Crecen 92% las Impugnaciones a Respuestas de la Administración Pública en el Gobierno de AMLO

Un reporte de Artículo 19, presentado este martes, revela un incremento del 92% en las impugnaciones a las respuestas de la Administración Pública Federal (APF) bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Esta tendencia indica un retroceso en el acceso a la información.

Durante el periodo de Peña Nieto (2012-2018), se registraron 42,631 impugnaciones, mientras que en el gobierno de López Obrador la cifra alcanzó 82,147, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) citados en el informe “Derechos pendientes”.

Artículo 19 considera que este aumento es un claro ejemplo de los “francos retrocesos” en acceso a la información durante el actual sexenio, a pesar de que se ha proclamado como el “gobierno de la transparencia”. La organización destaca que, solo en el primer año de gobierno de López Obrador, los recursos de revisión crecieron un 62.8% en comparación con 2018.

El informe también resalta la “parálisis” en el INAI debido a la falta de nombramiento de tres nuevos comisionados por parte de Morena y sus aliados en el Senado. Además, menciona que el presidente López Obrador ha propuesto la desaparición de organismos autónomos como el INAI. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, declaró recientemente que “no necesariamente se requieren institutos de transparencia para que haya transparencia”.

Otro dato relevante es que la Consejería Jurídica de la Presidencia ha interpuesto 100 recursos contra resoluciones del INAI que ordenaban la entrega de información, alegando razones de “seguridad nacional” en casos como la compra de vacunas contra Covid-19 y la adquisición de software espía.

Artículo 19 subraya que las poblaciones en situación de marginación, como las de zonas rurales e indígenas, continúan enfrentando dificultades para acceder a la información, afectando su vulnerabilidad en situaciones como desastres naturales. Programas como Sembrando Vida, gestionado por la Secretaría de Bienestar, también presentan problemas de opacidad en la divulgación de datos sobre presupuesto y entrega de recursos.

El informe concluye que el gobierno de López Obrador no solo no resolvió los pendientes en materia de libertad de expresión heredados de sexenios anteriores, sino que dejará nuevos desafíos a la próxima administración. Entre estos, se incluyen la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, y la vigilancia aumentada sobre defensores de derechos humanos.

INAI ordena a la Lotería Nacional revelar sus medidas de protección de datos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha instruido a la Lotería Nacional a revelar el Documento de Seguridad que detalla cómo cumple con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, presentó este asunto ante el pleno, destacando la relevancia de que las instituciones estén preparadas para proteger los datos personales de los ciudadanos. “Estamos en una coyuntura política donde se subestima la protección de los datos personales, con argumentos sin respaldo en la Constitución ni en las leyes secundarias. Este instituto siempre ha estado abierto al diálogo sobre la importancia de la protección de datos personales”, afirmó.

Del Río Venegas explicó que el Documento de Seguridad detalla las medidas físicas, técnicas y administrativas que la Lotería Nacional implementa para asegurar la confidencialidad de los datos personales.

Aumentan Sanciones a Servidores Públicos por Incumplimiento en Transparencia y Protección de Datos

De acuerdo al informe del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal (CNTAIPPDPE y CNTAIPPDPF) 2023, publicado por el Inegi, se reporta que en 2022, el INAI y los organismos garantes impusieron 3 mil 843 medidas de apremio a servidores públicos por no cumplir con las determinaciones de estas instituciones. Esto represneta un  aumento del 102.4 por ciento respecto a 2020.

En México, 7 mil 929 sujetos obligados proporcionaron información sobre transparencia y protección de datos personales. El 10.1 por ciento de estos sujetos informaron al INAI, mientras que el 89.9 por ciento lo hicieron a los organismos garantes estatales.

Sin embargo, esto refleja una disminución del 7.4 por ciento en el caso del INAI y un leve aumento del 0.6 por ciento en los OG respecto a 2020.

Las entidades con más sujetos obligados que reportaron información fueron Chihuahua con 982 y Jalisco con 493. Por tipo de sujeto obligado, los municipios o demarcaciones de la Ciudad de México concentraron la mayoría de las medidas de apremio, con un 72.1 por ciento del total.

De acuerdo a las solicitudes de acceso a la información, el INAI recibió 2 mil 416 y los OG, 18 mil 391. La mayor parte de estas solicitudes fue gestionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En cuanto al personal, el INAI contaba con 818 servidores públicos y los OG con mil 794. Las mujeres representaban el 51.5 por ciento del total de empleados. El presupuesto total ejercido en 2022 por estas instituciones fue de 2.3 mil millones de pesos, de los cuales el 43 por ciento correspondió al INAI y el 57 por ciento a los OG.

Finalmente, en los ámbitos federal, estatal y municipal se recibieron 97 mil 444 recursos de revisión, de los cuales se resolvieron 80 mil 43. De estos recursos, el 82.7 por ciento fue admitido, mostrando la importancia de estos organismos para la transparencia y la rendición de cuentas.

Senado cierra periodo sin resolver más de 130 nombramientos clave

El Senado de la República concluyó su periodo de sesiones este martes sin cubrir 130 nombramientos pendientes en diversos organismos, incluidos cargos del e la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el Tribunal Electoral, quedaron vacantes 49 cargos, entre ellos dos magistraturas de la Sala Superior, seis de salas regionales y 41 de tribunales locales, según el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. También se dejaron sin cubrir tres puestos de comisionados en el INAI.

El Observatorio de Designaciones Públicas criticó la falta de avances y acusó al Senado de seguir una estrategia para debilitar a los organismos autónomos. Entre los organismos afectados están las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional de Derechos Humanos.

Legisladores de la oposición cuestionaron la actitud de los senadores de Morena por su aparente sumisión al Poder Ejecutivo. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el trabajo del Senado, calificando el periodo como histórico. En contraste, el coordinador del PAN, Julen Rementería, opinó que la Cámara Alta falló al país por no abordar problemas clave y dejó a más de 130 cargos sin resolver, incluyendo organismos vitales como el INAI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también expresó su descontento, señalando que el Senado quedó muy lejos de una transformación significativa y un equilibrio de poderes, optando por la subordinación en momentos críticos.

Durante la sesión del pleno, se anunció que Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidirá la Comisión Permanente durante el segundo receso. Los vicepresidentes serán Israel Zamora Guzmán (Morena), Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Marcela Guerra Castillo (PRI) y Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN).

La nueva Comisión Permanente también incluye a Mónica Fernández Balboa (Morena), Ruth Alejandra López Hernández (Movimiento Ciudadano), José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) y Ángel Benjamín Robles Montoya (PT).