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Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, construyó durante más de tres décadas una trayectoria dentro del narcotráfico que lo llevó a encabezar una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidó un grupo con presencia en todo México y operaciones en al menos 40 países, cifra equiparable a la del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el más reciente informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, comunidad del municipio de Aguililla, Michoacán, Oseguera pasó más de la mitad de su vida vinculado al tráfico de drogas. Su incursión en el crimen organizado comenzó con el Cártel de los Valencia, también denominado Cártel del Milenio, grupo asentado en Michoacán dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas. Su relación con esta organización marcó también su entorno personal al contraer matrimonio con Rosalinda González Valencia, integrante de ese clan.

Conforme fueron detenidos o abatidos los líderes de los Valencia en la década de los 2000, Oseguera escaló posiciones. El punto de inflexión ocurrió tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y socio de los Valencia, en julio de 2010. A partir de entonces, “El Mencho” se separó de los remanentes del grupo y fundó el CJNG, organización que la DEA describe como una de las más poderosas, influyentes y violentas.

Desde 2014 su nombre figura en una corte federal en el Distrito de Columbia por múltiples cargos de narcotráfico. La acusación lo señala por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y por el tráfico de metanfetaminas hacia Australia y territorio estadounidense. 

Bajo su liderazgo, el CJNG fue identificado como proveedor relevante de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos, motivo por el cual Washington lo incluyó desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

En la lista de fugitivos prioritarios de la DEA, Oseguera ocupaba el primer lugar con una recompensa de 15 millones de dólares; en México, la Fiscalía General de la República ofrecía 30 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Antes de consolidarse como líder criminal, tuvo antecedentes penales en Estados Unidos: fue detenido en 1986 en San Francisco por portación de arma de fuego y posesión de objetos robados, y años después enfrentó cargos por distribución de heroína. Cumplió tres años de condena y fue deportado a México.

La última ocasión en que estuvo cerca de ser capturado públicamente ocurrió en mayo de 2015, cuando un operativo fue repelido y un helicóptero militar fue derribado. Su detención definitiva se produjo este domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos 300 kilómetros de su lugar de origen, en una operación de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

Tras su caída, queda una estructura criminal que, según la DEA, dispone de amplios recursos financieros, opera en decenas de países y ha mantenido influencia mediante redes de corrupción y violencia sistemática.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llamó a actuar con “prudencia” y “sangre fría” ante el nuevo anuncio arancelario realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confirmó que la próxima semana viajará a Washington para precisar el alcance de las medidas y defender los intereses comerciales de México.

El posicionamiento se dio luego de que Trump reaccionara al fallo de la Supreme Court of the United States, que invalidó los aranceles “recíprocos” y otras tarifas impuestas bajo poderes de emergencia. En respuesta, el mandatario estadounidense anunció un nuevo gravamen global del 10% sustentado en un marco legal distinto y sin requerir aval del Congreso.

Ante este escenario, Ebrard subrayó la necesidad de analizar con precisión el impacto de las nuevas disposiciones. “Lo primero que tenemos que hacer es actuar (…) con sangre fría”, señaló, al explicar que el anuncio de Trump ocurrió prácticamente en paralelo a la resolución judicial, lo que obliga a revisar cómo se instrumentarán las nuevas tarifas y bajo qué fundamentos.

El titular de Economía detalló que establecerá contacto con sus contrapartes en Estados Unidos y que su visita —ya programada— permitirá confirmar con mayor exactitud si las condiciones comerciales para México se mantienen o si habrá ajustes. El objetivo central es contar con claridad jurídica y operativa frente a las modificaciones anunciadas.

Actualmente, el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no paga arancel, recordó Ebrard. Los gravámenes que existen en sectores como vehículos, acero y aluminio responden a fundamentos legales distintos a los aranceles “recíprocos” que estaban en el centro de la discusión invalidada por la Corte.

En paralelo a la defensa comercial, el secretario vinculó el contexto arancelario con la necesidad de fortalecer la capacidad industrial del país. Consideró “sustantivo, crítico, esencial” impulsar la producción nacional de insumos estratégicos, especialmente ante tensiones geopolíticas y cambios en las reglas del comercio internacional.

Entre los sectores clave mencionó a los semiconductores, fundamentales para la industria automotriz, aeronáutica y electrónica. Su desarrollo, explicó, puede traducirse en mayor independencia productiva, empleos mejor remunerados e innovación tecnológica.

Sobre la relación bilateral, Ebrard sostuvo que el pronóstico es “salir adelante” este año, respaldado por el nivel de integración económica entre ambos países en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. México se mantiene como principal exportador hacia Estados Unidos y también como su principal comprador, un dato que, en medio de la coyuntura arancelaria, define el peso estratégico de la relación comercial entre ambas economías.

El Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que un juez federal rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto en México.

El trámite fue gestionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la embajada estadounidense y notificado al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, ese órgano jurisdiccional determinó no conceder protección judicial al exmandatario ni a cuatro integrantes de su familia, lo que mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en su contra.

García Cabeza de Vaca enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. De acuerdo con fuentes federales citadas por el diario Reforma, la Fiscalía General de la República impulsó la activación del mecanismo diplomático con base en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos. A esa se suma una segunda orden dictada en febrero de 2024.

El exgobernador, quien dirigió Tamaulipas entre 2016 y 2022 y posteriormente buscó una candidatura federal en 2024, se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Reportes de medios locales señalan que reside en Estados Unidos, donde hasta el momento no se ha informado sobre su detención ni sobre el inicio formal de un procedimiento de entrega a México.

La resolución judicial más reciente sostiene que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal y que las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía están justificadas en esta etapa procesal. Sin embargo, la primera orden de arresto permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de un recurso promovido por su defensa.

En 2025, García Cabeza de Vaca declaró que la Interpol retiró la ficha roja en su contra. La fiscalía respondió que dicha notificación fue suspendida de manera temporal por determinaciones judiciales, no cancelada de forma definitiva.

A través de un comunicado difundido por su equipo legal, el exmandatario aseguró contar con protección judicial frente a cualquier intento de detención y adelantó que impugnará la decisión más reciente ante un tribunal superior. Mientras tanto, la solicitud de extradición queda en manos de las autoridades estadounidenses, que aún no han informado si darán curso al requerimiento presentado por el gobierno mexicano.

La Ciudad de México acumula 196 casos confirmados de sarampión entre 2025 y lo que va de 2026, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026, elaborado por la Secretaría de Salud. Del total, 47 contagios se registraron durante 2025 y 149 corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 9 de febrero de 2026.

Cuatro alcaldías concentran el 50% de los casos reportados en la capital. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, detalló que Gustavo A. Madero suma 39 contagios; Álvaro Obregón, 35; Cuauhtémoc, 18; y Miguel Hidalgo, 14, lo que en conjunto representa 106 de los 196 casos confirmados.

Ante este panorama, el Gobierno capitalino mantiene activa la estrategia de vacunación. Uno de los módulos con horario extendido se instaló en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde desde temprano se observaron filas de personas que acudieron a aplicarse la vacuna contra el sarampión.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la situación actual es “manejable”. “No es mucho lo que ahorita tenemos por alcaldía, pero no queremos que sean más. Se informará en términos generales pero no por cada alcaldía”, señaló, al referirse al seguimiento de los casos en la ciudad.

El contexto regional también ha encendido alertas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió la semana pasada un aviso epidemiológico ante el incremento de contagios en América, con México encabezando los nuevos reportes. El organismo subrayó que el 78% de los casos recientes se presentó en personas no vacunadas e instó a los gobiernos a reforzar las campañas de inmunización.

La alerta se produce después de que Canadá perdiera en noviembre pasado el estatus de país libre de sarampión. Estados Unidos y México solicitaron una prórroga de dos meses para contener sus respectivos brotes. En enero, el gobierno de Donald Trump formalizó la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, instancia bajo cuyo marco opera la OPS.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este lunes la decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. Durante su intervención ante medios, la mandataria calificó la medida como injusta y confirmó que, ante este escenario, los envíos de crudo mexicano a la isla se encuentran actualmente detenidos.

Sheinbaum señaló que las sanciones afectan directamente a la población cubana y rechazó que se apliquen medidas que impacten en las condiciones de vida del pueblo. “Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo”, declaró. Añadió que su gobierno mantiene gestiones diplomáticas para retomar el suministro energético a la isla caribeña.

La presidenta explicó que, pese a la suspensión del envío de petróleo, México continuará con el apoyo humanitario a Cuba. Este domingo zarparon desde Veracruz dos embarcaciones con más de 814 toneladas de alimentos, y se prevé el traslado de más productos en los próximos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que aún están pendientes de envío alrededor de 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

Sheinbaum reiteró que este tipo de ayuda responde al impacto que las sanciones estadounidenses han tenido en la población cubana. “No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera… un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoya al pueblo siempre”, afirmó durante la conferencia.

México se convirtió recientemente en el principal proveedor de combustible de Cuba tras la interrupción de los envíos venezolanos, ocurrida luego del bloqueo estadounidense a petroleros de Venezuela en diciembre y la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero. Sin embargo, a mediados de ese mes, el gobierno mexicano suspendió el envío de crudo y productos refinados ante la presión de Washington y las advertencias de posibles represalias comerciales.

Funcionarios mexicanos habían señalado la semana pasada que se analizaban alternativas para abastecer de combustible a Cuba sin provocar sanciones, con el objetivo de contribuir a cubrir necesidades básicas como la generación de electricidad y el transporte.

Estados Unidos sostiene que Cuba representa una “amenaza extraordinaria” para su seguridad nacional, argumento rechazado por el gobierno cubano. En este contexto, La Habana anunció recientemente un plan de contingencia ante la “aguda escasez de combustible”. La isla importa cerca de dos tercios de la energía que consume y, en los últimos días, ha enfrentado apagones y extensas filas en estaciones de servicio.

En su primera participación pública como senador sin responsabilidades de coordinación dentro de Morena, Adán Augusto López Hernández negó de manera categórica que tenga previsto encabezar o coordinar la eventual campaña de Andrés Manuel López Beltrán como diputado federal en el proceso electoral de 2027. Asimismo, aseguró no tener conocimiento de ninguna investigación en su contra en Estados Unidos relacionada con presunto contrabando de combustible o “huachicol” fiscal.

El legislador tabasqueño explicó que, tras dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, su papel será el de un senador más, enfocado en tareas políticas y territoriales dentro del movimiento, particularmente en la cuarta circunscripción electoral. Aunque confirmó que participará activamente en el trabajo partidista rumbo a 2027, fue enfático al señalar que no asumirá funciones de coordinación en campañas específicas, ni de López Beltrán ni de otros candidatos a diputaciones federales.

López Hernández recordó que ya había sido claro respecto a las razones de su decisión de abandonar la coordinación senatorial y sobre las actividades a las que se dedicará en esta nueva etapa. Reconoció que el próximo proceso electoral representará un reto para Morena, pero afirmó desconocer si Andrés Manuel López Beltrán buscará una candidatura federal. Señaló que su último contacto con él fue hace algunas semanas y que en ese encuentro no se abordó ningún tema relacionado con aspiraciones políticas.

El senador también informó que este fin de semana iniciará actividades políticas en el estado de Puebla, como parte de su trabajo territorial. Detalló que su salida de la coordinación fue comunicada oportunamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al nuevo coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier; y a la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo.

En otro tema, López Hernández fue cuestionado sobre versiones que lo mencionan en una presunta investigación en una Corte de Houston, Texas, relacionada con “huachicol” fiscal.

Al respecto, afirmó desconocer por completo la existencia de dicho procedimiento y negó cualquier tipo de involucramiento. Señaló que esos señalamientos forman parte de un entramado de afirmaciones falsas que, según dijo, han sido construidas por actores de la oposición y por algunos integrantes del propio movimiento, plenamente identificados.

El legislador también rechazó que las referencias a su nombre en casos como el de Hernán López Bermúdez, presuntos actos de contrabando fiscal o supuestos manejos financieros en el Senado hayan influido en su decisión de dejar la coordinación parlamentaria.

Aseguró que, de existir la mínima investigación formal en su contra, él mismo se habría presentado de inmediato ante las autoridades correspondientes para rendir su declaración.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha cancelado un cargamento de petróleo crudo destinado a Cuba que estaba programado para enviarse a mediados de enero, informó Bloomberg, retirándolo del calendario sin una justificación oficial divulgada por la empresa o la Secretaría de Energía. El envío, que debía viajar a bordo del buque Swift Galaxy y arribar a la isla antes de finales de mes, quedó fuera de la agenda de exportaciones mexicanas.

La decisión se da en un contexto de creciente presión del gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, hacia los suministros de petróleo a Cuba. Trump ha advertido que no habrá más petróleo ni apoyo financiero para la isla, lo que coincide con el impacto de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense a principios de enero.

Desde 2023, México ha ampliado sus envíos de crudo a Cuba, convirtiéndose en un proveedor clave tras la reducción de suministros desde Venezuela. Durante 2025, Pemex exportó un promedio de un buque al mes, equivalente a alrededor de 20 000 barriles diarios de crudo, según documentos revisados por Bloomberg.

La suspensión del envío de enero pone de manifiesto la atención internacional sobre la política energética mexicana hacia Cuba. Autoridades estadounidenses han criticado a México por suplir petróleo a la isla durante una crisis energética que incluye apagones y escasez de combustibles. La captura de Maduro ha detenido los envíos de petróleo venezolano a Cuba, lo que colocó a México como el principal proveedor de crudo en un momento de presión diplomática.

Previo a la cancelación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había reiterado que los envíos de combustible a Cuba se realizan dentro del marco de contratos de largo plazo y como parte de ayuda humanitaria, negando que exista un incremento extraordinario en los volúmenes entregados. Según declaraciones oficiales, México continúa respaldando la cooperación energética con la isla sin exceder los niveles históricos de envío.

La suspensión del cargamento se da cuando las relaciones entre México y Estados Unidos enfrentan tensiones derivadas de la política energética hacia Cuba y la situación política en Venezuela. La revisión de estos envíos se ha convertido en un elemento sensible de la agenda geopolítica regional, con Estados Unidos manifestando su descontento por el apoyo energético a la isla caribeña.