales señalados por la autoridad hacendaria. El llamado se realizó en el contexto de las revisiones fiscales y del cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con empresas del grupo empresarial.

A través de su cuenta en la red social X, Salinas Pliego reiteró que cumplirá con las obligaciones fiscales que legalmente le correspondan. En ese mismo mensaje, sostuvo que durante el periodo en el que se ha desarrollado la controversia, sus empresas han entregado al fisco más de 285 mil millones de pesos. Precisó que las diferencias se centran en la aplicación de pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, las cuales, indicó, fueron consideradas improcedentes por jueces.

Este intercambio ocurre en un contexto marcado por recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado 19 de septiembre, el máximo tribunal determinó que Elektra del Milenio, empresa vinculada a Salinas Pliego, debe pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales, equivalentes a aproximadamente 3.65 millones de dólares. La decisión se suma a otros fallos adversos para el conglomerado.

Días antes, el Pleno de la SCJN desechó siete amparos promovidos por Elektra y TV Azteca, lo que mantiene vigente la obligación de cubrir alrededor de 48 mil millones de pesos. En ese mismo proceso, con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024.

En dicha resolución se estableció que el SAT tiene facultades para fiscalizar de manera directa a empresas individuales que forman parte de un grupo que declara de forma consolidada, criterio que refuerza la capacidad de la autoridad fiscal para revisar y determinar adeudos dentro de grandes conglomerados empresariales.

Entre el 20 de enero y el 17 de diciembre se contabilizaron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, de acuerdo con información oficial del gobierno federal dada a conocer en conferencia de prensa. El registro corresponde al periodo posterior al retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense y al endurecimiento de la política migratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que la mayoría de los retornos se concretaron por vía terrestre. En total, 116 mil 156 personas ingresaron a México a través de cruces fronterizos, mientras que 29 mil 381 fueron trasladadas por vía aérea. Estas acciones se realizan bajo la Estrategia Nacional de Repatriación “México te abraza”, cuyo objetivo es ofrecer atención inmediata y ordenada a las personas retornadas.

De ese universo, 99 mil 924 connacionales aceptaron ingresar a los centros de atención habilitados por el gobierno mexicano. En contraste, 45 mil 613 personas decidieron no hacerlo. Rodríguez aclaró que, aun cuando no ingresan a estos espacios, se les garantiza acceso a alimentación, llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo logístico para su traslado a los lugares de origen.

La infraestructura de atención está integrada por nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran principalmente en estados fronterizos del norte, entre ellos Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En el caso de las repatriaciones aéreas, la recepción y atención se canalizan en Chiapas y Tabasco, en el sur del país, desde donde se coordina la movilidad de personas procedentes de distintos puntos del territorio estadounidense.

En el ámbito consular, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que 130 mil 364 personas repatriadas recibieron algún tipo de asistencia consular. Este acompañamiento incluye orientación durante procesos de detención, apoyo legal y seguimiento individualizado de casos.

Durante el mismo periodo, personal consular realizó 9 mil 322 visitas a centros de detención migratoria en Estados Unidos, lo que equivale a un promedio de 28 visitas diarias. Además, se brindaron 17 mil 355 asesorías legales externas y se canalizaron 3 mil 848 casos al programa de atención legal a migrantes. En materia de apoyos económicos, se reportaron 33 casos en los que se destinaron recursos para el pago de fianzas, con un monto acumulado de 146 mil dólares. También se registraron 75 repatriaciones de carácter médico.

Como complemento a estas acciones, Velasco destacó los recursos obtenidos mediante el sorteo “México con M de migrante”, que permitió recaudar 115 millones de pesos. De ese total, 50 millones se asignarán al fortalecimiento de la representación legal y al pago de fianzas, mientras que 10 millones de pesos se destinarán a la realización de visitas a centros de detención. El resto de los fondos se utilizará para apoyo humanitario y labores de difusión preventiva dirigidas a la población migrante.

Los datos presentados dan cuenta de la operación conjunta de dependencias federales y de la red consular mexicana para atender el volumen de repatriaciones registradas en los primeros meses de la actual administración estadounidense, así como de los mecanismos desplegados para brindar asistencia, orientación y acompañamiento a las personas retornadas.

El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el suministro de medicamentos para el sistema público de salud está garantizado para 2026, luego de haber cubierto adeudos con empresas proveedoras y concretado contratos para la adquisición de cerca de 4 mil 500 millones de piezas. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina, en la que autoridades federales detallaron el estado actual de la planeación y compra de insumos médicos.

La mandataria señaló que su administración realizó el pago de aproximadamente 15 mil millones de pesos correspondientes a adeudos heredados de años anteriores con proveedores de medicamentos. Precisó que, aunque existían los recursos presupuestales, fue necesario revisar de manera exhaustiva la documentación, así como verificar el cumplimiento de las entregas antes de liberar los pagos.

Sheinbaum indicó que, tras detectar irregularidades en algunos procesos, el gobierno federal decidió no volver a establecer relaciones contractuales con determinadas empresas proveedoras. Aclaró que esta medida se adoptó de manera definitiva y forma parte de los mecanismos de control implementados para garantizar transparencia y eficiencia en las compras públicas del sector salud.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, aseguró que no existe riesgo de desabasto de medicamentos para el próximo año. Informó que el Estado mexicano cuenta con contratos vigentes que permitirán cubrir las necesidades de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante: el abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado”, expresó el funcionario al destacar que las compras realizadas responden a las necesidades de atención de millones de pacientes en el país. Añadió que los contratos firmados contemplan el volumen requerido para asegurar la continuidad de los tratamientos en todo el sistema de salud pública.

Clark explicó que la adquisición de medicamentos concretada la semana pasada tiene un carácter complementario, con el objetivo de cubrir requerimientos adicionales hacia el cierre del año. Detalló que la planeación de compras se realiza con al menos un año de anticipación, lo que permite asegurar la disponibilidad de insumos de forma sostenida.

“Hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y no habrá ningún tipo de disminución en el suministro; por el contrario, debe seguir incrementándose de manera constante”, afirmó el subsecretario, al subrayar que los acuerdos vigentes cubren tanto el presente año como el siguiente.

Las autoridades federales reiteraron que el pago de adeudos, la revisión de contratos y la planeación anticipada forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud y asegurar el acceso continuo a medicamentos en las instituciones públicas del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso este martes las razones que han restringido el envío de agua a Estados Unidos dentro del marco del Tratado de Aguas de 1944, luego de los recientes señalamientos del presidente estadounidense, Donald Trump. La mandataria aclaró que el gobierno mexicano enfrenta dos factores que han limitado el flujo del recurso hacia el río Bravo, pese al cumplimiento de los compromisos pactados.

Sheinbaum explicó que una parte del retraso en la entrega se debe a la propia demanda del agua en territorio mexicano, situación que obliga a ajustar los volúmenes disponibles para su transferencia. El segundo elemento, dijo, es la infraestructura existente en el cauce fronterizo. De acuerdo con la presidenta, la capacidad del ducto que conduce el líquido hacia el río Bravo es un condicionante físico que incide directamente en la cantidad que se puede enviar. “Nos limita el tamaño del ducto que lleva agua al río Bravo, además de nuestras necesidades internas”, puntualizó.

La mandataria adelantó que este martes a las 14:00 horas se llevará a cabo una reunión binacional con autoridades estadounidenses para revisar el estado del cumplimiento del tratado y avanzar en la búsqueda de un acuerdo que atienda las inquietudes de ambos países. Aclaró que este encuentro ya estaba previsto antes de las declaraciones de Trump, por lo que el diálogo forma parte del mecanismo habitual de seguimiento del acuerdo internacional. Confiada en el proceso diplomático, Sheinbaum afirmó que, como en ocasiones anteriores, se espera lograr entendimientos que favorezcan a ambas naciones.

En paralelo, el responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, expuso que las condiciones climáticas recientes han tenido un impacto directo en el volumen del suministro. Recordó que las sequías registradas en 2022 y 2023 redujeron considerablemente la disponibilidad de agua, afectando la capacidad de cumplir con los plazos y promedios establecidos en el tratado.

Velasco precisó que México está obligado a entregar 431.7 millones de metros cúbicos anuales a Estados Unidos, mientras que recibe mil 850 millones de metros cúbicos provenientes del río Colorado. Subrayó que este intercambio se ha mantenido bajo los términos acordados y reiteró que México actúa conforme a lo estipulado. “Recibimos más agua de la que proporcionamos en este tratado, y estamos trabajando conforme a lo establecido”, señaló.

Ante este panorama, el gobierno federal continúa ajustando su estrategia hídrica y diplomática para garantizar el cumplimiento del acuerdo, al tiempo que atiende las necesidades internas derivadas de la escasez y las limitaciones en infraestructura.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado un mitin multitudinario en el Zócalo capitalino, organizado para conmemorar siete años del arribo de Morena al gobierno federal y mostrar respaldo a su administración tras la reciente marcha convocada por la llamada “Generación Z”. Desde el templete instalado frente a Palacio Nacional, la mandataria subrayó que, según su percepción, la mayoría de los jóvenes del país se mantiene alineada con la Cuarta Transformación.

El evento fue anunciado por Sheinbaum el pasado 16 de noviembre, con el fin de reunir a simpatizantes tras la movilización juvenil realizada un día antes en la Ciudad de México y replicada en distintas entidades del país. Desde el arranque de su intervención, la presidenta enfatizó la presencia masiva en la plaza: “Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos, las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México (…) Me informan que somos más de 600 mil personas que nos hemos congregado el día de hoy”, afirmó ante el público.

Durante su mensaje, Sheinbaum también hizo referencia a lo que calificó como campañas sucias en redes sociales dirigidas a desacreditar su gobierno, así como presuntas alianzas entre actores nacionales e internacionales para influir en la percepción pública. Aseguró que ni su gestión ni la ciudadanía serían afectadas por estas acciones, y remarcó que la historia del país “enseña que cuando las causas son justas y los valores firmes, y cuando hay un pueblo consciente, la razón y la justicia siempre prevalecen”.

La concentración comenzó desde antes de las cinco de la mañana, cuando los primeros asistentes arribaron al Zócalo portando pancartas, banderas de México y banderines de organizaciones sindicales, entre ellas el SNTE. Frente a Palacio Nacional, un grupo de simpatizantes colocó una lona con el mensaje: “Presidenta, ¡no está sola!, las mujeres estamos contigo”.

El contexto que llevó al mitin se originó el 15 de noviembre, cuando jóvenes nacidos entre 1997 y 2015 convocaron a una marcha para exigir el cese de la violencia y la corrupción. Aunque la protesta estaba dirigida a ese sector generacional, la asistencia incluyó participantes de diversas edades. Días previos, el gobierno capitalino había reforzado la seguridad alrededor de Palacio Nacional y otros puntos del Centro Histórico mediante vallas metálicas y operativos preventivos.

Pese a que Sheinbaum desestimó inicialmente esa marcha al considerarla impulsada por bots, miles de personas acudieron a la convocatoria. Durante la jornada, al ingresar al Zócalo, un grupo de encapuchados derribó algunas de las vallas que protegían el recinto presidencial, lo que derivó en enfrentamientos con elementos de la Policía capitalina.

La concentración de este sábado buscó mostrar músculo político y reforzar el respaldo a la administración federal en medio del ambiente generado por ambas movilizaciones, con la presidenta colocando especial énfasis en la participación juvenil y en su rechazo a lo que considera intentos de desinformación digital.

El Partido Acción Nacional (PAN) llevó a cabo este sábado su asamblea ordinaria, un encuentro centrado en la renovación de su Consejo Nacional para los próximos tres años y en la discusión sobre posibles reformas a sus estatutos internos. El evento estuvo acompañado por un mensaje directo de exigencia de paz al gobierno federal, así como por señalamientos sobre los hechos de violencia registrados en la marcha de la llamada “Generación Z” del pasado 15 de noviembre.

Durante su intervención, el presidente del PAN, Jorge Romero, destacó que la militancia se reunió con el fin de “alzar la voz por México”, al referirse al panorama de inseguridad que enfrenta el país. En su mensaje subrayó que recuperar la tranquilidad es una demanda urgente. “México se merece y, por tanto, exige recuperar la paz, algo tan simple como que nos den paz en México”, expresó ante los asistentes. Añadió que la violencia actual no solo está asociada a enfrentamientos entre grupos delictivos, sino que impacta de forma amplia en la vida cotidiana.

Romero señaló que la renovación del Consejo Nacional representa una etapa clave para la organización del partido, encaminada a los próximos tres años de trabajo político y estratégico. También indicó que la asamblea servirá para debatir si se modifican los estatutos internos, con el propósito de fortalecer la operación interna del PAN. En ese contexto, afirmó: “México es mucho más que su gobierno o que sus gobiernos de todos los colores”, al insistir en que el país debe aspirar a superar el clima de violencia.

El presidente panista también hizo referencia a los hechos ocurridos durante la marcha del movimiento conocido como “Generación Z”, realizada el 15 de noviembre. En esa movilización se registraron enfrentamientos entre personas encapuchadas y elementos de la policía, que derivaron en la detención de 29 personas y dejaron un saldo de 84 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lesionados. Romero señaló la importancia de dar seguimiento puntual a estos acontecimientos y reiteró que el partido mantiene firme su postura frente a actos de violencia.

Además, recordó que el PAN presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la apertura de una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la marcha. De acuerdo con el documento promovido por el partido, la petición busca denunciar irregularidades cometidas contra manifestantes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

La asamblea ordinaria concluyó con la reafirmación del PAN de continuar impulsando acciones que, desde su perspectiva, contribuyan a fortalecer la vida democrática y a exigir condiciones de seguridad para la ciudadanía en todo el país.

En medio de uno de los momentos más críticos para la seguridad pública de Michoacán, el estado anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su nombramiento ocurre mientras todas las regiones de la entidad enfrentan una escalada de violencia que ha generado protestas sociales y exigencias de intervención federal. La incorporación de este perfil responde a una reestructuración estratégica impulsada por el gobierno federal y estatal para contener la presencia de múltiples organizaciones criminales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento a Cruz Medina como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia lanzada hace una semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este plan surgió como respuesta a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, registrados el 19 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente. Con esta medida, se busca reforzar las operaciones de seguridad en las zonas más afectadas por la actividad criminal.

El relevo incluye también la salida de José Ortega Silva de la Subsecretaría de Operación Policial, posición que ahora ocupará Ramsés Adalid Vega Sayavedra, exdirector de la Policía Auxiliar. Ambos movimientos forman parte de una recomposición interna para fortalecer la capacidad operativa de la institución en el corto plazo.

Cruz Medina llega a la SSP tras haber sido designado vicefiscal en la Fiscalía General del Estado el 18 de agosto, bajo la figura del fiscal general Carlos Torres Piña. Su trayectoria en seguridad pública está marcada por su paso en la extinta Policía Federal, donde coincidió de manera contemporánea con Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa corporación se desempeñó como director general de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, liderando operaciones contra grupos delictivos de alto impacto.

Su experiencia reciente incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y director de investigación en la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional. Su formación profesional abarca la licenciatura en Derecho, un posgrado en Derecho Civil, una maestría en Criminalística y un doctor honoris causa. En su historial se registra también una mención honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en inteligencia y vigilancia táctica.

El nuevo secretario cuenta además con preparación internacional. Ha participado en reentrenamientos del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles en la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como en cursos de planeación de operaciones rurales y gerencia policial en la Policía Nacional de Colombia. También ha representado a México en foros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas, tráfico de armas y estrategias policiales.

El “Plan Michoacán” plantea un despliegue intensivo contra las más de doce organizaciones delictivas que operan en el estado desde hace más de una década. Entre ellas se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Pueblos Unidos y otras células regionales presentes en Tierra Caliente, Costa, Bajío y Meseta Purépecha. Con esta nueva reconfiguración institucional, las autoridades buscan recuperar el control territorial y reducir la violencia que ha marcado a la entidad en los últimos años.