Luz verde para Uber: Conductores podrán operar libremente en aeropuertos de México tras fallo judicial

Uber recibió una importante victoria legal que le permitirá operar sin restricciones en los aeropuertos de México. Una jueza federal en materia administrativa concedió una suspensión definitiva que impide la detención de los conductores de la plataforma por parte de la Guardia Nacional mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la empresa.

De acuerdo con el comunicado de Uber, la resolución fue emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, quien determinó que “es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”.

Con esta decisión, los socios conductores podrán operar en los 70 aeropuertos del país, incluyendo los de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal, sin el riesgo de ser sancionados o retenidos durante los traslados.

La empresa destacó que esta resolución llega en un momento clave, previo al Mundial de Futbol que se celebrará en México, y subrayó la relevancia de garantizar un servicio de transporte seguro y eficiente para los millones de visitantes que llegarán durante el evento. “Es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”, señaló la compañía.

Uber también aprovechó la oportunidad para exhortar al Congreso de la Unión a legislar sobre la operación de plataformas digitales de transporte en zonas federales. El objetivo, explicó, es establecer un marco normativo que brinde certeza jurídica tanto a conductores como a usuarios, y que fortalezca el ecosistema turístico nacional.

El anuncio se da en medio de un contexto de constantes agresiones contra conductores de plataformas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde se han registrado enfrentamientos con taxistas locales. En uno de los casos más graves, un conductor fue atacado por al menos 20 taxistas mientras recogía pasajeros; su vehículo fue dañado y los usuarios que transportaba fueron liberados por la fuerza.

Este mismo año se reportaron nuevos incidentes, como bloqueos a vehículos de aplicación por parte de grupos de hombres que intentaban impedir su salida. En otro hecho que causó indignación, una turista estadounidense fue golpeada por un taxista cuando intentaba abordar un Uber en el aeropuerto; al ser detenido, el agresor portaba sustancias prohibidas.

En su comunicado, la empresa aseguró que el fallo judicial representa una oportunidad para mejorar la conectividad en los aeropuertos, reducir tiempos de espera y ofrecer alternativas de movilidad más seguras y eficientes para los viajeros que llegan o parten de México.

Senado detiene dictamen de Ley de Datos Biométricos con un análisis profundo

Senado detiene dictamen de Ley de Datos Biométricos con un análisis profundo

El Senado de la República ha decidido postergar el dictamen de la controversial Ley General de Operaciones de Registros Civiles, que incluye disposiciones para la posesión de datos biométricos de toda la población. Esta decisión ha generado un debate intenso entre los legisladores, evidenciando las complejidades y preocupaciones que rodean esta iniciativa. La Comisión de Gobernación, encabezada por la senadora Mónica Balboa, justificó la demora en la falta de tiempo para un análisis exhaustivo de la propuesta. 

La Ley General de Operaciones de Registros Civiles fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados en marzo de 2023, en cumplimiento de un mandato judicial que exige su aprobación. La propuesta incluye la creación de un registro único con parámetros base que garantizan el respeto a los derechos de identidad, el registro de nacimiento inmediato, y principios de igualdad y no discriminación para todos los nacidos en México, incluyendo a hijos de migrantes.

 

La senadora Balboa explicó que la comisión recibió una notificación judicial el pasado 13 de junio, ordenando la aprobación inmediata de esta ley. Sin embargo, este mandato ha sido un punto de discordia, especialmente por la figura del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien ha estado involucrado en decisiones judiciales controvertidas, como la suspensión de la extradición de Joaquín Guzmán Loera y la modificación del plan de vacunación contra el COVID-19.

 

La dictaminación de la ley ha sido pospuesta debido a las inquietudes expresadas por varios senadores, quienes consideran que se requiere un análisis más profundo y la inclusión de opiniones de entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). La senadora del PES, Eunice Romo, criticó al Poder Judicial por lo que considera un exceso al imponer plazos y procedimientos al Senado. Romo subrayó la necesidad de estudiar detalladamente las propuestas antes de proceder a su aprobación.

 

El senador del PAN, Damián Zepeda, manifestó su sorpresa ante la existencia de un mandato judicial que obligaba al Senado a aprobar la ley, indicando que esto no estaba claramente especificado en el dictamen. Además, expresó su desacuerdo con ciertos aspectos del dictamen, especialmente con la formación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) y las facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación para administrar esta base de datos.

 

Por su parte, la senadora de Morena, Rocío Abreu, solicitó más tiempo para reflexionar sobre este tema, citando su importancia para los derechos humanos, la identidad y la protección de datos. Abreu insistió en la necesidad de un análisis minucioso y completo antes de avanzar con la legislación.

 

La ley propone la creación del SID, una base de datos que centralizará información crucial sobre todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo nombre, apellido, sexo o género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y la Clave Única del Registro de Población (CURP). La Secretaría de Gobernación será responsable de establecer los mecanismos y requisitos para que entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar electrónicamente esta información.

 

La postergación de la dictaminación de la Ley General de Operaciones de Registros Civiles refleja la complejidad y las sensibilidades asociadas con la gestión de datos biométricos. La demanda de un análisis más detallado y la inclusión de múltiples perspectivas subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos individuales como la seguridad nacional.

 

El debate continúa, con la expectativa de que se logre un consenso que permita avanzar en la modernización de los registros civiles en México, garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad y los derechos fundamentales de la población. La Comisión de Gobernación tendrá la tarea de equilibrar estas consideraciones y avanzar con una legislación que cuente con el respaldo necesario para su implementación efectiva.

 

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