El exgobernador de Puebla, Mario Marín, volvió al penal del Altiplano en el Estado de México tras seis meses de reclusión domiciliaria en su residencia de Xilotzingo. La decisión fue tomada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, luego de que la periodista Lydia Cacho impugnara la medida.
El Tribunal determinó que la resolución que otorgaba la prisión domiciliaria carecía de fundamentación y no evaluó adecuadamente los riesgos procesales, incluyendo la posibilidad de fuga y la gravedad de los cargos. La FGR respaldó la decisión, señalando la importancia del caso a nivel nacional por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión y por el abuso de las instituciones del Estado.
Lydia Cacho celebró la decisión judicial a través de un video donde resaltó que “dos de los tres jueces aseguraron que Mario Marín es un preso peligroso y que debe estar en un penal de alta seguridad”. Recordó que, cuando estuvo en una cárcel en Cancún, creó una red de corrupción al interior, lo que justificó su traslado a un penal de mayor seguridad.
El caso de Mario Marín se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún por agentes ministeriales de Puebla, en lo que se consideró un acto de represalia tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el que denunció una red de explotación infantil vinculada a empresarios y políticos. Marín fue detenido en 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo casi dos años después de que se emitiera una orden de captura en su contra en 2019.
En agosto de 2024, el exgobernador fue trasladado a su domicilio en Puebla bajo arresto domiciliario, con supervisión electrónica, una decisión que fue impugnada por la FEADLE, argumentando que no se ajustaba a derecho. La reciente revocación de esta medida reabre el debate sobre la justicia en casos de violaciones a la libertad de expresión y abuso de poder.
Mario Marín ya se encuentra nuevamente en el penal del Altiplano, mientras que la batalla legal sigue su curso. Lydia Cacho y organismos de derechos humanos continúan impulsando que se haga justicia en un caso que ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad en México.
