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La incertidumbre entre los inversionistas ante las propuestas de reforma al Poder Judicial impulsadas por Morena y su mayoría en el Congreso para septiembre ha dejado al peso mexicano bajo presión.

Este viernes 7 de junio, el peso mexicano se depreció un 2.65%, equivalente a 47 centavos, cerrando en 18.36 unidades por dólar. En la semana, la pérdida acumulada fue de 8.22%, o 1.39 pesos frente al dólar.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó la necesidad de reformar completamente el Poder Judicial, al considerarlo dominado por “intereses de una minoría”. Propuso que los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo presenten sus propios candidatos para reformar el sistema, subrayando que esta medida es beneficiosa para el país.

López Obrador también mencionó el ‘Plan C’, que incluye la eliminación de varios órganos autónomos, tales como:

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
• Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
• Comisión Reguladora de Energía (CRE).
• Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
• Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Según Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex, la depreciación actual del peso no es extrema, aunque sí genera incertidumbre. La volatilidad del tipo de cambio podría hacer que los inversionistas sean más cautelosos, limitando futuras inversiones.

El índice dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, subió un 0.80%, alcanzando 104.93 puntos. El índice dólar de Bloomberg (BBDXY) también aumentó un 0.80%, situándose en 1,262.34 unidades. En ventanillas bancarias, Citibanamex reportó que el dólar se vendía a 18.41 pesos.

Otras monedas también sufrieron depreciaciones significativas, como el zloty polaco (-1.56%), el real brasileño (-1.36%), el peso chileno (-1.31%), el forínt húngaro (-1.28%) y la corona checa (-1.14%).

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos fue del 4.41%, mientras que el bono equivalente en México se mantuvo en 9.12%.

El Senado de la República concluyó su periodo de sesiones este martes sin cubrir 130 nombramientos pendientes en diversos organismos, incluidos cargos del e la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el Tribunal Electoral, quedaron vacantes 49 cargos, entre ellos dos magistraturas de la Sala Superior, seis de salas regionales y 41 de tribunales locales, según el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. También se dejaron sin cubrir tres puestos de comisionados en el INAI.

El Observatorio de Designaciones Públicas criticó la falta de avances y acusó al Senado de seguir una estrategia para debilitar a los organismos autónomos. Entre los organismos afectados están las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional de Derechos Humanos.

Legisladores de la oposición cuestionaron la actitud de los senadores de Morena por su aparente sumisión al Poder Ejecutivo. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el trabajo del Senado, calificando el periodo como histórico. En contraste, el coordinador del PAN, Julen Rementería, opinó que la Cámara Alta falló al país por no abordar problemas clave y dejó a más de 130 cargos sin resolver, incluyendo organismos vitales como el INAI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también expresó su descontento, señalando que el Senado quedó muy lejos de una transformación significativa y un equilibrio de poderes, optando por la subordinación en momentos críticos.

Durante la sesión del pleno, se anunció que Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidirá la Comisión Permanente durante el segundo receso. Los vicepresidentes serán Israel Zamora Guzmán (Morena), Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Marcela Guerra Castillo (PRI) y Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN).

La nueva Comisión Permanente también incluye a Mónica Fernández Balboa (Morena), Ruth Alejandra López Hernández (Movimiento Ciudadano), José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) y Ángel Benjamín Robles Montoya (PT).

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica vigentes desde marzo de 2021. Estos cambios, que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas generadoras de energía, fueron señalados por generar distorsiones en el sector.

El fallo, que se aplicará de manera general a todos los participantes del mercado eléctrico nacional, destaca que las normas impugnadas afectan indiscriminadamente a todos los agentes involucrados. Las empresas que obtuvieron el amparo son Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V.

Aunque el amparo se concedió solo a las empresas demandantes, la sentencia anticipa que el resto de los participantes del mercado también se verán beneficiados por un efecto colateral. El tribunal reconoció que las reformas impugnadas crean barreras que obstaculizan la competencia efectiva en el mercado de generación de energía.

La resolución destaca que la priorización en el despacho de energía perjudica directamente a las energías limpias, vulnerando el principio de desarrollo sustentable. La Segunda Sala desestimó los argumentos del Ejecutivo federal y las Cámaras del Congreso de la Unión, que buscaban justificar las reformas en la seguridad del despacho y el fortalecimiento de la CFE.

Expertos opinan que, aunque este fallo marca el cierre a nivel legal, la lucha podría continuar debido a los retrasos en la emisión de permisos a particulares por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Desde la suspensión de actividades por la pandemia en 2020, se ha acusado a la CRE de postergar los permisos para favorecer a empresas estatales, lo que podría resultar en más litigios mediante el amparo indirecto.

Cabe destacar que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica fueron uno de los motivos por los cuales Estados Unidos y Canadá activaron el mecanismo de solución de controversias contra México bajo el T-MEC, argumentando que atentaban contra el principio de trato no discriminatorio al beneficiar a la CFE en el despacho eléctrico.