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Pasados más de 10 días de la retención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una familia china integrada por una madre y tres niños finalmente fue liberada. La decisión, según denunció el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), se dio en contradicción con una orden judicial que había sido emitida desde el pasado 13 de noviembre. Este caso, lejos de ser aislado, expone prácticas cuestionables por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

 

En una publicación oficial, el IMUMI criticó que la familia fuera retenida a pesar de que la legislación mexicana prohíbe la detención de menores y establece protecciones específicas para quienes solicitan asilo. “La niñez y las familias no deben ser detenidas. Es una violación directa a la ley vigente y a los derechos humanos”, afirmó la organización.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se involucró en el caso, señalando que la familia llegó al país procedente de Japón con visas válidas, pero fue rechazada por “no cumplir con los requisitos” que el INM no ha detallado. Durante su detención en la Terminal 2 del aeropuerto, la madre no pudo comunicarse con su esposo, residente en Estados Unidos, y la familia dependió de alimentos proporcionados por las autoridades.

 

“Este no es un caso aislado”, denunció el IMUMI, haciendo eco de múltiples incidentes similares donde personas extranjeras con documentación en regla son rechazadas sin explicaciones claras. En muchos casos, según la organización, las acciones del INM ignoran órdenes judiciales o violan principios básicos de protección internacional.

 

El manejo del caso ha desatado críticas no solo desde organismos defensores de derechos humanos, sino también en redes sociales, donde usuarios calificaron el actuar del INM como una muestra de “falta de sensibilidad” hacia las familias migrantes. “Esto es una vergüenza nacional. ¿Cuántas familias más necesitan sufrir antes de que haya un cambio?”, expresó un usuario en X.

 

Mientras tanto, el IMUMI subrayó la importancia de garantizar que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “La protección de la infancia no es opcional. Es un deber legal y moral”, puntualizó.

 

El caso de esta familia no solo cuestiona las prácticas del INM, sino también la urgencia de revisar las políticas migratorias del país. Mientras los debates continúan, las experiencias de quienes buscan un refugio seguro en México quedan marcadas por episodios de incertidumbre, detenciones injustificadas y separación familiar.