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Más de mil ciudadanos mexicanos han salido de países de Medio Oriente desde que se intensificó el conflicto armado en la región. La operación de evacuación, coordinada por el gobierno mexicano, ha permitido trasladar hasta ahora a mil 337 personas que se encontraban en distintos territorios afectados por la tensión militar.

La información fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que detalló que los connacionales evacuados se encontraban tanto de forma temporal como permanente en países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Baréin.

La dependencia federal señaló que entre las personas que han abandonado la región hay residentes y turistas que solicitaron apoyo para salir de la zona ante la escalada de ataques vinculados al conflicto en curso. De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento no existen registros de ciudadanos mexicanos lesionados o afectados físicamente durante el proceso de evacuación.

Las operaciones de traslado se desarrollan en un contexto complejo debido a las condiciones del transporte aéreo en la región. La Cancillería indicó que el espacio aéreo permanece abierto únicamente de manera intermitente en varios de los países involucrados, lo que ha obligado a mantener coordinación constante con aerolíneas y agencias de viaje para organizar las salidas.

Ante esta situación, el gobierno mexicano recomendó a quienes tengan vuelos programados en esa zona contactar directamente a sus aerolíneas o intermediarios de viaje para verificar el estado de sus reservaciones y posibles cambios en itinerarios.

Además de las evacuaciones ya realizadas, las representaciones diplomáticas de México en Medio Oriente continúan atendiendo solicitudes de asistencia. Las embajadas mantienen activados los mecanismos de protección consular para brindar apoyo a los ciudadanos que permanecen en esos países y que requieran orientación o ayuda para abandonar la región.

Las autoridades mexicanas reiteraron la recomendación de evitar viajes hacia Medio Oriente mientras continúe el escenario de confrontación militar. El aumento de la tensión en la zona coincide con declaraciones recientes de autoridades iraníes. Este lunes, el gobierno de Irán aseguró que sus fuerzas armadas continuarán actuando en el conflicto actual y que están preparadas para defenderse durante el tiempo que sea necesario frente a los ataques.

En ese contexto, la red diplomática mexicana mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de la situación para continuar apoyando a los connacionales que se encuentran en la región.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.